TEXTO ÍNTEGRO: MÉXICO es LÍDER en IMPUNIDAD CRIMINAL en la mayoría de ASESINATOS Violentos

La situación de los derechos humanos en México no mejoró durante el año 2023, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

• Aunque el gobierno dice haver tomado medidas para identificar y sancionar a los responsables de abusos, la mayoría de los crímenes violentos y violaciones de derechos humanos siguen sin ser investigados o procesados, contribuyendo a un ciclo continuo de impunidad y de mayor criminalidad.

“No hubo cambios significativos en la situación de los derechos humanos en México durante el año”, dice el reporte.

“Los problemas significativos de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: asesinatos ilegales o arbitrarios, incluidas las ejecuciones extrajudiciales; desaparición forzada; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones carcelarias duras y que ponen en peligro la vida; arresto o detención arbitrarios; problemas serios con la independencia del poder judicial; restricciones serias a la libertad de expresión y libertad de los medios, incluida la violencia contra periodistas y la aplicación o amenaza de aplicación de leyes de difamación penal para limitar la expresión; corrupción gubernamental grave; violencia de género extensa, incluida la violencia doméstica o de pareja íntima, violencia sexual, violencia en el lugar de trabajo, matrimonio infantil, temprano y forzado, feminicidio y otras formas de violencia de este tipo; crímenes que involucran violencia o amenazas de violencia dirigidas a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, queer o intersexuales; crímenes que involucran violencia o amenazas de violencia dirigidas a personas con discapacidades; y restricciones significativas o sistemáticas a la libertad de asociación de los trabajadores, incluidos crímenes de violencia e intimidación contra trabajadores”.

• El documento detalla que las fuerzas de seguridad están frecuentemente involucradas en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, la situación en las cárceles es crítica, con condiciones que amenazan la vida de los internos.
• La falta de independencia en el poder judicial y las serias restricciones a la libertad de expresión también son preocupantes, con ataques continuos a periodistas y medios de comunicación que limitan severamente el espacio público para el disenso.
• El informe también destaca la extensa corrupción gubernamental y la violencia basada en género, incluyendo la violencia doméstica y los feminicidios, como problemas graves que requieren atención urgente.
• La violencia y las amenazas contra las personas LGBTQI+ y contra las personas con discapacidades siguen siendo significativas, mostrando un patrón de discriminación y exclusión.
• Los crímenes perpetrados por elementos criminales, incluidos los grupos locales y transnacionales y los narcotraficantes, son especialmente violentos y siguen dominando muchas áreas del país, complicando los esfuerzos por establecer la ley y el orden.

El informe lamenta que estos actores criminales operen con una impunidad casi total, exacerbada por una estructura de justicia penal ineficaz que falla regularmente en procesar los crímenes que cometen.

• En términos de medidas positivas, el informe reconoce algunos pasos creíbles por parte del gobierno para abordar y sancionar los abusos de derechos humanos cometidos por agentes estatales. Sin embargo, subraya que estas acciones son insuficientes frente a la magnitud y gravedad de los problemas.

“Hubo informes de numerosas desapariciones forzadas por grupos criminales, a veces con acusaciones de colusión con las autoridades. Las investigaciones, procesamientos y condenas de crímenes de desaparición forzada eran raros. La desaparición forzada fue un problema persistente en todo el país, especialmente en áreas con altos niveles de violencia relacionada con carteles o bandas”, dice el reporte.

“Las bases de datos federales y estatales que seguían las desapariciones forzadas eran incompletas y tenían problemas de compartición de datos; los sistemas forenses estaban altamente fragmentados entre los niveles local, estatal y federal; y el volumen de casos no resueltos era mucho mayor que lo que los sistemas forenses podían manejar.

En su recolección de datos, el gobierno a menudo fusionaba estadísticas de personas desaparecidas forzosamente con personas desaparecidas que no se sospechaba que fueran víctimas de desaparición forzada, dificultando la compilación de estadísticas precisas sobre la magnitud del problema”.

Rechaza AMLO informe de EU sobre derechos humanos en México

El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó el informe sobre el estado que guardan los derechos humanos en México que emitió el Departamento de Estado del gobierno de Estados Unidos, porque preserva una práctica de mantener vigente la Doctrina Monroe. Consideró que ellos deben ser respetuosos de la soberanía así como México no se involucra ni hace señalamientos de la situación interna de ese país y censuró que “se sitúen como los jueces del mundo”.

Sin mediar pregunta y sin abundar en detalles sobre el contenido cuestionó los alcances del documento y subrayó que el gobierno mexicano no emite cartas de buena conducta: “nosotros no les decimos, porque tienes un candidato hostigándolo en los juzgados y porque destinadas miles de millones d dólares para la guerra y por que no liberas a Julian Assange que lo tienen encarcelado injustamente? ¿Por qué no atiendes a los jóvenes que fallecen por la adicción al fentanilo? ¿Por qué reprimes y maltratas a los migrantes?».

• En otro orden de ideas, el mandatario reivindicó la importancia de aprobar la Ley de Amnistía que podría ayudar en lograr avanzar en casos donde haya violaciones a los derechos humanos como la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa.

En conferencia, aseveró que el propósito es que con esta ley se pueda garantizar el que personas que tengan información y la aporten sobre casos como la desaparición de jóvenes de Ayotzinapa puedan ser recompensados si informan, si nos ayudan a encontrar a los jóvenes mediante una amnistía en el caso de que estuviesen detenidos.

• Descalificó las críticas opositoras sobre la intencionalidad de esta nueva legislación porque piensan que vamos a hacer uso de esa ley para actuar de manera autoritaria y liberar a delincuentes en potencia y que vamos a decidir de manera arbitraria.
• “Nunca lo hemos hecho, el propósito es avanzar en resolver temas pendientes, como Ayotzinapa y que lo hagamos entre todos. Vamos a ver qué resulta y estoy seguro que podemos contar con más información en todos los casos”.

Cuestionado sobre la posibilidad de que Israel Vallarta, detenido desde el sexenio de Felipe Calderón por su presunta participación en una banda de secuestradores, no lo descartó porque en sí mismo puede ser un caso de violación de derechos humanos porque tiene 10 o 15 años sin sentencia, como muchas otras personas detenidas.

• Más adelante el presidente insistió en cuestionar la dualidad de las posturas derivadas de ese informe porque, ejemplificó, en materia migratoria, contradicen las críticas hacia México, con los niveles de cooperación acordadas directamente con la Casa Blanca. López Obrador consideró que comúnmente hay contradicciones entre diversas instancias gubernamentales de Estados Unidos.

Además, al referirse a las críticas que se hace en ese informe sobre las postura del gobierno de México frente a las organizaciones no gubernamentales, condenó el financiamiento que hace el Departamento de Estado de Mexicanos contra la Corrupción, una organización dedicada expresamente a cuestionar a su gobierno. “esta dedicada por entero a confrontar un gobierno legal, legítimamente constituido es algo muy parecido a la subversión, para entender las cosas”.

Impunidad llega al 100% en México

• La justicia en México sufre de un nivel de impunidad que se acerca de manera peligrosa al 100 por ciento en el contexto nacional, pero que además se ha incrementado de manera considerable en los últimos años; los delitos menos castigados son homicidios dolosos, feminicidios, abuso sexual, desapariciones y secuestros.
• De acuerdo con el informe Hallazgos de la organización México Evalúa, el porcentaje de impunidad general en la justicia mexicana pasó del 91.8 por ciento en 2021 al 96.3 en el año 2022, lo que representa un retroceso de 4.5 puntos porcentuales en el, ya lastimado, acceso a la justicia.
• En el delito de homicidio doloso la media nacional de impunidad fue del 95.7 por ciento, es decir, que de las 26 mil 278 personas asesinadas en el país, más de 25 mil no tuvieron acceso a la justicia; situación que se agrava en Jalisco, Ciudad de México, Yucatán y Zacatecas, donde los niveles de impunidad alcanzaron el 100 por ciento.

La Ciudad de México vuelve a aparecer con 100 por ciento de impunidad en el delito de feminicidio -75 mujeres asesinadas por razón de género, según cifras oficiales- , la acompañan Quintana Roo y Zacatecas; mientras la media nacional es del 88.6 por ciento. Cerca de 850 de los crímenes no fueron castigados.

En materia de desapariciones la impunidad total creció a los estados de Aguascalientes, Ciudad de México, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, con una media nacional del 96.5 por ciento; en los abusos sexuales se mantienen Aguascalientes y la capital del país, además de Nayarit, con una impunidad del 100 por ciento.

• El informe de México Evalua también identificó seis estados con altos índices de impunidad en relación al delito de secuestro; repiten Aguascalientes y la Ciudad de México, y se suman Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

CDMX, entre las entidades con mayor impunidad

El mapa nacional de impunidad lo lidera el estado de Hidalgo con 99.6 por ciento, apenas por debajo le sigue Jalisco y Colima (96.5), CDMX (99.1), Aguascalientes (98.9), San Luis Potosí (98.6) y Zacatecas (98.3); la mayoría de los estados superan la barrera del 90 por ciento, salvo Sonora, Guanajuato, Baja California y Chiapas.

• Otros de los índices en los que están reprobadas las instituciones federales son los niveles de confianza, siendo los Ministerios Públicos (-0.7) y el Poder Judicial (-0.5) los que perdieron más aprobación de la población a nivel nacional.
• En el ámbito local el Ejército llegó a perder 3.95 y la Guardia Nacional 3.1 puntos de confianza en Chihuahua; mientras que en la Ciudad de México la dependencia más golpeada fueron los Ministerios Públicos con una caída de 3.3.
• La percepción de corrupción también creció de 2021 a 2022 en todas las instituciones relacionados con la seguridad y la procuración de justicia: la FGR pasó del 54.8 al 57.8, la Policía Estatal del 62.9 al 64.6, los Ministerios Públicos del 62.4 al 64.7 y el Ejército del 24.8 al 25.5.

En sus conclusiones México Evalúa refiere la “inexistencia de políticas criminales y estrategias de persecución penal capaces de reaccionar ante los fenómenos complejos de criminalidad y de dar respuestas diferenciadas en función de la gravedad de los delitos”.

También se advierte que en la mayoría de los estados del país se refleja una tendencia a la alza en materia de impunidad, lo deja en la indefensión a miles de víctimas de diversos delitos que deben enfrentar un sistema penal que no promueve la garantía de derechos, sino que apunta sólo a la persecución de delitos e imposición de sanciones, algo que tampoco consigue.

“La justicia penal sólo ocurre por excepción”

Otro informe, pero ahora presentado por la organización México Evalúa, aseguró que en México, las autoridades de procuración e impartición de justicia sólo resuelven 10 de cada 100 delitos que se cometen, la mayoría de los estados que registran el 100% de impunidad en delitos como homicidio doloso, feminicidio o secuestro, son gobernados por Morena, entre ellos destaca la Ciudad de México.

• De acuerdo con el reporte “Hallazgos 2022: evaluación de la justicia penal”, realizado por la organización México Evalúa, desde 2017 hasta la fecha México ha alcanzado un nivel promedio superior al 90% de impunidad y al corte de 2022 no se ha reducido.
• “En México la respuesta efectiva (de las autoridades) es mínima, la justicia penal ocurre sólo por excepción”, señala el documento consultado por Proceso y que la organización publicó el pasado octubre de 2023.
• Así, el estudio señaló que para 2022 se registró un incremento en los niveles de impunidad, con respecto del año anterior pues la media nacional llegó a 96.3%, mientras que en 2021 esta medida fue del 91.8%.

En todo el territorio nacional 28 entidades mantuvieron niveles superiores al 90% de impunidad, las que encabezan la lista son Hidalgo, con 99.6%; Jalisco, con el 99.5%; Colima, con 99.5% y Ciudad de México con el 99.1%.

Las entidades federativas con menores niveles de impunidad están entre el 82% y el 87% y son Michoacán, con 82.9%; Baja California, 87.7%; Chiapas, con 89.1% y Sonora, con 89.3%.

• “Desde 2008, el sistema de justicia penal se ha enfrentado al enorme reto de cambiar de paradigma, para transitar de un modelo inquisitivo a uno acusatorio, y al mismo tiempo ha tenido que afrontar las consecuencias de las fallidas políticas de drogas y de seguridad. Dichas consecuencias, que están a la vista de todos, han incluido el aumento de la incidencia delictiva y las graves violaciones a derechos humanos.

“El incremento drástico de los homicidios, la desaparición de personas, la documentación creciente de fenómenos como la inhumación clandestina y las múltiples expresiones de la violencia de género son algunos ejemplos que evidencian una profunda deshumanización y descomposición social. Pero también evidencian la complejidad de las relaciones entre el Estado y los grupos criminales”, señala la organización.

Los números de la impunidad

El documento incluye la medición de los niveles de impunidad en delitos como el homicidio, feminicidio, extorsión, secuestro, fraude, entre otros, de lo que destaca que durante el último año de gobierno de Claudia Sheinbaum la Ciudad de México mantuvo niveles de impunidad del 100% en la mayoría de los ilícitos que afectan principalmente a las mujeres.

• Así, para 2022, el promedio de impunidad nacional de homicidio doloso fue del 95.7%, delito en el que Jalisco, la CDMX, Yucatán y Zacatecas, registraron niveles del 100% de impunidad.
• Jalisco es gobernador por Enrique Alfaro, postulado por Movimiento Ciudadano, partido con el cual tiene una ruptura; Yucatán por el panista Mauricio Vila Dosal; y Zacatecas por el morenista David Monreal Ávila, hermano del senador con licencia Ricardo Monreal.

Mientras que en el año de la realización del reporte, la CDMX todavía era gobernada por Claudia Sheinbaum, quien pidió licencia al cargo con el propósito de participar en el proceso interno de Morena para elección de candidato presidencial de cara al 2024, del cual resultó electa.

Para el secuestro el nivel de impunidad llegó al 82.8%, delito en el que la CDMX y Quintana Roo también llegaron al máximo nivel del 100%, al igual que Aguascalientes, que en ese año fue gobernado por los panistas Martín Orozco Sandoval y en octubre María Teresa Jiménez Esquivel; Michoacán, gobernado por Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena y Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García, también morenista.

• Para el delito de extorsión el nivel de impunidad nacional llegó al 96.4%, Aguascalientes, Quintana Roo, Yucatán y Baja California Sur, gobernado por el morenista Víctor Manuel Castro Cosío, alcanzaron el 100%.

Excepto por Nayarit (69.4%) y el Estado de México (89.6%), el resto de las entidades federativas presentan niveles de impunidad superiores al 90% para casos de extorsión.

La impunidad no es feminista

• Los delitos que implican violencia de género registraron niveles de impunidad de más del 80%, como en el caso del feminicidio en el que el porcentaje nacional fue del 88.6%.
• De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) durante todo 2022 se registraron 3 mil 754 muertes de mujeres, de las cuales sólo 947 (33.7%) se investigaron como feminicidios.
• Según el reporte de México Evalúa, la CDMX, Zacatecas y Quintana Roo, gobernada por la morenista Mara Lezama Espinosa, alcanzaron el 100% de impunidad en este delito.

Mientras que las entidades con menores niveles fueron Nayarit, con 53.3%; Nuevo León, con el 69.7%, pese a los casos como el de Debanhi Escobar y Yolanda Martínez; el Estado de México, todavía encabezado por el priista Alfredo del Mazo, con 77.1%; y Sonora, que encabeza el morenista y exsecretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, con 81.7%.

El 93.8% de los casos de violación quedaron en impunidad durante 2022. Nuevamente Jalisco y la capital del país alcanzaron el 100%.

“Las principales formas de resolución de los casos (de violación) fue a través del juicio oral o del procedimiento abreviado derivando en sentencia condenatoria”, precisa el documento.

• La impunidad en casos de violencia familiar fue del 98.6%, prácticamente todas las entidades de la República superaron el 90%, mientras que Zacatecas y la CDMX llegaron al 100%.
• En el abuso sexual, el nivel nacional fue del 96.1% de casos en impunidad. Ciudad de México, Aguascalientes y Nayarit alcanzaron el 100%.
• Sin embargo, las entidades con menores niveles de impunidad para este delito no bajaron del 80%: Yucatán 80.5%; Sonora 83.7%; Michoacán 84.8% y el Estado de México 85.3%.

Procesos judiciales

Según el reporte de México Evalúa, a nivel nacional hubo un deterioro en la confianza de la ciudadanía hacia todas las instituciones de gobierno, sin embargo, las autoridades de quienes más se desconfía son el Ministerio Público (-0.7%) y los juzgadores (-0.5%).

• En la Ciudad de México, donde la Fiscalía General de Justicia es encabezada por Ernestina Godoy, quien busca su ratificación para un segundo periodo al frente de la institución, y el Poder Judicial es encabezado por Rafael Guerra Álvarez, quien recientemente enfrentó una semana de paro laboral por la falta de pago a los integrantes del tribunal local, la desconfianza se intensificó en 2022 hacia el ministerio público (-3.3%) y hacia los juzgadores (-3%).

“La percepción de corrupción en las instituciones de justicia penal ha mantenido una tendencia creciente. De 2020 a 2021 se incrementó la percepción de corrupción sobre casi todas las instituciones del sistema, aunque las personas juzgadoras (67.3%), la policía preventiva municipal (66.8%) y estatal (64.6%), junto con el ministerio público y las fiscalía locales (64.7%) son las que presentaron un mayor porcentaje de personas que las perciben como corruptas”, afirma el documento.

• Conforme al reporte, de las 2.3 millones de denuncias y querellas recibidas por el ministerio público en todo el país, el 87.9% derivó en la apertura de carpetas de investigación; es decir, 9 de cada 10 denuncias se investigan.
• De esas carpetas el 86.8% fueron sin detenido y sólo el 13.2% con detenido, el 37% de estos últimos fueron judicializados por tratarse de casos en flagrancia.
• En el Poder Judicial Federal el 82.3% de las detenciones fueron calificadas por jueces de control como ilegales por errores cometidos por autoridades de seguridad como el Ejército, la Marina o la Guardia Nacional o agentes de la Fiscalía General de la República (FGR). Tabasco (40%), Nuevo León (50%) y Tlaxcala (57.1%), encabezaron la lista.

El 89.5% de las detenciones en flagrancia en el fuero local fue calificada de legal, pero destacó que en Colima, Jalisco y Tlaxcala 1 de cada 2 detenciones fueron declaradas por los jueces de control como ilegales y en el Estado de México, esta medida fue de 4 de 10.

• Al cierre del 2022 el 52.3% de los casos permanecen en investigación, en el 43% restante el MP emitió una decisión de archivar temporalmente el caso (57.9%), el no ejercicio de la acción penal (22.4%) y la incompetencia (10.3%), el criterio de oportunidad (4%), la abstención de investigar (3%).

Aunque en el 27.2% de los casos que llegaron ante los poderes judiciales local o federal se dictó sentencia, ésta fue apelada.

• “Esto muestra un alto nivel de impugnación respecto de las decisiones tomadas por un órgano jurisdiccional”, explica el documento.
• De las apelaciones admitidas, el 27.8% concluyó en sentencia modificada y el 14.3% en la revocación de la resolución.

“Cuando menos en casi una tercera parte de las sentencias se identificó alguna falla, elemento o consideración que no fue adecuadamente analizada por el juzgado de primera instancia”, apuntó la organización./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2024/02/528267_MEXICO-2023-HUMAN-RIGHTS-REPORT.pdf