Ponen en DUDA el papel de la FGR en el caso ROBLES

Imagen de la licencia de Robles que, según sus abogados, es falsa. (Especial/Expansión)

La defensa legal de Rosario Robles ha puesto la mira en una de las pruebas que fueron cruciales para que un juez decidiera que la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano fuera vinculada a proceso y quedara en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla.

El pasado 13 de agosto, el juez de control Felipe de Jesús Delgadillo Padierna tomó como base la licencia de conducir de la exfuncionaria para resolver en su contra. Sin embargo, hoy los abogados de Robles ponen en duda tanto ese documento como el trabajo de la Fiscalía General de la República (FGR) en este caso.

La licencia de conducir de robles

Durante la audiencia de vinculación a proceso de Robles, el juez Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, consideró que uno de los elementos que justificaban dictarle prisión preventiva era su licencia de conducir, pues esta había sido tramitada con un domicilio distinto al que originalmente Robles reportó a las autoridades.

Esto, sumado a que, de acuerdo con el juez, no había forma de comprobar el arraigo de Robles en la Ciudad de México y a que la exfuncionaria contaba con la capacidad económica para poder esconderse o darse a la fuga, llevó a la exsecretaria a ser recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de ejercicio indebido del servicio público.

El documento es falso, dice su defensa

Ahora que se cumple un mes de que Robles está en prisión preventiva, su equipo legal, encabezado por el abogado Julio Hernández Barros, acusó al Ministerio Público de presentar como prueba una licencia de conducir apócrifa, con un domicilio distinto al de la exfuncionaria.

  • «(Es) un documento con datos, firmas y fotografías falsos; en él se puede observar que la fotografía fue tomada tal vez de internet y la firma no corresponde con la de nuestra defendida, y con datos que no corresponden con el domicilio de Rosario Robles», aseguró el jurista.
  • Según el abogado, la licencia que llegó a sus manos, con datos de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi), señala que el domicilio de la exfuncionaria es calle Tennyson sin número, colonia Axotla, en Álvaro Obregón, cuando en realidad Tennyson está en Polanco, en Miguel Hidalgo.
  • «En esta documentación que recibimos vemos cómo aparecen en el mismo día dos solicitudes de licencia: una que es la que siempre ha usado Robles, que es de carácter permanente en donde aparece el domicilio de Rosario en Coyoacán, y el mismo día hay una licencia, con un domicilio de Tennyson, pero un domicilio donde no aparece ni el número de la calle, la colonia es equivocada, con un código postal equivocado, y es por tres años, con la foto superpuesta y la firma absolutamente falsa», dijo Hernández Barros a Radio Fórmula.
  • De acuerdo con la defensa de Robles, fue hasta el día de la audiencia de vinculación a proceso que se informó a sus abogados acerca de que este documento sería usado como prueba por el Ministerio Público.
  • «En contra del principio de contradicción, en donde se supone que la otra parte tiene derecho a defenderse de las acusaciones que se le hacen, bueno, pues el juez, dogmáticamente y por los intereses que el público ya conoce, determinó que no eran tomadas en cuenta las aseveraciones de la defensa y que no importaba si la defensa conocía o no conocía material probatorio, que para él era suficiente», dijo el jurista.
  • Con base en estos argumentos, la defensa de Robles busca que la exfuncionaria salga de prisión preventiva y pueda afrontar su proceso penal en libertad.

Robles, exmilitante del PRD y exsecretaria de Estado en el gobierno del priista Enrique Peña Nieto (2012-2018), es señalada como una pieza clave del caso conocido como «La estafa maestra».

Según una investigación periodística del portal Animal Político y de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), se trata de un esquema de corrupción en el que la Sedesol y la Sedatu desviaron miles de millones de pesos a través de convenios con universidades públicas y empresas fantasma./EXPANSIÓN-PUNTOporPUNTO

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