AIDA RAMIREZ MARIN
El programa de legalización de vehículos a bajo costo, que anunció hace unos días el gobierno municipal de Matamoros, Tamaulipas, no es visto con buenos ojos ni por el sector automotriz ni por autoridades como la Procuraduría Federal de la Defensa del Contribuyente (Prodecon).
Y es que en ejercicio de sus facultades de investigación, dicha Procuraduría solicitó a Leticia Salazar Vázquez, alcaldesa de Matamoros, información específica respecto al marco legal en el que se desarrollará dicho programa que el gobierno local anunció en su página electrónica.
Según el comunicado oficial que anuncia la puesta en marcha de dicho programa a partir del próximo mes de agosto, indica que los trámites respectivos se llevarán a cabo ante la propia autoridad municipal, por lo que los interesados deben exhibir su credencial de elector y el título original del vehículo que pretendan regularizar.
Lo anterior, llamó la atención del Ombudsman fiscal, ya que de conformidad al marco legal vigente, la autoridad municipal no cuenta con facultades para regularizar la situación fiscal y aduanera de mercancía de procedencia extranjera, en este caso vehículos ingresados al país sin las formalidades de ley, sino que dichas atribuciones están concedidas exclusivamente a las autoridades federales, esto es, al Servicio de Administración Tributaria. (SAT).
Por ello, la Prodecon, como organismo autónomo encargado de observar todos los actos que pudieran vulnerar los derechos de los pagadores de impuestos, consideró necesario establecer contacto institucional con el Gobierno de Matamoros, para conocer los detalles de la operación práctica y jurídica de este programa.
Y también, para estar en posibilidad de pronunciarse respecto a qué tanta seguridad jurídica pueden tener aquellas personas que decidan acogerse al mismo.
“Esto, ya que es criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cualquier actuación llevada a cabo por autoridad incompetente es nula de pleno derecho”, recordó la Procuraduría”.
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