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Ayotzinapa: un laberinto sin salida

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Martes 03 de Febrero 2015 · 12:00 am

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REDACCIÓN

Tuvieron que pasar tres meses para que la PGR tuviera una respuesta de la Universidad de  Innsbruck, con sede en Austria,  sobre la identificación de los restos humanos encontrados en el municipio de Cocula y que presuntamente corresponden a los 42 normalistas de Ayotzinapa que aún se encuentran en calidad de desaparecidos.

El informe recibido el pasado 20 de enero por la PGR sostiene que los 16 restos no contienen suficiente ADN como para obtener un perfil genético, por lo que no se puede establecer si hay alguna relación entre estos restos y algunos de los 42 normalistas de la Escuela Normal Isidro Burgos, conocida como Ayotzinapa.

El informe señala que los restos óseos fueron expuestos a un calor excesivo, lo que dificultó que el ADN pudiera ser localizable con la técnica de cuantificación sensible.

A esta información se suma el carpetazo oficial al caso anunciado el pasado 27 de enero por el procurador general de la República, Jesús Murillo Káram, quien afirmó que se tiene la certeza legal de que los 42 normalistas que aún no han sido localizados están muertos.

La versión oficial es que algunos de los detenidos por los hechos de Iguala, Guerrero, declararon que los normalistas secuestrados el pasado 26 de septiembre fueron asesinados y quemados en una gran pira en el basurero del municipio de Cocula.

La PGR aún tiene una ligera esperanza de que se logre identificar los restos a través de un método conocido como Secuenciación Masivamente Paralela (MPS por sus siglas en inglés).

Sin embargo, aplicar este método, como se hará, implica que los restos serán destruidos sin que el éxito esté garantizado.

Para conocer los resultados de esta nueva técnica de identificación habrá que esperar hasta casi finales del mes de abril.

Los normalistas secuestrados el pasado 26 de septiembre luego de una larga jornada de violencia en la que seis personas fueron asesinadas han sido buscados en cerros, en ríos, en casas de seguridad y hasta en instalaciones militares.

La versión oficial, en el sentido de que los normalistas secuestrados pudieron haber sido quemados en el basurero de Cocula ha sido puesta en duda por especialistas foreneses.

Lorena Valencia Caballero, jefa de la Unidad de Investigación de la licenciatura en Ciencias Forenses de la UNAM, aseguró que para realizar ese tipo de quema se requieren conocimientos mutidisciplinarios para conocer las condiciones ambientales, geológicas, físicas y químicas.

Mencionó que cuando un cuerpo humano se somete a un proceso de cremación tradicional (dentro de un horno que llega a alcanzar una temperatura hasta de 940 grados centígrados) los restos no pueden quedar totalmente pulverizados, pues ciertos huesos, y sobre todo la dentadura, son difíciles de destruir y por tanto deben ser sometidos posteriormente a un proceso de trituración.

RESEÑA

El 26 de septiembre del 2014, policías municipales de Iguala y miembros de la banda delictiva Guerreros Unidos agredieron a los normalistas que intentaban tomar varios camiones.

Durante la agresión mataron a tres normalistas y a otras tres personas y se llevaron en vehículos de la Policía Municipal a 43 estudiantes más, por órdenes del entonces presidente municipal, José Luis Abarca Velázquez.

El 30 de septiembre fueron detenidos 22 policías por presuntamente haber participado en el asesinato de seis personas en Iguala. Fueron trasladados al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Las Cruces, en Acapulco, donde enfrentarán un proceso penal por diversos delitos.

A partir del 4 de octubre se empezaron a encontrar fosas clandestinas en distintos parajes de Guerrero, pero ninguno de los cuerpos depositados en ellas –más de 30– pertenecía a los normalistas.

El presidente Enrique Peña Nieto se refirió públicamente al caso 11 días después de la jornada violenta de Iguala, pero solo para manifestar su “indignación” por los hechos.

El caso llegó hasta los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional y la ONU, todos los cuales condenaron los hechos y reclamaron justicia al Estado mexicano.

La PGR atrajo la investigación por la muerte y secuestro de normalistas,  pero hasta el momento no ha logrado dar con el paradero de los desaparecidos.

El 23 de octubre Angel Aguirre Rivero renunció al cargo de gobernador del estado, lo que contribuyó a distender el ambiente, pero no solucionó el fondo del problema, que es la desaparición de 43 normalistas.

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