URGENTE: MÉXICO deja formalmente de ser una DEMOCRACIA

Opinión por Save Democracy MÉXICO

La organización Save Democracy lanza una ALERTA DEMOCRÁTICA ante la consumación del desmantelamiento del Poder Judicial en México, ocurrido el pasado 1 de junio con la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular en una costosa elección que abrió la puerta de la selección de juzgadores a los poderes fácticos, legales e ilegales.

Lejos de representar un avance democrático, esta elección significó el golpe final al equilibrio de poderes, pilar esencial de toda república, marcando un retroceso sin precedentes para la democracia, la independencia judicial y el Estado de Derecho en el país.

Hoy, México ha dejado de ser una democracia para convertirse formalmente en un régimen autoritario con elecciones, un sistema sin contrapesos, donde el poder absoluto queda concentrado y el sistema judicial queda vulnerable a intereses políticos, oligárquicos y criminales.

La elección abierta de jueces en un contexto de alta penetración del crimen organizado, polarización política y apatía ciudadana no fortalece la justicia: la politiza, la vulnera y la pone al servicio de intereses ajenos y contrarios al de los ciudadanos.

Cabe destacar que este ejercicio electoral fue deslegitimado por la propia ciudadanía: más del 90% de las personas inscritas en el padrón electoral decidieron no participar y casi 11% de quienes lo hicieron anularon su voto, enviando un mensaje claro de rechazo. Sin embargo, la legislación mexicana no reconoce el peso político de la abstención, permitiendo que una minoría determinara el futuro de la justicia en el país, aun cuando ello vulnera los principios más básicos de la representación democrática.

Con esta elección, que parte de una Reforma al Poder Judicial avalada hace unos meses por el Poder Legislativo en manos del partido gobernante, NO mejorará el acceso a la justicia, NO se resolverán los problemas estructurales de impunidad o corrupción judicial, y NO contribuirá a la profesionalización de los operadores judiciales Por el contrario, con la sustitución masiva de personal con criterios políticos, se abrió la puerta al caos legal y al control político, oligárquico y delincuencial de los tribunales. Se eliminarán las garantías institucionales, se pondrán en riesgo miles de procesos judiciales en curso y, con ello, la seguridad jurídica de millones de personas.

Con la entrada de estos nuevos jueces, magistrados y ministros, y con las posteriores elecciones escalonadas programadas, el Poder Judicial legalmente será un instrumento servil del Poder Ejecutivo en turno. Así, los jueces tendrán como único incentivo servir a los políticos y demás poderes fácticos que garanticen su reelección y no tendrán estímulo alguno para aplicar límites constitucionales al Ejecutivo y Legislativo mayoritarios, con lo cual se destruirá el principal pilar que garantiza la existencia de una democracia.

La experiencia internacional de 68 democracias durante los últimos 230 años nos indica que, para que las elecciones democráticas de jueces garanticen justicia con Estado de Derecho Democrático hacia futuro, el proceso electoral de nombramiento judicial debe ser único e indirecto, realizado a través de los representantes democráticos en el Congreso. Posteriormente, debe otorgarse a los miembros del Poder Judicial plena independencia institucional del poder político, pero sujetos a auditorías de sentencias por parte de un órgano autónomo y a auditorías patrimoniales de sus integrantes, realizadas por la sociedad civil y el Estado.

Desde Save Democracy hacemos un llamado urgente:

  • A la ciudadanía: a no normalizar este retroceso.
  • A los medios de comunicación e instituciones académicas: a continuar visibilizando las implicaciones de esta reforma y su elección.
  • A los legisladores demócratas: a impulsar reformas que den valor legal y consecuencias políticas a los NO VOTOS, y eviten que el silencio ciudadano vuelva a ser utilizado para concretar y legitimar regresiones autoritarias.
  • A los organismos internacionales: a actuar conforme a los tratados democráticos que México ha firmado.

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