El gobierno federal plantea revertir la desaparición as dos salas con las que trabajaba la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que evitaban que el pleno del máximo tribunal se saturara de trabajo.
- Este lunes, 249 días después de que comenzara a operar la nueva Suprema Corte, la consejera jurídica de la Presidencia de la República, Luisa María Alcalde, presentó las líneas generales de una reforma que busca no solo aplazar un año las elecciones judiciales previstas para 2027, sino ajustar la reforma judicial aprobada durante los últimos días del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Se crean dos secciones para la Suprema Corte de Justicia de la Nación que van a desahogar asuntos menores, que no sean tratados en pleno, para poder eficientar sus trabajos”, dijo la funcionaria al presentar el proyecto durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Juristas consultados por El Sol de México opinaron que la medida representa uno de los “parches” que el gobierno federal pretende aplicar a la reforma de 2024, la que permitió que jueces, magistrados y ministros sean electos por voto popular, un esquema que ningún otro país en el mundo aplica, con excepción de Bolivia.
“Se regresa a lo que ya existía y había funcionado bien. Es el inicio de la revocación inevitable de la reforma de 2024”, opinó Diego Valadés, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Para el jurista, el nuevo proyecto de reforma presidencial admite de manera tácita que la Corte carece de herramientas para desahogar de manera eficiente los asuntos y que las “secciones” son necesarias para una gestión “ordenada” de sus resoluciones.
La reforma judicial de 2024 transformó radicalmente el funcionamiento de la Suprema Corte. El cambio más relevante fue la desaparición de las dos salas especializadas y la transición hacia un modelo de nueve ministros que sesionan únicamente en pleno.
El objetivo fue concentrar las decisiones constitucionales en sesiones públicas y evitar que tres ministros pudieran frenar actos del gobierno desde las salas. Sin embargo, los primeros meses de operación muestran un efecto colateral significativo: una caída en la productividad y un aumento del rezago judicial.
Según datos de la propia Corte, entre septiembre de 2025 (fecha en que comenzó labores) y abril de 2026 se han resuelto 663 asuntos en sesión y 42 por acuerdo o dictamen. En contraste, en el mismo periodo anterior, la antigua estructura resolvió mil 177 asuntos en sesión y 138 por acuerdo o dictamen, lo que refleja una caída de 43% y 69%, respectivamente, en la productividad del órgano.
- El jurista detalló que la función de las dos antiguas salas era revisar la mayoría de los asuntos que no ameritaban una discusión de pleno y que, paradójicamente, trataban los temas más cercanos a la ciudadanía, como son los juicios de amparo o recursos de revisión de índole civil, penal, administrativa y laboral.
“En la anterior Corte, los miércoles resolvíamos en promedio 20 recursos y 40 amparos. Por eso se desahogaba mucho trabajo. Lógicamente, el rezago ahorita debe ser tremendo”, estimó Laynez.
La consejera jurídica de la Presidencia anunció que la iniciativa será enviada al Congreso en los próximos días y, además del cambio de fechas para las elecciones judiciales, el documento incluirá modificaciones como simplificar la boleta electoral, reducir el número de candidatos y que los comicios judiciales y políticos se realicen en la misma ubicación./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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