El político que llega a los círculos de decisión en México pronto descubre que no ha heredado un cargo para mandar de forma absoluta, sino para administrar una tregua perpetua y peligrosa entre los intereses legítimos de la nación y las exigencias brutales de las estructuras criminales.
El primer golpe de realidad para el gobernante es la pérdida total de la autonomía. Existe una narrativa romántica sobre el funcionario que sucumbe a la tentación del dinero sucio, pero la verdad es mucho más sombría. En la mayoría de los casos, la protección a la delincuencia no nace de un deseo de enriquecimiento, sino de una imposición que no admite réplica. El sistema político mexicano funciona bajo una lógica de herencia de compromisos; el que llega a una silla de poder no solo recibe el presupuesto y el personal, sino también los acuerdos tácitos y las deudas de sangre de su predecesor.
El político debe levantarse cada mañana y ensayar un discurso sobre el estado de derecho, la justicia y el bienestar social, sabiendo perfectamente que, en algún lugar de su agenda o de su territorio, hay una orden que no puede ser ignorada, una ruta que debe dejarse libre o un nombre que no debe ser investigado, como recientemente sucedió en Guerrero o en otras partes del país. Esta disonancia cognitiva erosiona la identidad. El individuo que alguna vez soñó con transformar su comunidad se ve a sí mismo transformado en un facilitador del horror.
Proteger a quienes destruyen el tejido social que juró defender genera un vacío moral que no se llena con lujos ni con escoltas, sino que se traduce en una paranoia constante que acompaña cada cena familiar y cada evento público.
Además, el entorno político en México es un nido de traiciones donde la protección al crimen es la moneda de cambio y, al mismo tiempo, la guillotina que cuelga sobre la cabeza de todos. El gobernante sabe que su relación con los grupos delictivos es siempre asimétrica. El criminal no respeta jerarquías institucionales; solo entiende de utilidad. En el momento en que un político deja de ser útil o se convierte en una molestia para los intereses de la organización, la protección se desvanece y la exposición ante la justicia o ante los rivales se vuelve inminente. Ese político no teme solo a la fiscalía o a la opinión pública; teme a sus propios aliados, a sus secretarios y a sus guardaespaldas, pues cualquiera puede ser el conducto de un mensaje que cambie su destino para siempre.
El político sabe que es necesaria una ingeniería institucional para corromper los procesos sin que las costuras sean demasiado evidentes. Hay que saber a quién nombrar en los mandos policiales, qué operativos sabotear mediante la burocracia y cómo manipular las estadísticas para que el caos parezca una anomalía y no una política de Estado, convirtiéndose en un burócrata del encubrimiento, un experto en la simulación que debe equilibrar la presión de las agencias internacionales y los reclamos ciudadanos con las cuotas de impunidad que le son exigidas desde el submundo.
Existe también la tragedia de la normalización. Con el tiempo, el político gobernante comienza a convencerse de que la protección a la delincuencia es un «mal necesario» para mantener una estabilidad precaria. Se engaña a sí mismo pensando que, si no es él quien administra esos acuerdos, alguien más violento o menos capaz lo hará, y que, bajo su mando al menos, hay un control relativo de los daños, aunque la realidad se encarga de desmentirlo constantemente con cada fosa clandestina que aparece y cada familia destrozada por la violencia que él, por omisión o acción, permitió que floreciera.
La protección no genera orden; genera una metástasis de corrupción que termina por devorar las mismas instituciones que el gobernante representa.
Pertenecer a esta clase política es también aceptar la vigilancia eterna de los organismos de inteligencia extranjeros y nacionales. El funcionario sabe que sus comunicaciones son interceptadas, que sus movimientos financieros son analizados y que su vida privada es una ficha de negociación en manos de otros actores poderosos, tal y como sucede en este momento con el exgobernador de Sinaloa.
Vivir bajo ese escrutinio mientras se ocultan secretos tan oscuros requiere una disciplina actoral que agota el espíritu. Cada apretón de manos con un embajador, cada discurso en una cumbre sobre seguridad y cada fotografía oficial es una pieza de teatro donde el riesgo de un error es el escarnio público o la cárcel. La presión es tal que muchos recurren a vicios o a aislamientos extremos, convirtiendo sus residencias en fortalezas donde el lujo es solo el decorado de una prisión de oro.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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