En los últimos años, el discurso de la guerra contra el narco no solo ha dejado de ser cuestionado, sino que se ha radicalizado, afirma el periodista Oswaldo Zavala (Ciudad Juárez, 1975), quien advierte que “nos está llevando a una nueva era de militarismo”.
El fenómeno se ha acentuado con el segundo gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, pues el mandatario ha impulsado el combate al “narcoterrorismo”, concepto con el que busca acelerar su intervencionismo en países como México.
De acuerdo con Milenio, quien entrevisto a Zavala y habló sobre el panorama actual en América a partir de una nueva edición de su libro Los cárteles no existen, en el que describe el avance de políticas de seguridad que califica como “fascistas”.
- México, advierte Zavala, enfrenta «un asedio» de políticas de seguridad «fascistas y muy peligrosas» impulsadas por Trump, que podrían derivar en escenarios «violentos» como los registrados en Venezuela o Ecuador.
- Sobre Venezuela, señala la “simulación” del llamado Cártel de los Soles, organización que el Departamento de Estado de Estados Unidos primero incluyó en su lista de grupos terroristas, calificando a Nicolás Maduro como su cabecilla, y luego rebajó a un sistema de clientelismo.
Durante su designación como organización terrorista se generó, además de la captura del presidente venezolano a principios de enero en Caracas, y su posterior traslado a una prisión en Nueva York —donde enfrenta cargos por narcotráfico y armas—, «una política de exterminio en contra de gente anónima».
«Hace unas semanas hubo otro ataque con misil a una embarcación en el Pacífico», recuerda el periodista, aludiendo a la Operación Lanza del Sur, que Estados Unidos desarrolla con un fuerte despliegue militar cerca de las costas venezolanas.
Otro ejemplo es Ecuador, donde en marzo el gobierno local, con apoyo de Estados Unidos, atacó un presunto campamento de narcos en la provincia de Sucumbíos, pero «resultó ser una granja».
Los casos anteriores muestran que, «de un modo descarado», la política de seguridad de Estados Unidos ha incorporado elementos de intervención, militarización y control sobre recursos naturales, señala Zavala.
Este enfoque ha «acelerado su intervencionismo en México y su presión sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum».
La acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y nueve funcionarios más, por presuntos vínculos con el narcotráfico —ocurrida después de la entrevista con Zavala— se suma al contexto reciente de tensiones bilaterales.
Ante esto, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció: señaló que se requieren “pruebas contundentes e irrefutables” y afirmó que, de no existir, podría interpretarse que las imputaciones tienen un “objetivo político”.
- Según algunas «voces» del debate político en Estados Unidos, indica Zavala, los recientes acontecimientos en Medio Oriente podrían estar impulsando un mayor énfasis en la hegemonía regional y en «intervenir de modo más decisivo en Latinoamérica».
- En ese contexto, el autor menciona la iniciativa de cooperación militar Escudo de las Américas, impulsada por el gobierno de Trump junto a gobiernos «igualmente fascistas y delictivos» como los de Nayib Bukele (El Salvador), Javier Milei (Argentina) y Daniel Noboa (Ecuador).
Una alianza que “simula una aparente aceptación en América Latina”, aunque los países que la conforman no representan ni la mitad de la población en la región.
México, Colombia y Brasil —que no forman parte del Escudo— concentran en conjunto «más del 60 por ciento» de la población latinoamericana.
- El investigador añade que estas políticas de seguridad están incorporando tecnologías como software de vigilancia tipo Pegasus y drones, que pueden ser utilizados «contra de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos».
- El discurso de la guerra contra el narcotráfico no solo se reproduce en las instituciones y los medios, sino que también ha permeado el terreno cultural: series de televisión, cine y música contribuyen a consolidar una narrativa en la que los delincuentes aparecen como figuras de poder.
“Cuando uno escucha a Peso Pluma decir que trae su pistola dorada, se crea un consenso en el que la narrativa básica es que los traficantes son poderosos; que, como dice Donald Trump, controlan al gobierno de México. Esa repetición en todos los sectores construye una hegemonía”.
Ante esto, considera fundamental cuestionar cómo se construye y se difunden las narrativas entre instituciones, medios y productos culturales; lo que hace en su libro La guerra de las palabras.
“¿Cómo es que posible que sigamos creyendo que en nuestro país totalmente militarizado, con agentes de la Guardia Nacional en todos lados, un grupo de traficantes de Sinaloa o Jalisco van a plantar un desafío a esa estructura?”.
Este ejercicio crítico podría abrir la puerta a debates más amplios sobre políticas públicas y la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. “Si empezamos a identificar esos momentos en los que se nos persuade con ese discurso, ya hay un avance”.
“No es un proceso inmediato, pero hay razones para el optimismo”, zanja.
¿Se militariza América Latina para combatir la criminalidad?
En marzo pasado y en plena convulsión en Oriente Medio, tras los ataques contra Irán lanzados por EE. UU. e Israel, Donald Trump invitó en Miami a varios líderes latinoamericanos a la cumbre «Escudo de las Américas» para anunciar una nueva «coalición militar» contra los carteles del narcotráfico.
Tanto el encuentro como la consiguiente Coalición de las Américas contra los Cárteles, «indican nuevos esfuerzos militares de Estados Unidos para colaborar con sus socios en la región, compartir inteligencia y coordinar acciones contra los narcotraficantes», dice a DW Christopher Hernandez-Roy, investigador principal y subdirector del Programa de las Américas del think tank Center for Strategic and International Studies, con sede en Washington.
«Estrategia pragmática»
«El compromiso de usar fuerza militar letal para destruir a los cárteles»: esa es, según Trump, la esencia del acuerdo. «La segunda administración Trump está aplicando una estrategia de compromiso muy pragmática con los países de la región», comenta a DW, por su parte, Evan Ellis, investigador sobre América Latina en el Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos.
Se acabaron las objeciones relacionadas con el carácter autoritario de ciertos regímenes latinoamericanos, la corrupción o las preocupaciones sobre los derechos humanos, prosigue Ellis.
«Esto responde al compromiso del Gobierno de EE. UU. de dar prioridad a la seguridad en el hemisferio occidental en la lucha contra los cárteles, denominados organizaciones narcoterroristas, cuyas actividades y lucha por el control y el poder afectan tanto a los países implicados como a EE. UU, lugar de destino de las drogas y de los migrantes desplazados por la violencia y la falta de oportunidades económicas que traen consigo las economías dominadas por la delincuencia».
Recientemente, EE. UU. ha colaborado con inteligencia en la reciente operación para atrapar a «El Mencho», líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, en México. Por su parte, Ecuador acaba de lanzar un operativo militar conjunto con EE. UU. para combatir organizaciones narcotraficantes en el país andino.
Compra de armas en Guatemala
Guatemala no estuvo presente en la cumbre «Escudo de las Américas» de Miami, pero, poco después de la cita, se anunció el levantamiento del embargo militar impuesto por Estados Unidos hace casi medio siglo por violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado, entre 1960 y 1996.
- El país centroamericano ya ha iniciado un proceso de compra de armas, aviones y equipamiento. Según el ministro de Defensa, Henry Sáenz, el Ejército guatemalteco, cuyos principales proveedores son Israel y Colombia, tiene un presupuesto de unos 50 millones de dólares para adquirir armamento en 2026.
«En Guatemala, el Gobierno de Arévalo, que se enfrenta a una crisis de violencia de las bandas, los cárteles y las prisiones asociadas, necesita toda la ayuda en materia de seguridad que pueda obtener», dice Evan Ellis.
Por su parte, Christopher Hernandez-Roy recuerda que la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva el 6 de febrero de 2026 titulada «Establecimiento de una Estrategia de Transferencia de Armas de América Primero’”, cuyo objetivo es claramente aumentar las ventas militares al extranjero: «La eliminación del embargo de 1977 sobre las ventas a Guatemala probablemente sea un resultado directo de esa orden», apunta Hernandez-Roy.
Drones en Haití
Según Human Rights Watch, al menos 1.243 personas han muerto entre marzo de 2025 y enero de 2026 en Haití debido a ataques con drones utilizados en operaciones policiales para combatir el crimen. La oenegé asegura que, entre las víctimas, hay 43 adultos y 17 menores de edad que no pertenecían a grupos criminales.
Los ataques se han llevado a cabo con drones cuadricópteros armados con explosivos en zonas urbanas densamente pobladas. «En Haití, trágicamente, sin la posibilidad de una fuerza internacional financiada y razonablemente capaz, la autorización de la empresa Eric Prince para importar drones y otras armas, en un intento autoritario de recuperar el control del país de las bandas, quizá sea la mejor de las opciones mortales», dice Evan Ellis. En este caso, no hay colaboración de EE. UU., sino de un contratista militar externo.
¿Militarización de América Latina?
«Los países de Centroamerica tienen fuerzas armadas pequeñas. Todas ellas necesitan modernización claramente militar”, comenta a DW Juan Battaleme, especialista en relaciones internacionales, defensa y seguridad internacional.
«En América Latina estamos lejos de estar militarizándonos. Al contrario, estamos con un déficit en cuestiones militares”, prosigue Battaleme. Según el más reciente informe de Military Balance, aumenta la militarización en casi todas las regiones del mundo.
«También América Latina tiene una tendencia creciente, pero estamos lejos de poder llamarlo militarización. Entre América Latina y el Caribe, representamos solo el 2,4 por ciento del gasto militar total en el mundo», apunta el experto.
Según Battaleme, la compra de armas en Guatemala responde más bien a una mayor voluntad en el uso de la fuerza frente a amenazas transnacionales por parte de un número importante de actores en América Latina.
«La criminalidad trasnacional en América Latina usa equipamiento militar, por eso hay mayor voluntad de usar la fuerza de manera mucho más activa y de cooperar en la formación de inteligencia y en la prevención», subraya Batteleme.
Ecuador despliega 13.000 militares para combatir al crimen organizado
Un total de 13.000 militares empezaron a desplegarse este 18 de junio en cuatro de las provincias más violentas de Ecuador para reforzar las operaciones contra el crimen organizado, después de que el presidente Daniel Noboa decretara el 17 de junio un nuevo estado de excepción en casi la mitad del país.
- Los soldados saldrán de territorios con menor índice de criminalidad para instalarse en las provincias costeras de Guayas, cuya capital es Guayaquil; Manabí y El Oro, fronteriza con Perú; y en la tropical Los Ríos, que registran altos niveles de violencia y son clave en las rutas que utilizan los grupos criminales para enviar droga hacia Europa y Norteamérica.
Los militares se trasladarán a los sectores más conflictivos de estas provincias para intensificar los patrullajes terrestres y marítimos, fortalecer los controles de armas, municiones y explosivos, y apoyar las operaciones contra los grupos armados.
«El objetivo es disminuir principalmente las muertes violentas y tener el control de las ciudades que están catalogadas como más violentas», señaló el general Mauro Bedoya, jefe del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), durante la llegada de unos 210 soldados a la base aérea de Guayaquil. «El objetivo es dar esa percepción de seguridad a nuestra población», añadió.
- De esos 13.000 se quedarán en Guayas aproximadamente 6.000, quienes se sumarán a los soldados que ya están asignados de forma permanente en esta provincia, que hasta mayo concentraba 1.521 asesinatos de los 3.485 registrados a nivel nacional.
La movilización coincide con el anuncio que hizo este jueves el presidente Noboa sobre el inicio de una etapa de «guerra total» contra las bandas criminales, con la ratificación del «conflicto armado interno» que declaró en 2024, lo que esta vez permite el despliegue de militares extranjeros en el país con inmunidad para participar en las operaciones contra estas organizaciones.
«Militares de países aliados podrán desplegarse en las provincias más golpeadas por la violencia para trabajar junto a nuestro bloque de seguridad», señaló Noboa en un video difundido por la Presidencia, en el que aseguró que «desde hoy los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte y preparado, y que ya no pelea solo».
El mandatario sostuvo que la medida es fruto de meses de trabajo, «especialmente con la última reunión en el Pentágono».
Por medio del Decreto Ejecutivo 424, el presidente también señaló que «concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor del personal militar, policial y los civiles que participen en acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno en defensa del Estado, de conformidad con la Constitución, la ley y el ordenamiento jurídico vigente».
- El mismo decreto pide además a la Asamblea Nacional conceder amnistías en favor del personal militar, policial y de los civiles que hayan actuado en defensa del Estado. Ambas figuras se diferencian en quién las otorga y en su alcance: el indulto lo concede el propio presidente, mientras que la amnistía corresponde al Parlamento y puede llegar a borrar por completo la responsabilidad penal de los beneficiados.
- Sin embargo, Bedoya indicó que por el momento no saben si llegarán militares extranjeros al país y que continuarán recibiendo asesoramiento y apoyo tecnológico de países aliados como Estados Unidos, que, dijo, ha colaborado en los últimos meses con las operaciones que se realizan en el territorio nacional.
Hasta ahora, Ecuador recibe ese respaldo en materia de seguridad, sobre todo inteligencia estadounidense, pero sin tropas extranjeras sobre el terreno. El Gobierno tampoco ha aclarado, por ahora, de qué países provendrían esos efectivos.
Desde inicios de 2024, Noboa ha declarado sucesivos estados de excepción y movilizado a miles de policías y militares a los sectores más violentos, lo que no impidió que en 2025 se registrara un récord de 9.281 asesinatos, cifra que equivale a una tasa de más de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos de Latinoamérica.
EU ha ejecutado realineamiento estratégico en su lucha contra el crimen en México
La reciente reactivación de casos judiciales en Estados Unidos y las declaraciones de altos funcionarios de la administración de Donald Trump han dejado al descubierto un profundo realineamiento en la estrategia de seguridad de Washington. Lo que comenzó como un decreto para frenar una «invasión» migratoria ha evolucionado hacia un despliegue sin precedentes contra el crimen organizado mexicano, utilizando unidades de élite y tecnología militar.
- De acuerdo con el análisis del periodista Raymundo Riva Palacio, la actual administración estadounidense ha reorganizado sus fuerzas de seguridad en tres grandes áreas con rangos de autonomía específicos. El pivote de esta estrategia es una «nueva» fuerza de tareas que une al FBI, la DEA y la ATF con policías locales y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
En este esquema, el FBI y el DHS han tomado el liderazgo en el combate directo a los cárteles, desplazando a la DEA a funciones más específicas. Riva Palacio destaca que este músculo operativo ya ha dado golpes contundentes, como la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.
- «Un equipo del FBI en Washington, que es el que más sabía del Cártel de Sinaloa en Estados Unidos, planeó la operación, que fue ejecutada por un comando de seis personas de la Oficina de Investigaciones [del DHS]».
- Uno de los cambios más significativos es el nuevo objetivo de la Agencia Antidrogas (DEA). Bajo la dirección de Terrence Cole, la agencia ha pasado a un papel secundario en el combate de campo para enfocarse en el contrabando de combustible y sus nexos políticos.
Esta línea de investigación pone bajo la lupa no solo a los grupos criminales, sino a la clase política mexicana. Según el articulista, este enfoque busca rastrear las «vinculaciones con políticos», un tema que Cole ha trabajado desde su estancia en la Ciudad de México en 2019.
Militarización y operaciones encubiertas de la CIA
El realineamiento también incluye una participación más agresiva de las áreas de inteligencia y militares. Riva Palacio advierte sobre la autonomía de la CIA, que ha realizado operaciones tanto abiertas como encubiertas en territorio mexicano, incluyendo el uso de drones espías para intervenir comunicaciones sin autorización oficial.
Este despliegue militar en la frontera y en labores de inteligencia representa el cambio de paradigma más radical en décadas.
«La decisión de Trump de meterlas de lleno a la vigilancia en la frontera… es el cambio de estrategia más radical que ha hecho Estados Unidos desde que el presidente Richard Nixon criminalizó la guerra contra las drogas en 1971».
- Finalmente, la designación de los cárteles como organizaciones terroristas ha empoderado a agencias del Departamento del Tesoro como el FinCen y la OFAC. Tras la captura de figuras políticas como el exgobernador Rubén Rocha Moya, el enfoque se ha desplazado hacia las redes empresariales que pudieron haber hecho negocios con actores señalados.
El análisis advierte que, bajo los decretos de Trump, cualquier entidad comercial vinculada podría ser acusada de complicidad con actividades terroristas, lo que coloca en una situación vulnerable a grandes capitanes de industria en México. Mientras tanto, concluye Riva Palacio, el régimen mexicano parece ignorar las señales de este realineamiento estratégico./Agencias-PUNTOporPUNTO
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