Alrededor de mil 500 ejidos y comunidades, antes dedicados principalmente a la producción agrícola, cambiaron el uso de sus tierras para albergar parques industriales, complejos habitacionales y desarrollos turísticos.
De acuerdo con declaraciones de Víctor Suárez, titular de la Procuraduría Agraria, recogidas por La Jornada el 27 de noviembre de 2025, varios de estos territorios también concentraban concesiones de agua que posteriormente pasaron a compradores privados.
Ejidos cambiaron su actividad por desarrollos urbanos y turísticos
La transformación se concentró en zonas metropolitanas, costas mexicanas, destinos turísticos y regiones donde avanzan los corredores industriales y la especulación inmobiliaria.
- Ubicación: la mayoría de los terrenos se encuentra cerca de ciudades en expansión, costas y centros turísticos.
- Nuevo uso: las actividades agrícolas fueron desplazadas por vivienda, industria y proyectos inmobiliarios.
- Concesiones: Suárez afirmó que diversos títulos para utilizar agua terminaron en manos de inversionistas privados.
- Consecuencia: las comunidades perdieron actividades económicas vinculadas históricamente con la producción rural.
Reformas de 1992 modificaron el régimen de tierras y agua
Suárez relacionó este proceso con la reforma al artículo 27 constitucional y con la Ley de Aguas Nacionales, ambas aprobadas en 1992.
El funcionario atribuyó este fenómeno a las reformas impulsadas durante el sexenio del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Según explicó, esos cambios legales facilitaron la creación de un “mercado de agua” y permitieron que tierras ejidales, recursos nacionales y concesiones de agua fueran transferidos o concentrados por inversionistas privados.
- Operaciones irregulares: el funcionario sostuvo que varias rentas y compraventas ocurrieron mediante procedimientos “fuera de la ley”.
- Intermediarios: también denunció la participación de grupos a los que llamó “mafias agrarias”.
- Mercado de agua: Suárez utilizó este concepto para describir la transferencia y concentración de concesiones.
- Acaparamiento: advirtió que tierra y agua comenzaron a tratarse como bienes sujetos a especulación.
Procuraduría Agraria señala recuperación de terrenos en Nayarit
Como ejemplo, el funcionario mencionó 960 hectáreas ubicadas en la costa de Nayarit, cuyo valor estimó en 50 mil millones de pesos y que representarían más de 530 lotes inmobiliarios.
Como ejemplo, el funcionario mencionó 960 hectáreas ubicadas en la costa de Nayarit, cuyo valor estimó en 50 mil millones de pesos y que representarían más de 530 lotes inmobiliarios.
- Señalamiento: Suárez atribuyó la apropiación de los terrenos a los exgobernadores Ney González y Roberto Sandoval.
- Recuperación: afirmó que los predios fueron recuperados por la Fiscalía General de la República.
- Precisión: no se localizó un comunicado público de la FGR que confirme, con esas mismas cifras, la recuperación señalada.
- Estatus: los datos sobre valor, superficie y lotes corresponden a lo declarado por el titular de la Procuraduría Agraria.
México tiene más de 32 mil 500 ejidos y comunidades, los cuales concentran cerca del 75% de los recursos naturales estratégicos del país. Suárez precisó que entre 7% y 8% de la superficie social habría pasado formalmente a propiedad privada.
La Procuraduría Agraria planteó frenar las operaciones irregulares y fortalecer la defensa de territorios que sostienen economías rurales, conservan recursos naturales, concentran derechos de agua y forman parte de la propiedad social de México.
Endurece reglas para la minería
El Gobierno de México anunció nuevas restricciones para la actividad minera privada mediante la publicación de un acuerdo presentado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). La medida, publicada el 20 de julio en el Diario Oficial de la Federación, establece que ninguna empresa o individuo podrá disponer de una concesión del sector minero si no cuenta con el permiso de impacto ambiental correspondiente.
A partir de este cambio normativo, se detalla que las autorizaciones son procesos administrativos aparte de los permisos de explotación. Esta disposición afecta incluso a quienes obtuvieron sus títulos antes del 9 de mayo de 2023, obligando a todos los propietarios a presentar una solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental para cualquier proyecto que implique actividades en áreas naturales protegidas federales.
Las disposiciones recientes marcan un cambio radical en la regulación de esta industria, asegurando que toda obra de exploración o beneficio de minerales en zonas resguardadas deba ser evaluada con criterios estrictos. Asimismo, el esquema fortalece el papel de la autoridad ambiental y limita significativamente la intervención de particulares en sitios ecológicos.
- La reforma a la Ley Minera de mayo de 2023 modificó el panorama: las concesiones, que antes abarcaban cualquier material y el control del agua, ahora se limitan a un solo mineral y están sujetas a controles hídricos estrictos. Desde que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló esta reforma, las personas físicas y morales solo pueden recibir una aprobación tras demostrar que poseen el documento de conservación vigente.
En la práctica, esto significa que el Estado mexicano retoma el control principal en la exploración y explotación de los recursos minerales. Solo cuando las autoridades no realicen estas actividades, se permite la participación del sector privado, siempre bajo supervisión y con obligaciones estrictas para proteger el entorno natural.
El máximo tribunal del país ha ratificado que la tenencia de una concesión no confiere un derecho automático a explotar los recursos. El proceso exige la obtención previa de las autorizaciones, que constituyen un trámite independiente y necesario para iniciar cualquier proyecto minero.
Dentro de esta iniciativa también se impone la elaboración de programas de restauración ambiental. Estos deben implementarse antes, durante y después de las actividades de minería, con el objetivo de minimizar los daños y restaurar los ecosistemas afectados.
40% de los bosques ejidales en México están concesionados a la minería
En 2021, un estudio del Consejo Mexicano de Silvicultura Sostenible reveló que en México 5 mil 222 ejidos, que integran bosques y zonas de conservación, estaban en riesgo de ser explotados por las mineras, incluso sin el respaldo de sus dueños
- Casi un tercio de los 13 mil 422 ejidos reconocidos en el país fueron concesionados. Esto significa que a pesar de que las tierras tienen dueños legales -los ejidatarios- la decisión de si ahí se abre o no una mina, es de los empresarios que detentan los títulos de concesión.
- Del total de concesiones en el país, 48.2 por ciento ocupaba terreno forestal, reveló el estudio del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
- Según el estudio, casi 60 por ciento de los bosques del país estaban en manos de ejidos y comunidades, que son un factor central para su cuidado. Sin ellos no habría mantenimiento forestal, acciones contra la tala clandestina, e incluso contra el narcotráfico.
La afectación de concesionar de esa manera el territorio va más allá de las profundas amenazas que la minería representa al medioambiente, pues viola varios derechos humanos, como al agua, a un medio ambiente sano y a la libre determinación de las comunidades donde se ubican las concesiones.
“Es muy preocupante que esto se dé sin ninguna consideración ecológica”, adviertió Leticia Merino, investigadora del Instituto de Ciencias Sociales de la UNAM y parte del CCMSS, una organización no gubernamental que promueve el cuidado de los bosques.
“Esto también afectan a territorios forestales de bosques templados, porque la gran parte de los depósitos mineros están en zonas montañosas donde están estos mismos bosques, además de violar los derechos de propiedad de las mismas comunidades a las que llegan”.
- Entre los efectos de la minería, enumera la doctora Merino, está la desecación y contaminación del agua, la destrucción de la masa forestal y todos los servicios ambientales que los bosques proveen (como la regulación de la temperatura ambiental, la generación de agua y la gran biodiversidad que resguardan). Además, la deforestación desmedida promueve la zoonosis, el fenómeno mediante el cual se liberan enfermedades no conocidas para el ser humano.
“Hace falta mucha comunicación e información entre la ciudadanía. La gente dice: ‘bueno, se quita el bosque y se reforesta’, pero no, hay muchos ecosistemas para los cuales la reforestación no es viable, pues perecerían de todas formas. Esa es la primera cosa es que hay que considerar, que mucha gente no valora las áreas forestales”.
Alertan sobre riesgo de acaparamiento de agua
Un equipo de especialistas de la Universidad Iberoamericana (IBERO) presentó una investigación sobre el estado de las concesiones de agua en México, el cual integra millones de registros oficiales, identifica anomalías y detecta riesgos de concentración del recurso.
El estudio señala que para junio de 2025 se contabilizaron 531 mil 434 concesiones y ubica mil 524 municipios con condiciones de acaparamiento.
- El trabajo se titula Monitoreo y Transparencia en el Uso del Agua en México: Un estudio de concesiones y riesgos por acaparamiento (2019-2024). De acuerdo con la IBERO, el objetivo es generar herramientas que fortalezcan la transparencia y la justicia hídrica a partir del análisis de concesiones y de posibles riesgos de concentración del agua.
- El proyecto es encabezado por el Dr. Wilfrido A. Gómez-Arias, con la participación del Dr. Francisco Betancourt y la Dra. Natalia D’Angelo, especialistas de la IBERO, así como Guadalupe Azuara García, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y Andrea Moctezuma, investigadora independiente.
La investigación retoma y amplía los hallazgos de los estudios Los Millonarios del Agua y del Índice de Riesgo por Acaparamiento del Agua.
- Según el equipo, integra por primera vez una plataforma de análisis que permite monitorear el comportamiento de las concesiones otorgadas en México, detectar inconsistencias administrativas y priorizar regiones con mayores riesgos de concentración del recurso.
- Para el análisis, las y los especialistas construyen una base de datos integrada por cerca de 10 millones de registros históricos provenientes del Registro Público de Derechos de Agua, correspondientes al periodo comprendido entre 2019 y agosto de 2024.
- La información se complementa con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).
Con ese cruce, explican, desarrollan un análisis multidimensional de las concesiones y su relación con variables sociales, ambientales y territoriales.
Como parte de la metodología, el equipo analiza anomalías relacionadas con nombres de concesionarios, volúmenes autorizados, transferencias de títulos, así como altas y bajas de concesiones.
El procesamiento de la información se realiza con herramientas avanzadas de análisis de datos y visualización geoespacial, con el propósito de identificar patrones que podrían pasar inadvertidos en revisiones convencionales.
- Los hallazgos: más de 531 mil concesiones y mil 524 municipios con acaparamiento
Entre los principales hallazgos, la investigación reporta que para junio de 2025 existían 531 mil 434 concesiones de agua registradas en el país. Además, identifica mil 524 municipios con condiciones de acaparamiento. - De ese universo, 120 presentan un nivel muy alto, al registrar al menos una variable crítica asociada con la concentración del recurso.
- El estudio también reporta que 383 municipios presentan tres variables críticas; 514, dos; y 507, una variable de riesgo.
A partir de estos resultados, el equipo desarrolla un Índice de Riesgo por Acaparamiento del Agua, una herramienta que evalúa tanto el nivel de concentración de las concesiones como la presión ejercida sobre los recursos hídricos.
Para qué sirve el monitoreo permanente de concesiones, según el equipo investigador
De acuerdo con los especialistas de la IBERO, el objetivo del estudio es ofrecer evidencia científica para orientar políticas públicas, fortalecer la rendición de cuentas y apoyar la toma de decisiones para una distribución más equitativa del agua.
También subrayan que el monitoreo permanente de las concesiones constituye un paso fundamental para enfrentar los desafíos derivados del estrés hídrico y la creciente demanda del recurso.
En ese marco, señalan que contar con información abierta, sistematizada y respaldada por metodologías científicas puede contribuir a prevenir conflictos por el acceso al agua y promover una gestión basada en criterios de sostenibilidad, transparencia y justicia social.
El contexto legal: el Senado aprueba una nueva Ley General de Aguas en diciembre de 2025
En diciembre de 2025, el Senado de México aprueba la nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales con 85 votos a favor y 36 en contra, tras un debate que concluye con el envío del decreto al Ejecutivo Federal para su publicación.
- La norma recibe respaldo mayoritario. Las reservas de modificación propuestas por legisladores de Morena, PAN, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano son rechazadas, por lo que el texto final queda como fue planteado originalmente.
- La ley establece que las concesiones para el uso del agua ya no podrán ser intercambiadas entre particulares y serán reasignadas únicamente por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Reconoce el derecho humano al acceso al agua y su gestión equitativa y sustentable, alineada con la Constitución y los tratados internacionales.
Entre los puntos clave, la nueva legislación elimina la transferencia de derechos de agua entre particulares y obliga a que las concesiones no utilizadas se recuperen para reasignación.
Incorpora un catálogo de delitos hídricos, establece políticas públicas con perspectiva de género, discapacidad e interculturalidad y transforma el Registro Público de Derechos de Agua en el Registro Nacional del Agua.
El marco legal refuerza la detección y sanción de usos irregulares, modifica la estructura de pago de cuotas para evitar acaparamiento y define reglas específicas para concesiones de uso agrario.
Ordena la creación de un órgano de control interno y obliga a los estados a armonizar su legislación en un plazo de 180 días tras la publicación.
La decisión ocurre en un contexto de presión sobre los recursos hídricos, derivada de sequías, disputas sobre concesiones y aumento de la demanda agrícola y urbana./Agencias-PUNTOporPUNTO
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