Numerosas familias del sur de México han tenido que huir de la violencia presente en la zona. Cansadas de amenazas, presiones y hasta bombardeos, buscan establecerse en el norte del país.
El desplazamiento interno se ha incrementado en los últimos años en el país. Según el informe «Travesías Forzadas» de la Universidad Iberoamericana, solamente en 2024 más de 28.900 personas fueron obligadas a huir de sus hogares como consecuencia de la violencia del crimen organizado.
Miles abandonan sus hogares para huir de la violencia, el crimen organizado y la persecución
Durante 2026, los casos se han incrementado en diversas regiones del país, donde la ausencia de respuestas institucionales ha dejado a comunidades enteras sin protección ni garantías para retornar a sus lugares de origen.
En los primeros seis meses del año, aproximadamente 600 personas fueron desplazadas en Chihuahua, 30 en Chiapas, más de 800 en Guerrero, más de 600 en Michoacán y al menos mil en Sinaloa. Estas cifras reflejan el alcance territorial y la gravedad de la crisis. Organizaciones civiles que han documentado estos hechos alertan que la violencia estructural y la inacción oficial agravan la situación de quienes se ven obligados a dejarlo todo.
Las causas del desplazamiento forzado interno se encuentran en el control territorial ejercido por el crimen organizado, el reclutamiento forzoso, la siembra y trasiego de droga, la tala ilegal y otras actividades ilícitas. A esto se suman alianzas entre grupos delictivos y autoridades municipales, estatales y federales, así como acuerdos con empresas mineras que recurren a estos grupos para el despojo de tierras de pueblos originarios.
- Chihuahua: Durante una misión de observación en esa región realizada por la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT), se identificó el desplazamiento de comunidades indígenas ralámuli y ódami que han abandonado el municipio de Guadalupe y Calvo.
- Jalisco: La comunidad indígena tepehuana y wixárika de San Lorenzo de Azqueltán enfrenta amenazas, hostigamiento, ataques físicos, desapariciones e intentos de homicidio por defender su territorio ancestral. El asesinato del representante agrario Marcos Aguilar Rojas, ocurrido en noviembre de 2025, marcó un punto crítico en la lucha que estas comunidades mantienen por la posesión de sus tierras desde 1951.
- Guerrero: Las comunidades de Tula, Acahuehuetlán y Xicotlán en Guerrero han sufrido el desplazamiento de más de 800 personas pertenecientes al CIPOG-EZ. El 9 de mayo de 2026, un grupo criminal ingresó a la comunidad de Alcozacán y atacó a la población civil con drones y armas de alto calibre. El saldo fue la muerte de por lo menos cinco personas, viviendas incendiadas, animales asesinados y el establecimiento de un clima de terror. Desde 2015, estas localidades han estado bajo asedio, registrando al menos 76 asesinatos y 25 desapariciones en once años.
El Estado mexicano ha mantenido una postura insuficiente ante la emergencia. Las acciones implementadas suelen carecer de pertinencia cultural y no responden a las necesidades reales de las víctimas. No existen políticas públicas ni estrategias apegadas a los principios rectores del desplazamiento forzado interno. Además, persisten los problemas estructurales vinculados al crimen organizado y la impunidad.
- Michoacán: El Observatorio de Seguridad Humana de Apatzingán (OSHRA) habló sobre el caso de Michoacán, donde se ha experimentado este fenómeno desde, por lo menos, 2001 a la fecha, como consecuencia de la proliferación de grupos criminales en el territorio y la posterior respuesta del Estado, comúnmente conocida como «Guerra contra el narcotráfico».
El OSHRA acotó que tan solo en 2021 se estima que 13 mil 515 personas de 28 municipios michoacanos fueron forzadas a desplazarse. En el municipio de Aguililla, agregó, hasta la mitad de la población de la cabecera abandonó sus hogares.
Omisión del Estado y derechos pendientes
Desplazamiento Interno, entre 2016 y diciembre de 2024 se documentaron aproximadamente 390 000 personas desplazadas en México, con un incremento particularmente alarmante en 2024, año en el que el fenómeno creció 129 % respecto del anterior.
Estas cifras, además, probablemente subestiman la realidad, debido a la ausencia de mecanismos oficiales de registro, lo cual contribuye a la invisibilidad institucional del problema. Miles de personas son obligadas a dejar sus hogares como consecuencia de la violencia del crimen organizado, la imposición de megaproyectos o desastres naturales, perdiendo no sólo su vivienda, sino también sus medios de subsistencia, redes comunitarias y condiciones mínimas para el desarrollo de un proyecto de vida digno.
El desplazamiento forzado interno en México no constituye un evento aislado, sino un proceso continuo que reproduce y profundiza condiciones estructurales de vulnerabilidad. Los grupos más afectados —pueblos indígenas, mujeres, niñas, niños y personas adultas mayores— enfrentan un doble o triple nivel de exclusión, previo al desplazamiento y agravado por éste.
- Este fenómeno produce una afectación simultánea y progresiva de múltiples derechos fundamentales reconocidos tanto en la Constitución mexicana como en los tratados internacionales de los que el Estado es parte. En primer término, el derecho a la libertad de circulación y residencia, reconocido en el artículo 11 constitucional y en el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al obligar a las personas a abandonar su domicilio bajo coerción, sin posibilidad de retorno seguro.
- Esta ruptura del vínculo territorial, además, afecta de manera directa el derecho a la dignidad humana, núcleo del orden constitucional, al colocar a las personas en condiciones de desprotección y precariedad que les impiden desarrollar de manera autónoma su proyecto de vida.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha documentado la gravedad del problema desde hace más de una década. En su informe de 2013 reportó que estimaba alrededor de 160 000 personas internamente desplazadas, de las cuales 140,000 habían sido forzadas a huir a partir de 2007 como consecuencia de la violencia vinculada al crimen organizado.
En su informe sobre la situación de derechos Humanos en México de 2015 reconoció que en el Estado Mexicano no existen los debidos mecanismos para registrar el fenómeno y recomendó la adopción de legislación federal y estatal para abordar el desplazamiento interno. En el seguimiento de recomendaciones formulado en 2022, la CIDH concluyó expresamente que las recomendaciones relativas a adoptar legislación específica y crear un punto focal institucional se encontraban pendientes de cumplimiento.
El desplazamiento forzado interno en México no es un fenómeno marginal ni transitorio. Es una crisis estructural que ha sido documentada durante más de una década y que continúa agravándose en ausencia de respuestas institucionales adecuadas. La falta de legislación federal en la materia constituye un incumplimiento de obligaciones convencionales derivadas del artículo 2 de la CADH, en relación con el derecho a la libertad de circulación y residencia. Las recomendaciones de la CIDH, lejos de ser irrelevantes, funcionan como evidencia de dicho incumplimiento./Agencias-PUNTOporPUNTO
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