Estudio Íntegro: GOBIERNO de AMLO con mayor OPACIDAD, superior a los Estados

El Índice de Gobierno Abierto en México para 2021 fueron de 0.48, en una escala de 0 a 1, donde 1 es un gobierno totalmente transparente y abierto. En los índices de 2017 y 2019 la calificación global fue de 0.38 y 0.52 respectivamente, por lo que 2021 registró una caída significativa.

En los primeros tres años del sexenio de Andrés Manuel López Obrador las instituciones gubernamentales, organismos autónomos y otros entes obligados por la Ley General de Transparencia disminuyeron la apertura de su información, la entregaron llena de tecnicismos o simplemente decidieron no transparentar temas que por ley están obligados a abrir en sus portales electrónicos.

  • De acuerdo con la Métrica de Gobierno Abierto 2021, estudio realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de 2019 a 2021 se registró un decremento en la apertura de la información gubernamental.
  • En ese periodo México atravesó por la elección más grande en la historia del país y por los peores momentos de la pandemia de covid-19, que obligó a las instituciones a cerrar puertas y a tratar de retomar sus actividades vía remota.

Estas coyunturas provocaron que el Índice de Gobierno Abierto en México para 2021 fuera de 0.48, en una escala de 0 a 1, donde 1 es un gobierno totalmente transparente y abierto. En los índices de 2017 y 2019 la calificación global fue de 0.38 y 0.52 respectivamente, por lo que 2021 registró una caída significativa en materia de transparencia.

  • El documento señala que hubo sujetos obligados que avanzaron en su calificación en general en comparación con el puntaje que obtuvieron en 2019; sin embargo ninguno de los que registraron avance es federal.

Estos sujetos son la Asociación Sindical de Trabajadores Administrativos de la Universidad de Guanajuato, la Comisión Estatal de Seguridad Pública de Morelos, Fondos Guanajuato de Financiamiento, la Secretaría de Educación de Guanajuato, la Auditoría Superior de Hidalgo, la Secretaría de Desarrollo Rural de Colima, el municipio de Tepehuanes (Durango) y los DIF de Guanajuato, de San Luis Potosí y de Campeche.

Plataforma Nacional de Transparencia

En materia de solicitudes vía transparencia y apertura de datos por ley, el estudio señala que los sujetos obligados cumplen con las normas, pero aún hacen esperar al ciudadano largos periodos para dar respuesta, tienen las estadísticas como agenda pendiente y realizan esta labor con miras a justificarse ante órganos garantes, como el Inai, sin considerar al ciudadano.

  • El estudio analizó mil 365 sujetos obligados de los tres niveles de gobierno: 49 del federal, 870 del estatal y 446 del municipal. Fueron revisadas manualmente 2 mil 872 solicitudes de acceso a la información y más de 373 mil de manera automatizada.

De esa revisión se concluyó que, si bien los sujetos cumplen ampliamente la ley en materia de acceso a la información, al analizar la completitud, claridad y celeridad de las respuestas que dieron a la ciudadanía a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el puntaje es mucho menor porque no responden pensando en los ciudadanos, sino argumentando conforme a lo que puedan decir el Inai o los órganos garantes de cada estado.

Respuestas y retrasos

El índice de gobierno abierto considera dos componentes de la apertura gubernamental: la transparencia y la participación. Ambas dimensiones cayeron entre 2019 y 2021, de acuerdo con el análisis del CIDE. “Esto es señal de que ciertos elementos del arreglo institucional en materia de transparencia y acceso a la información han alcanzado resultados que son sostenibles en el tiempo, pero que otros fueron afectados en esta medición”, se apunta en el estudio.

  • Aunque las dependencias gubernamentales registran una alta puntuación en el componente de acceso a la información, pues la mayoría de las solicitudes reciben respuesta dentro del plazo fijado por la legislación. No obstante, las personas suelen tener que esperar demasiado tiempo para recibir una respuesta y hay quienes deben esperar un año, algo que se sale por mucho del plazo legal.

Además de que deben responder a las solicitudes de información que se les hacen, las dependencias gubernamentales tienen diversas obligaciones de transparencia que deben publicar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). Sólo 5.3% de todos los sujetos obligados cumplieron a cabalidad con estas obligaciones, de acuerdo con el estudio.

¿Qué es la Métrica de Gobierno Abierto?

Es una investigación cualitativa y cuantitativa coordinada por el INAI y realizada por el CIDE para monitorear el nivel de apertura institucional de algunos sujetos obligados de la Ley General de Transparencia en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal).

  • El índice analiza el acceso a la información que tienen las y los ciudadanos a través de los organismos responsables de contestar solicitudes de información y divulgación de datos públicos. Uno de los principales hallazgos es que Guanajuato fue el estado con el Índice más alto, seguido por Aguascalientes y la Ciudad de México.

Retroceso en transparencia

Dentro de los factores que señala el documento para el retroceso está que si bien algunos sujetos obligados por la normatividad de transparencia tuvieron mejoras, esto no fue uniforme. Por ejemplo, hay instancias que no responden a sus medios de contacto y, en promedio, cuando alguna responde a solicitudes de información fuera del plazo legal, puede hacer que las y los solicitantes esperen hasta 63 días por la información requerida.

  • Otra razón importante para decir que las instancias gubernamentales son menos transparentes es que si bien ofrecen respuestas a las Solicitudes de Acceso a la Información, sus respuestas no siempre son útiles para la ciudadanía.
  • Mientras que en el primer año de gobierno del presidente López Obrador el Índice de Gobierno Abierto (IGA) fue de 0.52; en 2021, el tercer año de su administración, esta medición cayó a 0.48, lo que implica que las instituciones gubernamentales, tanto a nivel federal como local, fueron menos transparentes en 2021.

Esta caída, de acuerdo con el estudio, se debe tanto a prácticas recurrentes de los gobiernos y organismos autónomos como a factores coyunturales, como por ejemplo la falta de captura de datos por la pandemia de la COVID-19./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro:

Reporte-final_MGA-2021

 

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