TEXTO ÍNTEGRO: GN, grupo incapaz que sólo profundiza la “MILITARIZACIÓN“ de la Seguridad Pública en MÉXICO

Una eventual integración de la Guardia Nacional (GN) a la Sedena podría invalidar las diversas impugnaciones y amparos en proceso que organizaciones civiles han interpuesto contra la fuerza de seguridad creada en este sexenio y que el pasado 2 de julio cumplió dos años en funciones.

Hace dos años, el actual gobierno mexicano le dio «legalidad» a la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, algo que se intentó en los dos sexenios previos. La diferencia ahora es que esa participación se ha vuelto más extensa, persiste la violencia y el riesgo de que ocurran más violaciones a derechos humanos.

  • Lo anterior se alerta en el informe ‘Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del Renovado Protagonismo Castrense’ , elaborado por la organización civil Centro Prodh a dos años del inicio de operaciones de la Guardia Nacional (GN) y a siete años de la matanza extrajudicial en Tlatlaya, Estado de México.
  • El informe también coincide con el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de impulsar una nueva reforma constitucional para eliminar por completo el mando civil que en 2019 se utilizó para legitimar las tareas de esta corporación en la seguridad pública, y así transferir por completo a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En este sentido, el Centro Prodh enfatiza que, con la creación de la Guardia Nacional, sus leyes secundarias y acuerdos presidenciales, la militarización en México se ha «profundizado» sin que haya controles internos y externos que garanticen el respeto a los derechos humanos.

Así se ha profundizado la «militarización de la seguridad pública»

  • La militarización de la seguridad pública dio sus primeros pasos a partir de la década de los 80, pero se formalizó en el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) con la llamada «guerra contra el narcotráfico» y se mantuvo en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). Ambos exmandatarios impulsaron las leyes de Seguridad Nacional y de Seguridad Interior, respectivamente, para acreditar la participación de las Fuerzas Armadas en este rubro, pero había importantes vacíos legales.

El Centro Prodh recuerda en su informe que las promesas de campaña del entonces candidato presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador, generaron expectativas sobre una revisión del modelo de seguridad que acumulaba miles de víctimas de homicidio, de desaparición forzada y de violaciones a derechos humanos. Específicamente, el líder de izquierda planteaba regresar a los militares a los cuarteles.

«Sin embargo, muy pronto se anunció la creación de la Guardia Nacional (…) y acabó con cualquier expectativa. Las leyes secundarias de la Guardia Nacional se hicieron a la medida de las Fuerzas Armadas», señala el informe.

  • En mayo de 2020, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, se emitió un acuerdo presidencial por el que se dispuso de la Fuerza Armada Permanente para realizar labores de seguridad pública en todo el territorio nacional hasta 2024.
  • Esto, indica el Centro Prodh, incumplió con las obligaciones internacionales de México y supuso una «inédita entrega» de funciones al sector castrense que, además, fue rematada con la decisión de adscribir a los mandos territoriales del Ejército las unidades operativas de la Guardia Nacional.

De este modo, la militarización durante el actual sexenio alcanzó una profundidad legal no vista antes. Centro Prodh

Una Guardia impugnada ante la Corte

En el informe, la organización civil menciona que en dos años, la Guardia Nacional tiene un marco jurídico «endeble» que se ha prestado a una serie de impugnaciones ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), principalmente contra las leyes secundarias y el acuerdo presidencial de 2020.

  • Las impugnaciones han sido presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y organizaciones civiles, pero hasta la fecha, ninguna ha llegado al pleno de la Corte, aunque hay una que está próxima a discutirse.
  • Se trata del amparo que presentó la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) contra la Ley de la Guardia Nacional por violar el mandato constitucional de crear una institución civil para tareas de seguridad pública.

El asunto llegó a la Segunda Sala de la Suprema Corte, pero los ministros decidieron este 30 de junio que, por su importancia y trascendencia, el amparo debía ser analizado y resuelto por el pleno de la SCJN.

«En este sentido, exhortamos al ministro ponente la formulación de una resolución que analice el fondo de los argumentos y establezca límites a la participación del Ejército en tareas de seguridad pública dentro del marco constitucional. (En caso contrario), podría dejar zanjada la discusión con respecto al carácter militar de la Guardia Nacional», alertó MUCD en un comunicado .

Persisten las violaciones a derechos humanos

El informe del Centro Prodh reconoce que en el actual gobierno «se han contenido las peores expresiones de violación a derechos humanos que tuvimos en los últimos 15 años». Sin embargo, dice, «algunos de los patrones documentados de violaciones a derechos humanos no han cambiado».

Incluso, menciona que la organización internacional Human Rights Watch consideró en su momento que la creación de la Guardia Nacional era un «error colosal» que podría frustrar cualquier esperanza de poner fin a las atrocidades que tanto sufrimiento han causado en México los últimos años. Y Amnistía Internacional también se sumó al rechazo.

  • De acuerdo con la investigación realizada por el Centro Prodh, del 30 de junio de 2019 al 23 de marzo de 2021, la CNDH abrió 451 expedientes de queja en contra de la Guardia Nacional, es decir, más de 21 denuncias por violaciones a derechos humanos cada mes.

Pese a estas cifras, el organismo nacional que dirige Rosario Piedra Ibarra solo emitió una recomendación a la GN. Y lo mismo ocurre con la Fiscalía General de la República (FGR), que durante el periodo de análisis muestra una «prácticamente nula capacidad de investigación ante denuncias por abusos castrenses», en los que estarían involucrados miembros de la Guardia.

  • Además, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares, de la FGR, tiene integradas 97 carpetas de investigación en las que están involucrados miembros de Fuerzas Armadas, pero solo se ha ejercido acción penal en cinco casos.
  • «Las instituciones externas de control que deberían activarse no han estado presentes, ni la FGR ni la CNDH han iniciado investigaciones exhaustivas y, por consiguiente, menos aún los resultados de estas en seguimiento a tales casos y denuncias», enfatiza la organizaciónn

El informe también destaca que la Guardia Nacional mantiene un registro detallado de todos los eventos en que emplea la fuerza letal, pero este no se ha hecho público integralmente y de manera proactiva.

Ese reporte da cuenta de 14 elementos de la GN que han sido privados de la vida en el ejercicio de sus funciones, y al mismo tiempo muestra que sus elementos han privado de la vida a 94 personas hasta ahora, de las cuales la propia corporación solo reconoce a cinco como civiles, y al resto como «agresores».

Siguen ocurriendo violaciones a derechos humanos y no se puede decir que estas se hayan erradicado por completo. Centro Prodh

Blindan legalmente a Guardia Nacional

Una eventual integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría invalidar las diversas impugnaciones y amparos en proceso que ciudadanos, organizaciones civiles e instituciones de derechos humanos han interpuesto contra la fuerza de seguridad creada en este sexenio y que el pasado 2 de julio cumplió dos años en funciones.

De acuerdo con Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y catedrático de la UNAM, esto es debido a que la reforma constitucional también modificaría el marco jurídico y normativo de la GN, lo que podría dejar la puerta abierta a la continuidad de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública y sin efecto las controversias en su contra.

“¿Qué es lo que pasaría si hay una modificación sustancial de los artículos que en su momento pudiesen estar siendo declarados inconstitucionales? Con las eventuales reformas que vendrían a partir de esta idea de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Sedena, simplemente se quedarían sin materia esos asuntos que hoy tiene la Corte”, dijo en entrevista a El Sol de México.

  • El pasado 15 de junio, el presidente López Obrador informó que entre las reformas constitucionales que contempla para la segunda mitad de su gobierno está la de integrar a la GN a las filas del Ejército, iniciativa que enviará al Poder Legislativo una vez que se acredite el funcionamiento de este cuerpo de seguridad, en 2023.
  • De 2019 a la fecha hay al menos seis acciones de inconstitucionalidad interpuestas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y los partidos de oposición en el Congreso de la Unión. Además, organizaciones civiles se han amparado contra la militarización de este cuerpo de seguridad.
  • Con Burgoa coincidió Francisco Torres Landa, secretario general de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), una de las organizaciones que han interpuesto recursos jurídicos contra la militarización de la Guardia Nacional. Indicó que la propuesta de López Obrador para incorporar este cuerpo a la Sedena restaría fuerza a las acciones de inconstitucionalidad y amparos interpuestos ante la Corte.

Advirtió que de darse los cambios constitucionales que desea el Presidente, los casos en la Corte se sobreseerían, “es decir, al haber un cambio de situación jurídica, los casos quedarían sin materia”.

“Al momento que llegue al Pleno la discusión, los ministros dirían que ya no hay materia, aunque depende de qué tanto se modifica”.

Torres Landa confía en que la reforma constitucional que presente López Obrador no avance en el Legislativo.

Exigen un cuerpo civil

Una de las controversias constitucionales contra la GN fue presentada por el PAN.

La diputada Adriana Dávila explica que “el aumento de los delitos evidencia que la Guardia Nacional no fue la solución para resolver estos problemas”, razón por la cual volverán a impugnar el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

  • Por su parte, MUCD pide que se garantice el carácter civil de la GN, afirmó en entrevista Cristina Reyes, abogada de la organización.
  • Francisco Burgoa indica que la Guardia Nacional no ha cumplido con el mandato constitucional de tener un carácter civil, pues tanto en lo administrativo como en lo operativo se integra por elementos del Ejército. Datos del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana indican que siete de cada 10 miembros de esta institución son militares.

«Dos años nos han demostrado que la Guardia Nacional aún no se encuentra en una organización plena cumpliendo el mandato constitucional y legal, porque si estamos hablando de que debe ser totalmente en su integración civil, los cuerpos que la conforman son totalmente militares», dice el catedrático de la Facultad de Derecho.

  • Por ahora, el futuro de este cuerpo de seguridad corre por dos instancias diferentes. Mientras que Poder Judicial resolverá si existe alguna inconstitucionalidad en su funcionamiento, será el Legislativo quien determine si procede o no una eventual reforma constitucional, para lo cual se necesita de las dos terceras partes de ambas Cámaras federales y el voto de al menos 17 Congresos locales.

La CNDH también ha interpuesto acciones jurídicas contra las leyes de la Guardia Nacional, el Uso de la Fuerza Pública y la del Registro de Detenciones.

Se buscó al organismo para hablar sobre estos procesos sin obtener respuesta.

Desestimar amparo Ley de la GN evitará analizar la militarización

México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) advirtió que luego de impugnar la Ley de la Guardia Nacional ante la SCJN, por un posible incumplimiento del mandato constitucional de que ésta sea una corporación civil y por permitir el uso de militares en seguridad pública, se prevé que dicho recurso sea desestimando el día de hoy, con lo cual también se evitaría el análisis de la constitucionalidad de la militarización de la seguridad pública en nuestro país.

Tras conocer el proyecto de sentencia del ministro Fernando Franco, y con el que se pretende dar respuesta a este amparo, MUCD señaló que no se analizaría ninguno de los argumentos presentados por la organización, pues se propone desestimar el caso so-pretexto de que ninguna de las disposiciones de la Ley de Guardia Nacional está dirigida a la organización y que, de otorgar el amparo, las consecuencias serían peores que el problema.

  • Se explicó que por un lado, el ministro Fernando Franco argumentó que el efecto particular de otorgarse el amparo sería quitar la protección de “la única institución de seguridad pública federal que existe (la Guardia Nacional), lo cual sería imposible. Y por el otro, considera que el efecto general sería prohibir que ésta se integre por militares, lo que podría derivar en afectaciones para otras personas”.

Además de que se argumenta que para lograr que la Guardia Nacional no se componga por militares debe impugnarse por la vía de acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que no de juicios de amparo.

“De aprobarse, la SCJN abdicaría a su responsabilidad de defender el orden constitucional y se perdería la oportunidad de plantear posibles salidas. Exhortamos a las y los ministros a elaborar un proyecto que sí analice el fondo del asunto y con el que sea posible construir un México más seguro, más justo y en paz”, enfatizó la organización.

  • El caso, que llegó a la SCJN en 2020 y que posiblemente este 23 de junio sea sometido a votación, fue presentado por MUCD bajo el argumento de que el diseño normativo de la Guardia Nacional incumplía con la obligación de crear una nueva fuerza policial, al permitir el reclutamiento de militares retirados o en activo.

Aunado a que violaba los criterios básicos sobre uso de militares en tareas de seguridad pública, que debe ser extraordinario, subordinado y complementario, regulado y fiscalizado e invadía competencias de estados y municipios.

“En MUCD consideramos que este razonamiento es sumamente peligroso debido a que, incluso cuando reconoce que la Guardia Nacional está militarizada, prefiere recurrir a argumentos falaces como que “ordenar el cese inmediato de los militares que la integran desprotegería a la población” para desestimar el caso, que entrar al fondo del asunto”, lamentaron.

Mientras que consideraron que, al limitar la defensa del orden constitucional a las controversias constitucionales o las acciones de inconstitucionalidad el ministro ponente hace una lectura limitada del juicio de amparo que tiene el “efecto perverso” de postergar la discusión sobre el problema de la militarización, por lo que al hacerlo, la Corte pierde oportunidad de discutir y establecer los límites constitucionales de la participación de militares en tareas de seguridad pública y proponer soluciones de largo plazo.

Crece 275% despliegue de militares en frontera

El despliegue de las Fuerzas Armadas mexicanas para controlar el tráfico migratorio en las fronteras norte y sur del País alcanzó un nuevo nivel máximo.

  • En lo que va del Gobierno de Joe Biden, México ha incrementado en 275 por ciento la presencia de militares, marinos y guardias nacionales en puestos de control.

Para mayo y junio de este año, el personal asignado a esa tarea ascendió a 27 mil 572 elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, de la Marina y de la Guardia Nacional.

La presencia de fuerzas federales aumentó en 20 mil 214 elementos, en comparación con los 7 mil 348 reportados en enero, cuando Biden asumió la Presidencia de EU.

  • La cifra también representa un nuevo récord en la política migratoria mexicana, ya que la estrategia militarizada no había alcanzado esas dimensiones, ni siquiera durante el Gobierno de Donald Trump.
  • En junio de 2019, luego que Trump aceptó retirar sus amagos arancelarios, el Gobierno mexicano ordenó operativos con una presencia de 25 mil 500 elementos.

Para octubre de ese año la cifra se elevó a 26 mil 916 agentes para vigilancia, puestos de control, rescate de migrantes, así como una «cortina» de retenes en el Istmo.

En mayo, el informe sobre las fuerzas armadas en controles migratorios ya reflejaba 27 mil 562 elementos federales./Agencias-PUNTOporPUNTO

Documento íntegro:

Informe_Poder_Militar

 

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario