El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que ordena considerar como temas de seguridad nacional los proyectos de infraestructura de su gobierno, con lo cual podrán reservar información y licitar directamente.
- Expertos advirtieron que la medida difundida este lunes, en la edición vespertina del DOF, es inconstitucional, como alertó el ministro en retiro de la Suprema Corte José Ramón Cossío.
A través de ese acuerdo, el Poder Ejecutivo también instruyó a las dependencias y entidades de la administración pública a otorgar la autorización provisional a la presentación u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras calificadas como prioritarias y estratégicas para el desarrollo nacional.
«Se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional», se lee en el artículo primero del acuerdo del DOF.
Jorge Javier Romero, politólogo y académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirmó que «con este decreto, López Obrador está declarando un verdadero estado de excepción inconstitucional».
- Además, la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública especifica, en su artículo 4, que la información de asuntos gubernamentales solo puede ser reservada «temporalmente por razones de interés público y de seguridad nacional».
- En entrevista con La Silla Rota, Marco Fernández, investigador asociado de México Evalúa y profesor-investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, acusó que la firma del acuerdo y la indicación desde el Poder Ejecutivo representa un acto de ilegalidad.
«Es inconstitucional, está invadiendo facultades de los diputados y de los senadores porque el presidente está legislando y él no puede legislar. El decreto además contraviene la ley de adquisiciones y la de la obra pública, es evidente que es inconstitucional pero va a haber un problema. Están invadiendo las atribuciones de la Cámara de Diputados y del Senado, para presentar una controversia constitucional la tiene que presentar el presidente de la Cámara de Diputados o la presidenta de la Cámara de Senadores y son de Morena. ¿Van a presentarla? Por supuesto que no».
INAI ANALIZA EL ACUERDO
Debido a lo anterior, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) dio a conocer que analiza el acuerdo del gobierno de México, a fin de garantizar que el derecho de acceso a la información y el principio de máxima publicidad no sean vulnerados.
En el artículo primero, el documento señala expresamente que «se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional».
- Al ser la «seguridad nacional» una de las causales de reserva de información, prevista en el artículo 110, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el INAI advierte que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal pueden llegar a reservar, de manera general, la información relacionada con los proyectos y obras que el gobierno lleva a cabo.
En ese sentido, las áreas especializadas del Instituto estudian los alcances del acuerdo y, de ser necesario, exploran las distintas vías legales a emprender para asegurar que el derecho de acceso a la información de la sociedad sea garantizado, sin restricción alguna.
Fuentes del Instituto dijeron que al ser un ordenamiento inferior a la Ley de Transparencia no es tan fácil recurrir a la controversia, por lo que en principio van a seguir abriendo todo lo que se quiera sustentar en ese acuerdo.
EL FIN DE LOS DATOS ABIERTOS
La decisión de considerar obras de infraestructura como un tema de seguridad nacional tiene una repercusión directa en materia de transparencia gubernamental, pues ahora las dependencias podrán reservarse la información sobre obras como el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y la construcción del Aeropuerto Internacional «Felipe Ángeles».
«Cuando una actividad del gobierno se identifica como de seguridad nacional, se puede reservar y no se da información sobre ello. En esta administración se ha dado mucho que las dependencias clasifican la información como si fuera de seguridad nacional y no dan la información», explicó a La Silla Rota Gustavo López Montiel, especialista en temas de transparencia del Tecnológico de Monterrey.
- Valeria Moy, directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), aseguró que declarar como un asunto de seguridad nacional todas las obras de infraestructura del gobierno decreta el fin de la transparencia y datos abiertos de estas construcciones.
- El excomisionado del Instituto de Transparencia de la Ciudad de México Alejandro Torres apuntó que la Ley de Seguridad Nacional define a ésta como «las acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado Mexicano, que conlleven [entre otras puntualizaciones] preservar la democracia, fundada en el desarrollo económico social y político del país y sus habitantes».
«Este último inciso podría ser el que el Ejecutivo pudiera invocar ante una impugnación en caso de negar acceso a la información de esas obras y proyectos», detalló.
Además, aseguró que para combatir legalmente el decreto presidencial «será necesario demostrar que no se cumple ninguna de las amenazas a la Seguridad Nacional establecidas en la ley, si se hace pública la información de las obras de infraestructura a cargo del gobierno federal».
GARANTIZAN AVANCE SIN ESTUDIOS
La autorización provisional, de acuerdo con el documento, será emitida en un plazo máximo de cinco días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud correspondiente. «Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo».
- En el artículo tercero del acuerdo, se advierte que la autorización provisional tendrá una vigencia de doce meses, contados a partir de su emisión, periodo en el cual se deberá obtener, conforme a las disposiciones aplicables, la autorización definitiva.
- Gonzalo Monroy, experto en temas de energía, explicó lo que la «afirmativa ficta» se traduce en que proyectos de infraestructura del gobierno no tienen que esperar a que las autoridades emitan dictámenes para avanzar en ellos.
«Por ejemplo, para evitar una manifestación de impacto ambiental, pueden solicitar una exención. Por la afirmativa, se les otorga», dijo.
La senadora del PRI por Zacatecas, Claudia Anaya, aseguró que «los proyectos del presidente no cumplen los requisitos de Ley, por ello el gobierno se auto dispensa todos los trámites para sus obras».
Xóchitl Gálvez, senadora del PAN por la Ciudad de México, aseguró que el presidente López Obrador «manda el diablo a las instituciones», pues violenta diversas normativas legales con el fin de saltárselas.
LAS MANOS DEL EJÉRCITO LO COMPLICAN
Que las obras de infraestructura sean un tema de seguridad nacional no es nuevo, a decir de Gustavo López Montiel, pues al darle el control de éstas al Ejército y a la Marina el gobierno federal ya ha complicado el acceso a la información.
«Hay mucha de esta información, por ejemplo, si las obras pasan realmente a control del ejército, sobre muchas de ellas hay antecedentes para declararlas como reservadas porque desde el inicio el ejército empezó a plantearlas en esos términos. El caso del aeropuerto o de la refinería, en los años recientes han considerado ese tipo de infraestructura temas de seguridad nacional».
- Así, el acceso a la información sobre el desarrollo de obras de infraestructura nacional cada vez se complica más a decir del especialista. «Ahora se ha hecho mucho más complicado porque la ley como está y la forma en la que las dependencias la manejan y aún más el ejército y la marina, han tendido a reservar toda la información que puede eventualmente afectar la imagen de esas obras y del presidente», afirmó López Montiel.
- El problema no sólo involucra lo relacionado con la construcción de las obras, sino también los cambios que se han presentado al interior de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el impulso de obras en manos de los militares, según acusó Marco Fernández.
«Hay que ver la fotografía completa. No es solamente el decreto es ya todo el tema de las empresas, lo que pasó con la auditoría, el INAI prestándose a cubrir el asunto. Está muy grave todo esto», afirmó Fernández.
«Bajo el argumento, la perorata de seguridad nacional va a negar los contratos ante el INAI y va a negar que la Auditoría Superior de la Federación pueda entrar a fiscalizar porque son cuestiones de seguridad nacional», explicó el especialista.
ASUNTO LLEGARÁ AL PODER JUDICIAL
La oposición en el Senado de la República calificó de ilegal el Acuerdo presidencial publicado este lunes en el Diario Oficial de la Federación, por el que todos los proyectos de infraestructura del gobierno federal serán considerados de interés público y de seguridad nacional.
- En redes sociales, el senador Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, advirtió que con este decreto, “México avanzó hoy muy peligrosamente hacia un Estado de excepción”.
- “El #DecretazoPresidencial de hoy privilegia la actuación de la autoridad fuera de la ley, en la opacidad y la discrecionalidad. Su carácter autoritario y de despreció a la ley son su esencia”, escribió el legislador sin partido.
Por su parte, la senadora del PAN Xóchitl Gálvez aseguró que este decreto constituye “un golpe más de la 4T contra la transparencia y la rendición de cuentas. Este Gobierno se encamina cada vez más hacia el autoritarismo”.
Denunció que “con el pretexto de seguridad nacional, podrá hacer obras en materia de puertos, aeropuertos, trenes, vías de ferrocarril, energía, salud, turismo. No tendrá que estar en consultas con los pueblos indígenas, no tendrá que presentar manifestaciones de impacto ambiental, podrá brincarse los permisos de los municipios y de los estados, y después de un año, quizá, regularizalas”.
- Sin embargo, advirtió que ningún decreto puede estar por encima de los derechos de los mexicanos.
- El también panista Damián Zepeda aseguró que este “decreto ilegal de infraestructura” acabará en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El legislador lamentó que este martes, “la oposición le dará a AMLO un ministr@ más con absoluta cercanía, con lo cual tendrá los votos que necesita para bloquear acciones de inconstitucionalidad. Así como!”./Agencias-PUNTOporPUNTO
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