AGRO NITROGENADOS un “pésimo negocio” entre PEMEX y Altos Hornos de México

Braskem, filial de Odebrecht propietaria de Etileno XXI, es acusada en el Congreso de Brasil de pagar en 2012 sobornos a Lozoya

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció en enero de 2014 que había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes: Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años sin operar y con equipos de 30 años de antigüedad.

  • El costo de la transacción, considerada por especialistas como un “pésimo negocio” para la empresa estatal, sumó 475 millones de dólares, destinados a la compra de los activos y a la rehabilitación de la planta.
  • Un mes después Altos Hornos de México, propiedad del empresario Alonso Ancira, transfirió más de 3 millones 700 mil dólares a las cuentas de Grangemouth Trading Company, firma offshore de la constructora Odebrecht, desde la cual también se distribuyeron decenas de millones de dólares para sobornar a la élite política de los países en los que la empresa brasileña tenía operaciones.

De las cuentas de Grangemouth salieron también los cinco millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Pemex, según los testimonios ante la justicia brasileña de tres ex altos ejecutivos de Odebrecht.

Grangemouth no existe en realidad. Sólo servía como intermediaria para realizar las transferencias de “pagos indebidos”, según confesó ante los fiscales brasileños Olívio Rodrigues, su creador, a cuyo testimonio Quinto Elemento Lab también tuvo acceso como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

  • El 14 de enero de 2014 se anuncia oficialmente que Pemex invertirá 475 millones de dólares en los activos y en la rehabilitación de Agro Nitrogenados, una planta de fertilizantes que se encuentra parada desde hace 14 años y cuya maquinaria, equipo e instalaciones tienen 30 años de antigüedad.

Un boletín titulado “Pemex reactivará la producción de Fertilizantes en México” acompaña la fotografía. Da cuenta de la transacción, del monto de la misma, de las expectativas y remata con un párrafo: “Con esta operación, Pemex cumple su compromiso con el campo mexicano, el Plan Nacional de Desarrollo y con las iniciativas del presidente Peña Nieto de un México Próspero”.

El boletín no lo menciona, pero hay un detalle importante en esta historia: Agro Nitrogenados es una empresa de Altos Hornos de México, el mayor consorcio acerero del país, cuyas acciones están listadas en la Bolsa Mexicana de Valores.

Un mes después de que Pemex anuncia la compra de Agro Nitrogenados se produce una operación: Altos Hornos de México realiza, exactamente el 17 de febrero de 2014, una transferencia de un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la empresa Grangemouth Trading Company LP.

Grangemouth Trading no es cualquier firma: es una de las decenas de empresas fachada montadas por la constructora Odebrecht para distribuir miles de millones de dólares destinados a pagar sobornos o “propinas” a la élite política de los países de América Latina en los que la empresa brasileña operaba, incluido México según documentos secretos obtenidos por El Quinto Elemento Lab como parte de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas.

No será la única transferencia. Pasan algunas semanas más. Altos Hornos de México hace dos traspasos adicionales a Grangemouth, cada uno por un poco más de un millón 110 mil dólares.

La primera operación tiene fecha del 26 de febrero y la otra del 10 de marzo de 2014, según los estados de cuenta de esa firma fantasma en poder del Supremo Tribunal de Justicia de Brasil, documentos que forman parte de las 20 carpetas electrónicas, alrededor de 100 cuartillas de transcripciones y resúmenes de testimonios jurados, copias de los registros de transferencias, órdenes de pago expedidas por los bancos de donde salían los recursos, a los cuales Quinto Elemento Lab ha tenido acceso.

Desde ese banco, y utilizando compañías de papel, se operaron libremente los sobornos destinados a presidentes, ministros, viceministros, congresistas, directores de empresas públicas y prominentes políticos en una docena de países de América Latina y África.

El nombre de Grangemouth Trading Company, firma que carece de empleados y oficinas, pero cuyo “domicilio virtual” se encuentra en un edificio de departamentos de Edinburgo, Escocia, adquirirá particular relevancia para México.

La razón no es menor: como reveló Quinto Elemento Lab en agosto de 2017, de esa misma cuenta de Grangemouth Trading salieron también los 5 millones de dólares transferidos a Zecapan SA, la offshore en donde se depositaron los sobornos dirigidos a Emilio Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), según declararon bajo juramento ante la justicia brasileña tres de los más prominentes ex ejecutivos de Odebrecht involucrados en la mayor trama de corrupción en la historia del continente.

  • El 16 de diciembre de 2016, y con sus 59 años a cuestas, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, acude a la cita pactada con la Procuraduría General de Brasil para proporcionar su delación sobre sus “aventuras criminales” en nuestro país.

Si quiere participar en el programa de “colaboraciones premiadas”, debe contar todo lo que sabe sobre cómo Odebrecht logró insertar la corrupción en el primer círculo del gobierno mexicano.

De Meneses acepta colaborar y se explaya: cuenta que conocía a Emilio Lozoya Austin desde 2009, época en que éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial. Y que cuando se enteró de que había planes del gobierno de Enrique Peña Nieto para construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, decidió retomar el contacto con Lozoya, con las perspectiva de “obtener contratos” para Odebrecht. Era el 2011 y su apuesta era que llegarían buenos tiempos.

Lozoya y De Meneses se reunieron y, dado que los proyectos se desarrollarían en Hidalgo, el futuro director de Pemex le dio un “consejo” clave: le recomendó asociarse con Juan Carlos Tapia, propietario de Construcciones Industriales Tapia, empresa con sede en Tula, Hidalgo.

Así que el director superintendente de Odebrecht en México le hizo caso a Lozoya y se asoció con esa compañía mexicana, con la perspectiva de adjudicarse obras Pemex, CFE, SCT y Conagua. Tenían una meta conjunta: obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos.

  • Los meses transcurrieron y sus contactos colocaron de nuevo a Lozoya Austin en la ruta que parecía correcta. Luis Videgaray, entonces coordinador de la precampaña presidencial de Peña Nieto, lo había llevado al primer círculo. Lozoya fue designado el 11 de enero de 2012 como vicecoordinador de Vinculación Internacional de la campaña del candidato priista.
  • De Meneses no perdió de vista ese detalle: “En esa misma época (inicios de 2012) constaté que Emilio Lozoya había conseguido una posición destacada en el principal partido de oposición en el país (el PRI), que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012 y cuyo candidato era el favorito”.

Los ojos del brasileño apreciaban un futuro promisorio para Lozoya Austin. Para marzo de 2012 lo veía como uno de los líderes de la campaña, “razón por la cual se convertiría probablemente en una persona influyente dentro de la administración pública del país”.

  • El dueño de Altos Hornos de México hizo uno de los mejores negocios de su existencia al venderle al Pemex dirigido por Lozoya Austin la empresa Agro Nitrogenados SA, una planta productora de urea que al momento de la compra-venta ya era considerada “chatarra” por los especialistas de la industria de fertilizantes.

La planta industrial tenía 14 años parada, tiempo durante el cual la maquinaria no recibió mantenimiento, y sus equipos e instalaciones contaban con 30 años de antigüedad, sin contar con que el proceso de producción con el que operaba resultaba obsoleto.

Esta realidad contrasta con el optimismo de Pemex al adquirir la empresa. “Con esta compra, Pemex reactivará la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea a partir de 2015”, prometía el comunicado oficial. Además, destacaba que la producción esperada de urea representaría “cerca de 75 por ciento de la demanda nacional actual de este insumo estratégico para el agro nacional”.

Las altas expectativas oficiales sobre el potencial de Agro Nitrogenados obviaban un antecedente: ésta dejó de operar en septiembre de 1999 cuando la propia Pemex le canceló el suministro de amoniaco, la materia prima para la elaboración de urea, por la millonaria deuda que Agro Nitrogenados tenía con la paraestatal y porque los trabajadores estallaron una huelga en demanda del pago de sus salarios.

La empresa estatal tuvo que entablar demandas para exigir la entrega del dinero que le adeudaban. A Rogelio Martínez, entonces jefe de la Unidad Jurídica de Pemex Petroquímica, le tocó llevar esos litigios.

Por eso estalló cuando se enteró de que Agro Nitrogenados pasaría a manos del gobierno. “El gobierno comprará a precio de oro una planta oxidada. Esa planta es chatarra. ¿Qué es lo más fácil para Agro Nitrogenados? Vendérsela a un tarugo como es Pemex, o sus funcionarios, como si fuera una planta nueva”, denunció en entrevista con el diario Reforma, publicada apenas unos días después de que se anunció la transacción.

Abogado de profesión, Rogelio Martínez insistió en lo que desde entonces le parecía una maniobra fraudulenta: él había visitado la planta ocho años antes de que Pemex anunciara su compra; “desde entonces –sostuvo–, ya era chatarra”.

En realidad, “lo que va a hacer Pemex es que va a poner una planta nueva. Van a decir que es mantenimiento, pero, ¿en qué va consistir ese mantenimiento? En quitar los fierros viejos que compraron y poner unos nuevos”, contó al reportero del diario.

Ello, naturalmente, implicaba incurrir en pérdidas desde el principio, pérdidas que absorbería el gobierno y, por ende, cada uno de los mexicanos.

La adquisición de Agro Nitrogenados llamó la atención de la Auditoría Superior de la Federación, cuyos especialistas realizaron en diferentes momentos varias revisiones.

  • La Comisión Permanente del Congreso de la Unión había solicitado el 20 de enero de 2016 que se fiscalizara la operación. Eso es lo que los auditores hicieron y esto encontraron, según la “Auditoría Financiera y de Cumplimiento 498-DE. Adquisición de Agro Nitrogenados”, incluida en la Cuenta Pública 2015:
  • La compra se hizo con base en avalúos presentados por Altos Hornos de México “tres meses después de la formalización del contrato”. Y, de hecho, fueron una formalidad, pues el valor de los activos se “ajustó a hechos consumados, es decir al monto ya pactado previamente de 275 millones de dólares”.

Un avalúo previo a la compraventa realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), dependiente de la Secretaría de Hacienda, situaba el valor de Agro Nitrogenados en 168 millones de dólares.

Pemex desestimó el avalúo oficial, por lo que la operación se realizó con un sobrecosto de 95 millones de dólares. Pemex pagó mil 328 millones de pesos de más por Agro Nitrogenados.

El 60 por ciento de la maquinaria y equipo de Agro Nitrogenados era inservible.

No se realizaron evaluaciones previas de los bienes comprados “porque, según Pemex, el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería la garantía de los mismos”.

Era ilógico: la planta “tenía 14 años sin operar y en las prácticas de negocios no se conoce que se otorguen garantías a bienes con considerable antigüedad y que no estén en funcionamiento”.

En el contrato de compraventa “se consideraron 432 bienes valuados en 26 millones 265 mil dólares (337 millones 934 mil pesos) que posteriormente se calificaron como material en desuso o chatarra”.

A la fecha de cierre de la auditoría (26 de enero de 2017) la planta no ha entrado en operación a pesar de que en el proyecto inicial se estimó que una de las plantas iniciaría operaciones en noviembre de 2015 y la otra en abril de 2016.

Braskem filial de Odebrecht es acusada de pagar sobornos a Lozoya

Una investigación del Congreso de Brasil asegura que el dinero que Odebrecht transfirió a Emilio Lozoya en 2012, durante la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, procedía de su filial petroquímica Braskem, que en aquellos días construía la planta Etileno XXI en Veracruz, asegura en un artículo Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.

El reporte fue elaborado por una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Congreso, que se encargó de fiscalizar los créditos otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES).

  • En el documento, de 395 páginas, se menciona que el gobierno brasileño otorgó una línea de crédito de 700 millones de dólares para la construcción de Etileno XXI, que es descrito como “el complejo petroquímico más grande y moderno de América”, y al menos 90 millones de dólares fueron aportados por BNDES, según consta en el contrato firmado el 19 de diciembre de 2012.

“El complejo fue construido en su totalidad por Odebrecht y tiene la capacidad de producir 1 millón de toneladas por año de polietileno, una materia prima para las industrias de construcción, consumo, automotriz y agrícola”, refiere el informe de la investigación legislativa.

El informe final de la comisión del Congreso refiere que se encontraron indicios de posibles actos de corrupción en las operaciones de BNDES entre 2003 y 2015 para financiar proyectos de empresas brasileñas en el extranjero, entre ellas Odebrecht y su filial Braskem.

En el caso de México, el documento sólo hace mención al financiamiento del BNDES a la obra de Etileno XXI, pero no aporta más detalles de los presuntos actos de corrupción.

En octubre de 2017, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) publicó una planilla de pagos de Braskem en la que aparecían tres transferencias por 1.5 millones de dólares realizadas entre mayo y junio de 2012 a Latin America Asia Capital, una empresa offshore ligada a Emilio Lozoya. El documento forma parte de las pruebas judiciales del caso Odebrecht en Brasil; en particular, son parte de los anexos de la llamada “Lista Fachin”, de políticos brasileños que fueron procesados por el juez Edson Fachin.

En respuesta a lo publicado por MCCI, los inversionistas de Etileno XXI cuestionaron la autenticidad del documento y negaron que Braskem haya realizado esas transferencias./Agencias-PUNTOporPUNTO

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