Desde 2010, México ha registrado 1,735 defunciones asociadas con lluvias e inundaciones, así como con las olas de calor, de acuerdo con cifras oficiales del gobierno federal.
- Según los datos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) y de la Secretaría de Salud federal (SSA), en el periodo de 2010 a 2023, —los más actualizados de manera pública— se contabilizan 659 muertes por lluvias e inundaciones, siendo 2010 el año más letal con 100 casos, seguido por 2011 con 85 y 2016 con 70.
Las cifras presentan una tendencia al alza desde el 2017, mientras que en 2023 se observó un incremento del 50% respecto al año anterior, al pasar de 34 a 51 decesos.
- A su vez, las muertes por temporada de calor —cuyos datos abarcan de 2014 a junio de 2025— suman 1,046 defunciones, y presentan una tendencia creciente con un aumento en 2023, año en el que se reportaron 421 muertes, es decir, un incremento del 902% respecto a 2022, cuando hubo 42.
- Aunque en 2024 hubo una ligera disminución con 331 casos, esta cifra representa todavía un aumento significante en comparación con el promedio registrado entre 2014 (23) y 2021 (33). Por otro lado, según las cifras del año en curso, se tiene un registro de 28 decesos en todo el país por estas causas.
Emergencias por inundación
Por otra parte, del 2000 al 2024, México ha registrado 1,168 declaratorias de emergencia, desastre o contingencia climatológica relacionadas con inundaciones, de acuerdo con cifras del Sistema de Consulta de Declaratorias del Cenapred. El número refleja el impacto sostenido de eventos extremos vinculados a lluvias intensas en distintas regiones del país, con picos particularmente severos en 2008 y 2010.
- En 2008 se emitieron 225 declaratorias, el número más alto en todo el periodo. Dos años después, en 2010, se contabilizaron 150 más. En contraste, los años 2000 y 2001 no registraron declaratorias y 2024 cerró sin incidentes reconocidos oficialmente.
- Desde hace unos días la CDMX y el Estado de México han enfrentado lluvias intensas que han desatado severas inundaciones y colapsos en vialidades y hogares.
- El pasado 2 de junio, llovió de entre 50 y 70 mm en 24 horas lo que provocó encharcamientos en alcaldías como Iztapalapa, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, complicando el tránsito diario.
También, se desbordó la presa Los Cuartos en Naucalpan, Estado de México, lo que generó inundaciones que superaron los 30 centímetros lo que afectó al menos 50 viviendas.
Mientras que en Tamaulipas esta semana se presentaron lluvias torrenciales que provocaron el desbordamiento del Río Sabinas en el municipio de Mante.
Diversidad climática de México
Especialistas consultados por el Economista indicaron que la diversidad climática del territorio nacional, en la que coexisten inundaciones en algunas regiones y sequías extremas en otras, ha revelado una combinación de mala planeación, manejo inadecuado de presas, deforestación y sobreexplotación de acuíferos que está agravando la situación en el país.
- Víctor Magaña, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), criticó duramente el sistema oficial de monitoreo de sequías, el cual es coordinado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
- “Se están mezclando cosas muy raras, como déficits de lluvia con niveles de presas, y el manejo es malo. Entonces se genera una percepción de crisis que puede no corresponder con los datos reales”.
Subrayó, además, que en regiones con baja precipitación natural, la planeación debe partir de los promedios históricos, y no de expectativas atípicas. Pretender operar bajo escenarios optimistas de lluvia genera, dijo, una “sequía permanente”.
- Desde otra perspectiva, el activista ambiental Aurélien Guilabert, integrante de Extinction Rebellion México, apuntó que la aparente contradicción entre lluvias intensas e inundaciones en algunas regiones y sequías prolongadas en otras obedece a un fenómeno que diversos académicos han empezado a llamar “paradoja hídrica”.
- Explicó que esta situación es resultado del calentamiento global combinado con la diversidad climática del país, lo que intensifica los extremos hidrológicos. Además, señaló que la deforestación masiva en zonas clave ha debilitado la capacidad del país para retener agua y recargar acuíferos.
- “Los bosques son esenciales para el equilibrio hídrico, y su destrucción incrementa la vulnerabilidad de comunidades enteras”, advirtió. También denunció el abuso de los acuíferos mediante la perforación excesiva de pozos, práctica que, dijo, rompe el equilibrio del ciclo agua-suelo-atmósfera.
Los especialistas coincidieron en que la solución para mitigar los efectos del cambio climático proviene de un cambio profundo en la política hídrica nacional: mejor planeación, transparencia en el manejo de recursos, restauración ambiental y ordenamiento del uso del agua, especialmente en la agricultura.
Defunciones causadas por desastres por sexenio en México entre 2001 y 2023
En materia de gestión de emergencias y desastres en México se enfrentan retos importantes en prevención y reducción de daños. La mayoría de los fenómenos naturales no sólo implican pérdidas económicas, también llegan a causar pérdidas humanas.
- Se observa que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (hasta el 2023) se registraron 3,083 fallecimientos relacionados con algún desastre natural, de acuerdo con cifras de Cenapred.
Ya incluyendo las cifras del 2024 se observará si las muertes por estos fenómenos lograron reducirse o aumentar en comparación con los sexenios pasados.
En las administraciones previas, sí se identifica una tendencia creciente importante, desde el sexenio de Vicente Fox y hasta el de Enrique Peña Nieto este tipo de fallecimientos registró crecimientos en cada gestión.
También se ha observado que las declaratorias de emergencia también han incrementado de manera importante en los últimos años.
Gestión de desastres en México sigue siendo reactiva y centralizada
En México, la gestión de las emergencias y desastres sigue siendo reactiva, centralizada en el gobierno federal, con un alto componente militar, mientras que el acceso a los recursos para la atención de la población afectada es incierto.
Eso, a pesar de la constante ocurrencia de desastres y emergencias, la mayoría debido al azote de fenómenos naturales, el incremento de defunciones por esa causa y las alzas considerables (en algunos años) en el registro de las pérdidas económicas que ocasionan.
- De 2019 a 2023 el gobierno federal emitió 177 declaratorias de emergencia y 99 de desastre estatales. En ese lapso, 2020 fue cuando más se emitieron, con 83 de emergencia y 46 de desastre.
- El número de desastres varía año con año, pero si se conjuntan por sexenio, se observa que de 2001 a 2023 se han incrementado.
- Según Manlio Felipe Castillo, investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el país, la gestión de los desastres es reactiva, pues no se tienen instituciones públicas centradas en prevención.
Además, se tiene una organización centralizada, con un componente militar muy importante. “Aunque hay un sistema de protección civil, hay bastante desorganización y problemas con la normatividad.”
- Dijo que, por nuestra geografía hay una gran vulnerabilidad la cual, además está creciendo, debido a las consecuencias del cambio climático mundial, lo cual propicia fenómenos mucho más fuertes y destructivos.
- En su opinión, en México ha habido progresos limitados y diferenciados en el desarrollo de instrumentos básicos para la gestión de desastres. Particularmente no hemos evolucionado hacia el paradigma de gestión de riesgos.
Implicaciones de la desaparición del Fonden
En 2020, el gobierno federal decidió desaparecer el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), que era un vehículo financiero interinstitucional para atención de desastres, creado en 1996.
Su mandato original era asegurar la suficiente disponibilidad de recursos financieros inmediatamente después de la ocurrencia de un desastre de origen natural para financiar la reconstrucción de infraestructura pública y vivienda de la población de escasos recursos, sin comprometer los presupuestos existentes ni los programas públicos aprobados.
- El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador lo desapareció con el argumento de la austeridad republicana y atacar la corrupción. Se ordenó transferir sus recursos a la Tesorería de la Federación.
- Para agosto de 2020 tenía 4,911 millones de pesos, aunque tras los huracanes y sismos de 2017, había adquirido pasivos por 18,000 millones de pesos, expuso en su momento el secretario de Hacienda, Arturo Herrera.
- Manlio Felipe Castillo explicó que el Fonden se sustituyó por el Programa de Atención a Emergencias por Desastres naturales (PAEDN), que es más lento y burocrático, además de que depende del presupuesto federal, con la incertidumbre que ello implica.
“La gestión de recursos para atención de desastres es un desastre en sí mismo”, mencionó.
Dijo que, si bien la existencia del (fideicomiso del) Fonden era un avance muy pequeñito hacia la gestión eficiente de riesgos, ahora ya no lo tenemos y eso introduce más incertidumbre al tema del financiamiento.
- Para el director de normatividad Convenios e Instrumentos Financieros Preventivos de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Pedro de Jesús Jaimes Villareal, con la extinción de los fideicomisos lo que desapareció fue el mecanismo de pago, del Fonden por lo que ahora, en lugar de eso lo que hay son programas del presupuesto federal.
“El gobierno de México tiene recursos suficientes para atender cualquier emergencia o desastre”, indicó.
- En 2021, el gobierno federal oficializó la desaparición del fideicomiso del Fonden y su presupuesto incluye solo un programa con ese nombre que, por su naturaleza, está sujeto a la transferencia directa de recursos del presupuesto y no es posible que se usen de forma plurianual.
Naturaleza del PAEDN
Manlio Felipe Castillo destacó que el PAEDN, no hace referencia a la gestión integral de riesgos ni establece líneas de acción para protegerse ante catástrofes derivadas de fenómenos naturales.
En su opinión, en los hechos, se trata de un sistema altamente centralizado, aunque la ley establezca funciones específicas para cada ámbito de gobierno.
- Además, los gobiernos estatales y municipales actúan de manera muy oportunista. “Dicen para qué le pongo yo recursos si el gobierno federal al final va a venir a rescatarme o va a aplicar el programa de atención de desastres”.
- Además, la Ley General de Protección Civil provee un marco general entre la federación, los estados y los municipios, además de que ordena la adopción de un enfoque integral de riesgos, pero estos mandatos no suelen cumplirse totalmente.
- Asimismo, los gobiernos municipales, que son las autoridades más cercanas a los afectados, son los que menos se involucran en la gestión de los desastres y toman decisiones aisladas, sin objetivos definidos.
Por otra parte, el especialista llamó la atención en la politización de las decisiones y falta de transparencia.
El programa dispone la estandarización de la normatividad de protección civil, el establecimiento de cuerpos administrativos para la gestión de riesgos, así como la participación social y la construcción de comunidades resilientes; sin embargo, cada estado organiza sus sistemas de protección civil de manera diferente.
Casos concretos que evidencian fallas del sistema
Según el académico, además, se han detectado problemas de equidad en la selección de los beneficiarios de los apoyos y en la identificación de las víctimas.
- Por ejemplo, en diciembre de 2022, dos municipios de Chiapas se vieron afectados por el paso de la tormenta tropical Karl, pero solo se incluyó a uno en los beneficiados con ayuda del programa.
- Lo delicado es que no se han corregido las fallas de cooperación, lo que ha ocasionado casos lamentables como el ocurrido en Tequila, Jalisco en 2022, cuando fue declarada zona de desastre en Julio y llegó diciembre y no habían canalizado los recursos.
El gobierno local destinó dinero para rehabilitación de caminos, aunque el federal ya lo había hecho.
- Por otra parte, en septiembre de 2022, La tormenta tropical Lester causó estragos en comunidades de Guerrero, pero los damnificados no pudieron acceder a los recursos debido a que no se excedieron los milímetros de lluvia requeridos en las reglas de operación del programa.
Las acciones de las autoridades se enfocaron en los procedimientos y no en las personas afectadas.
No se tienen mecanismos de financiamiento estables
Por otra parte, Manlio Felipe Castillo destacó que tenemos una vulnerabilidad financiera crónica, ante la incapacidad de tener recursos suficientes para prevención y atención a ese tipo de situaciones. No hay mecanismos de financiamiento estables.
Incluso comentó que, si bien hay ciertos fondos internacionales, para acceder a ellos se necesita capacidad de gestión por parte del gobierno.
- Por otra parte, los fondos estatales de desastres son muy pequeños o inexistentes a pesar de lo que marca la ley.
- Durante los últimos 23 años 2010, 2017 y 2023 son en los que se han registrado las cifras mayores de costos por desastres.
- En 2010 fue de 92,372 millones de pesos; en 2017 fueron 88,440 millones de pesos y en 2023 un total de 89,910 millones de pesos, cifras a precios corrientes.
Tan solo el año pasado ocurrieron cuatro declaratorias de emergencia y 10 de desastre. De estas últimas ocho fueron por el azote de fenómenos hidrometereológicos y dos por geológicos.
En ese año, de los daños y las pérdidas de los desastres provocados por el paso de fenómenos naturales destacan los registrados en Guerrero, donde se concentraron 97.29% por el paso del huracán Otis.
Sin embargo, los registros indican que hubo más muertos en Sonora (121), Nuevo León (104) y Baja California (58) que en territorio guerrerense donde se reportó el fallecimiento de 52 personas por desastre. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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