La Auditoria Superior de la Federación (ASF) determinó que no existe evidencia de que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) ejerció en el primer año de gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador, 368 millones de pesos para la reconstrucción o rehabilitación de 37 mil 218 viviendas afectadas por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, por lo que solicitó a la institución modificar su programa para transparentar a que estados y habitantes se ha otorgado la «ayuda».
- De acuerdo con La Silla Rota, la auditoria 2019-0-15100-07-0188-2020 dirigida a Román Guillermo Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la cual menciona que en 2019 la dependencia presentó deficiencias estratégicas y operativas, lo que no permite comprobar que se ejercieron los recursos.
«El desempeño de la Sedatu presentó deficiencias estratégicas y operativas como instancia coordinadora, lo que implicó que no acreditará la evidencia que posibilitara tener la certeza de la atención de los 37,218 bienes identificados como afectados, ni de su avance físico y financiero y, por tanto, garantizar que la aplicación de los recursos económicos asignados al programa de reconstrucción se administraran cumpliendo con los principios de eficiencia, eficacia y economía», menciona el informe.
- El documento detalla que es necesario que la Sedatu reformule el diseño de los lineamientos operativos del «Programa Nacional de Reconstrucción», ya que en 2019 tuvo inconsistencias respecto de las obligaciones establecidas en la normativa vigente que regula la entrega de subsidios y las atribuciones conferidas a la secretaría como instancia coordinadora del programa.
- Al detectar las irregularidades, la ASF pidió a Sedatuespecificar en qué zonas se ha efectuado la reconstrucción en las zonas dañadas en Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México
«El programa se implementará en las localidades afectadas por los sismos, ubicadas en las entidades de Chiapas, México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Ciudad de México, pormenorizándose las acciones y proyectos específicos en los programas de cada Instancia Responsable, de acuerdo con los criterios de priorización señalados en estos lineamientos y sus respectivos Lineamientos Específicos»
También, según la ASF, es necesario que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano transparente el destino de los recursos, e informe el nombre de las personas a las que se les entregó la ayuda.
«Para garantizar la transparencia en el ejercicio de los recursos asignados al programa, la Sedatu, conforme a la normatividad vigente, publicará al cierre del mismo, a nivel nacional, un informe que incluya la base de datos de los beneficiarios con montos asignados, ministrados, ejercidos, comprobados, acciones y evidencias de su aplicación con el antes y el después de la aplicación del programa».
La ASF menciona en el informe que la Sedatu se debe coordinar con otras dependencias para que la aplicación de los recursos sea transparente.
«Para que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en coordinación con las secretarías de Educación Pública, Salud, Cultura y la Comisión Nacional de Vivienda, incluyan en las sesiones ordinarias y en los grupos de trabajo que acuerden en el marco de operación de la Comisión Intersecretarial para la Reconstrucción, para ejercicios subsecuentes, los temas prioritarios que permitan generar información confiable y de calidad respecto de la propuesta de las acciones de carácter prioritario y de ejecución inmediata en las localidades y municipios afectados por los sismos de septiembre de 2017 y febrero de 2018, así como de las acciones, proyectos y estrategias que coadyuven al cumplimiento del objetivo».
UNA HISTORIA RECIENTE
Las investigaciones por convenios o contratos a través de los cuales iniciaron desvíos a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial, según las auditorías de la Secretaría de la Función Pública, se afectaron cuando Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y Rosario Robles estuvieron al frente de la dependencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
- De acuerdo con la auditoría 07/2019 realizada por la Secretaría de la Función Pública se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas, el desvío de 10 millones 67 mil 943 pesos a través de convenios con universidades públicas y privadas entre los años 2013 y 2017.
- Las investigaciones de la ASF indican que el periodo de desvíos incluye las gestiones de Jorge Carlos Ramírez Marín, actual senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Murillo Karam, también ex titular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR), y Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión preventiva.
Ramírez Marín estuvo a cargo de la Sedatu de enero de 2013 a febrero de 2015. Fue reemplazado por Jesús Murillo Karam hasta agosto de ese mismo año y cerró Robles Berlanga hasta el fin de la administración de Peña Nieto.
Las anomalías detectadas son semejantes a las encontradas en 27 convenios (datos de prueba) exhibidos por la FGR ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio durante la vinculación a proceso contra Rosario Robles Berlanga, ocurrida la semana pasada.
Los hallazgos de la auditoría 07/2019 fueron notificados a la Sedatu, así como a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (AAAN), Tecnológico de Monterrey (TEC), Universidad Panamericana (UP), la Universidad de Oriente (UO), Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) y la Universidad Autónoma de Nuevo león (UAL) y el Colegio de México (Colmex). Aunque los montos son menores, según se desprende del documento de auditoría.
CDMX SIN TRANSPARENTAR CONTRATOS, SUELDOS Y AUDITORÍAS
La opacidad y falta de transparencia han marcado la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
- De acuerdo con Reporte índigo, la Portal de la Reconstrucción, así como a la información disponible de la Comisión de Reconstrucción en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), revela que no se han transparentado los contratos firmados con las empresas, las bases de datos completas de los edificios afectados, los sueldos de sus funcionarios, ni las auditorías realizadas.
- Damnificados acusan que también existen incongruencias en la información mostrada por la comisión en el Portal de Reconstrucción.
- Durante 2020, la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México no transparentó los contratos firmados, los sueldos ni las auditorías realizadas
Consideran que esa situación no solo retrasa el proceso de reconstrucción, sino les impide volver a su hogar y por eso hay damnificados que han fallecido lejos de su casa.
La Comisión de Reconstrucción desde el año 2018 es un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que significa que debe cumplir con publicar la información referente a su funcionamiento y ejercicio de los recursos públicos.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN
Reporte Índigo revisó tanto el Portal de Reconstrucción como la información de la Comisión de Reconstrucción en la PNT y observó que incumple diversos artículos de la Ley.
El primero es el IX referente a la publicación de las remuneraciones mensuales de los funcionarios: no subió ningún dato durante 2020.
- Otro artículo que desacata es el XXVI, que señala que los sujetos obligados deben publicar los informes de las auditorías que se les han realizado. En este caso tampoco hay información de 2020.
- Por último, tampoco hay información de los procesos de contratación por concurso de licitación ni por adjudicación directa celebrados en el año pasado, obligación estipulada en el artículo XXX del marco legal.
Según la Ley, todos los entes obligados deben subir la información mencionada trimestralmente durante el año.
Además de esto, Israel Ballesteros, víctima del sismo del 19 de septiembre y miembro de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX), acusa CDMX en opacidad que hay más opacidad dentro de la comisión y que lo que se pretende es encubrir la corrupción.
En el fondo lo que implica es una falta de claridad en el uso de los recursos y presumimos que buscan ocultar actos de corrupción – Israel Ballesteros, Víctima del sismo del 19S y miembro de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México
- Ballesteros indica que existe una falta de información respecto al número de damnificados, pues en febrero de 2019, cuando se publicó el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la capital, habían registrados 26 mil 772 inmuebles como afectados.
- Para junio de 2020, en el Portal de Reconstrucción, dice Ballesteros, habían 12 mil 253.
- Y para octubre pasado, el nuevo Portal de Reconstrucción, que sustituyó al anterior debido a fallas, decía que las construcciones dañadas ascendían a mil 774.
Ballesteros afirma que la Comisión de Reconstrucción presume los avances y ha argumentado que la disminución de edificios perjudicados también se debe a que hay damnificados que rechazaron su derecho a ser atendidos.
No obstante, dice, en el Portal de Reconstrucción no hay pruebas que certifiquen que los predios rechazaron la atención ni tampoco de en cuáles han concluido las intervenciones.
“La única información oficial y certificada es la de la Gaceta, porque lo demás es del portal y no hay ningún documento firmado (…) Creemos que hay la intención de sacar a damnificados del censo para simular un avance mayor al que hay”, dice.
La opacidad y falta de transparencia han marcado la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre de 2017.
- De acuerdo con Reporte índigo, la Portal de la Reconstrucción, así como a la información disponible de la Comisión de Reconstrucción en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), revela que no se han transparentado los contratos firmados con las empresas, las bases de datos completas de los edificios afectados, los sueldos de sus funcionarios, ni las auditorías realizadas.
- Damnificados acusan que también existen incongruencias en la información mostrada por la comisión en el Portal de Reconstrucción.
- Durante 2020, la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México no transparentó los contratos firmados, los sueldos ni las auditorías realizadas
Consideran que esa situación no solo retrasa el proceso de reconstrucción, sino les impide volver a su hogar y por eso hay damnificados que han fallecido lejos de su casa.
La Comisión de Reconstrucción desde el año 2018 es un sujeto obligado por la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, lo que significa que debe cumplir con publicar la información referente a su funcionamiento y ejercicio de los recursos públicos.
FALTA DE TRANSPARENCIA Y CORRUPCIÓN
Reporte Índigo revisó tanto el Portal de Reconstrucción como la información de la Comisión de Reconstrucción en la PNT y observó que incumple diversos artículos de la Ley.
El primero es el IX referente a la publicación de las remuneraciones mensuales de los funcionarios: no subió ningún dato durante 2020.
- Otro artículo que desacata es el XXVI, que señala que los sujetos obligados deben publicar los informes de las auditorías que se les han realizado. En este caso tampoco hay información de 2020.
- Por último, tampoco hay información de los procesos de contratación por concurso de licitación ni por adjudicación directa celebrados en el año pasado, obligación estipulada en el artículo XXX del marco legal.
Según la Ley, todos los entes obligados deben subir la información mencionada trimestralmente durante el año.
Además de esto, Israel Ballesteros, víctima del sismo del 19 de septiembre y miembro de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México (DUCDMX), acusa CDMX en opacidad que hay más opacidad dentro de la comisión y que lo que se pretende es encubrir la corrupción.
En el fondo lo que implica es una falta de claridad en el uso de los recursos y presumimos que buscan ocultar actos de corrupción – Israel Ballesteros, Víctima del sismo del 19S y miembro de la organización Damnificados Unidos de la Ciudad de México
- Ballesteros indica que existe una falta de información respecto al número de damnificados, pues en febrero de 2019, cuando se publicó el Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México en la Gaceta Oficial de la capital, habían registrados 26 mil 772 inmuebles como afectados.
- Para junio de 2020, en el Portal de Reconstrucción, dice Ballesteros, habían 12 mil 253.
- Y para octubre pasado, el nuevo Portal de Reconstrucción, que sustituyó al anterior debido a fallas, decía que las construcciones dañadas ascendían a mil 774.
Ballesteros afirma que la Comisión de Reconstrucción presume los avances y ha argumentado que la disminución de edificios perjudicados también se debe a que hay damnificados que rechazaron su derecho a ser atendidos.
No obstante, dice, en el Portal de Reconstrucción no hay pruebas que certifiquen que los predios rechazaron la atención ni tampoco de en cuáles han concluido las intervenciones.
“La única información oficial y certificada es la de la Gaceta, porque lo demás es del portal y no hay ningún documento firmado (…) Creemos que hay la intención de sacar a damnificados del censo para simular un avance mayor al que hay”, dice./Agencias-PUNTOporPUNTO
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