México registra 132 mil 844 personas desaparecidas y no localizadas, más de 72 mil cuerpos permanecen sin identificar en las morgues y, desde 2010, al menos 45 personas buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas, de acuerdo con cifras citadas por Amnistía Internacional (AI) con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
- La cifra de personas desaparecidas corresponde al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, actualizado al 29 de agosto de 2026, mientras que el recuento de agresiones contra buscadores fue documentado por la organización civil Artículo 19.
- Amnistía Internacional señaló en un comunicado que la conmemoración del 30 de agosto ocurre en uno de los momentos de mayor visibilidad nacional e internacional de las crisis de desaparición, búsqueda e identificación forense que atraviesa el país.
Durante los últimos 20 años, las familias han exigido al Estado mexicano buscar a las personas desaparecidas y avanzar en la identificación de decenas de miles de cuerpos que permanecen bajo resguardo de instituciones forenses.
Pese a que México cuenta con una legislación que ordena la creación de instituciones para prevenir las desapariciones, buscar a las víctimas e investigar los casos, la organización aseguró que esas dependencias no están ofreciendo resultados.
Ante esa situación, las familias han recurrido a organismos y mecanismos internacionales de derechos humanos para solicitar cooperación y asistencia técnica para el Estado mexicano.
Agregó que la posible intervención también representa una oportunidad para que la comunidad internacional contribuya a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas y sus familiares.
- En marzo de 2025, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED) activó por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, dentro de un procedimiento iniciado en 2014.
- El 4 de abril de 2026, el Comité hizo pública su decisión de solicitar al secretario general de Naciones Unidas que remitiera urgentemente la situación de México a la Asamblea General, a fin de que ésta considerara medidas para apoyar al país en la prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.
- El 12 de mayo, el secretario general transmitió a la Asamblea General la carta de la Presidencia del CED.
De acuerdo con Amnistía Internacional, el Comité concluyó que la información presentada por familiares de víctimas, organizaciones civiles y el propio Estado contiene indicios fundados de que en México se han cometido y continúan cometiéndose desapariciones forzadas que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La evaluación del organismo internacional se basó en la existencia de múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, registrados en diferentes periodos y regiones del país.
Amnistía Internacional señaló que en las desapariciones han participado agentes del Estado, organizaciones criminales y particulares. Como ejemplos mencionó el caso del Rancho Izaguirre, conocido en marzo de 2025, y la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014.
La directora ejecutiva de la organización pidió reconocer el derecho de las familias a buscar a sus seres queridos y advirtió que la mayoría de quienes realizan esas labores son mujeres expuestas a amenazas, agresiones y condiciones económicas precarias.
También solicitó que las buscadoras sean reconocidas como defensoras de derechos humanos y puedan recibir protección del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En el informe “Desaparecer otra vez: violencias y afectaciones que enfrentan las mujeres buscadoras en México”, publicado en julio de 2025, Amnistía Internacional documentó amenazas de organizaciones criminales, revictimización y estigmatización por parte de autoridades de los tres niveles de gobierno, así como enfermedades y dificultades económicas entre las buscadoras.
Ese mismo mes, la organización puso en marcha la campaña #BuscarSinMiedo, mediante la cual exige a las autoridades garantizar la integridad física, psicológica y emocional de las mujeres; facilitar su acceso a medidas de protección; investigar las agresiones cometidas en su contra y establecer apoyos médicos, psicológicos y legales.
Como parte de la campaña, colectivas de buscadoras y activistas pintaron el 22 de agosto de 2026 una sección del muro fronterizo en Playas de Tijuana, con la colaboración del artista plástico Enrique Chiu.
Amnistía Internacional indicó que en abril de este año desapareció la buscadora Cecilia Acosta Ramblas, quien días después fue localizada sin vida. En junio fue asesinada Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, quien se había sumado a las labores de búsqueda después de la desaparición de su hermana en Guanajuato, en 2021.
Familias de desaparecidos exigen dejar de ‘administrar crisis’ y dar resultados
Familias de personas desaparecidas exigieron al Estado pasar de “administrar la crisis a erradicarla” y ofrecer resultados concretos en prevención, búsqueda, identificación y justicia, en un país que acumula más de 130,000 personas desaparecidas y no localizadas.
La organización, que agrupa a colectivos y familias de víctimas, reconoció que México cuenta con un marco jurídico e institucional impulsado durante años por los propios familiares, pero reclamó que las herramientas existentes se traduzcan en resultados.
El pronunciamiento ocurre después de que el Gobierno de Claudia Sheinbaum presentara el viernes diez acciones para reforzar su Estrategia Nacional de Búsqueda, entre ellas garantizar que cada reporte de desaparición cuente con una carpeta de investigación, ampliar las búsquedas en hospitales y cárceles y poner en marcha un plan de identificación humana para reducir el rezago forense.
Las autoridades informaron además que detectaron 40,628 coincidencias de personas reportadas como desaparecidas con trámites o actividades posteriores a la fecha de su desaparición, de las cuales 6,939 cuentan ya con reporte de localización.
Edomex concentra 14 mil 648 personas desaparecidas
El Estado de México concentra la mayor cantidad de personas desaparecidas del país, con 14 mil 648 casos registrados al 16 de mayo de 2026, de acuerdo con el informe actualizado de Red Lupa. La organización ubica a la entidad en un nivel extraordinario de gravedad.
- El diagnóstico de Red Lupa señala que el Estado de México se encuentra por encima de Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León. En conjunto, estas cinco entidades concentran 42 por ciento de las personas desaparecidas registradas en México.
- La principal problemática se encuentra en las edades de las personas desaparecidas. El informe señala que 46 por ciento de los casos registrados en el Estado de México corresponde a personas de entre 15 y 34 años.
- Además, el grupo de 15 a 19 años concentra el mayor número de registros. La situación también alcanza a niñas y adolescentes: hasta el 16 de mayo de 2026, Red Lupa contabilizó 4 mil 153 personas que tenían menos de 18 años cuando desaparecieron. De ellas, 60 por ciento eran niñas.
El Estado de México también ocupa el primer lugar nacional en desapariciones de niñas, adolescentes y mujeres, con 5 mil 808 casos registrados, de acuerdo con el diagnóstico. La cifra coloca a la entidad como uno de los principales focos de atención en materia de búsqueda con perspectiva de género.
165 mil niñ@s y adolescentes tienen a un padre desaparecido
Una estimación de Tejiendo Redes Infancia apunta que en México hay alrededor de 165 mil personas, cuyas madres y padres están desaparecidos. Se trata de víctimas de las que no existe información oficial y cuya invisibilidad se traduce en exclusión por parte de las instituciones, que “no pueden saber a quién atender, presupuestar servicios ni evaluar resultados”, afirma la organización.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) muestra que hay diez estados que concentran el 67.69 % de los casos, siendo Tamaulipas (11 mil 327), Jalisco (10 mil 947) y el Estado de México (9 mil 202) los que cuentan con más reportes de personas desaparecidas, seguidos de Michoacán (6 mil 758), Sinaloa (6 mil 329), Nuevo León (6 mil 34), Veracruz (5 mil 545), Guanajuato (4 mil 926), Sonora (4 mil 802) y Baja California (3 mil 972). Estos datos muestran que la crisis nacional tiene expresiones territoriales particulares.
En el documento “Estimación Hijas e hijos de personas desaparecidas en México”, Tejiendo Redes Infancia subraya que esta falta de reconocimiento de los derechos de familiares y víctimas indirectas conlleva afectaciones que en el caso de niñas y adolescentes, se reflejan en trabajo doméstico intensificado, interrupciones escolares o responsabilidades adultas anticipadas; mientras que para los niños y varones adolescentes representa mandatos de silencio, autosuficiencia o la sustitución del proveedor familiar.
Juan Martín Pérez, especialista de Tejiendo Redes Infancia, destacó que el análisis de la CEDHNL permitió dimensionar las afectaciones que viven las infancias y adolescencias: miedo, incertidumbre, emociones cambiantes, bajo rendimiento escolar, acoso escolar (bullying), trámites poco sensibles e inseguridad. Todo ello sostenido principalmente por las madres, abuelas y los colectivos de búsqueda.
Entre las principales barreras institucionales y de acceso a la justicia, Pérez señaló:
- La ausencia de registros oficiales de hijos e hijas de personas desaparecidas, lo que impide diseñar políticas públicas de protección.
- La omisión por parte de fiscalías y comisiones de búsqueda de contabilizar a los menores afectados.
- El desconocimiento de niñas, niños y personas adolescentes como sujetos de derecho por parte de las autoridades.
- La falta de apoyos directos para las madres buscadoras y la excesiva complejidad en los trámites.
En un país con más de 103 mil registros de personas desaparecidas y no localizadas de entre 15 y 49 años —y una estimación de más de 165 mil hijas e hijos afectados—, la organización remarcó la necesidad de implementar una ruta interinstitucional y coordinada./Agenica-PUNTOporPUNTO
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