Expertos de la CIDH viajarán a México para aclarar caso Ayotzinapa

AGENCIAS

El grupo de expertos designado por la CIDH para el caso de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos iniciará el 1 de marzo su primera visita a México, con el objetivo de evaluar las investigaciones hasta la fecha y sin dar nada por supuesto respecto a si los jóvenes están vivos o muertos.

El viaje durará tres semanas e incluirá visitas a las localidades de Ayotzinapa e Iguala (Guerrero), según anunciaron los cinco expertos procedentes de España, Chile, Colombia, y Guatemala al término de una reunión de dos días en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.

«La importante labor que nos ha sido confiada (es) sobre un caso que ha confrontado a México y al mundo con el horror, y que supone un enorme desafío para el esclarecimiento y respuesta a los derechos de las víctimas y la justicia», dijo la abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz, integrante y portavoz del grupo de expertos.

El objetivo del grupo es evaluar «las acciones realizadas por el Estado» y las investigaciones efectuadas hasta la fecha en el caso de los estudiantes desaparecidos en septiembre en Iguala (Guerrero), con la posibilidad de recomendar nuevas líneas de investigación para determinar responsabilidades penales, explicó Paz y Paz.

Además, el grupo analizará «las demandas y necesidades de las víctimas» del suceso, formulará sugerencias «sobre el plan general de atención a víctimas» en México y hará recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desaparecidas en el país, para afrontar las causas estructurales de ese «drama», añadió.

Para ello, visitarán Iguala y Ayotzinapa y se reunirán con los familiares de las víctimas, organizaciones de la sociedad civil, autoridades mexicanas y expertos implicados en el caso.

Hace dos semanas, la fiscalía mexicana aseguró que comprobó científicamente que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero por miembros del cártel de Guerreros Unidos, al creer que pertenecían al grupo antagónico de Los Rojos.

Los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y han pedido a las autoridades que, además de continuar en la búsqueda de los jóvenes, investiguen el papel que jugó el Ejército ese día.

El grupo de expertos de la CIDH parte de la única tesis de que se trata de un caso de desaparición forzada y, hasta que no evalúe las investigaciones, no llegará a una conclusión sobre si los jóvenes están vivos o muertos.

«Hasta que no tengamos las pruebas fehacientes del destino de los desaparecidos, es un caso de desaparecidos», afirmó uno de los miembros del grupo, el abogado español Carlos Beristain, al ser preguntado por la convicción de la fiscalía respecto a la muerte de los jóvenes.

«Nosotros llegaremos a nuestra propia conclusión», señaló la abogada colombiana Ángela Buitrago, que integra también el grupo junto su compatriota Alejandro Valencia y el chileno Francisco Cox.

El grupo de expertos se formó como resultado de un acuerdo entre la CIDH, el Estado mexicano y los representantes de familiares de los estudiantes desaparecidos, y su mandato tiene una duración inicial de seis meses, con la posibilidad de prorrogarlo.

El plan inicial de los expertos es pasar alrededor de tres semanas de cada mes en México durante los próximos seis meses, y emitir un primer informe preliminar a finales de mayo o comienzos de junio, además de un documento final con recomendaciones en agosto.

Los expertos hablarán «con una sola voz» y actuarán «con total autonomía e independencia», además de trabajar teniendo en cuenta «los estándares internacionales», aseguró Paz y Paz.

La Cancillería mexicana dio hoy la bienvenida al anuncio de la visita del grupo y dijo que las recomendaciones que emitan los expertos servirán para «generar un resultado jurídico robusto».

«El apoyo, la revisión y las sugerencias del grupo de expertos serán bienvenidas por el Estado mexicano, fortalecerán las capacidades institucionales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y abonarán a generar un resultado jurídicamente robusto», afirmó la Cancillería.

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