Migrar es pagar, aunque no siempre sea a un traficante. Y los migrantes lo descubren nada más llegar al principal punto de entrada en el sur de México, la asfixiante ciudad de Tapachula, donde no hay trabajo ni oportunidades pero sí miles de extranjeros ansiosos por seguir su viaje al norte y trámites burocráticos que se extienden durante meses.
- Con el constante aumento del flujo migratorio se han multiplicado en el país los abogados e intermediarios dispuestos a aprovechar la situación y proporcionar documentos o asesoramiento a aquellos migrantes que pueden permitirse pagar y no quieren arriesgar sus vidas hacinados en un camión rumbo a Estados Unidos.
En casi dos docenas de entrevistas con The Associated Press, migrantes, funcionarios y exagentes migratorios describieron una red que opera en los límites de la legalidad, que coopera y, a veces, soborna a servidores públicos de un área con una gran corrupción enquistada, y que, en ocasiones, trabaja directamente con los coyotes o traficantes de personas.
El negocio no es nuevo pero la estrategia de México durante el último año, de administrar el imparable número de llegadas facilitando ciertos permisos sin criterios claros, ha alimentado estas redes prestas a acelerar trámites o revertir una detención por unos cuantos cientos de dólares.
El resultado es un negocio en auge y difícil de controlar.
Permisos de tránsito, visas temporales, todo está disponible por un precio. Y aunque son documentos legales eso no impide que puedan ser destruidos en algún punto de la ruta o que el migrante sea detenido o devuelto al sur de México debido a una aplicación arbitraria de la política migratoria o a la acción de funcionarios corruptos en cualquier puesto de control.
- Este reportaje forma parte de una serie realizada por The Associated Press llamada “Migration Inc” que investiga a personas y empresas que se benefician de quienes están en contexto de movilidad porque huyen de la violencia, los conflictos u otras formas de inestabilidad en sus países de origen.
- Atravesar México, un país plagado de cárteles que ganan millones con el tráfico de migrantes, siempre es un riesgo. Hacerlo legalmente puede reducir ciertos peligros.
Los migrantes suelen optar por pedir refugio en el país aunque no esté en sus planes quedarse y sólo aspiren a llegar a la frontera de Estados Unidos con su situación regularizada.
En el año fiscal estadounidense, que terminó el 30 de septiembre, los inmigrantes fueron detenidos 2.38 millones de veces en la frontera entre Estados Unidos y México, un 37% más que el año anterior y más del doble del nivel más alto registrado durante la presidencia de Donald Trump, en 2019.
No está claro lo que podría suceder si las restricciones al asilo que Estados Unidos impuso al inicio de la pandemia y que su Corte Suprema decidió esta semana mantener, se eliminarán finalmente el próximo año.
- Pero el actual récord de llegadas ya ha causado estragos en el sistema mexicano porque la inmensa mayoría de esas personas cruzaron México por tierra, muchos después de permanecer tiempo varados en el sur, un cuello de botella donde a más gente, más esperas, más desesperación y más protestas.
- Por eso, desde hace un año el gobierno mexicano ha intentado aplacar esta tensión descongestionando Tapachula mediante la flexibilización de los criterios para otorgar ciertos permisos temporales y de tránsito a aquellos migrantes difíciles de devolver a sus países o que, por haber solicitado protección mexicana, no pueden ser retornados. Este grupo de personas no susceptible a ser devueltos fueron 290 mil este año, casi diez veces más que en 2019.
Ante este panorama, los procesos de regulación migratoria puede llevar meses y cualquier oferta para agilizar esos trámites es tentadora. En el sur las opciones proliferan promocionadas en redes sociales y ajustadas a todas las urgencias y presupuestos. Más al norte, son más escasas y pagar a operadores específicos que monopolizan el negocio puede ser la única forma de salir de un centro de detención.
Los extranjeros raramente denuncian los abusos porque asumen que estos desembolsos -voluntarios o forzosos- son parte del precio a pagar para llegar a Estados Unidos.
Las autoridades pocas veces actúan de forma contundente contra funcionarios corruptos con el argumento de falta de pruebas.
- En diciembre de 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el cargo con el principal compromiso de combatir la corrupción y reconoció que el Instituto Nacional de Migración (INM) era una de las instituciones más corruptas de México. Sin embargo, en los cuatro años que lleva su gobierno sólo una de cada mil investigaciones internas abiertas por la agencia migratoria llegó a la fiscalía, según datos obtenidos a través de solicitudes de información.
- El Instituto Nacional de Migración no respondió a múltiples peticiones de comentarios sobre sus esfuerzos para combatir la corrupción ni aceptó diversas solicitudes de entrevistas con sus responsables. Este mes, en un comunicado, indicó que había seguido todas las recomendaciones emitidas por la oficina de control interno como parte de su compromiso contra la corrupción.
Sin embargo, la falta de rendición de cuentas ha facilitado que los gestores operen e intercambien pagos e información con los funcionarios.
El Instituto Federal de la Defensoría Pública, los abogados del Estado que desde 2019 tienen en la migración una de sus prioridades, es de las pocas entidades oficiales que ha levantado la voz para denunciar arreglos entre agentes migratorios y gestores privados aunque eso ha conllevado amedrentamientos y amenazas hacia algunos de sus trabajadores.
“Esto no va a acabar nunca porque están involucrados muchos altos mandos que están percibiendo muchísimo dinero”.— Mónica Vázquez, abogada pública de Puebla
- Y la situación va a peor, aseguraron Vázquez y algunos de sus compañeros.
- En las oficinas de migración de Tapachula un centenar de migrantes hacen fila un día de otoño para recibir un permiso que les permita regularizar su situación en México y que puede tardar meses.
- A pocos bloques de allí, los papeles pueden llegar rápido, por un precio.
Un joven dominicano dijo que le costó mil 700 dólares y tres días de espera. Un abogado le llevó el permiso de tránsito a una casa habilitada como “hotel” donde lo había dejado el traficante con el que cruzó hasta México.
Según describió a AP, mientras esperaba los papeles temió por un momento estar secuestrado porque nadie le decía cuánto tendría que esperar y tenía demasiado miedo para preguntar. Pero en cuanto se concretó la transferencia hecha por un amigo suyo desde Estados Unidos, aparecieron los documentos y ese mismo día tomó un autobús a Ciudad de México.
El hombre habló con AP varias veces antes de salir de Tapachula bajo condición de anonimato para mantenerse a salvo mientras viajaba hacia el norte y se negó a dar más detalles por miedo. En la ruta migratoria, donde el crimen organizado siempre está presente, una palabra de más puede tener graves consecuencias. Uno de sus familiares confirmó a AP que finalmente consiguió cruzar a Estados Unidos y vive allí ahora.
- Los documentos temporales que el gobierno de México expide son variados. Los migrantes los llaman a todos “salvoconductos” porque, aunque en la práctica algunos pueden ser órdenes de expulsión, la mayoría les permiten salir del país por la frontera que quieran, incluida la de Estados Unidos.
Igual de variada es la oferta de bufetes y gestorías que suelen promocionarse por WhatsApp tras un primer contacto para saber las necesidades del migrante.
En uno de esos mensajes visto por AP, los “paquetes” iban de los 250 dólares por el documento que permite el tránsito -papeles membretados pero sencillos que pueden ser pagados en moneda mexicana-, a los mil 100 las visas humanitarias, tarjetas impresas con foto y huella, que garantizan la estancia temporal en México y que sólo pueden ser pagadas en moneda estadounidense.
- El gestor que envió ese mensaje aseguró que los papeles son documentos oficiales emitidos por el gobierno, no falsificaciones. Mostró el mensaje a AP con la condición de no publicar su nombre debido al carácter ilegal de algunos de sus trabajos y por temer por su seguridad.
- La mayor parte de ese dinero va para el soborno de funcionarios, explicó el gestor. Un abogado sin conexión con él confirmó que los pagos a servidores públicos son la parte más costosa. El abogado también habló con AP en condición de anonimato para proteger su negocio y evitar problemas legales.
El abogado agregó que, a ese dinero, hay que sumar generalmente unos 400 dólares extra de “costos de asesoría” que incluyen, por ejemplo, las comisiones de quien pone las cuentas donde familiares o amigos envían los pagos.
La agencia migratoria mexicana no respondió a las peticiones de comentario de AP. En declaraciones previas, ha dicho que intenta evitar los sobornos con la instalación de cámaras en puntos clave y animando a sus trabajadores a denunciar irregularidades.
El gestor explicó que su contacto en el Instituto Nacional de Migración es siempre el mismo, un funcionario con experiencia a quien no quiso identificar. Es una opción segura, comentó, aunque en ocasiones se paralizan temporalmente las transacciones, según él, por la coyuntura política o cuando el Instituto está bajo escrutinio.
El gestor, de unos 45 años y que trabaja sobre todo con cubanos que se van pasando la voz, afirmó que cada vez gana más con este negocio. Como extra habilitó un departamento para alojar a unas cinco personas por 50 dólares la semana cada una mientras esperan.
El abogado describió otra alternativa para hacerse de documentos: comprar en la fiscalía una denuncia de haber sufrido algún delito. La ley mexicana permite que cualquier extranjero acreditado como víctima pueda acceder directamente a una visa humanitaria y la denuncia es clave para iniciar ese proceso.
- Desde hace años, miles de migrantes son secuestrados, extorsionados, violados o incluso asesinados o desaparecidos a su paso por México, pero las denuncias escasean por miedo y desconfianza en las autoridades. Algunas organizaciones no gubernamentales incluso han tenido que luchar por la condición de víctima de algunas personas hasta en la Corte Suprema.
- Ahora, sin embargo, algunas cosas parecen haber cambiado.
- En todo 2021 menos de tres mil personas lograron visas humanitarias en México por haber denunciado ser víctimas de delitos, la mayoría centroamericanos. Este año, hasta fines de noviembre, superaban las 20 mil. El 82% de ellos eran cubanos.
- El drástico aumento de estas cifras ha suscitado sospechas y algunos defensores de migrantes temen que se estén vendiendo las denuncias para conseguir permisos de estancia temporal.
Un día de fines de septiembre Juan Carlos Custodio, del Instituto de la Defensoría Pública en Tapachula, encontró a más de 200 cubanos tramitando sus visas como víctimas de delitos en las oficinas de migración de la cercana localidad de Huixtla, adonde él acudió a realizar unos trámites.
“Sorprendido les pregunté qué había pasado”, explicó a AP. “No me quisieron decir”, agregó temiendo que se tratara de casos falsos, lo que podría perjudicar la atención de las verdaderas víctimas.
La fiscalía de Chiapas, al ser preguntada por AP al respecto, dijo que en julio uno de sus funcionarios fue cesado y se abrió una investigación por venta de documentos. No quiso ofrecer más detalles.
- La actual administración mexicana hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera pero los intentos de limpiar el Instituto Nacional de Migración no parecen estar dado los frutos esperados.
- Gran parte de las acciones se quedan en pedir la renuncia del funcionario implicado o, simplemente, no renovar su contrato puesto que la mayoría de los agentes son trabajadores temporales, según una autoridad federal que insistió en mantener el anonimato por carecer de permiso para hablar con AP.
Tonatiuh Guillén, titular del Instituto durante el primer semestre de gobierno de López Obrador, dijo haber solicitado la renuncia de unos 400 funcionarios sobre los que había sospechas de irregularidades porque era la forma más rápida de atajar el problema dado que una investigación puede durar años. Tras su periodo al frente de la agencia migratoria, que acabó en junio de 2019, algunos de esos funcionarios fueron recontratados, aseguró en entrevista con AP.
El Instituto ha abierto más de cinco mil investigaciones internas desde 2019 pero sólo cinco habían terminado en la fiscalía a mediados de este año, según información obtenida gracias a las leyes de transparencia.
Sobre el número de funcionarios sancionados en ese periodo, la información oficial es contradictoria y depende de a quién se pregunte. El portal de la Plataforma Nacional de Transparencia tenía registrados en diciembre 16 funcionarios sancionados, sin nombres ni detalles. Según la oficina de asuntos internos del Instituto, 308 funcionarios fueron inhabilitados hasta fines de agosto. Sin embargo, cuando se preguntó directamente a la agencia migratoria a través de solicitudes de información, el Instituto dijo que sólo era uno.
Guillén aseguró que su equipo había detectado prácticas “extendidas y preocupantes” de muchos gestores y abogados a principios de 2019 pero indicó que no pudo avanzar mucho para controlarlas porque sólo se pueden contener reformando la ley y dándole más precisión para cerrar los espacios de discrecionalidad que actualmente existen y en los que esos personajes actúan.
Tras la salida de Guillén, sociólogo de profesión, el Instituto empezó a poner a militares como delegados estatales de la agencia en una gran cantidad de estados lo que, a juicio de las organizaciones de derechos humanos, empeoró la situación.
- Andrés Ramírez, coordinador de la gubernamental Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado, cree que cuando proliferaron todas esas prácticas corruptas fue a partir del año pasado, cuando sus oficinas recibieron 130 mil solicitudes de refugio —cuatro veces más que en 2018— y se vieron “al borde del colapso”.
En abril de este año Ramírez se enteró de la venta de documentos en su oficina de Tapachula gracias a la denuncia de dos trabajadoras y se presentaron dos denuncias en la fiscalía que están bajo investigación. Cuatro funcionarios han dejado sus cargos. Ramírez aseguró que saldrá cualquier persona que resulte implicada.
“Tolerancia cero”, subrayó en entrevista con AP. “Se trata de algo miserable. ¿Cómo es posible que personas que están en esa protección internacional sufran, por parte de funcionarios o del órgano que está encargado de su protección, embates de esta naturaleza que son claramente delincuencia?”.
- Comprar documentos, sin embargo, no es garantía de nada. Las autoridades de un estado los emiten, las de otro pueden romperlos.
Un cubano de 37 años que ya está en Estados Unidos y que pidió no ser identificado por temor a que sus declaraciones puedan afectar a familiares y amigos que todavía están en la ruta, contó que unos días después de conseguir sus documentos, previo pago de mil 800 dólares, fue detenido.
Corrupción en Centroamérica frustra plan de EU
A más de un año del amplio esfuerzo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para abordar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, existen grandes preocupaciones sobre la gobernabilidad y corrupción en la región que han llevado a la cancelación de millonarios proyectos, dijeron funcionarios estadounidenses y otras fuentes enteradas del tema.
La corrupción en El Salvador, Guatemala y Honduras también ha limitado la inversión potencial de empresas estadounidenses, otra vertiente en la estrategia de Biden, según un grupo que coordina el esfuerzo.
- La falta de inversión del gobierno de Estados Unidos en la región fue criticada esta semana por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que el Congreso estadounidense no ha podido aprobar un paquete para el desarrollo de 4 mil millones de dólares que prometió hace cinco años durante la administración del presidente Donald Trump.
- Un ejemplo de la corrupción que frena la ministración de recursos fue la suspensión abrupta que ordenó la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) para el Ministerio de Justicia de Guatemala en julio de 2021, tras el despido de un fiscal especial que se ocupaba de atacar la corrupción.
USAID también redirigió el financiamiento de proyectos vinculados al Ministerio de Justicia en El Salvador semanas después de que el Congreso, dominado por legisladores afines al presidente Nayib Bukele, votara para destituir a los principales jueces y al fiscal general, en mayo de 2021.
Bukele tuiteó en ese momento que los despidos estaban justificados y que estaban “limpiando la casa”.
- USAID se negó a dar detalles de los proyectos o decir cuántos fondos se suspendieron en ambos casos, pero probablemente ascendieron a millones de dólares que serían utilizados para fortalecer los sistemas legales, dijeron expertos a Reuters.
A medida de que los esfuerzos fracasaron el año pasado, un número récord de migrantes intentó cruzar ilegalmente la frontera entre Estados Unidos y México, alimentando críticas de los republicanos.
Migrantes del “triángulo norte de Centroamérica” -que incluye a El Salvador, Guatemala y Honduras- fueron detenidos cruzando la frontera más de 300 mil veces desde octubre de 2021 hasta abril de este año, según datos del gobierno estadounidense, lo que representó una cuarta parte de todas las detenciones en la fronteras sur de Estados Unidos.
Biden, un demócrata que asumió el cargo en enero de 2021, prometió revertir el enfoque de su predecesor, el expresidente Donald Trump, quien suspendió la ayuda a la región en un esfuerzo por obligar a los países a tomar medidas enérgicas contra los migrantes que se dirigían al norte de forma irregular.
Destacando la importancia de la estrategia, puso a cargo a su vicepresidenta Kamala Harris, quien reunió a destacadas empresas estadounidenses para invertir en la región y viajó a Guatemala en junio de 2021 para anunciar el comienzo de una “nueva era”.
- Pero las relaciones entre Estados Unidos y Guatemala se enfriaron un mes después cuando la procuradora general del país centroamericano, María Consuelo Porras, despidió al principal fiscal anticorrupción del país.
- Las relaciones se volvieron más tensas el mes pasado, cuando el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, volvió a nombrar a Porras en su cargo, lo que llevó a Estados Unidos a sancionarla por corrupción.
Philip Gordon, asesor de Seguridad Nacional de Harris, dijo en una entrevista que la administración ha sido “honesta desde el principio” sobre los desafíos de la corrupción y que “es necesario abordarlos”.
Cuando se le preguntó acerca de las críticas de Estados Unidos sobre corrupción en el sistema de justicia, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, dijo que el gobierno estaba dando seguimiento a los planeamientos pero afirmó que no permitiría que la interferencia afectara la soberanía del país.
Los problemas de gobernabilidad también han disminuido el potencial de la iniciativa del sector privado liderada por Kamala Harris para invertir en los tres países.
La Alianza por Centroamérica (PCA, por sus siglas en inglés), una organización sin fines de lucro lanzada el año pasado para coordinar el esfuerzo, se retiró en marzo de copatrocinar un evento con el gobierno guatemalteco sobre el enfoque del país hacia la corrupción, dijo Jonathan Fantini-Porter, director ejecutivo del grupo.
El organismo también ha limitado su participación en El Salvador.
“La corrupción es algo importante”, aseguró Fantini-Porter. “Es un desincentivo para la inversión”.
- Con opciones limitadas de socios en la región, Harris voló a Honduras en enero de 2022 para asistir a la toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro.
- En abril de ese mismo año, Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro, fue arrestado y extraditado a Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas y posesión de armas de fuego.
- El año pasado, la administración de Biden solicitó 861 millones de dólares para atajar las causas fundamentales de la migración desde Centroamérica, un incremento de más del 50% con respecto al 2021 anterior y pidió aún más.
Pero incluso algunos aliados demócratas se muestran escépticos ante la presión por obtener más fondos.
“Les damos crédito por reconocer que apoyar a los criminales es una mala idea”, dijo Tim Rieser, asesor de política exterior del senador Patrick Leahy, presidente demócrata del Comité de Asignaciones del Senado. “Por otro lado, aún no está claro cuál es el plan”.
Agentes del INM cobran para dejarlos circular en territorio mexicano
Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) cobran 500 pesos a los migrantes para dejarlos pasar por territorio nacional, pese a que cuentan con documentos legales, acusó el sacerdote y activista, Alejandro Solalinde.
“Me acaban de dar información de los que van en camino, que algunos agentes de migración les están cobrando 500 pesos por dejarlos pasar. En lugar de quitarles sus documentos o romperlos, los hacen válidos, pero con ese dinero”, aseveró.
- En entrevista con La Razón explicó que en muchos lugares sigue habiendo corrupción por parte de los agentes federales, ya que “desean hacer su aguinaldo” para este fin de año, además, dijo que a pesar de que el Comisionado Nacional de Migración, Francisco Garduño, pide denunciar, es imposible ya que son muchos y los migrantes no se atreven tampoco.
“Es difícil que denuncien porque son muchos los agentes en todo el país, y se cambian en las detenciones, aparte que las personas extranjeras no quieren denunciar por temor a lo que les puedan hacer, por ello se encajan con ellos”, apuntó.
- Alejandro Solalinde mencionó que ha ido a sacar a varias personas detenidas con documentación legal, pues por no querer pagar los capturan hasta él va por ellos. “Es en todo el país y eso es lo que me han dicho los migrantes que llegan a mi albergue”, asentó.
- Por otra parte, mencionó que el cierre del módulo temporal en San Pedro Tapanatepec, en Oaxaca, obliga al INM a agilizar los trámites para regularizar a los migrantes que se encuentran en la entidad, además que puede ocasionar que se dispersen a los albergues cercanos a buscar refugio.
“Para ellos cualquier atención que se les cierre les afecta, pero Migración les da el proceso de regularización y los traslada en autobuses a otros estados para que puedan continuar su proceso, aparte que muchos aprovecharon para salir y buscar trabajo en otros lados”, indicó.
El activista mencionó que uno de los riesgos que se puede generar al cerrar el módulo de atención en Oaxaca, es que nuevamente se puede generar un tapón en los municipios de Tapachula o Huixtla, Chiapas.
La corrupción en Tijuana hace que muchos tengan que pagar por solicitar asilo
Múltiples fuentes han informado al Union-Tribune de asuntos de extorsión y corrupción en el programa temporal para procesar a algunos solicitantes de asilo mientras sigue en vigor el Título 42, una política fronteriza de Estados Unidos contra la pandemia. Ninguno de ellos quiso ser nombrado, alegando graves problemas de seguridad relacionados con el crimen organizado.
- El Título 42 es una política que impide ampliamente la entrada en Estados Unidos a los solicitantes de asilo y a otros inmigrantes sin documentos de viaje adecuados, y permite a los agentes fronterizos expulsar a los que cruzan, ya sea al país del que cruzaron o a sus países de origen.
- Sin embargo, a principios de este año, el Departamento de Seguridad Nacional se asoció con organizaciones locales sin ánimo de lucro para identificar a solicitantes de asilo especialmente vulnerables en Tijuana y en otros lugares de la frontera. Las organizaciones envían los casos al CBP para que apruebe caso por caso las exenciones del Título 42. Una vez aprobados, los solicitantes de asilo de Tijuana reciben una fecha para presentarse en el PedWest del puerto de entrada de San Ysidro y entrar a Estados Unidos.
La directora del puerto de San Ysidro, Mariza Marín, declaró al Union-Tribune en septiembre que el programa de exención permite cruzar a 180 personas al día. Cada una de las diversas organizaciones asociadas tiene un número determinado de plazas dentro de esas 180 cada día.
Las personas de esas organizaciones controlan quién entra en la lista y, en muchos sentidos, controlan quién tiene acceso a solicitar asilo mientras el Título 42 esté en vigor.
Se supone que los solicitantes de asilo no tienen que pagar para solicitar protección: se considera un derecho humano básico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Estados Unidos. El sistema de asilo determina quiénes de los inmigrantes que llegan cumplen los requisitos para ser refugiados.
- Aunque las organizaciones sin ánimo de lucro que realizan el trabajo logístico de las exenciones del Título 42 para identificar a los solicitantes de asilo especialmente vulnerables y llevarlos a la frontera tienen gastos —como el transporte o los salarios del personal—, se supone que esos costos no deben pasarse a los solicitantes de asilo. Se supone que el proceso de exención es gratuito para los migrantes, porque su finalidad es identificar y proteger a los más vulnerables.
Aunque los solicitantes de asilo aún pueden acceder gratuitamente al proceso de exención del Título 42 a través de determinadas organizaciones, el Union-Tribune ha recibido desde agosto un número creciente de informes de solicitantes de asilo que tienen que pagar. No está claro quién se beneficia en última instancia del dinero o si va a parar a las mismas personas en todos los casos.
- La CBP se remitió al Departamento de Seguridad Nacional cuando se le preguntó por correo electrónico sobre los informes de corrupción en el programa, y el DHS no respondió a una solicitud de comentarios.
- Cuando se le preguntó sobre los pagos en el proceso de exención en septiembre, Marín dijo que la CBP trabaja con varias organizaciones sin ánimo de lucro, en lugar de con una sola, para tratar de mitigar el problema, y que la agencia colabora estrechamente con el Departamento de Estado cuando los migrantes comunican a los agentes tales preocupaciones en materia de seguridad.
“Lo más importante es que haya accesibilidad a una vía legal. Eso estuvo cerrado durante bastante tiempo”, dijo Marín. “Es difícil para la CBP, al ser una agencia nacional, cambiar el panorama de amenazas y lo que ocurre en Tijuana”.
Aunque está previsto que el Título 42 finalice por orden de un juez, no es probable que eso haga desaparecer el problema. Algunos políticos ya están intentando encontrar formas de preservar sus restricciones al asilo, y el gobierno de Biden está apelando la orden.
Tampoco está claro cómo será la tramitación del asilo si se levanta la política. Estados Unidos lleva mucho tiempo utilizando políticas de disuasión para restringir el acceso a su territorio y al sistema de asilo.
- El Título 42 no constituye la primera vez que Estados Unidos restringe el acceso al asilo de un modo que dio el control a diversos grupos del norte de México. Tampoco es la primera vez que surgen problemas de corrupción en el proceso resultante para acceder a las solicitudes de asilo.
- Cuando las listas de espera para solicitar asilo en Estados Unidos pasaron a ser administradas por agentes de inmigración mexicanos en los años anteriores a la pandemia, los investigadores de derechos humanos también observaron casos de corrupción en esos procesos.
Ahora que los grandes grupos del crimen organizado tienen un interés más activo en la migración en la frontera entre Estados Unidos y México, preocupa que el dinero implicado en la tramitación de las exenciones del Título 42 acabe beneficiándoles también a ellos.
“El marco general de esto es que nuestras políticas restrictivas de asilo han estado poniendo dinero en los bolsillos del crimen organizado en los últimos años”, dijo Adam Isacson, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, una organización de investigación y defensa de los derechos humanos. “Llevamos tiempo enriqueciendo así al crimen organizado. Esto es solo una nueva dimensión”.
- Muchos activistas de derechos humanos han argumentado que la única manera de impedir la corrupción y la extorsión en el proceso de asilo es hacer accesibles las pruebas de asilo a cualquier persona que huya de su patria y se acerque a un puerto de entrada de Estados Unidos. Por lo general, eso es lo que exige la legislación estadounidense e internacional, pero no ha sido la realidad en la frontera durante años, incluso antes de la pandemia.
Incluso sin los pagos, encontrar el proceso de exención puede ser difícil para los solicitantes de asilo.
Los solicitantes de asilo que quieren acogerse a las excepciones disponen de poca información fiable, y a menudo confían en el boca a boca, las redes sociales o la casualidad de tropezar con el refugio adecuado. La CBP no tiene un sitio web oficial ni una hoja de consejos, y por lo que el Union-Tribune ha presenciado, los agentes tampoco proporcionan esa información a los solicitantes de asilo que se acercan a la frontera.
No hay coherencia en la forma de acceder a las organizaciones que determinan a quién se enviará a la CBP para su aprobación, y no está claro cómo determinan los distintos grupos quién es elegible o a quién debe darse prioridad entre los muchos solicitantes de asilo que esperan en Tijuana. Al menos una organización elegida por el DHS colabora con los albergues de Tijuana para determinar quién será el siguiente en entrar. Otra organización tiene un formulario en internet que se puede rellenar para iniciar el proceso, y al menos una utiliza Telegram.
Con tantas personas en situación desesperada, los tiempos de espera se han alargado.
Los albergues conocidos por tener acceso al proceso a veces tienen a docenas de solicitantes de asilo acampados afuera, esperando su oportunidad de entrar en las listas. El director de un refugio declaró al Union-Tribune que el tiempo de espera de las personas a su cargo se ha duplicado, como mínimo, desde que comenzó el proceso de exención a principios de año.
A medida que crecen las esperas, también aumentan las posibilidades de corrupción en el proceso.
- Debido al peligro potencial que entraña hablar de corrupción en el proceso de exención del Título 42, su alcance no está del todo claro, pero empiezan a surgir detalles.
- Varios solicitantes de asilo latinoamericanos informaron al Union Tribune que algunos centros de acogida cobraban por acceder al proceso de exención o por ocupar un lugar más alto en la lista de espera.
Una organización sin ánimo de lucro que ayuda a identificar casos vulnerables descubrió hace poco que alguien estaba vendiendo su información de contacto a solicitantes de asilo por miles de dólares. La organización pidió que no se revelara su nombre por motivos de seguridad.
- Border Angels, una de las organizaciones que colaboran con los refugios para identificar a los exentos, ha dejado de trabajar con múltiples refugios por motivos de corrupción, según Edward Orendain, director ejecutivo interino de la organización sin ánimo de lucro.
Múltiples fuentes afirmaron que muchos solicitantes de asilo rusos, en particular, han tenido que pagar por el acceso. En octubre, 2865 rusos entraron por el puerto de San Diego, según los datos más recientes de la CBP./Agencias-PUNTOporPUNTO
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