Cada año, el gobierno federal está obligado a contratar deuda para cubrir intereses y capital de los pasivos del rescate bancario emprendido en el gobierno de Ernesto Zedillo a partir de 1995, de acuerdo con información oficial.
- Sólo en 2025, el gobierno federal emitirá 254 mil 400 millones de pesos en deuda para refinanciar los pasivos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), el sucesor del Fobaproa, como parte del esquema que prevalece desde hace más de un cuarto de siglo:
- Endeudar las finanzas públicas para contener las deudas privadas que resultaron de las quiebras de los bancos en la década de los 90.
- En particular, en el primer trimestre del año, como parte de esas amortizaciones, el IPAB pagó 107 mil 4 millones de pesos, de los cuales, 80 mil 407 millones fueron a capital y 26 mil 597 millones a intereses, el llamado costo financiero de la deuda, reportó Hacienda en sus últimos informes trimestrales, actualizados esta semana.
Si bien desde agosto de 2022 los usuarios de Cetes Directo –que en su mayoría son pequeños ahorradores– pueden adquirir bonos IPAB, antes de esa fecha sólo los bancos y otros inversionistas institucionales –como las Administradoras de Fondos para el Retiro– eran los principales beneficiarios de los réditos del endeudamiento adicional derivado del rescate bancario.
Bajo este esquema, los mismos bancos que fueron rescatados –aunque ahora sus dueños son otros, la mayoría extranjeros– reciben los intereses generados con los bonos emitidos por el gobierno para el salvamento de hace 30 años.
- De acuerdo con informes publicados en diciembre, en 2025 se debía pagar la mayor parte de los pasivos del IPAB –239 mil 163 millones de pesos–, como parte de un horizonte de deuda que vencería en 2031.
- Sin embargo, justo la estrategia para manejar el hoyo que representa el rescate bancario es seguir emitiendo deuda, a fin de patear hacia adelante la carga fiscal que representa.
- De ahí que si bien desde diciembre de 1995 hasta la fecha se han pagado más de 2 billones en intereses –actualizados a precios de marzo de este año–, aún se adeuda más de un billón por el rescate.
Sólo en el primer trimestre de este año, el instituto emitió 55 mil 900 millones de pesos en deuda, de éstos, 36 mil millones en bonos a siete años. Para el segundo trimestre proyecta lanzar otros 55 mil 900 millones, de los cuáles 25 mil 200 millones son con vencimiento proyectado a 2032.
«La estrategia para la administración de la deuda del IPAB está estructurada sobre un mecanismo de refinanciamiento de pasivos», explica el organismo en su Plan Anual de Financiamiento. Es decir, la dinámica se centra en emitir deuda nueva para pagar la de los 90, mientras sólo se atiende el componente real de su costo financiero.
Por lo pronto, para su operación el IPAB obtiene recursos del presupuesto público, de las cuotas que le entregan los bancos para los seguros de depósitos y de intereses por inversiones.
- Este 2025 sus ingresos ascienden a 83 mil 400 millones de pesos; la menor proporción, 6 mil 600 millones, viene de intereses por la recuperación de inversiones; apenas 24 mil 400 millones de una tercera parte de las cuotas que deben entregar los bancos y casi el doble –52 mil 500 millones– de recursos presupuestales vía el Ramo 34.
- No obstante, los pasivos que vencen este año suman 239 mil 163 millones de pesos, de ahí que desde 2000 la ley faculta al instituto para emitir pasivos con “el único objeto de canjear o refinanciar exclusivamente sus obligaciones financieras, a fin de hacer frente a las de pago, otorgar liquidez a sus títulos y, en general, mejorar los términos y condiciones de sus obligaciones económicas.
Considerando la colocación bruta de 254 mil 400 millones a valor nominal, «para 2025 se tendría una emisión neta de 15 mil 236.6 millones», detalló el IPAB.
Esto explica por qué el rescate del Fobaproa dejó de ser deuda de créditos bancarios y se convirtió en pasivo en los mercados financieros.
- El IPAB reporta que en diciembre de 1999, «100 por ciento» de sus obligaciones se concentraban en créditos bilaterales con instituciones de crédito, mientras a octubre de 2024 la totalidad de sus pasivos corresponde a bonos emitidos por el propio organismo descentralizado”.
A los bancos, miles de millones por la deuda
Uno de cada cinco pesos que los principales bancos que operan en el país recibieron por los intereses derivados de su participación como poseedores de papeles de la deuda pública provinieron justamente de los bonos del rescate bancario de hace tres décadas, de acuerdo con información oficial.
Estos títulos son conocidos como bonos de protección al ahorro o BPA, los instrumentos financieros que se emiten para refinanciar los pasivos que se arrastran desde el rescate bancario iniciado en 1995 por el gobierno del entonces presidente Ernesto Zedillo por medio del Fobaproa y después del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
- De acuerdo con los informes financieros de los principales bancos que operan en el país, y que se consideran de tal importancia para el sistema que una quiebra en ellos podría generar una crisis en el sector, el año pasado aproximadamente uno de cada cinco pesos en intereses devengados de sus inversiones en deuda gubernamental provienen de los pasivos IPAB.
- Como parte de sus inversiones financieras, los bancos de importancia sistémica –BBVA, Santander, Banorte, Banamex, Scotiabank, HSBC, Inbursa, y de manera más reciente Citi, cuyos informes no se revisaron para el propósito de este texto– realizan inversiones en deuda gubernamental, no sólo en la mexicana. Sus tenencias incluyen eurobonos y papeles del Tesoro estadunidense.
En el mercado mexicano hay una serie de instrumentos en los que los bancos invierten, como los pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento (PRLV), los certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes), los bonos de desarrollo del gobierno federal (Bondes), los bonos de desarrollo del gobierno federal en Udi (Udibonos) y los mismos BPAS que emite el IPAB como parte de los refinanciamientos de la deuda pública.
El grado de detalle con el que los principales bancos del sistema financiero reportan en sus informes anuales varía. Sin embargo, hasta el cierre del año pasado, los principales bancos tenían en conjunto al menos un billón 882 mil millones de pesos en inversiones de la deuda gubernamental mexicana, adicionales a las tenencias que reportaron en eurobos, papeles del Tesoro e instrumentos de regulación monetaria del Banco de México.
- Entre los intereses devengados de sus inversiones, los principales bancos informaron que al menos habían generado 21 mil 884 millones de pesos de ellos, 4 mil 649 millones serían exclusivamente por las tenencias en bonos de protección al ahorro, o bonos IPAB.
- Esta cifra podría ser mayor, si se toma en cuenta la disparidad con la que algunos de los principales bancos reportan y que no son las únicas instituciones financieras que adquieren este tipo de deuda.
- Cada año el gobierno federal se endeuda para pagar los pasivos del IPAB. Este año emitirá 254 mil 400 millones de pesos en deuda para refinanciar los pasivos del sucesor del Fobaproa.
- Sólo en el primer trimestre del año, como parte de esas amortizaciones, el IPAB pagó 107 mil 4 millones de pesos, de los cuales, 80 mil 407 millones fueron a capital y 26 mil 597 millones a intereses, el llamado costo financiero de la deuda.
- Ese costo financiero de la deuda va en parte a los balances de los bancos, que se han beneficiado no sólo de las altas tasas de interés por los créditos que ponen en el público consumidor, sino también como inversionistas gubernamentales.
Desde diciembre de 1995 hasta la fecha se han pagado más de 2 billones en intereses –actualizados a precios de marzo de este año–, y aún se adeuda más de un billón por el rescate.
Pagos del Fobaproa, ineludibles hasta 2057: Hacienda
Las obligaciones del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), antes Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa), son deuda del Estado mexicano y en esos términos deben ser cumplidas.
Si bien tienen origen en una historia tan truculenta de un rescate de deudas privadas que se transformaron en deudas públicas sin beneficio concreto, al final son obligaciones que de manera preliminar pesarán 62 años en el balance público, explicó Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público.
El funcionario reconoció que las expectativas de crecimiento para la economía mexicana han sido afectadas por la pausa en que se encuentra la inversión, debido a la incertidumbre arancelaria inyectada por Estados Unidos.
Si bien se está en un periodo de 90 días en que el gobierno de ese país, liderado por Donald Trump, ajusta su política comercial, México saldrá con una mejor posición relativa frente a otras economías, confió el secretario.
- Si bien la realidad económica hace que la relación comercial con Estados Unidos tenga un peso importante, México tiene una política soberana en términos comerciales, sostuvo Amador Zamora. Por ello, no se cerrarán puertas con otros socios como China, Vietnam, Europa o Brasil en aras de privilegiar el vínculo con Norteamérica.
- En cuanto a los frentes internos, el secretario sostuvo que al menos la mitad de las pérdidas reportadas por Petróleos Mexicanos (Pemex) son contables y no explican la operación de la compañía. Según su lectura, no se prevé un deterioro tan significativo que implique una situación crítica para la compañía.
La estrategia de estabilizar la producción y enderezar la trayectoria de la plataforma petrolera va en dirección correcta. Estoy absolutamente convencido, puntualizó. /Agencias-PUNTOporPUNTO
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