Reprobada GUARDIA NACIONAL de AMLO; entre las instituciones con más QUEJAS por violar los Derechos Humanos

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que al momento no hay ninguna queja ni recomendaciones en materia de Derechos Humanos generadas por la actuación de los militares en operaciones.

Jorge Alberto Rivera Cardoza, de 42 años y quien era tramitador aduanero, recibió un disparo el pasado 8 de abril mientras manejaba una camioneta pickup azul en el centro de Nuevo Laredo, Tamaulipas. La bala que lo impactó procedía del arma de un elemento de la Guardia Nacional y le ocasionó la muerte.

  • El Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL) recabó testimonios que revelan que a Jorge Alberto «personal militar (le) sembró municiones, drogas y aparatos de comunicación, en un intento por justificar su ilegal actuación». Por esta razón, el organismo formalizó su queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), instancia que desde noviembre de 2019 encabeza Rosario Piedra Ibarra.
  • Este caso dista de ser el único que se ha derivado en una queja contra la Guardia Nacional presentada ante la CNDH por posibles violaciones a los derechos humanos.

Desde su creación, este cuerpo de seguridad constituido en el actual sexenio —gracias a una reforma constitucional impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador— acumula 424 quejas en esta materia, y tanto en 2020 como en 2021 se ha ubicado en el top ten de las instituciones a las que la ciudadanía atribuye más abusos.

  • El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos reportó que en 2020 la Guardia Nacional ocupó el octavo lugar en este terreno, con 350 quejas, y en lo que va de este año se ubica en el sexto, con 74. Arriba de ella en las primeras cinco posiciones están el IMSS, el Instituto Nacional de Migración, la Secretaría de Bienestar, del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el ISSSTE.

En promedio, desde su creación a mediados de 2019, cada mes se han presentado 20 quejas contra la Guardia Nacional por posibles violaciones a los derechos humanos.

A pesar de las críticas que este nuevo cuerpo ha recibido, el presidente López Obrador ha defendido el actuar de la Guardia Nacional y ha asegurado que no viola derechos humanos.

«Todos los días estoy pendiente de que no haya abusos, de que no haya tortura, de que no haya masacres, de que no haya violación a los derechos humanos, estoy pendiente… Si hay constancia de violación de derechos humanos por parte de la Guardia Nacional, pues entonces rectificamos, pero si no es así, ¿por qué? ¿Solo por lo ideológico? No», dijo en su conferencia de prensa del 14 de mayo de 2020.

  • La directora de México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), Lisa Sánchez, advirtió que lo grave de las violaciones de la Guardia Nacional, integrada principalmente por elementos de las Fuerzas Armadas, es que suelen quedarse sin sanción.
  • «Lo más grave no es solo que las cometan, sino que tienen la excepcionalidad de guardar un grado de impunidad que es incluso mayor que para las autoridades civiles, porque pueden clasificar la información, porque (sus elementos) pueden no ser sancionados ante la justicia civil, porque gozan de protección política e institucional», afirmó.
  • Entre las violaciones que se han atribuido a la Guardia Nacional destacan actos de tortura, trato cruel e inhumano, detenciones arbitrarias, empleo de la fuerza pública de forma desproporcionada, intimidación, apropiación de bienes inmuebles y retención ilegal.

«Es un problema estructural, en el que no importa quién sea el líder supremo… Históricamente la estructura está podrida, históricamente esta estructura ha cometido violaciones a los derechos humanos, y con lo único que se está tratando de paliar es dando cursos, lo que es insuficiente», consideró la activista Ixchel Cisneros.

Si bien el presidente López Obrador asegura que en su gobierno ha disminuido el índice de letalidad —que se refiere a la proporción de civiles fallecidos y heridos en actos de las fuerzas de seguridad—, Estefanía Vela Barba, directora ejecutiva de Intersecta, tiene otros datos. Contrario a lo que sostiene el mandatario, la especialista afirma que en 2019 y 2020 ese índice subió. Tan solo el año pasado, en los 260 enfrentamientos en los que estuvieron involucrados elementos de las Fuerzas Armadas, 237 civiles y seis militares murieron.

«Son instituciones hechas para la guerra y no para garantizar la seguridad ciudadanía, no para garantizar la seguridad pública», señaló.

En violaciones también hay una cifra negra

Lucía Chávez, subdirectora de Análisis y Estrategia de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, explicó que varias de las violaciones a los derechos humanos son cometidas contra migrantes centroamericanos que buscan llegar a Estados Unidos, pero no todas son denunciadas.

«Por desgracia, no todos los casos llegan a conocimiento de la CNDH, hay una cifra negra», dijo Chávez.

  • El Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos reporta que Chihuahua es el estado donde más posibles violaciones a los derechos humanos relacionadas con la Guardia Nacional se han registrado en lo que va de 2021. Esa entidad del norte del país acumula 20 de las 74 quejas, es decir, el 27%.
  • Chihuahua también es uno de los estados por los que más migrantes transitan rumbo a Estados Unidos, o bien, son repatriados.

Actualmente, el gobierno federal tiene desplegados a cuando menos 8,715 elementos en los estados fronterizos del norte y del sur, como parte del Plan de Migración y Desarrollo.

Por lo pronto, no se prevé que la Guardia Nacional se retire de labores de control migratorio e incluso es probable que su presencia aumente, lo que abre la puerta a más detenciones de migrantes y más quejas por posibles violaciones a los derechos humanos.

Por una Guardia Nacional ciudadana

La Guardia Nacional mantiene características predominantemente de un cuerpo militar, lo que podría incidir en más escenarios donde prevalezca el uso excesivo de la fuerza, aseguran expertos en seguridad en entrevista con Reporte Índigo.

  • La capacitación en esta materia por parte de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad, como las policías estatales y locales, es una necesidad urgente para evitar casos como el de La Boquilla, Chihuahua, o de sexenios anteriores como Tlatlaya, en el Estado de México; Iguala, en Guerrero, o Tanhuato, en Michoacán.

El escenario es adverso si se toma en cuenta que la Guardia Nacional, pese a ser un cuerpo de seguridad pública de carácter civil, está conformada en su mayoría por personal del Ejército y la Marina.

Dentro de las áreas en las que se tiene que mejorar, está la capacitación del personal para que aprenda sobre desescalamiento de la fuerza, es decir, a controlar el estrés en una situación de enfrentamiento para identificar que una vez que el enemigo está desarmado ya no tiene que lanzar municiones, sobre todo de alto poder.

  • Asimismo, las instituciones tienen que mejorar en materia de transparencia para que cualquier ciudadano, y sobre todo las organizaciones de la sociedad civil organizada, puedan tener información completa acerca de sus acciones para elaborar diagnósticos que incidan en las mejoras de los cuerpos policiacos y evitar así escenarios catastróficos.

La promoción de la cultura de la seguridad pública a través del uso de la fuerza bien regulada es un factor fundamental para el respeto a los derechos humanos.

Diagnostican uso de la fuerza de Guardia Nacional y corporaciones
Reporte Índigo consultó a Juan Manuel Aguilar Antonio y a Miguel Garza, especialistas del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE) y del Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE), respectivamente, quienes elaboran un diagnóstico del uso desproporcionado de la fuerza en nuestro país.

  • Vivimos un proceso de militarización de la seguridad pública, desde hace bastantes años hemos visto que tenemos complicaciones respecto al control de la incidencia delictiva, el control por ejemplo de las tasas de asesinatos, y eso está muy vinculado con el fenómeno que empieza con la guerra del narcotráfico a partir de 2008.- Juan Manuel Aguilar, Especialista de CASEDE

“Han habido muchos esfuerzos por parte de instituciones de seguridad civiles por atender estas problemáticas. La policía Federal fue un esfuerzo muy importante en esta materia, pero a pesar de esto, las estrategias de seguridad siempre han sido fallidas”, considera el especialista de CASEDE.

Lo anterior, en un contexto en el que las Fuerzas Armadas han tomado un papel preponderante en labores de seguridad pública y en otras más que no corresponden a su naturaleza, como el combate a los grupos de la delincuencia organizada, en diferentes puntos del territorio nacional.

Para Miguel Garza, integrante del Instituto para la seguridad y la democracia (INSYDE), es importante contar con una entidad civil capacitada para las acciones de seguridad pública. La cual tendría que estar capacitada para servir a los ciudadanos, y no tanto para mostrar poderío con sus armas de grueso calibre.

  • “En eso uno ve un salto bien importante entre cuál debería ser la función de una policía civil, de una institución civil, como se supone que es la Guardia Nacional. Está el ejemplo de la Guardia Civil Española, que nace siendo también una institución militar pero ahora tiene unos niveles de legitimidad muy interesantes, muy importantes, y que está orientada a la comunidad. Es decir, es una institución policial que el centro de su diseño es la comunidad”, explica el especialista.

Es muy importante que en este escenario los elementos de todas las corporaciones de seguridad tengan una correcta capacitación en el uso de la fuerza y en materia de derechos humanos que regulen sus intervenciones.

  • “Es diferente la formación, pero no sólo eso, las instituciones militares son mucho más opacas en términos de rendición de cuentas, de información abierta disponible para revisar actuaciones, la cosa se complica más también cuando se militariza una institución. Y la prueba es que ya reservaron información”, detalla Miguel Garza.

El documento realizado entre ambos especialistas indica que, si bien es cierto que en México se dispone de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza (LNUF), existe poca información sobre cuáles son los protocolos por los que se rigen las fuerzas del orden —sean civiles o militares—, así como de las capacitaciones que han recibido, en especial aquellas que competen a la reacción en situaciones de combate.

“Hay momentos en los que no se requiere el uso de las armas de fuego, ya que no existe ningún fundamento suficiente para que se acredite su uso de forma adecuada, en especial en situaciones como pueden ser manifestaciones”, explica el documento.

Ejército, sin quejas por violaciones de Derechos Humanos

El secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, afirmó que al momento no hay ninguna queja ni recomendaciones en materia de Derechos Humanos generadas por la actuación de los militares en operaciones.

  • El funcionario explicó que destacó que con el actual gobierno hay una clara instrucción, bien acatada por el personal castrense, de no violar los Derechos Humanos, lo que ha dado como resultado que en estos más de tres años no se tengan oficios al respecto.
  • “En esta administración ha sido todavía más directa la orden de no violentar los Derechos Humanos y nuestro personal ha entendido que podemos cumplir las misiones asignadas sin realizar ningún acto que se califique como violencia a Derechos Humanos y vamos a seguir por ese camino”, dijo.

Sandoval González destacó que hay avances en la capacitación del personal de la Sedena, la Marina-Armada de México y la Guardia Nacional en la materia, gracias al convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

  • Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que se continuará con la vigilancia del respeto de los Derechos Humanos por parte de las Fuerzas Armadas.
  • Además resaltó que la Marina, la Sedena y la Guardia nacional son las tres instituciones que, de acuerdo con el INEGI, tienen mayor confianza por parte de la ciudadanía.

De acuerdo con el estudio, entre marzo y abril, 90.2 por ciento de la ciudadanía mayor de edad tiene confianza en la Marina-Armada de México, 87.8 por ciento en el Ejército y 82.7 por ciento en la Guardia Nacional.

Guardia Nacional ha investigado al 8% de sus elementos

A poco más de dos de su creación, la Guardia Nacional ha abierto carpetas de investigación a 7,740 de sus elementos por haber incurrido en conductas de abuso de autoridad, extorsión, agresiones, violación a derechos humanos, robo, acoso sexual, entre otros delitos.

Constituida en junio de 2019, la Guardia Nacional actualmente tiene una fuerza operativa de 99,946 elementos, de los cuales 92,006 están desplegados en las 32 entidades del país.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Expansión Política, al 8% de los integrantes de la Guardia Nacional se les ha abierto alguna carpeta de investigación.

El presidente

Andrés Manuel López Obrador ha defendido el actuar de la Guardia Nacional
y ha asegurado que es una institución creada para proteger al pueblo y que en su actuar, no viola derechos humanos.
Sin embargo, expertos en seguridad han alertado que la Guardia Nacional, al estar compuesta por más de 70% de militares y marinos, no está capacitada para realizar tareas de seguridad sin incurrir en violaciones o malas conductas.

“Los militares no deben hacer actividades de seguridad pública porque no están formados en atención a víctimas, no están formados en investigar delitos, en procesar escenas de delitos, en relaciones comunitarias. Esa formación no la tienen y no es que se les pueda capacitar de un día para otro”, advierte Lilian Chapa Koloffon, especialista en seguridad pública y consejera en el Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., (Insyde).

Entre las conductas que han ameritado que la institución abriera alguna carpeta de investigación destacan: extorsión, agresión física y verbal, violación a derechos humanos, acoso sexual, enriquecimiento ilícito, homicidio, tortura, solicitud de dádivas, delitos contra la salud, cohecho y secuestro.

A sus integrantes, incluso, se les han abierto carpetas de investigación por involucrarse en delitos que debían combatir, como el robo a hidrocarburos. Sobre ese particular, la Guardia Nacional tiene abiertas cinco investigaciones contra algunos de sus miembros por su presunta responsabilidad en huachicol.

Junto a las Fuerzas Armadas, los elementos de la Guardia Nacional están desplegados para cumplir con estas tareas:

  • Operaciones para la construcción de la paz: 77,620
  • Plan de Migración y Desarrollo en la frontera norte y sur: 28,395
  • Atención a desastres: 16,099
  • Seguridad a instalaciones estratégicas: 8,229
  • Erradicación Intensiva de plantíos ilícitos: 3,887
  • Operaciones par el combate al mercado ilícito de combustible: 3,369
  • Entrega de enseres en Tabasco y Chiapas: 1,364
  • Vigilancia del territorio y espacio aéreo nacional: 1,088
  • Estrategia de fortalecimiento de aduanas: 942

La Guardia Nacional, que encabeza el general Luis Rodríguez Bucio, informó que desde su creación y hasta el pasado 15 de septiembre ha dado de baja a 186 de sus integrantes:

  • Remoción del cargo: 76
  • Cese: 33 elementos.
    Destitución: un miembro.
  • Inhabilitación: dos guardias.
  • Pérdida de la confianza: tres integrantes.
  • Separación del servicio: 71 elementos.

A otros 35 se les dio de baja, pero porque concluyeron con su servicio a la Guardia Nacional./Agencias-PUNTOporPUNTO

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