En América Latina y el Caribe, una de cada cinco niñas contrajo matrimonio o mantenía una unión temprana antes de cumplir 18 años, estableció el estudio Acercamiento a los matrimonios y uniones infantiles tempranas y/o forzadas en México, realizado por el Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa).
- A nivel global, México se coloca como el décimo país con el mayor número absoluto de mujeres adolescentes que se casaron o unieron antes de cumplir la mayoría de edad, y el segundo en la región, de acuerdo con cifras del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).
Asimismo, se estima que 10.4 millones de mujeres de 15 años y más se casaron o unieron antes de los 18 años, y que de ellas, 4 por ciento lo hicieron antes de cumplir quince.
- Para erradicar el matrimonio infantil y las uniones tempranas o forzadas, en México se han realizado diversos esfuerzos en materia legislativa y política pública: la reforma a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, que estableció 18 años como edad mínima para el matrimonio; las reformas en 2019 al Código Civil Federal, que eliminaron las dispensas y excepciones, y la tipificación en el Código Penal de la cohabitación forzada de personas menores de 18 años en 2023.
A ello se suma la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo Adolescentes; sin embargo, la problemática ahora se ha trasladado a las uniones informales o de hecho, alertó Unicef. Puntualizó que lo anterior ocurre especialmente en zonas rurales y en algunas poblaciones indígenas.
Esta semana se informó del caso de la niña Deisy, oriunda de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, quien tuvo graves afectaciones por la gestación y el parto ya que su cuerpo no tenía el desarrollo anatómico requerido para ello. El caso de maternidad infantil generó rechazo entre agrupaciones feministas y defensoras de los derechos de la infancia, que consideraron que la maternidad forzada persiste en México, y que “la gestación en la infancia es tortura y es violencia”.
- El estudio detalló que las uniones tempranas se vinculan a embarazos infantiles y adolescentes, violencia de género, deserción o no asistencia a la escuela (70 por ciento de las niñas en esa condición no asisten al colegio), pobreza, limitación de oportunidades, migración y trabajo infantil.
- Unicef enfatizó que los estados con mayor número de adolescentes en unión temprana son Guerrero, Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Puebla; precisa que, aunque hubo una leve disminución de 3.2 por ciento entre 2014 y 2023, el fenómeno sigue presente.
Advirtió que las niñas y adolescentes tienen mayor o menor protección dependiendo del estado en dónde vivan; por ejemplo, Chihuahua, Coahuila, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán no han armonizado su Ley Estatal con la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sobre la edad mínima para contraer matrimonio.
México ocupa el lugar 10 mundial en matrimonio infantil
México se ubica entre los países con mayor incidencia de matrimonio infantil, al ocupar el segundo lugar en América Latina y el décimo a nivel mundial en número absoluto de adolescentes mujeres casadas o unidas antes de los 18 años, de acuerdo con datos de Unicef, plataformas como Girls Not Brides y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
Las Secretarías Ejecutivas del Sistema Nacional y de los Sistemas Estatales de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) reiteraron su rechazo a cualquier forma de matrimonio infantil o unión forzada, al señalar que estas prácticas constituyen una violación grave a los derechos humanos y afectan de manera desproporcionada a niñas y adolescentes.
El organismo subrayó que ninguna forma de unión antes de los 18 años es aceptable, al enfatizar que deben prevalecer principios como el interés superior de la niñez, la autonomía progresiva, la igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencias.
Consecuencias del matrimonio infantil en México
De acuerdo con el pronunciamiento de SIPINNA, el matrimonio infantil genera consecuencias directas en el desarrollo de niñas y adolescentes, entre ellas:
- Abandono escolar
- Embarazo adolescente
- Exposición a diversas formas de violencia
- Limitación del desarrollo pleno
El organismo destacó que los derechos de niñas, niños y adolescentes son universales e irrenunciables, por lo que ninguna costumbre, contexto cultural o diferencia regional puede colocarse por encima de estas garantías.
Prohibición legal y persistencia de uniones tempranas
En 2020, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que la edad mínima para contraer matrimonio en México es de 18 años, sin excepciones, en las 32 entidades federativas.
Sin embargo, la prohibición legal no erradicó por completo el matrimonio infantil, especialmente en comunidades indígenas y rurales, donde persisten prácticas basadas en usos y costumbres, así como motivaciones culturales, económicas o religiosas.
Matrimonios de menores registrados en 2024
La Estadística de Matrimonios (EMAT) del Inegi reportó que durante 2024 se registraron siete matrimonios en los que al menos una de las personas contrayentes era menor de edad. Los casos se distribuyeron de la siguiente forma:
- Michoacán: 2
- Chiapas: 1
- Durango: 1
- Nuevo León: 1
- Quintana Roo: 1
- Sonora: 1
En ese mismo año, el grupo de 15 a 19 años concentró la mayor proporción de matrimonios de personas menores de 18 años, con 2.7% en mujeres y 1.1% en hombres. La edad más baja registrada entre contrayentes fue de 16 años.
Niñas y adolescentes, las más afectadas
La doctora Alma Patricia Piñones Vázquez, del Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM, señaló que el matrimonio infantil afecta principalmente a niñas, debido a factores como pobreza, normas sociales, tradiciones culturales y desigualdad de género.
Entre las consecuencias documentadas se encuentran el abandono escolar, la violencia, los embarazos tempranos y riesgos para la salud física y mental.
Acciones recientes del gobierno federal
El 22 de mayo, durante la conmemoración del Día de la Niñez, representantes de UNFPA y Unicef alertaron sobre la persistencia de uniones forzadas en México. Dos meses después, colectivos feministas entregaron información basada en registros de la Secretaría de Salud, lo que derivó en la apertura de investigaciones por parte del Gobierno federal.
En agosto, la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Citlalli Hernández Mora, presentó la estrategia “Niñas y Adolescentes Libres y Seguras”, que se implementará en 50 municipios de 21 estados, como parte de la ENAPEA, con recursos del FOBAM.
Caso reciente en Chiapas
Uno de los casos más recientes ocurrió en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde una niña de 13 años dio a luz el 8 de enero de 2026. Tanto ella como su hija presentaron complicaciones médicas y el caso es investigado por la Fiscalía General del Estado como posible abuso sexual infantil o matrimonio forzado.
¿Qué países de América Latina y el Caribe permiten el matrimonio infantil?
Por ese motivo, Juan Martín Pérez, coordinador de la iniciativa Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, prefiere hablar de «uniones infantiles o tempranas», para abarcar la problemática de forma más amplia: «Los matrimonios infantiles, en realidad, son un porcentaje pequeño de este complejo problema. Para nosotros es muy importante colocar el énfasis en las uniones infantiles o tempranas».
En la región, el matrimonio infantil se encuentra prohibido actualmente en Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana (ver gráfico). Los países que permiten el matrimonio a partir de los 16 años con autorización de los padres, representantes legales o de un juez son Bolivia, Brasil, Chile, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
Como «más preocupante», el informe de Cepal califica la situación de países donde está permitido casarse antes de los 16 años por «motivos justificados», como Colombia y Argentina. Por ejemplo, en Colombia las niñas pueden casarse a partir de los 14 años con autorización de sus padres o representantes legales, y en Argentina una menor de edad que no haya cumplido 16 años puede contraer matrimonio previa dispensa judicial.
La representante de la Cepal recuerda que los matrimonios y las uniones infantiles, tempranas y forzadas «constituyen una violación a los derechos humanos de los menores, son fenómenos complejos relacionados con desigualdades de género, violencia, pobreza, abandono escolar, embarazo adolescente y políticas inadecuadas que ponen en riesgo el presente y futuro de niñas y adolescentes». Asimismo, resume, «estas prácticas nocivas limitan fuertemente la autonomía económica, física y en la toma de decisiones de mujeres y niñas, y les entorpece el camino hacia su pleno desarrollo».
Por su parte, el activista mexicano Pérez indicó que todos los estudios coinciden en el patrón: «La evidencia nos muestra que una niña que vive en una unión temprana o un matrimonio infantil en menos de un año estará embarazada e inmediatamente tendrá otro hijo». Además, agrega, los hijos de estas menores también están predestinados a ello. Es decir, a la pobreza y la discriminación estructural.
- Sin acciones e inversiones de los gobiernos, sostiene la Cepal en su informe, la región tendrá para el año 2030 el segundo índice más elevado de uniones infantiles, por detrás, únicamente, de África Subsahariana. Un reto bastante relevante para los Estados es enfrentar los vacíos de información.
«Los Estados deben actuar en diversas líneas para eliminar los matrimonios y uniones infantiles. Hay que romper el silencio estadístico para contar con evidencia para la formulación de políticas específicas», señala Güezmes. «Actuando desde la perspectiva de la igualdad de género, considerando los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con un enfoque interseccional que favorezca el desarrollo de políticas integrales que puedan hacerse cargo en el tiempo de la complejidad de este fenómeno» propone.
En México, por ejemplo, cuenta Pérez, cuando una menor embarazada llega a un hospital es atendida sin mayor complicación, cuando, en realidad, esto tendría que ser motivo de seguimiento. «Entonces, esa permisividad institucional demuestra también que el paradigma de los derechos humanos de niños y niñas, así como la lucha contra la desigualdad de las mujeres, no ha calado todavía en las instituciones de casi toda la región», lamenta.
En América Latina, cada 15 minutos una niña da a luz
América Latina y el Caribe es la única región del mundo con una tendencia ascendente de embarazos en niñas menores de 15 años: 36 mil niñas dan a luz cada año, lo que equivale a una niña cada 15 minutos. También la prevalencia de los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados (en especial de las uniones) no ha disminuido en más de 25 años.
Sin embargo, estas cifras siguen siendo tratadas como problemas aislados y que deben resolverse a nivel familiar, cuando en realidad son la evidencia más grave de la violencia sexual que enfrentan las niñas (incluso dentro del hogar y la escuela) y de la falta de respuesta de los sistemas que deberían protegerlas.
Los impactos en la vida de las niñas son devastadores especialmente en las zonas rurales: incrementa el riesgo de mortalidad materna y afectaciones a la salud (física y mental), las expulsa de la escuela, las fuerza a asumir trabajos de cuidado de tiempo completo y las atrapa en ciclos de pobreza y violencia que se repiten de generación en generación.
- El informe global de Plan International “Déjame ser una niña, no una esposa”, que recoge los testimonios de 251 niñas y mujeres jóvenes en 15 países incluyendo Colombia, Ecuador, Guatemala y República Dominicana, confirma que los embarazos en menores de 18 años y los matrimonios y uniones infantiles son causa y consecuencia una de la otra. La situación es mucho más grave si se trata de niñas menores de 15 años ya que significa, sin excepción, invisibilizar y aceptar la violencia sexual y las maternidades forzadas.
“Detrás de las cifras hay niñas a quienes se les han vulnerado sus derechos y les han robado su infancia, su educación y su proyecto de vida. Un embarazo en una niña menor de 15 años es siempre consecuencia de violencia sexual, y necesitamos que los Estados respondan con la urgencia que esta crisis amerita” señaló Amalia Alarcón, Gerente Regional de Programas de Plan International
- La exposición pública de niñas sobrevivientes de violencia sexual y embarazo infantil forzado que recientemente ocurrió en Perú, vulneró sus derechos al revelar su identidad y también puso en evidencia tanto la gravedad de estas problemáticas en América Latina y el Caribe, como la urgencia de ponerlas en el centro de las agendas de trabajo.
La prevención de la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas y la respuesta institucional urgente deben ser una prioridad de los países, y deben garantizar sobre todo su bienestar sin exponerlas a más violencia. Aunque existen leyes y protocolos que deberían proteger de forma integral a las niñas que viven un embarazo producto de la violencia sexual, en muchos casos no se cumplen. La desinformación y barreras institucionales les impiden acceder a medidas de restitución de derechos, y a la justicia.
Plan International hace un llamado urgente a los Estados de la región, las familias y la sociedad civil a que reconozcan el embarazo infantil y la violencia sexual contra niñas como una vulneración de derechos que debe ser atendida de manera urgente. Es esencial fortalecer los sistemas de protección de la niñez con un enfoque centrado en las niñas, para garantizar la prevención y que las sobrevivientes reciban reparación integral para devolverles su infancia, y cumplir sus proyectos de vida./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
