Perredistas piden a Sedena aplique artículo 57 del Código de Justicia Militar

RITA MAGAÑA TORRES

Senadores del PRD solicitaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que, conforme al artículo 57 del Código de Justicia Militar, los probables responsables de la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, sean puestos a disposición de un juez del fuero civil.

En punto de acuerdo que los perredistas Alejandro Encinas y Dolores Padierna, presentaron ante el pleno del Senado solicitaron que las secretarías de Gobernación, Marina y Sedena envíen un informe detallado sobre la política de combate al crimen.

Dolores Padierna argumentó que entre 2003 y 2013 han aumentado en 600 por ciento los casos de tortura en México por agentes de seguridad, acorde a estudios de Amnistía Internacional.

Lamentó que este incremento de la tortura se de en un gobierno que prometió cambiar la estrategia de combate a la delincuencia y privilegiar las labores de estrategia y prevención de actos ilícitos.

La muerte de 20 civiles a manos de militares en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, en junio pasado, se da en el contexto del aumento de abusos de la autoridad, que en este caso se revelaron tras reportes periodísticos, precisó.

Esclarecer estos hechos es vital para la democracia, donde no se pueden admitir este tipo de violencia, Tlatlaya es un recordatorio de la urgente necesidad de que se cambie la estrategia contra la delincuencia, enfatizó.

Advirtió que la propaganda gubernamental no convencerá a la ciudadanía de que hay una disminución sensible en los asesinatos y otros delitos de impacto, pues las cifras oficiales lo desmienten.

Por ello, agregó que es necesario emprender acciones que hagan efectiva la obligación de los órganos del Estado de salvaguardad la seguridad, integridad física y los derechos humanos de la población.

En el punto de acuerdo se solicita que la Comisión de la Defensa Nacional dé seguimiento a las investigaciones del caso Tlatlaya y gestione una entrevista, en un plazo no mayor a 15 días, con Cinthia Nava y Patricia Morales testigos presenciales de los hechos, detenidas en el Centro Femenil –Noroeste en Tepic, Nayarit.

También, pidieron la presencia del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plascencia, para analizar el trabajo del organismo frente a las reiteradas violaciones de las garantías de la población por parte de autoridades de gobierno.

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