Durante más de dos décadas, la desigualdad o brecha digital se ha referido sobre todo a la dificultad o imposibilidad de acceso a internet de millones de personas en el mundo. Desde finales del siglo XX, las políticas públicas relativas a las tecnologías de la información y la comunicación se han centrado en garantizar conexión, dispositivos y alfabetización tecnológica básica. La idea detrás de estos esfuerzos era que, si todos podíamos conectarnos, todos podríamos acceder a las mismas oportunidades digitales.
- En gran parte del mundo desarrollado, ese objetivo se ha cumplido. En la Unión Europea, más del 95 % de los hogares con menores tiene conexión a internet, según Eurostat. En países como Estados Unidos, Reino Unido, Corea del Sur o Australia, más del 90 % de los adolescentes tiene smartphone.
- En este contexto, el acceso ha dejado de ser un problema. Sin embargo, los datos comparados muestran que la desigualdad digital no ha desaparecido. Simplemente ha cambiado de forma.
- La diferencia ya no está en quién puede conectarse, sino en quién tiene la capacidad de controlar esa conexión sin dejarse manipular o manejar por los algoritmos. En otras palabras, la desigualdad se ha desplazado a la forma de regular el uso de la tecnología.
Cómo se usa: la nueva brecha
La investigación sociológica lleva décadas señalando este fenómeno. Cuando un bien se democratiza, la ventaja cambia de lugar. Ya no es una ventaja tener acceso, pues todos lo tenemos. Ahora la verdadera ventaja es tener conocimientos y capacidad para usar o limitar este acceso. Varias encuestas internacionales del Pew Research Center en Estados Unidos, de Ofcom en Reino Unido y de UNICEF confirman este desplazamiento: las diferencias sociales aparecen ahora en cómo se utiliza la tecnología en el hogar.
- No estamos ante una brecha económica clásica. Las familias con mayor nivel educativo tienen acceso a información y tiempo para involucrarse más en el uso que sus hijos dan a los dispositivos. Esto hace que, por ejemplo, suelan retrasar la entrega del primer smartphone. También tienden a establecer límites horarios más claros, a la vez que acompañan el uso digital de sus hijos. Por el contrario, en hogares con menor capital cultural, el dispositivo suele llegar antes y las normas de uso suelen ser menos claras o menos constantes.
Esto es así porque tener un smartphone y acceder a internet supone utilizar plataformas de redes sociales diseñadas para maximizar la interacción y el tiempo de uso. En ese contexto, regular exige información, coherencia y constancia. Y, en el caso de los menores, dar ejemplo con el propio uso.
Nivel educativo, más determinante que el económico
Tiene sentido, por lo tanto, que los datos internacionales indiquen que la regulación digital depende más del nivel educativo de los padres que de sus ingresos. La educación de los progenitores influye en cómo se interpreta la evidencia sobre el uso problemático de la tecnología. También afecta a la disposición a establecer normas claras, al control del tiempo de exposición y a la forma de reaccionar ante señales como la irritabilidad al retirar el dispositivo o la interferencia con el sueño.
Y la brecha de regulación no solo supone que los menores de familias con menor capital cultural o educación sean más vulnerables a problemas de salud mental como ansiedad o depresión; tiene efectos significativos también en la educación fuera del hogar. Los menores cuyo uso de dispositivos y redes es precoz o está poco regulado tienen mayores dificultades para aprovechar la instrucción formal en la escuela.
Por ejemplo, evaluaciones internacionales como el Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestran diferencias sociales claras en lectura y en concentración sostenida. Aunque este tipo de estudios no permite establecer una relación causal simple entre vulnerabilidad social y peores niveles en comprensión lectora o capacidad de concentración, sí nos permite observar cómo el uso de la tecnología puede amplificar desigualdades existentes.
Nuevos indicadores y nuevas estrategias
La situación obliga a revisar las estrategias digitales y empezar a medir lo que realmente importa. La mayoría de las estadísticas siguen centradas en acceso y equipamiento, indicadores que pertenecen a la primera brecha digital.
- Si la desigualdad se desplaza hacia la regulación, para evitar que la nueva brecha permanezca oculta convendría empezar a medir datos como la edad de entrega del primer smartphone, así como la existencia de normas familiares o el uso nocturno. Sin esos indicadores específicos, la brecha no puede observarse con claridad.
Las familias necesitan apoyo e información clara y aplicable. Las campañas de salud pública han demostrado que la información basada en evidencia puede modificar hábitos cuando se mantiene en el tiempo y se acompaña de decisiones estructurales.
El caso del tabaquismo es paradigmático. No solo la información ha reducido su consumo, sino la combinación de advertencias visibles, restricciones de uso y cambios en el entorno social.
Algo similar ocurre con la alimentación, donde el etiquetado y las recomendaciones institucionales han contribuido a oriental las decisiones de consumo. En el ámbito digital, organismos como UNICEF o distintas asociaciones pediátricas llevan advirtiendo de forma reiterada sobre los riesgos de un uso intensivo de pantallas en la infancia, pero ese conocimiento no siempre se traduce en orientaciones operativas para todas las familias.
Facilitar las decisiones correctas
La regulación digital requiere un enfoque comparable, pero más exigente. No basta con informar. Es necesario facilitar que las decisiones correctas sean también las más sencillas. Se deben ofrecer orientaciones claras y culturalmente adaptadas, lo que implica reconocer que las familias no parten del mismo punto.
- Las recomendaciones generales suelen funcionar en contextos con alto capital educativo, pero pierden eficacia cuando no se ajustan a las condiciones reales de vida de muchos hogares.
En la práctica, esto exige pasar de mensajes genéricos a herramientas concretas como guías claras por edades, programas de acompañamiento desde la escuela, formación accesible para familias y sistemas de control integrados en los propios dispositivos que no requieran conocimientos técnicos. Hoy, gran parte de esta responsabilidad recae casi exclusivamente en las familias, en un entorno diseñado precisamente para maximizar el uso. Mientras no se equilibre esa asimetría, la capacidad de regular seguirá siendo un privilegio más que una competencia generalizada.
Autorregulación de las plataformas
También es necesario revisar los incentivos del ecosistema digital. Como se ha comentado anteriormente, si la regulación depende solo de la vigilancia parental la desigualdad tenderá a crecer, porque no todas las familias disponen del mismo tiempo, información o capacidad para supervisar el uso que hacen sus hijos de los dispositivos.
- Los debates actuales sobre verificación de edad, transparencia algorítmica o diseño responsable apuntan a una redistribución de esta carga para que la regulación sea también responsabilidad de las propias plataformas.
En la práctica, esto implicaría exigir a las plataformas sistemas efectivos de verificación de edad que limiten el acceso a determinados contenidos, mayor claridad sobre cómo funcionan los algoritmos de recomendación y qué tipos de contenidos priorizan, así como cambios en el propio diseño de las aplicaciones para reducir dinámicas de uso intensivo, como la reproducción automática, las notificaciones constantes o el desplazamiento infinito. También supondría incorporar por defecto herramientas de control y gestión del tiempo de uso accesibles y fáciles de configurar.
Este tipo de medidas no eliminan la responsabilidad de las familias, pero sí corrigen una asimetría evidente: la de un entorno diseñado para maximizar la atención frente a usuarios que deben a aprender a limitarla por sí solos.
Alfabetización digital en la escuela
La escuela también tiene un papel clave. Durante años ayudó a reducir la brecha de acceso con programas de dotación tecnológica. Ahora debe afrontar una nueva tarea: integrar las herramientas digitales con objetivos pedagógicos claros. Al mismo tiempo, es necesario generar (y proteger) espacios de concentración sostenida: solo de esta manera podemos garantizar que todos los menores tengan la oportunidad de desarrollar sus capacidades cognitivas libres de interferencias tecnológicas.
La nueva brecha digital no se observa en quién tiene un teléfono, sino en quién controla su influencia. En una sociedad con conexión casi universal, el reto ya no es solo garantizar acceso, sino asegurar condiciones equitativas para gestionarlo. Si no se actúa desde políticas públicas, educación y regulación tecnológica, esta brecha puede ampliarse y traducirse en trayectorias sociales divergentes.
- Por un lado, ciudadanos con mayor capacidad crítica, capaces de interpretar la información, regular su tiempo digital y tomar decisiones informadas sobre el uso de la tecnología. Por otro, perfiles más vulnerables, con mayor exposición a contenidos de baja calidad, más dependientes de dinámicas de consumo impulsivo y con menor capacidad para identificar desinformación o limitar su propio uso.
Esta diferencia no solo afecta al bienestar individual, sino también a dimensiones como el aprendizaje, la participación social o a la calidad del debate público. Si el control del entorno digital se convierte en un recurso desigual, la tecnología dejará de ser un factor de oportunidad para convertirse en un amplificador de las brechas existentes.
Se necesitan 2,7 billones de dólares para conectar a toda la humanidad en 2030
Un informe detalló los recursos necesarios para cerrar la brecha digital mundial. Según el documento, ampliar las redes de banda ancha para poblaciones desatendidas representa el mayor costo. Además, los 46 países menos desarrollados del mundo se encuentran significativamente rezagados.
Lograr una conectividad universal y significativa a internet para 2030 requiere una inversión de entre 2,6 y 2,8 billones de dólares, según el Plan de Acción para Conectar a la Humanidad.
- El informe fue publicado en septiembre de 2025, por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo de las Naciones Unidas para las tecnologías digitales, y la Comisión de Comunicaciones, Espacio y Tecnología (CST) del Reino de Arabia Saudita.
- El documento detalló los desafíos, los costos proyectados y las estrategias de colaboración necesarias para garantizar que todas las personas, en todo lugar, puedan usar internet, incluyendo el estimado de un tercio de la humanidad que aún permanece desconectado.
«La conectividad digital significa crear oportunidades para la educación, el empleo y el acceso a servicios esenciales que pueden transformar vidas y comunidades», dijo la secretaria general de la UIT.
Doreen Bogdan-Martin subrayó que, “si bien se necesitan recursos significativos para conectar a todos de manera significativa, estas inversiones contribuirán a un futuro digital próspero para todos”.
La UIT estimó que aún hay 2600 millones de personas excluidas del mundo digital, siendo la conectividad un factor estrechamente vinculado al nivel de desarrollo socioeconómico. En 2024, se estimó que el 93% de la población en los países de altos ingresos utilizaba internet, en comparación con solo el 27% en los países de bajos ingresos.
- La infraestructura digital requiere 1,5 a 1,7 billones de dólares. Ampliar las redes de banda ancha para poblaciones desatendidas representa el mayor costo. El informe estima los costos de desplegar redes de fibra óptica en áreas urbanas y sus alrededores, redes inalámbricas fijas 4G en regiones rurales y satélites en las ubicaciones más remotas.
- Mejorar la asequibilidad necesita 983.000 millones. Así, reducir el costo de los teléfonos inteligentes y los servicios de banda ancha, tanto fijos como móviles, es vital para que personas y hogares en todo el mundo, especialmente en regiones de bajos ingresos, puedan conectarse y mantenerse en línea.
- En cuanto a las habilidades digitales, 152.000 millones de dólares. La conectividad por sí sola no es suficiente: las personas deben tener las habilidades necesarias para usar internet de manera efectiva. Invertir en iniciativas de alfabetización digital a gran escala puede empoderar a las personas para acceder a la educación en línea, conseguir mejores empleos y participar activamente en una sociedad impulsada por lo digital.
Por último, el ámbito de políticas y regulación requiere 600 millones de dólares. Modernizar las regulaciones y crear entornos políticos a nivel mundial es esencial para desbloquear eficiencias y promover la innovación.
Como lo destacó el informe, el progreso global en conectividad ha sido desigual, y los 46 países menos desarrollados del mundo se encuentran significativamente rezagados debido a barreras de financiación, falta de experiencia técnica e infraestructuras poco confiables.
Para enfrentar estos desafíos, la UIT hizo un llamado a adoptar enfoques empresariales innovadores y a una colaboración renovada entre gobiernos, la industria tecnológica, instituciones financieras de desarrollo y la sociedad civil, con el fin de cerrar las brechas actuales y evitar que surjan nuevas, especialmente en áreas como la inteligencia artificial.
El informe concluyó con recomendaciones para acelerar la inclusión digital a nivel mundial, entre ellas: utilizar las escuelas como puertas de entrada al acceso a internet, invertir en infraestructura energética en África y mejorar la recopilación dentro de los países.
Persiste la brecha digital a pesar de mayor inclusión tecnológica: BdeM
Aunque el acceso y el uso de tecnologías digitales han avanzado de manera sostenida en México en años recientes, las diferencias regionales siguen prácticamente sin cambios. Un análisis del Banco de México señala que entre 2017 y 2024 la inclusión digital mostró mejoras generalizadas, pero el norte y las regiones centrales mantienen niveles más altos, mientras el sur enfrenta rezagos asociados principalmente con el acceso a infraestructura y las condiciones económicas de los hogares.
- El estudio considera, además de la disponibilidad de Internet, la capacidad efectiva para costear, usar y aprovechar las tecnologías digitales en actividades educativas, laborales, financieras y gubernamentales.
- El BdeM elaboró un índice global de inclusión basado en cinco dimensiones: acceso digital, gasto en conectividad, condiciones económicas, uso de servicios digitales y habilidades tecnológicas. El análisis se elaboró con información de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía para los años 2017, 2018 y de 2020 a 2024.
Los resultados muestran una mejora sostenida en prácticamente todas las dimensiones, pero el indicador de acceso digital (que mide disponibilidad de Internet, dispositivos y calidad del servicio) revela disparidades persistentes entre las regiones del país.
Aunque en todas se observó una caída en 2020 (año en que empezó la pandemia de covid-19), cuando se registró el nivel más bajo de satisfacción con el servicio de Internet, se observó una recuperación progresiva. Para 2024, tanto el sur como el centro-norte superaron sus niveles previos a la pandemia, pero siguen rezagadas respecto al norte.
- El gasto en conectividad (recursos que los hogares destinan a servicios de Internet y telefonía celular) muestra una tendencia creciente en el norte y en las regiones centrales. En el sur, en cambio, se ha mantenido estancada en niveles inferiores desde 2018. No obstante, las diferencias regionales en esta dimensión son menos pronunciadas que las de acceso digital.
El análisis de las condiciones económicas, que identifica a los hogares que no cuentan con recursos suficientes para adquirir Internet o dispositivos como computadoras o tabletas, revela brechas más amplias entre regiones. En todas se registró un deterioro en 2020, seguido de una recuperación gradual en los años posteriores, lo que sugiere que las restricciones económicas explican una parte importante de la heterogeneidad regional en la inclusión digital.
En contraste, las dimensiones relacionadas con el uso y las habilidades digitales muestran un comportamiento más homogéneo entre regiones. El indicador de uso digital registra un incremento generalizado desde 2018, lo que apunta a un proceso de aprendizaje y mayor incorporación de las tecnologías en la vida cotidiana. No obstante, el norte mantiene la ventaja y el sur continúa con niveles inferiores.
Las habilidades digitales, por su parte, presentan niveles relativamente elevados en todas las regiones. El centro muestra la mayor ventaja relativa, mientras el sur no presenta diferencias estadísticamente significativas frente al norte y al centro-norte. El BdeM explica que estas mediciones reflejan principalmente diferencias en competencias entre quienes ya utilizan tecnologías digitales, más que brechas en el acceso inicial.
El banco central concluye que los resultados de las cinco dimensiones del índice global de inclusión digital confirman un avance generalizado entre 2017 y 2024. Sin embargo, persisten rezagos estructurales vinculados al acceso y a las condiciones económicas./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://www.itu.int/dms_pub/itu-s/opb/gen/s-gen-invest.con-2025-pdf-e.pdf
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