La censura contra periodistas en México ya no solo se ejerce con “golpes o balas”, sino también mediante vigilancia estatal, control de datos y opacidad institucional, en medio de un aumento regional de agresiones y presiones contra la prensa, alertó este miércoles la organización Artículo 19.
- “La violencia es la punta del iceberg de estructuras cada vez más sofisticadas de silencio”, advirtió el director regional de Artículo 19, Leopoldo Maldonado, al presentar el informe anual sobre libertad de expresión en México y Centroamérica ‘Estructuras del silencio: censura, opacidad y vigilancia’.
- En 2025, Artículo 19 documentó 451 agresiones contra la prensa en México, es decir, una cada 19 horas.
- Entre ellas, siete asesinatos, una desaparición y ocho intentos de asesinato relacionados con su labor periodística, además de un incremento de 7 % en el acoso judicial contra la prensa, equivalente a una nueva acción legal cada semana.
- Además, Maldonado advirtió que la violencia contra periodistas y personas buscadoras responde al mismo fenómeno de “silenciamiento” y alertó que 2025 fue el año más letal para quienes buscan a sus seres queridos desaparecidos, con siete asesinatos y cuatro desapariciones.
“Cuando preguntar es peligroso, cuando buscar es peligroso, cuando informar es peligroso, estamos ante el mismo fenómeno de silenciamiento”, enfatizó.
Según la ONG, el “ambiente hostil” representó 44 % de las agresiones contra la prensa registradas en el país, seguido por abuso del poder público, con 34 %, y violencia física, con 12 %.
Ciudad de México, Puebla, Michoacán, Veracruz y Oaxaca concentraron la mayoría de los casos.
En ese sentido, Maldonado indicó que México se ha convertido en un “laboratorio de nuevas tendencias” de censura, marcado por el uso de tecnologías de vigilancia y el debilitamiento de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
En concreto, señaló como “un punto de quiebre” la desaparición del órgano autónomo de transparencia en 2024, al considerar que esto debilitó el acceso ciudadano a información pública y fortaleció mecanismos de control estatal.
“El Estado cada vez más sabe de nosotros. La ciudadanía cada vez sabe menos del Estado”, afirmó.
- El informe también retomó los documentos judiciales revelados en el litigio entre WhatsApp y NSO Group, empresa desarrolladora del software Pegasus, los cuales documentaron 456 ataques en México a través de este sistema de espionaje utilizado para intervenir teléfonos celulares.
- “Cuando las personas saben que pueden ser vigiladas y al mismo tiempo enfrentan obstáculos para acceder a información pública confiable, cambia lo que podemos decir, lo que podemos investigar y lo que nos podemos atrever a preguntar”, sostuvo Maldonado.
- A nivel regional, Artículo 19 documentó 674 agresiones contra la prensa en México, Guatemala, Honduras y El Salvador, además de 12 asesinatos de periodistas vinculados con su labor durante 2025.
Guatemala registró 91 agresiones y tres asesinatos de periodistas; Honduras acumuló 77 agresiones y dos asesinatos; mientras que en El Salvador se documentaron 55 agresiones y al menos 44 periodistas obligados al exilio en un año.
En Cuba, organizaciones locales contabilizaron mil 285 agresiones contra la libertad de expresión y 455 detenciones arbitrarias, mientras que en Nicaragua más de 300 periodistas han sido forzados al exilio en los últimos nueve años.
El ambiente hostil asfixia a los periodistas
La forma más visible de censura sigue siendo la más extrema. En 2025, Artículo 19 documentó siete asesinatos de periodistas en posible relación con su labor, además de una desaparición y al menos ocho tentativas de homicidio. Desde el año 2000, la cifra asciende a 176 periodistas asesinados. Se trata de crímenes que funcionan como mensajes colectivos que buscan inhibir, disciplinar y marcar los límites de lo que se puede publicar y lo que no, potenciando la impunidad.
- Las investigaciones suelen ser deficientes, no consideran la labor periodística como línea principal y, en muchos casos, derivan en procesos de revictimización. Incluso la Fiscalía especializada ha atraído apenas un número marginal de casos y en algunos ha descartado el vínculo con la labor informativa. El mensaje que se instala es claro: matar a un periodista es fácil y barato, y muy raramente se castiga.
- “Venimos arrastrando desde hace más de 20 años un nivel de violencia física, particularmente letal, muy alto, que sigue colocando a México como uno de los países sin una guerra declarada más letales para la prensa”, advierte Leopoldo Maldonado.
“Pero a eso hay que sumar que, en los últimos años, han proliferado toda una serie de estrategias para amedrentar a periodistas desde el discurso público, desde las campañas de desprestigio y el linchamiento digital. Y eso también genera un efecto inhibitorio grave”.
A la violencia letal se suma otra forma extrema de silenciamiento: la desaparición. En 2025 se documentó la desaparición de un periodista, pero el fenómeno es persistente: desde 2000, al menos 32 periodistas siguen desaparecidos. Se trata de un crimen continuado, que prolonga el miedo en el gremio y la incertidumbre en las familias.
Sin embargo, la censura en México ya no depende principalmente de la violencia física. El informe identifica como principal forma de agresión el llamado “ambiente hostil”, que concentra el 44% de los casos documentados. Esta categoría engloba discursos de estigmatización, amenazas, campañas de desprestigio y ataques en línea que, sin necesidad de recurrir a la violencia directa, generan un entorno de intimidación constante.
“Se ha incrementado muchísimo y tiene que ver con una narrativa que se impuso desde el gobierno de López Obrador, donde se colocó a la prensa como enemiga”, explica Maldonado. “Si bien la presidenta Sheinbaum ha reducido significativamente las menciones estigmatizantes, muchos otros actores políticos ya asumieron esa estrategia para desacreditar al mensajero y evitar discutir el mensaje”.
- Ese ambiente no sólo afecta a quienes son atacados directamente. “No solamente se inhiben las víctimas directas, sino también todo el entorno periodístico y las comunidades que reciben el mensaje de que ciertos temas no se pueden tocar”, agrega el director de Artículo 19.
- A esto se suma el abuso del poder público, que representa otro 33% de las agresiones. Aquí la censura adopta formas institucionales: acoso judicial, uso arbitrario de leyes, procedimientos administrativos y presiones desde autoridades. El dato más revelador es quién agrede: en más del 50% de los casos documentados, el Estado mexicano es el principal responsable.
- “De un año a otro, el acoso judicial creció 7%. En 2025 se inició un nuevo proceso legal contra periodistas o medios prácticamente cada semana”, subraya Maldonado.
La mayoría de estas agresiones proviene de autoridades estatales y municipales, lo que muestra que el problema está extendido en todo el aparato público. Es decir, es una práctica sistemática.
Además, la violencia no se distribuye de manera homogénea en el territorio. Ciudad de México, Puebla y Veracruz concentran el mayor número de casos documentados, principalmente por ambiente hostil y abuso del poder. En contraste, entidades con alta presencia del crimen organizado, como Sinaloa, reportan menos casos, lo que el propio informe sugiere interpretar con cautela: puede tratarse de autocensura o de subregistro.
“Con la nueva metodología, al traducir las cifras vemos que prácticamente no hay cambios. Hay apenas una reducción mínima. El primer año del gobierno de Sheinbaum está prácticamente igual a como cerró el gobierno de López Obrador”, resume Maldonado.
Leyes, opacidad y vigilancia: El nuevo control
Por otra parte, el informe señala que México atraviesa una reconfiguración del sistema de transparencia que ha debilitado el derecho de acceso a la información. La desaparición del órgano autónomo encargado de garantizar este derecho, el INAI, y el traslado de sus funciones al Poder Ejecutivo modificaron de manera sustancial el equilibrio institucional: el garante dejó de ser independiente.
- Este cambio se traduce en efectos concretos. Se ha documentado un aumento en las respuestas de “incompetencia” por parte de autoridades, la entrega de información desactualizada y la pérdida de trazabilidad documental en plataformas públicas. Es decir, no sólo se limita el acceso a la información: también se dificulta verificarla, seguirla y utilizarla para rendición de cuentas.
- De hecho, uno de los datos más contundentes del informe es el comportamiento de los mecanismos de impugnación. En los primeros meses del nuevo sistema, cerca del 99.6% de los recursos de revisión fueron desechados, en su mayoría por supuestos incumplimientos técnicos. En la práctica, esto significa que cuestionar la negativa de información se vuelve una tarea casi imposible.
“El sistema de transparencia, con todas sus limitaciones, era medianamente funcional. Ahora se ha fragmentado: cada poder se revisa a sí mismo. Son juez y parte”, advierte Maldonado.
El derecho a saber se desplaza entonces hacia el juicio de amparo, un proceso más complejo, costoso y prolongado. Esto introduce una barrera adicional: sólo quienes tienen recursos legales y económicos pueden insistir. El acceso a la información se vuelve, así, un derecho desigual.
A este escenario de opacidad se suma la expansión de la vigilancia estatal. El informe advierte que México avanza hacia la normalización de la vigilancia digital mediante reformas legales que amplían las facultades del Estado para acceder a datos personales e interconectar bases de datos sin controles judiciales estrictos.
“Todo esto —la opacidad, la vigilancia, la falta de controles— genera un efecto inhibitorio. Todo se va conjugando para empujar a la autocensura”, señala Maldonado.
- El uso de herramientas de espionaje como Pegasus, documentado en sexenios anteriores, muestra que la vigilancia no es una hipótesis, sino una práctica existente. La diferencia ahora es que comienza a encontrar sustento normativo. Lo que antes operaba en la opacidad, hoy tiende a institucionalizarse.
- Leídas en conjunto, estas tres capas —violencia directa, presión estructural y control institucional— configuran un mismo sistema en el que violencia no desaparece, pero se vuelve sólo una parte de un engranaje más amplio que incluye discursos, leyes, instituciones y tecnología.
El resultado es un ecosistema en el que la censura depende de la combinación de varios factores: intimidar, desgastar, limitar el acceso a la información y ampliar la capacidad de vigilancia.
Por eso, la conclusión del informe no es que la violencia haya disminuido, sino que ha cambiado de forma. Hoy, en México, silenciar a la prensa ya no requiere únicamente disparar. Basta con cerrar el acceso a la información, vigilar, presionar y dejar que el riesgo haga el resto.
El informe será presentado en el marco de un encuentro regional organizado por Artículo 19 los días 6 y 7 de mayo, en conmemoración del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Durante dos jornadas abiertas al público en el Centro Cultural de España, en el centro histórico de la capital,, la organización reunirá a periodistas, organizaciones y especialistas de México y Centroamérica en seis paneles para discutir temas como vigilancia digital, linchamientos en línea, periodismo comunitario y alianzas informativas en un contexto de creciente erosión democrática en la región.
En México, los políticos usan las leyes contra los periodistas
Una fiscalía estatal acusó a un periodista de terrorismo por su cobertura. Un tribunal ordenó a un columnista que borrara un artículo que relacionaba a una candidata con redes criminales. Una jueza prohibió a un periódico mencionar a una gobernadora a menos que su contenido fuera autorizado por un revisor judicial.
- Los ejemplos, todos del último año, forman parte de una tendencia al alza en todo México: los políticos y los funcionarios están utilizando las leyes del país como arma para demandar, multar y perseguir a críticos y periodistas, según grupos defensores de la libertad de prensa que han documentado casos judiciales. En procesos civiles, penales y electorales se ha acusado a periodistas de violar leyes antiterroristas, normativas sobre inteligencia artificial o leyes destinadas a proteger a las mujeres políticas de la discriminación, entre otras cosas.
- México lleva mucho tiempo siendo uno de los lugares más peligrosos del mundo para la prensa, con casi 180 periodistas asesinados desde el año 2000. Ahora, a través de demandas y órdenes judiciales, la prensa mexicana se enfrenta a un nuevo obstáculo menos visible que las amenazas de muerte y las balas, pero también capaz de silenciar.
Estas prácticas, según expertos y periodistas, han llevado a algunas personas a autocensurarse o a evitar cubrir ciertos temas o figuras políticas por miedo a la ruina económica, a litigios interminables o a la cárcel.
“Lo que estamos viendo es que funcionarios del gobierno están activando el poder judicial para amedrentar”, dijo Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, una organización de defensa de la libertad de prensa. “No para que se les repare un supuesto daño a su honor, a su reputación, a su imagen, sino más bien para sujetar a un desgaste prolongado en el tiempo a los periodistas”.
Quienes defienden las leyes suelen argumentar que su uso es legítimo. La senadora responsable de gran parte del marco legal mexicano contra la violencia de género, por ejemplo, rechazó la idea de que las mujeres políticas estuvieran haciendo un uso indebido de estas protecciones para silenciar la crítica.
“Sí hay periodismo, lo tengo que reconocer, que es muy leal a sus principios”, dijo la senadora, Martha Lucía Mícher, miembro del partido político gobernante de México, Morena. Y agregó: “Pero también hay un periodismo —con todo respeto lo digo— muy misógino”.
Mícher dijo que estaría dispuesta a revisar cómo se están resolviendo los casos. “Nosotras no estamos abusando de esas leyes”, afirmó. “Nosotras somos víctimas”.
- Sin embargo, a principios de este año, la Sociedad Interamericana de Prensa, una organización que representa a medios de comunicación de todo el hemisferio, situó por primera vez a México en el nivel de “alta restricción” de su índice de libertad de expresión al citar un aumento en el uso de demandas y otras herramientas legales por parte de funcionarios “para intentar acallar la crítica”.
- Artículo 19 documentó 69 casos de este tipo en 2025, una cifra récord que supera en más del triple la del año anterior. La mayoría de los litigios contra los medios de comunicación fueron impulsados por partidos políticos, candidatos o funcionarios públicos. El año pasado, Artículo 19 hizo un seguimiento de la aprobación de al menos ocho leyes estatales y federales que coartan la libertad de expresión.
México está viviendo “el abuso de estas figuras”, dijo Paulina Gutiérrez, directora ejecutiva de R3D, una organización mexicana de derechos digitales. “Se están mal utilizando y legislativamente están muy mal redactadas, y eso les permite a los jueces y a las figuras públicas hacerlo”.
Una relación tensa
La relación entre las autoridades mexicanas y la prensa siempre ha sido complicada.
Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no cuestionaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.
- Durante el gobierno de partido único que se mantuvo en México durante décadas, muchos periodistas no cuestionaban el poder, sino que lo facilitaban a cambio de sobornos o favores. Ya en la década de 1990 comenzó a surgir una prensa más independiente, dijo Andrew Paxman, autor de Mexican Watchdogs: the Rise of a Critical Press Since the 1980s.
Pero esa mayor libertad trajo consigo una escalada de tensiones en las décadas siguientes, cuando los periodistas se vieron atrapados en el fuego cruzado entre la corrupción gubernamental y el crimen organizado.
Durante algunos sexenios, el gobierno gastaba cientos de millones de dólares al año de dinero público en publicidad, lo que llegó a ser tan importante para las finanzas de los medios de comunicación que los funcionarios lo usaban como herramienta de presión para evitar que algunos reportajes salieran a la luz, controlar las portadas e intimidar a las redacciones que les eran incómodas.
- El gasto en publicidad oficial se redujo drásticamente durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador, electo en 2018. En su lugar, empezó a celebrar ruedas de prensa matutinas casi a diario, retransmitidas en vivo. Desde esa plataforma, conectaba con su base y marcaba la agenda informativa, pero también desacreditaba, se burlaba y exponía de forma habitual a los periodistas que cuestionaban sus políticas o publicaban reportajes de investigación. Llegó incluso a revelar sus ingresos o a divulgar sus datos personales.
Su sucesora y protegida, Claudia Sheinbaum, ha adoptado un tono menos combativo. A menudo defiende la libertad de prensa y afirma que su partido, Morena, se opone a cualquier forma de censura.
“Si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como cualquier otra persona”, dijo en enero. Pero, añadió, “siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”.
Sin embargo, también ha defendido a miembros de Morena que utilizan el sistema judicial contra periodistas y, en mayo, pidió a la gente que boicoteara a un conglomerado mediático que se había negado a pagar impuestos y que había cubierto negativamente su gobierno.
“No es una censura, es una opinión”, dijo Sheinbaum el mes pasado sobre su llamado al boicot. “No estoy ejerciendo el poder del Estado para censurar a una televisora”.
La estigmatización por parte de los principales líderes del país ha animado a otros a emprender represalias legales, según expertos. Los más vulnerables a ese tipo de acoso, dijo el historiador Paxman, son los reporteros que quizá no tengan los recursos o la reputación necesarios para defenderse./Agencias-PUNTOporPUNTO
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