Las remesas enviadas por mexicanos desde Estados Unidos vuelven a ser tema de conversación tras el endurecimiento de los controles financieros impulsados por Donald Trump bajo el argumento de combatir lavado de dinero y fraude ligado a la población migrante sin autorización laboral.
Durante una entrevista, Carlos Rojas Salazar, director ejecutivo del Consejo Migrante, señaló que millones de mexicanos podrían verse afectados a través de estos controles relacionados con el envío de dinero hacia México.
“La población indocumentada se calcula alrededor de cinco millones de personas y son las personas que van a ser afectadas”, advirtió.
El especialista recordó que tan sólo el año pasado México recibió más de 61 mil millones de dólares en remesas, recursos que llegan principalmente desde Estados Unidos y que representan un apoyo económico fundamental para millones de familias mexicanas.
La medida, limitada y contraproducente: BBVA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emitió una nueva orden ejecutiva para que limitar los servicios financieros y el acceso a crédito a los migrantes sin autorización para vivir o trabajar en ese país. El mandatario afirmó que el sistema financiero estadunidense ha sido utilizado para financiar actividades ilícitas como el narcotráfico, el tráfico de personas y el lavado de dinero.
“Mi administración no tolerará los riesgos para la seguridad nacional y la seguridad pública causados por la actividad financiera trasfronteriza ilícita, ni permitirá los riesgos para nuestro sistema financiero, que plantea la concesión de crédito o servicios financieros a la población extranjera inadmisible y sujeta a deportación”, expone Trump en la orden ejecutiva publicada el 19 de mayo.
- De acuerdo con Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Research, la medida “tiene claramente una vertiente antimigrante del presidente Trump”, debido a que toca uno de los principales servicios financieros que usan los migrantes: el envío de remesas. No obstante, el especialista subrayó que la disposición tendrá un “efecto limitado” y no se traducirá en un desplome de estas transferencias familiares.
Serrano puso los datos en perspectiva: en Estados Unidos viven 12 millones de personas que nacieron en México; 8 millones de ellas ya son documentadas. A esto hay que sumar los mexicanos de segunda y tercera generaciones que nacieron en ese país y que por definición son ciudadanos estadunidenses. Así, la medida puede afectar a entre 20 y 25 por ciento de las personas que realizan transferencias familiares.
No obstante, “tampoco pensamos que todos van a quedarse sin enviar ayuda a sus familiares. Primero, porque está el recurso de pedir a algún amigo o familiar que sí esté documentado que haga el envío por ellos”, y en segundo lugar, porque hay otros canales para realizar estos envíos, como las fintech globales, explicó.
- La orden asegura que las transferencias trasfronterizas de bajo monto se han utilizado para facilitar o financiar “terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilegales”. Añade que, de acuerdo con análisis de inteligencia, se han detectado “centros de actividad financiera relacionada con el fentanilo en Estados Unidos, vinculados a cárteles con base en México”.
- Serrano subraya en entrevista que “no existe evidencia de que las remesas sean un canal significativo de lavado de dinero”; primero, porque la gran mayoría de estas transacciones se envían por canales electrónicos, donde se identifica tanto al emisor como al receptor, y en segundo porque casi todos los envíos no superan mil dólares.
“La absoluta mayoría de las remesas son de montos menores a mil dólares; el promedio de remesa es de 350 dólares. Si en realidad estuviéramos viendo operaciones de lavado de mayor escala, los envíos serían mayores. Hacerlo con envíos de 350 dólares sería sumamente caro y complejo: requeriría millones de personas empleadas por el crimen organizado.
“Desde luego, puede haber casos, como en cualquier otra actividad económica, pero no creo que las remesas se estén utilizando de manera significativa para una operación de lavado”, zanjó Serrano.
- La orden ejecutiva marca una serie de plazos para su aplicación; dentro de los 90 días siguientes al 19 de mayo, el secretario del Tesoro propondrá modificaciones a los reglamentos de aplicación de la Ley de Secreto Bancario para fortalecer los requisitos del programa de identificación de clientes; es decir, los bancos podrán pedir pruebas de estatus de residencia y permisos de trabajo a quienes soliciten sus servicios.
Con esta medida, subraya, se busca mejorar los programas de identificación de clientes, con el fin de mitigar riesgos para el sistema financiero, al tiempo que se llamará a los bancos y otras instituciones financieras a tener más controles en la concesión de hipotecas, préstamos para compra de automóviles, tarjetas y otros créditos al consumo a la población migrante “sujeta a deportación”.
Serrano considera que esta orden puede ser contraproducente para Estados Unidos; “primero, porque se pierda parte de la actividad económica, pero sobre todo porque esto puede resultar en incentivos para que se envíen recursos por fuera del sistema financiero regulado. Eso es peor para Estados Unidos. No descarto que en estos 90 días las instituciones de Estados Unidos, intenten suavizar la medida. Eso ya ocurrió. Se había amenazado con un impuesto a las remesas de 10 por ciento; después bajó a 5 y luego quedó en 1 para aquellas que no sean digitales”.
Vigilancia reforzada sobre transferencias y remesas
En el apartado “Safeguarding Against Fraud and Abuse”, el decreto sostiene que las transferencias internacionales de bajo monto han sido utilizadas para financiar terrorismo, narcotráfico, trata de personas y otras actividades ilícitas.
El documento afirma que análisis financieros detectaron “centros de actividad financiera vinculada al fentanilo” relacionados con cárteles mexicanos, además de operaciones de lavado atribuidas a redes chinas.
Con base en ello, ordena que en un plazo de 60 días el Departamento del Tesoro emita una alerta formal a instituciones financieras sobre riesgos asociados al uso del sistema bancario por parte de personas sin autorización laboral en Estados Unidos.
La instrucción incluye identificar patrones considerados sospechosos, entre ellos:
- Depósitos y retiros repetitivos por debajo de límites de reporte
- Uso de empresas fachada
- Plataformas de pago entre particulares
- Transferencias vinculadas a pagos “fuera de nómina”
- Operaciones mediante negocios de envío de dinero no registrados
- Utilización de cuentas abiertas con ITIN
Qué dice el decreto sobre cuentas con ITIN
Uno de los puntos centrales del documento es la referencia al uso del Individual Taxpayer Identification Number (ITIN).
El decreto señala que el uso de un ITIN para abrir cuentas o solicitar créditos “puede ser identificado como un factor de riesgo” cuando la persona no tenga estatus migratorio legal verificado o autorización laboral.
La orden instruye a las autoridades financieras a evaluar reglas para fortalecer procesos de “customer due diligence”, es decir, mecanismos de verificación de identidad y monitoreo de clientes bancarios.
También plantea que las instituciones financieras puedan solicitar información adicional relacionada con estatus migratorio y autorización de empleo cuando existan indicadores de riesgo asociados con fraude, evasión de sanciones o actividad financiera ilícita.
Créditos, hipotecas y préstamos bajo revisión
El decreto no se limita a transferencias internacionales, ya que en la sección “Addressing Structural Credit Risks”, la administración Trump sostiene que personas sin autorización laboral enfrentan riesgo de pérdida de ingresos derivado de deportaciones o cumplimiento de leyes migratorias por parte de empleadores.
- Con ese argumento, ordena a la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor evaluar lineamientos para que bancos y prestamistas consideren la posibilidad de deportación como un elemento dentro de la capacidad de pago de créditos hipotecarios, automotrices o tarjetas.
Además, instruye a reguladores bancarios federales emitir guías sobre riesgos crediticios asociados con población “non-work authorized”.
El decreto también abre la puerta a posibles cambios regulatorios relacionados con documentos de identificación consular extranjeros.
En un plazo de 180 días, el Departamento del Tesoro y reguladores financieros deberán analizar modificaciones a normas derivadas de la Bank Secrecy Act para fortalecer programas de identificación de clientes y evaluar “los riesgos” que representan tarjetas consulares extranjeras para el sistema financiero estadounidense.
El argumento oficial: seguridad nacional y crimen financiero
El texto firmado por Trump sostiene que el objetivo es “restaurar la integridad del sistema financiero estadounidense”, proteger a instituciones bancarias y combatir fraude y abuso.
- La orden vincula directamente actividades financieras transfronterizas con amenazas a la seguridad nacional y menciona operaciones relacionadas con tráfico de drogas, lavado de dinero, trata de personas y evasión fiscal.
El decreto involucra a la Junta de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos y la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito, además del Departamento del Tesoro y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor.
¿Servirá para acentuar la persecución?
Los análisis prestarán especial atención al uso de números ITIN y pondrán la lupa en los depósitos o retiros frecuentes en montos pequeños.
- La Casa Blanca anunciaba que el objetivo de la orden es reforzar los controles financieros y combatir operaciones ilegales vinculadas al crimen organizado.
Aunque el decreto evita mencionar explícitamente la palabra “remesas”, el texto detalla una vigilancia exhaustiva sobre los capitales enviados por residentes e inmigrantes hacia el exterior.
La medida podría suponer un auténtico sismo en las economías fronterizas como la de México, segundo país del mundo en recepción de remesas (solo detrás de la India). Hablamos con Patricia Pozos Rivera, investigadora del IIEC de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien nos ayuda a dimensionar el alcance de la nueva norma.
- “De acuerdo con el Banco de México (BM), en 2025 se recibieron 61,791 millones de dólares (en remesas). Y el grueso proviene de EEUU”, apunta la experta en economía. Esa cantidad representa casi el 3% del PIB mexicano y, para tener una referencia en perspectiva, la cantidad es unas diez veces más que lo que el gobierno de México dedica a su presupuesto en educación.
Pero la economista Patricia Pozos aclara que, pese a la grandilocuencia del monto total de remesas, la mayor parte de ellas son transacciones de pequeñas cantidades. “Las remesas son montos en promedio, de acuerdo con el BM, de 408 dólares, es decir, estamos hablando de cerca de 13.1 millones de transacciones”, apunta.
Duro golpe para las economías locales
La persecución a este tipo de transferencias transfronterizas, advierte la experta, supondría un duro golpe para las economías locales.
“Desde mi punto de vista, las remesas se pueden ver como salario, que sirve a las familias para cubrir las necesidades básicas, por lo que si empezaran a existir complicaciones para su llegada a México, el problema más complicado sería para quienes dependen de dichos ingresos, porque no podrían adquirir bienes de consumo básico, y eso a su vez tendría una repercusión en las economías locales”, señala Patricia Pozos.
Consultamos el alcance de la medida también con Rodolfo Cruz Piñeiro, investigador del Colegio de la Frontera Norte (COLEF). “Sin duda alguna es un golpe fuerte y significativo”, advierte. “ La remesa no es un subsidio gubernamental ni un crimen financiero en su inmensa mayoría, es salario. Ganado en muchos casos mediante el trabajo físico. “Golpear este flujo bajo la narrativa de combatir actividades ilícitas es un castigo muy fuerte a toda la fuerza de trabajo migrante”, denuncia el experto en economía transfronteriza.
La medida podría tener el efecto contrario
Rodolfo Cruz Piñeiro también advierte de que un posible colapso de las economías más vulnerables de México podría llevar precisamente a más personas a cruzar la frontera de manera irregular: “ El incentivo para la migración indocumentada puede aumentar, generando el efecto exactamente contrario al que la Casa Blanca busca lograr. Este decreto es una muestra de cómo las fronteras geopolíticas intentan materializarse ahora a través de los sistemas bancarios. Me parece que sienta un precedente preocupante”.
El experto advierte de la discriminación que la medida podría traer, porque quizá los bancos opten por no ofrecer servicios a migrantes: “ El gobierno está trasladando su labor de vigilancia migratoria a los bancos. Y para los bancos, investigar transferencias de poco monto, de 100, 200, 300 dólares, bajo la sospecha de un lavado de dinero, resulta sumamente costoso. No creo que los bancos puedan investigar cada caso, así que podrían optar por el cierre de cuentas o por denegar el servicio a cualquier cliente sospechoso de ser migrante”.
Denuncia Rodolfo Cruz que sería otra forma más de presionar a los migrantes en Estados Unidos: “Probablemente esos informes le sirvan al gobierno para acentuar y agudizar esa persecución que ahora existe sobre la población migrante”.
¿Cómo podrán asumir los bancos millones de investigaciones?
La investigadora de la UNAM comparte el diagnóstico y pone en duda la capacidad de los bancos de controlar millones de esas pequeñas transacciones: “Si tenemos 13.1 millones de transacciones, tendría que abrir ese número de investigaciones; no sabemos el costo que eso implicaría”.
- Para Patricia Pozos, la medida sería una forma de presión a la población migrante con serias dificultades para implementarse por los costos que, señalaba, repercutirían a los bancos: “es un discurso a nivel mediático para presionar a las poblaciones migrantes. Vienen elecciones y necesita asegurar votos a su partido, los cuales obtiene con la bandera de atacar a los migrantes, porque a ellos los culpa de todos los problemas, para que la población de su país no lo critique a él”, denuncia.
¿Es legal pedir a los bancos esa información?
Preguntada por si es legal pedir ese tipo de informes a las entidades bancarias, la investigadora de la UNAM alerta de que podrían encontrarse trabas: “ La banca mexicana tiene su propia regulación. Tiene mecanismos propios para identificar los flujos de dinero y detectar posible lavado de dinero”, explica.
“Considero que los bancos en México podrían negarse hasta que tengan autorización de proporcionar datos de sus clientes, pues existe el secreto bancario. Solo en casos muy particulares y mediante investigación previa y a solicitud formal podrían entregar la información de los clientes. Los bancos podrían acogerse a su regulación nacional o internacional, aunque Trump dicte sus órdenes ejecutivas”, señala Patricia Pozos.
Está por ver el alcance de sus efectos en la economía nacional y también en la de países receptores de remesas como México; y si podrá ser implementada y si logrará recibir la retroalimentación de las entidades financieras./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
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