México mientras proyecta una imagen de liderazgo regional y estabilidad macroeconómica, diversos estudios y organizaciones globales advierten señales preocupantes sobre el tejido social, la estrategia de seguridad y la salud de sus instituciones democráticas.
- Amnistía Internacional, en su informe Cambiando el Paradigma y en pronunciamientos recientes, sostiene que la persistencia de la militarización como respuesta a la violencia ha resultado fallida. La organización advierte que este enfoque no ha reducido los niveles delictivos y, por el contrario, ha generado un entorno propicio para detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales. A esta lectura se suman las advertencias de organismos de derechos humanos sobre la estrategia de seguridad pública.
El caso de Sinaloa ilustra la magnitud del problema. Según cifras citadas por la organización, los homicidios en la entidad pasaron de 478 en 2022 a 1,663 en 2025, un aumento de 248%. Las carpetas por feminicidio crecieron 245% en el mismo periodo, y las desapariciones y no localizaciones aumentaron más de 253%. Para Amnistía, estos datos evidencian que la seguridad pública no puede seguir descansando en esquemas predominantemente militares sin controles civiles efectivos.
HRW pone el foco en retroceso democrático
Human Rights Watch (HRW) incluyó a México entre los países con mayores retrocesos democráticos y abusos graves a derechos humanos. En la presentación de su informe anual en la Ciudad de México, su directora para las Américas, Juanita Goebertus, habló de una “contradicción muy clara” entre el discurso internacional del gobierno mexicano y la realidad interna marcada por violencia, impunidad y debilitamiento institucional.
- HRW advierte sobre la erosión de contrapesos al poder, la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, el debilitamiento de la independencia judicial y la consolidación de la militarización iniciada en el sexenio anterior y profundizada con reformas recientes. La organización también expresó preocupación por la crisis de desapariciones forzadas, que supera los 133,000 casos, y por la negativa oficial a reconocerla como un fenómeno estructural.
La periodista Denise Dresser, integrante del consejo asesor de HRW para América Latina, subrayó que es la primera vez que México aparece en la categoría de mayor erosión democrática, junto a países que históricamente han sido señalados por este tipo de retrocesos. Si bien el informe reconoce avances sociales, como la salida de millones de personas de la pobreza, enfatiza que los apoyos económicos no sustituyen la protección frente a los abusos del poder.
Con la próxima celebración del Mundial de Fútbol en territorio mexicano, HRW anticipa que la atención internacional se centrará no solo en el evento deportivo, sino en la situación de derechos humanos en las regiones sede, algunas de ellas marcadas por hallazgos de fosas clandestinas y altos índices de desaparición.
Confianza social, baja
Un punto de partida es la confianza social. De acuerdo con el Global Attitudes Survey 2025 del Pew Research Center, retomado por el economista Olivier Blanchard, México se ubica entre los países con menor nivel de confianza interpersonal en el mundo. El 82% de las personas encuestadas considera que “la mayoría de la gente no es confiable”, frente a apenas un 18% que opina lo contrario. La cifra coloca al país en los últimos lugares entre los de ingreso medio analizados, solo por encima de Turquía.
El contraste internacional es marcado. En Suecia, por ejemplo, el 83% de la población considera que se puede confiar en la mayoría de las personas. Países Bajos, Canadá y Alemania registran niveles similares, muy por encima del promedio mexicano.
Incluso dentro del grupo de países de ingreso medio, México destaca negativamente: Indonesia reporta 53% de respuestas favorables a la confianza, mientras que Brasil, Argentina y Sudáfrica muestran altos niveles de desconfianza, aunque sin alcanzar la proporción observada en territorio mexicano.
Especialistas señalan que la confianza social es un indicador clave del funcionamiento democrático y del desarrollo económico, ya que influye en la cooperación cívica, el cumplimiento de normas y la legitimidad institucional. En ese sentido, la posición de México en este ranking no solo refleja una percepción social, sino un desafío estructural.
Prevé riesgos por militarización por el Mundial en México
AI advirtió que en México la Copa Mundial de 2026 se perfila en un contexto de militarización y riesgo de represión a la protesta social, mientras que en Estados Unidos y Canadá también se documentaron amenazas a derechos humanos que pudieron afectar a aficionados y comunidades locales.
- En su informe “La humanidad debe triunfar: Defender los derechos y abordar la represión en la Copa Mundial de la FIFA 2026”, la organización señala que en México el despliegue de más de 100 mil elementos de seguridad —incluidos militares— incrementó los riesgos para personas manifestantes. Entre ellas, mujeres buscadoras que planearon protestar pacíficamente durante el partido inaugural en el Estadio Azteca para exigir verdad, justicia y reparación por sus familiares desaparecidos.
Asimismo, documenta que en ciudades sede mexicanas se registraron protestas por afectaciones como escasez de agua, encarecimiento de la vivienda, conflictos por la tierra y procesos de gentrificación vinculados a obras del torneo.
- Respecto a Canadá, el informe advierte que el antecedente de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010 en Vancouver y la creciente crisis de vivienda encendieron alertas por el posible desplazamiento de personas sin hogar. Como ejemplo, señaló que el 15 de marzo autoridades de Toronto cerraron un refugio invernal para personas sin techo, debido a que el espacio fue reservado para uso de la FIFA.
A nivel regional, Amnistía Internacional sostuvo que millones de aficionados que asistirán a la Copa Mundial de la FIFA 2026 enfrentarán riesgos de violaciones a derechos humanos, particularmente por políticas migratorias y de seguridad.
EU, emergencia para los derechos humanos
El informe puso énfasis en Estados Unidos, donde se disputará la mayoría de los partidos y donde, bajo la administración de Donald Trump, se configuró lo que describió como una “emergencia de derechos humanos”.
“El gobierno estadounidense ha deportado a más de 500.000 personas desde Estados Unidos en 2025. Esta cifra equivale a más de seis veces el número de personas que asistirán a la final de la Copa Mundial”, declaró Steve Cockburn.
- Añadió que “la oleada de detenciones y deportaciones ilegítimas […] socavó los derechos a la libertad y la seguridad de cientos de miles de personas migrantes y refugiadas”, además de que “creó un clima de temor en todo Estados Unidos”.
- El organismo también agrega que agencias como el ICE representaron “una escalofriante amenaza para quienes viven en Estados Unidos, para quienes viajan allí para asistir a un partido y para los propios jugadores”.
En materia de libertades, el informe indicó que en México, Estados Unidos y Canadá se registraron restricciones a la protesta y la libertad de expresión, lo que eleva el riesgo de represión durante el torneo.
“A pesar de la increíble cifra de detenciones y deportaciones, ni la FIFA ni las autoridades estadounidenses han dado garantías de que la afición y las comunidades locales estarán a salvo”, afirmó Cockburn.
Y subrayó la urgencia de acciones: “Es preciso emprender acciones urgentes para asegurar que la realidad de esta Copa Mundial coincide con su promesa original”, al advertir que los derechos humanos debieron colocarse en el centro del evento, por encima de intereses económicos.
Estrategia fallida de militarización en Sinaloa
La violencia en el estado de Sinaloa no da tregua con la desaparición de 10 mineros y el atentado contra dos diputados de Movimiento Ciudadano. Diversas voces se han pronunciado, ahora tocó el turno de la organización Amnistía Internacional (AI), ésta emitió un largo hilo en redes sociales para externar su preocupación debido a que la respuesta gubernamental ante actividades criminales ha sido el despliegue de fuerzas militares.
Amnistía Internacional, citando su informe «Cambiando el Paradigma», sostiene que México ha persistido en una estrategia de militarización de la seguridad pública que califica como fallida.
De acuerdo con la organización, este enfoque no ha logrado reducir la violencia y, por el contrario, ha generado un entorno propicio para que las Fuerzas Armadas cometan violaciones a los derechos humanos.
AI alertó por las siguientes conductas de los militares:
- Detenciones arbitrarias.
- Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes.
- Ejecuciones extrajudiciales.
Ante este panorama, Amnistía Internacional hace un llamado urgente a los gobiernos federal, estatal y municipales para colocar la seguridad de las personas en el centro de las políticas públicas.
La organización insiste en que cualquier participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad debe cumplir con los estándares internacionales, lo que implica que sea de carácter extraordinario, subordinado a la autoridad civil, regulado y debidamente fiscalizado.
Se disparan homicidios, feminicidios y desapariciones de 2022 a 2025
La ONG expuso que hay preocupación ante la grave escalada de violencia en el estado de Sinaloa, señalando un incremento alarmante en los índices de criminalidad entre los años 2022 y 2025.
- Según los datos reportados por la organización, el número de homicidios en la entidad se disparó de 478 en 2022 a 1,663 casos para el año 2025, lo que representa un crecimiento de 248 por ciento.
Además, las carpetas de investigación por feminicidio pasaron de 20 a 69 casos en el mismo periodo, lo que representa un crecimiento de 245 por ciento.
Mientras que el número de personas desaparecidas y no localizadas aumentó drásticamente, pasando de 268 a 947 registros, lo que representa un crecimiento de 253.4 por ciento.
La desaparición de 10 mineros en Sinaloa
Contexto: el 23 de enero de 2026, un grupo de 10 trabajadores mineros fue privado de la libertad en el campamento La Clementina, en el municipio serrano de Concordia, Sinaloa.
- Se trata de empleados de la empresa minera Vizsla Silver Corp., una compañía canadiense que desarrolla un proyecto de extracción de plata y oro en la región. Entre los desaparecidos están ingenieros, técnicos y personal de seguridad, originarios de varios estados mexicanos, como Sinaloa, Sonora y Chihuahua.
El atentado contra dos diputados de MC
El 28 de enero de 2026, dos diputados locales del partido Movimiento Ciudadano (MC) —Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda— fueron agredidos a balazos en pleno centro de Culiacán, Sinaloa, mientras salían de la sede del Congreso del estado en un vehículo particular.
- Sergio Torres Félix: diputado local y dirigente estatal de MC en Sinaloa, exalcalde de Culiacán y figura política con amplia trayectoria.
- Elizabeth Montoya Ojeda: diputada local por MC con trayectoria política en la entidad.
Ambos resultaron heridos, Montoya ya fue dada de alta y Torres se mantiene en coma inducido./Agencias-PUNTOporPUNTO
Documento íntegro a continuación:
https://www.amnesty.org/es/wp-content/uploads/sites/4/2026/04/IOR1008372026SPANISH.pdf
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