Human Rights Watch (HRW) señaló a México como uno de los países con graves violaciones a los derechos humanos, debido a la eliminación de contrapesos al poder, los niveles extremos de violencia criminal, la impunidad persistente y los abusos cometidos por fuerzas de seguridad, de acuerdo con su informe anual presentado en la Ciudad de México.
- Durante la presentación del documento, la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus, advirtió una “contradicción muy clara” entre el discurso internacional del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y la realidad interna del país, marcada por la continuidad de la violencia y la falta de acceso a la justicia.
La organización subrayó que los problemas estructurales documentados en el informe impactan de forma directa en el ejercicio de derechos civiles y políticos, así como en la confianza ciudadana en las instituciones.
Crisis de desapariciones forzadas en México
Uno de los puntos centrales del informe de HRW es la crisis de desapariciones forzadas, que supera los 133 mil casos registrados en el país.
- Goebertus afirmó que este fenómeno “preocupa de manera muy grave” y calificó como un “ataque frontal” la postura del Gobierno federal de no reconocer la desaparición como un fenómeno estructural.
- La directora regional explicó que la falta de este reconocimiento limita el diseño de políticas públicas integrales y afecta los derechos de las víctimas y sus familias, quienes enfrentan obstáculos para acceder a la verdad, la justicia y la reparación.
Reforma judicial y elección de jueces
- HRW destacó que, con el respaldo de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, el Congreso aprobó en septiembre de 2024 una reforma judicial que podría afectar gravemente la independencia del Poder Judicial.
- La enmienda obliga a todos los jueces del país a someterse a elecciones, cuyas primeras votaciones se celebraron el 1 de junio, un esquema que, según el organismo, incrementa los riesgos de interferencia política en la impartición de justicia.
Violencia criminal y homicidios en México
El informe documenta que la violencia criminal se mantiene en niveles elevados. La tasa oficial de homicidios en 2024 se ubicó en más de 25 por cada 100 mil habitantes, de las más altas a nivel mundial.
- Cifras oficiales publicadas en agosto indican también que más de mil 800 personas fueron asesinadas en Sinaloa desde el “Mayo” Zambada se trasladó a EE. UU. Recordaron que detenido en julio de 2024, lo que detonó enfrentamientos entre facciones del cártel de Sinaloa.
Asesinatos y presunta colusión criminal
En mayo, dos asesores del alcalde de la Ciudad de México fueron asesinados. Al momento de la elaboración del informe, las autoridades habían detenido a dos presuntos implicados, sin identificar al autor intelectual ni el móvil.
- En septiembre, la policía de Paraguay detuvo y expulsó a México al exsecretario de seguridad de Tabasco, acusado de colusión con cárteles. En noviembre, también fue asesinado el alcalde de Uruapan, Michoacán, quien había denunciado públicamente a grupos criminales y sus presuntos vínculos con políticos estatales.
Tráfico de armas desde EE. UU.
El informe también señala que alrededor del 70% de las armas de fuego recuperadas en México provienen del tráfico ilegal desde EE. UU.. En junio, la Suprema Corte de Justicia de EE. UU. desestimó una demanda presentada por el Gobierno mexicano contra fabricantes de armas estadounidenses.
Erosión democrática y debilitamiento de contrapesos
El informe identifica un proceso sostenido de erosión democrática, iniciado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) y profundizado con reformas recientes.
De acuerdo con HRW, estas medidas han debilitado la independencia judicial, ampliado el uso de la prisión preventiva oficiosa y consolidado la militarización de tareas de seguridad pública.
- Goebertus señaló que, aunque en América Latina existen crisis extremas como las dictaduras en Cuba y Venezuela o el colapso institucional en Haití, el caso de México presenta un deterioro distinto, centrado en el desmantelamiento del sistema de pesos y contrapesos.
Advirtió que la eliminación de controles al poder permite que futuros gobiernos puedan restringir derechos sin mecanismos efectivos de supervisión.
México entre los peores casos de erosión democrática
- La periodista Denisse Dresser, integrante del consejo asesor de HRW para Latinoamérica, destacó que el informe marca un punto de quiebre al ubicar por primera vez a México entre los países con mayor erosión democrática.
Dresser señaló que el país no figuraba anteriormente entre los llamados worst offenders en materia de derechos humanos, junto a naciones como Hungría, Polonia, India o Turquía.
- Añadió que, aunque el informe reconoce que 13 millones de personas salieron de la pobreza. También documenta un patrón de negación sistemática y violaciones persistentes a derechos civiles y políticos.
México llega al Mundial con crisis en Derechos Humanos
A un día de la inauguración de la Copa Mundial de Futbol 2026, más de cien organizaciones de México y Estados Unidos exigieron a la presidenta Claudia Sheinbaum atender las crisis de derechos humanos y ambientales que enfrenta el país y mencionaron que la atención internacional no debe concentrarse únicamente en el evento deportivo.
- Las organizaciones señalaron que el Mundial coloca a México bajo el escrutinio global en temas como migración, desplazamiento forzado, violencia contra personas defensoras, racismo, desapariciones y justicia ambiental.
Como parte de la protesta, activistas de Greenpeace México desplegaron una manta de 21 metros de largo desde la Estela de Luz con un mensaje alusivo.
- Los colectivos cuestionaron que mientras el Gobierno federal anunció inversiones de hasta 2 mil millones de pesos en infraestructura de movilidad para las tres ciudades sede y el despliegue de 100 mil elementos de seguridad para el Mundial, continúan pendientes respuestas a problemáticas que afectan a miles de personas.
- “Esto también importa y desde las organizaciones firmantes hacemos un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a dialogar con la sociedad civil y establecer compromisos para garantizar la justicia social y ambiental y el respeto a los derechos humanos para todas y todos”, expresaron.
Durante una conferencia conjunta, las organizaciones afirmaron que la próxima renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) debe incorporar la protección de los derechos humanos, laborales y ambientales, en lugar de privilegiar únicamente los intereses económicos y corporativos.
- Asimismo, denunciaron que las comunidades indígenas y afromexicanas continúan enfrentando condiciones de discriminación, violencia y desplazamiento forzado.
- Entre los casos recientes mencionaron el desplazamiento de más de 2 mil personas en Chilapa, Guerrero, ocurrido durante mayo pasado.
Las agrupaciones también alertaron sobre la situación de las personas migrantes y deportadas, por lo que consideraron urgente detener las redadas realizadas por autoridades migratorias tanto en México como en Estados Unidos.
Ante ello, pidieron garantizar condiciones dignas para quienes son retornados a territorio mexicano.
- Según los colectivos, más de 190 mil personas mexicanas fueron deportadas desde Estados Unidos entre 2025 y marzo de 2026, además de miles de personas de otras nacionalidades que fueron enviadas a México durante el mismo periodo.
- En materia ambiental, las organizaciones señalaron que persiste un modelo de desarrollo que favorece proyectos extractivos y grandes inversiones por encima de la protección de ecosistemas y comunidades.
- También, los colectivos advirtieron que los efectos del cambio climático afectan de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables y generan nuevos procesos de migración y desplazamiento forzado.
Además, recordaron que durante 2025 fueron asesinadas diez personas defensoras del medio ambiente y del territorio, mientras se documentaron 314 agresiones contra activistas ambientales, entre ellas amenazas, intimidaciones y campañas de estigmatización.
- Aunque el llamado se centró en una agenda amplia de derechos humanos, las organizaciones también señalaron que la crisis de desapariciones continúa siendo una de las expresiones más graves de la falta de justicia en el país.
- De acuerdo con los colectivos, México acumula cerca de 134 mil personas desaparecidas y no localizadas.
- En ese contexto, la jornada coincidió con el aniversario número 49 de la desaparición forzada de Rafael Ramírez Duarte, ocurrida el 9 de junio de 1977 durante la llamada Guerra Sucia.
A través de una carta pública, su esposa Sara Hernández de Ramírez Duarte y sus hijos Pável y Tania Ramírez Hernández denunciaron que, a casi medio siglo de los hechos, el caso permanece impune.
- La familia recordó que recientemente fueron identificados en Argentina los restos de Ester Felipe y Luis Mónaco, víctimas de desaparición forzada durante la dictadura militar, resultado de décadas de lucha por la verdad y la justicia.
- “Nos ha hecho pensar en cómo los gobiernos más progresistas en Argentina tomaron de la mano la lucha de las familias y avanzaron en procesos de juicio y castigo a los responsables de aquellas desapariciones”, escribieron.
Finalmente, las organizaciones insistieron en que la atención internacional generada por el Mundial representa una oportunidad para visibilizar las deudas pendientes del Estado mexicano en materia de derechos humanos.
“Reiteramos que el mundo tiene los ojos puestos en los países sede del Mundial, no sólo por el evento deportivo sino como ojos vigilantes ante la falta de actuación frente a temas cruciales para la sociedad”, concluyeron.
Desaparición de personas en México “crea grave crisis de derechos humanos”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el pasado 11 de mayo un informe en el que expresó que la desaparición de personas en México “genera una grave crisis de derechos humanos” y advirtió que la impunidad en los casos “es apremiante”, por lo que urgió al Gobierno a tomar medidas sobre la eficacia de las estrategias de seguridad ciudadana y el esclarecimiento de responsabilidades estatales.
“La crisis humanitaria de desaparición de personas en México tiene una relación fundamental con el accionar del crimen organizado”, dice el informe, que agrega que muchos casos “ocurren en profunda connivencia y coordinación con agentes estatales”.
- El documento de 238 páginas consigna hasta junio de 2025 más de 128.000 personas desaparecidas y agrega que conteos independientes calculaban más de 70.000 cuerpos bajo custodia del Estado no identificados.
- Sobre la debilidad institucional, la CIDH apunta que “persisten desafíos estructurales que comprometen seriamente las obligaciones internacionales de prevención, investigación, sanción y reparación” y subraya que “la desconfianza” de la población.
“También es consecuencia de la ineficacia y de la falta de resultados”. Según señaló, los pocos casos que llegan a la justicia suelen tramitarse con demoras e inconsistencias.
- El informe, que destaca la colaboración de las autoridades locales para la observación y asistencia técnica, será presentado este lunes en conferencia de prensa en la que participarán funcionarios del Gobierno de México. CNN envió una solicitud de comentarios a la Secretaría de Gobernación, que respondió que emitirá un comunicado.
- Las autoridades de México han repetido en varias ocasiones que están trabajando para prevenir estos casos y que algunos sectores usan el tema para afectarlas políticamente.
- En un informe presentado a fines de marzo, el Gobierno concluyó que, tras una revisión al Registro Nacional de personas desaparecidas, en solo 43.000 de los 132.000 casos contabilizados hasta entonces podría presumirse que la desaparición se debió a un delito.
La CIDH apuntó en su informe que la desaparición afecta a “familias enteras” y a diversos sectores sociales.
- “Se evidencian las características particulares que rodean las desapariciones de niñas, niños y adolescentes, por su reclutamiento e involucramiento con el crimen organizado, las de mujeres y personas LGBTIQ+ basadas en su género, y las de personas defensoras y periodistas por las labores que ejercen. También impacta con mucho ensañamiento en personas migrantes por las condiciones de inseguridad en sus rutas de tránsito”, repasó.
El reporte también señala que “ante la insuficiente repuesta estatal, la CIDH valora el impulso” de los colectivos y las familias para encontrar a sus seres queridos y su exigencia de justicia.
28% de la población en México ha visto violados sus derechos humanos
De entre el 24 al 28% de la población en México ha sido víctima de algún delito o ha visto violados sus derechos humanos, estimó la maestra Nora Robledo, coordinadora del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, donde la desaparición forzada y hallazgos de fosas clandestinas son la característica principal de los últimos años tras la “militarización” en el país.
- Con datos de 2024, la Universidad Iberoamericana (UI) se dio a la tarea de analizar el desempeño de la autoridades en materia de combate a la inseguridad y el comportamiento delictivo en la república.
De acuerdo con el académico, explicó que se puede saber que las tareas de seguridad pública —a cargo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.)— no son las más eficientes en materia de restitución de derechos humanos (DD.HH.) y las fiscalías estatales usualmente no entregan las mejores respuestas en relación a este tipo de casos.
- Fosas clandestinas: De acuerdo con las investigaciones del departamento de DD. HH. De la Ibero, con el inicio de la llamada “guerra contra el narco, algunos fenómenos de la violencia se intensificaron, como los hallazgos de fosas clandestinas, por lo que las cuantificó.
De enero de 2020 a diciembre de 2022, la UI contabilizó mil 134 fosas clandestinas, es decir 35.5 por cada entidad federativa; sin embargo, tres de ellas concentraron 476 fosas, o sea, el 41.9% del total, pues Guanajuato, Sonora y Guerrero registraron 187, 179 y 110, respectivamente.
Al desagregar esta información, se aprecian focos rojos en algunos municipios: Acapulco, Guerrero (66 fosas); Salvatierra, Guanajuato (65); Tecomán, Colima (53); Hermosillo, Sonora (49); Guaymas, Sonora (46), por mencionar algunos.
Así mismo, en esas demarcaciones se encontraron cantidades considerables de cuerpos: Tecomán, Colima (101); El Salto, Jalisco (95); Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (93); Tijuana, Baja California (88); y Hermosillo, Sonora (87).
- Desempeño de las Fiscalías: Al tratarse de un problema que afecta el tejido social, la UI evaluó los últimos tres años (2020, 2021 y 2022) el desempeño de las Fiscalías estatales en relación a las fosas clandestinas y la calidad de las respuestas que proporcionan; al respecto, expuso que las entidades que dan información “insuficiente” han ido en aumento.
En 2020, sólo en Morelos y Querétaro daban información insuficiente; en 2021, el número de entidades pasó de dos a seis, en dicho listado estaban CDMX, guerrero, Hidalgo, Morelos, Sinaloa y Veracruz; para 2022, el listado quedó en seis, pero cambiaron algunas de las entidades: CDMX, Hidalgo, Jalisco, Morelos, San luís Potosí y Veracruz.
- Desempeño de las Fuerzas Armadas: Desde que inició la guerra contra el narco en 2007, muchas de las tareas de seguridad pública recayeron en los hombros del Ejército o de la Marina.
Asimismo, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, la Policía Federal (PF) tenía una gran injerencia en dicho trabajo; sin embargo, con el arribo de AMLO a la presidencia, se desaparece la PF se crea la Guardia Nacional (GN).
- Asimismo, cuando en 2019 se constituye este nuevo brazo armado, se especifica que será la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que estará cargo —primero hasta 2024 y después hasta 2028— de su operatividad y administración.
Esto fue visto con malos ojos por la académica universitaria, quien refirió que en México, la mayoría de los casos de uso indebido de la fuerza pública recaen en las FF. AA. Entonces, continuar y legitimar el uso del Ejército para combatir a la inseguridad le pareció arriesgado.
- “En 30 de las 73 quejas por privación de la vida, tortura y desaparición forzada por autoridades federales recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), estuvieron implicadas las Fuerzas Armadas”— CNDH
Sin embargo, sí ha habido un avance en materia de DD. HH. en la actuación del Ejército durante su cumplimiento del deber.
Mientras que en 2011 se estimaron que 11 mil 461 personas sufrieron agresiones posteriores a su detención por el Ejército, en 2022 fueron 2 mil 589. De manera inversa, en 2019, el 68% de las personas detenidas dijeron que no sufrieron agresiones tras su detención mientras que en 2008 este número sólo representaba el 6 por ciento.
- Una reducción similar se ve en el rango de letalidad, pues desde que inició el gobierno de Peña Nieto se notó una marcada caída en la cantidad de civiles muertos por la Sedena en sus tareas de seguridad y protección ciudadana.
Asimismo, existe un análisis por sexenio entre las 14 principales formas de tortura, donde el gobierno peor evaluado fue el de Felipe Calderón (FCH), en segundo lugar el de Enrique Peña Nieto (EPN) y el mejor evaluado fue el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO); sin embargo, esto no quiere decir que la tortura no ocurra. Porcentaje de personas encarceladas que reportaron agresiones después de su detención por el Ejército Mexicano:
- Golpes con la mano o patadas: FCH 73%, EPN 42% y AMLO 25%
- Ataduras: FCH 66%, EPN 27% y AMLO 9%
- Golpes con objetos: FCH 56%, EPN 26% y AMLO 14%
- Ser aplastado: FCH 50%, EPN 27% y AMLO 15%
- Asfixia: FCH 55%, EPN 24% y AMLO 6%
- Sumergimiento: FCH 47%, EPN 19% y AMLO 3%
- Descargas eléctricas: FCH 31%, EPN 13% y AMLO 6%
- Lesión genital: FCH 33%, EPN 12% y AMLO 4%
- Acoso sexual: FCH 16%, EPN 6% y AMLO 3%
- Quemaduras: FCH 12%, EPN 3% y AMLO 2%
- Violación sexual: FCH 7%, EPN 3% y AMLO 1%
- Arma de fuego: FCH 6%, EPN 3% y AMLO 2%
- Encajar agujas: FCH 7%, EPN 2% y AMLO 0%
- Heridas con arma blanca: FCH 5%, EPN 2% y AMLO 2%
Ante estos resultados, la maestra Robledo Frías apuntó que las Fuerzas Armadas continúan ejerciendo prácticas que vulneran los derechos humanos de las personas; además, sugirió que las autoridades deben de dirigir más recursos a la atención de víctimas, pues por cada 28 mil, sólo hay 1.3 funcionarios para atenderlas y acompañarlas.
En este sentido, finalmente, aclaró que no se trata de que no existan marcos regulatorios en México para evitar este tipo de tratos, sino que, al momento de llevarlos a la práctica, las autoridades son omisas de su deber ser en la impartición de justicia y trato humano tanto de la víctima como de los detenidos./PUNTOporPUNTO
Documento Íntegro a Continuación:
https://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/2026/informe_desapariciones_mx_spa.pdf
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