Los llamados «Lineamientos sobre Derechos de las Audiencias» que ahora está impulsando con gran vehemencia Claudia Sheinbaum Pardo, desde la presidencia de la República, no es nada nuevo, vienen de regímenes dictatoriales del pasado como el nazismo de Adolf Hitler, el fascismo del italiano Benito Mussolini y hasta el socialismo ruso de Jospeh Stalin.
El común denominador «regular los contenidos de radio, televisión y medios impresos», pretextando exigir información veraz, distinguir opinión de noticias y crear defensorías sociales; sin embargo, críticos y organizaciones acusan que estas normativas replican modelos de control censuror aplicados en regímenes autoritarios del Planeta.
Antecedentes en Regímenes Autoritarios de América Latina, era actual
- Venezuela (Ley Resorte): El modelo pionero inició con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) bajo el gobierno de Hugo Chávez, operada por CONATEL. Se justificó como protección a la familia y niños, pero derivó en multas, cierres de medios críticos y el fin de transmisiones de plantas como Radio Caracas Televisión (RCTV).
- Cuba (Control Estatal Absoluto): El monopolio de los medios de comunicación está consagrado constitucionalmente bajo el control directo del Partido Comunista. Los conceptos de derechos de las audiencias no existen de forma autónoma, operando un aparato cerrado de censura y validación informativa oficial.
- Nicaragua (Silenciamiento de Medios): Bajo el gobierno de Daniel Ortega, se han utilizado marcos regulatorios de telecomunicaciones y leyes contra la desinformación para confiscar bienes, cancelar frecuencias radiales y televisivas, y expulsar del espectro cualquier voz opositora o independiente.
Cuáles son los Lineamientos sobre los Derechos de las Audiencias
A decir del propio gobierno federal, su objetivo principal es proteger a los radioescuchas y televidentes exigiendo calidad, distinción entre publicidad y noticias, y el derecho a la réplica.
- Obligaciones: Los concesionarios deben publicar un Código de Ética y designar una defensoría de las audiencias interna.
- Puntos de fricción: Críticos señalan que facultar a la autoridad para sancionar información calificada como «falsa o descontextualizada» genera un tribunal de la verdad y fomenta la autocensura.
Para ello, el propio gobierno ha armado una supuesta «consulta pública» para que todos los mexicanos opinan y la autoricen, a fin de enviarla al Congreso de la Unión de mayoria Morena para que al igual que otras leyes sea aprobada Fast Track.
- En apenas unos días se ha transformado en una controversia político en la que el Gobierno de Claudia Sheinbaum, el partido gobernante, Morena, la oposición y los medios de comunicación disputan algo más profundo que un conjunto de reglas de comunicación para radio y televisión:
- La definición de los límites entre el derecho a recibir información veraz y la libertad de expresión, después van por la prensa escrita y los medios electrónicos como las redes sociales.
- El plebiscito abierto por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) ha detonado una reacción inmediata de organismos empresariales, especialistas, periodistas y partidos de oposición, que advierten de algunos apartados del proyecto como un posible mecanismo para condicionar el ejercicio periodístico.
La respuesta del Gobierno ha sido igual de rápida. Desde Palacio Nacional, Sheinbaum ha asumido la defensa de los lineamientos y ha convertido la polémica en una nueva confrontación con sus adversarios políticos y críticos, que interpretan la regulación como el primer paso hacia un modelo de control del Estado.
La polémica se ha metido en el centro de la agenda nacional
A diario, la Presidenta dedicó buena parte de su conferencia matutina a intentar desvirtuar las acusaciones de censura. Horas más tarde, Morena salió en bloque a reforzar el mismo argumento.
- Del otro lado, el PAN, la agrupación de derecha, elevó el tono hasta advertir que el país se encuentra frente a una amenaza para las libertades públicas comparable con la extinción de organismos autónomos y la transformación del Poder Judicial, dos cambios ejecutados por el oficialismo en los últimos ocho años.
- La velocidad con la que se polarizó el debate inclina el terreno de lo que seguirá en los próximos días, cuando concluya la consulta, el 21 de agosto, y se establezcan los lineamientos que entrarán en vigor.
- La pregunta que ronda los círculos de discusión es: ¿quién tiene legitimidad para definir los límites entre información, opinión, propaganda y desinformación en una época donde la conversación pública ya no transcurre únicamente en la radio y la televisión, sino también en redes sociales y plataformas digitales?
El Gobierno ha intentado colocar el debate en el terreno jurídico
Sheinbaum insistió este martes en numerosas ocasiones en que los lineamientos no buscan vigilar contenidos ni establecer un ministerio de la verdad. Su argumento ha sido que así como el Estado tiene obligaciones de transparencia, los medios también deben asumir responsabilidades frente a las audiencias a través de códigos de ética, defensores independientes de las audiencias y mecanismos para atender quejas.
- La explicación fue ejecutada por la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, quien rechazó las interpretaciones que atribuyen al Estado la facultad de decidir qué información es verdadera.
Según explicó, las sanciones previstas únicamente proceden cuando un concesionario incumple obligaciones administrativas:
- No emitir un código de ética, no nombrar a un defensor de las audiencias o no habilitar mecanismos para recibir quejas. “El Estado no va a evaluar si es verdad o no es verdad”, insistió.
Sin embargo, el mensaje presidencial no se ha limitado a la defensa jurídica. Su marcada narrativa política ha sido su vehemente defensa para imponerla a cualquier costo. Sheinbaum ha transformado una discusión regulatoria en una nueva confrontación política.
- Morena reforzó inmediatamente el mensaje. Ariadna Montiel, su dirigente nacional, presentó la consulta pública, que organiza la CRT —dependiente de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, un organismo del Gobierno— como la prueba de que la Administración federal no pretende imponer reglas unilateralmente.
En esa lógica, distinguir entre información y opinión, transparentar la publicidad o facilitar el derecho de réplica no constituyen mecanismos de censura, sino obligaciones compatibles con estándares internacionales de autorregulación, según refieren desde el partido gobernante y su Presidenta en turno.
La regulación bajo sospecha
La oposición y los críticos a los lineamientos se mueven sobre un terreno radicalmente distinto. Jorge Romero, dirigente del PAN, ha salido al paso para decir que, según su visión, el problema no reside únicamente en la redacción de las nuevas normas, sino en el contexto político en el que aparecen.
- Su argumento ha conectado la regulación con la serie de decisiones impulsadas y ejecutadas por los gobiernos de Morena: la desaparición y el debilitamiento de un puñado de organismos autónomos, entre ellos el INAI, la reforma al Poder Judicial, que llevó a la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, y ahora las reglas para medios de comunicación.
Bajo esa lectura, el conjunto de cambios y reformas configuran una concentración creciente del poder.
- Romero ha referido que el Gobierno podría extender las regulaciones hacia plataformas digitales y redes sociales. También denunció una contradicción: mientras el Gobierno pretende exigir estándares a radio y televisión, las conferencias matutinas de la presidencia, dice, operan sin mecanismos efectivos de verificación ni de derecho de réplica.
Por ello, ha anunciado la presentación de una iniciativa panista para regular las conferencias presidenciales.
En medio de las posiciones, se encuentra una tercera voz, la de los periodistas que han manifestado preocupación por los nuevos lineamientos.
- “En el peor de los escenarios, bastaría una camarilla orquestada de quejosos y una CRT con sesgos oficialistas para sacar del aire a un medio incómodo”, refiere Jorge Zepeda Patterson en EL PAÍS. La CRT está formada por cinco miembros designados por mayoría simple en el Senado —con mayoría oficialista— a partir de una propuesta de la presidencia. Se trata de una comisión que depende del Gobierno en turno.
La consulta pública ha dejado de ser un trámite administrativo para convertirse en un examen sobre los límites del poder regulatorio del Estado mexicano. El Gobierno de Sheinbaum insiste en que se trata de proteger el derecho de las audiencias para fortalecer la democracia.
Sus críticos han encendido las alertas y han puesto sobre la mesa el peligro de censura que hay en cualquier norma susceptible de influir sobre la actividad informativa. Si no se logran disipar las dudas sobre los alcances, la sospecha de una intervención indebida seguirá pesando sobre los nuevos lineamientos que se definirán en las próximas semanas.
Aquí los lineamientos del gobierno federal de los derechos de audiencias. pic.twitter.com/3Q0FAeg8xs
— Antonio Caraveo Maldonado (@AntonioCaraveo4) August 5, 2026
Sheinbaum desaparece la Vocería de la Presidencia
- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este martes un decreto en el que se da a conocer el nuevo reglamento interno de la Oficina de la Presidencia de la República, con el cual desaparece la Vocería y se crea una nueva Unidad de Ayudantía.
El documento fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y en él se detalla que la oficina presidencial tendrá una reorganización para dividirse en tres áreas principales: unidades de apoyo técnico, unidades de apoyo administrativo y unidades de apoyo operativo.
- Según lo establecido en el decreto emitido por la Presidenta Sheinbaum, los cambios en la estructura y organización de la Oficina de la Presidencia de la República entrarán en vigor a partir del miércoles 5 de agosto.
De acuerdo con el nuevo reglamento interno de la Oficina de la Presidencia, la nueva Unidad de Ayudantía tendrá las siguientes funciones:
- Apoyar a la Presidenta Sheinbaum en el desarrollo de sus actividades, tanto públicas como privadas.
- Dar seguimiento a las instrucciones y acuerdos que indique la Secretaría Particular de la Presidencia, así como llevar a cabo las acciones necesarias para su cumplimiento.
- Coordinar las actividades de logística necesarias para llevar a cabo los eventos en los que participe la Presidenta, incluyendo: transporte, alojamiento, alimentación, comunicaciones, sonido, servicio médico y otros servicios.
- Coordinarse con autoridades de seguridad pública, protección civil, servicios médicos y cuerpos de auxilio para ejecutar las estrategias necesarias para cumplir con los eventos de la agenda presidencial.
- Definir las rutas de transporte para el traslado de la Presidenta Sheinbaum hacia los eventos en los que participe.
- Adecuar los escenarios de eventos públicos en los que participe la Jefa del Ejecutivo.
- Resguardar la integridad de la Presidenta de la República.
- Expedir copias certificadas de los documentos resguardados en sus archivos.
El nuevo reglamento interno de la Oficina de la Presidencia de la República establece que este órgano estará integrado por las siguientes unidades administrativas:
Unidades de apoyo técnico:
- Jefatura de la Oficina de la Presidencia de la República.
- Secretaría Particular.
- Secretaría Técnica del Gabinete.
- Coordinación General de Política y Gobierno.
- Coordinación General de Comunicación Social.
- Coordinación General de Programas para el Desarrollo.
- Coordinación General de Asesores.
- Coordinación General de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social.
- Coordinación General de Vinculación e Información.
Unidades de apoyo administrativo:
- Secretaría Privada.
- Unidad de Ayudantía.
- Unidad de Administración y Finanzas.
- Unidad de Transparencia.
- Dirección General de Atención Ciudadana.
Unidades de apoyo operativo:
- Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros.
- Dirección General de Recursos Humanos y Organización.
- Dirección General de Recursos Materiales, Servicios Generales y Archivo.
- Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones./PUNTOporPUNTO
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