TEXTO ÍNTEGRO: Sigue Impunidad en DESAPARICIONES; FISCALÍAS avisan solo del 16% de las SUSTRACCIONES

Los expertos en Derechos Humanos señalan el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto.

Karla Quintana, extitular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), alertó que del gran total de personas desaparecidas y no localizadas en México, sólo en 16% las fiscalías llegan a informar sobre un posible delito relacionado con la ausencia de la personas.

  • Durante su participación en el Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México sobre “Personas Desaparecidas ¿Quiénes son?”, la ahora investigadora destacó que aunque en nuestro país existe el registro de más de 113,000 personas desaparecidas o no localizadas, actualmente no se tiene certeza sobre dónde están o si pueden ser víctimas de otros delitos que no sea desaparición forzada.

Lo anterior, debido a que, según la información pública de la CNB, al 17 de mayo de 2023, sólo se había informado por parte de fiscalías, sobre el delito por el que se investigaba su desaparición en 16.11% de los casos, ello pese a que la Comisión ha identificado al menos siete causas por las que en su mayoría desaparecen las personas.

En este sentido, la también académica subrayó que aunque una persona desaparecida no siempre equivale a una víctima de desaparición forzada, ya que la víctima pudo incluso ya ser localizada o que en el mejor de los casos una persona desaparecida puede no estar siendo víctima de ningún delito, debido a que “el sistema no se interconecta, no funciona, no sabemos dónde está o si puede ser víctima de otros delitos”.

  • Asimismo, defendió que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas (RNPDNO), “no es sólo una lista”, pues es una herramienta de búsqueda que entre mejor información tengan con cualquier base de datos, mayores posibilidades hay de localizar a las personas.
  • Actualmente se estima que, a nivel nacional, el 99% de los delitos relacionados con la desaparición de personas permanecen en impunidad, en tanto que en algunas entidades la impunidad es del 100%, reveló un informe de la organización Impunidad Cero.

A través de su reporte “Impunidad en delitos de desaparición en México”, la organización identificó que de 2019 a 2022, se registraron 35,669 desapariciones, sin embargo, los poderes judiciales locales solo reportaron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada y cometida por particulares.

En Zacatecas, la tasa más alta de desapariciones en México

En 2022 la entidad registró una tasa de 27 desapariciones y no localizaciones por cada 100 mil habitantes, la más alta del país, y también la de mayor incidencia compartida, entre homicidios dolosos y ausencia de personas, según el informe anual Impunidad en delitos de desaparición en México, elaborado por el Centro Pro de Derechos Humanos (Centro ProDH) y la organización no gubernamental Impunidad Cero.

  • El documento de 78 cuartillas refiere que a Zacatecas le siguieron Quintana Roo, con una tasa de 19.8 casos por cada 100 mil habitantes; Tamaulipas, 16.7; Ciudad de México, 15.2, y Morelos, con 14.3. Indica que en cerca de la mitad de las entidades federativas la incidencia anual es de entre cinco y 10 personas desaparecidas por cada 100 mil pobladores.

En cuanto al género en Zacatecas la tasa promedio de hombres desaparecidos en 2022 fue de 11 por cada 100 mil varones. De los 32 estados, 14 superaron esta media; los que tienen las tasas más elevadas fueron Zacatecas, con 46.5 casos; Tamaulipas, 28.4, y Quintana Roo, 25.4.

En cuanto a las desapariciones de mujeres, la tasa promedio fue de 3.36 por cada 100 mil féminas. “En 10 de las 32 entidades la tasa de desaparición de mujeres supera el promedio; Quintana Roo, Ciudad de México y Zacatecas registraron las tasas más altas, con 14, 11.6 y 9.2 casos, respectivamente.

En el diagnóstico se hizo un comparativo nacional de la relación entre las desapariciones y la evolución de los homicidios y un foco de atención importante se detectó en Baja California, Quintana Roo, Zacatecas, Morelos y Colima, donde tanto las tasas de desapariciones como la de defunciones se encuentran entre las más altas a nivel nacional.

  • El Centro ProDH e Impunidad Cero plantearon que, con base en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta mayo de 2022 se contabilizaron en el país 100 mil personas ausentes, a las que se suman 52 mil individuos fallecidos y sin identificar que estarían en los servicios médicos forenses o en fosas comunes, de acuerdo con el Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos.

Ambas cifras, alertaron, ponen en evidencia la magnitud de la violencia que se vive en México.

En 2022 sumaban 9 mil 68 personas ausentes y no localizadas, lo que marcó un récord en la historia del registro, aunque al concluir 2023 esta cifra podría ser mayor. De las personas no localizadas, 74 por ciento son hombres y 26 por ciento, mujeres.

  • El informe arrojó que de 2019 a 2022 hubo en el país 35 mil 669 desapariciones, mientras los poderes judiciales locales sólo emitieron 141 sentencias condenatorias por delitos de desaparición forzada por particulares, lo que muestra que no hay proporción entre el número de desapariciones que se registran y el de casos que se esclarecen.
  • Detallaron que de 2019 a 2022, Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán no reportaron ninguna sentencia condenatoria por los delitos de desaparición cometida por particulares y desaparición forzada, lo que se traduce en un 100 por ciento de impunidad.

La identificación de hallazgos es otro grave problema. Durante 2022, 37.5 por ciento de los cadáveres y restos humanos recibidos por la Fiscalía General de la República o alguna de las unidades estatales (fiscalías locales) no han sido identificados, precisaron.

En este apartado, destacan con los indicadores más altos Baja California, con 8 mil 240; Ciudad de México, 940; Jalisco, 815; estado de México, 757, y Sonora, con 594 cadáveres no identificados.

  • De acuerdo con el documento, en México se han localizado 5 mil 698 fosas clandestinas de 2006 a abril de 2023. Los estados donde más excavaciones se han localizado son Veracruz; con 668; Tamaulipas, 554; Guerrero, 498; Sinaloa, 484, y Chihuahua con 415.

Zacatecas, uno de los estados menos poblados del país, con un millón 622 mil 138 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, (se ubica en el sexto sitio), ocupa el octavo lugar nacional con 349 fosas clandestinas descubiertas en ese periodo.

Preocupa la falta de una política nacional contra las desapariciones

En México ha habido más de 111.000 personas desaparecidas desde 1962 y más de 53.000 cuerpos o restos humanos sin identificar, según el último informe del Comité contra la Desaparición Forzada*, que lamenta que, pese a algunos avances, las desapariciones siguen siendo un problema “generalizado” en el país y la impunidad es “casi absoluta”.

Según el informe del Comité, la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada atiende a un promedio de 400 personas mensualmente.

Sin embargo, “la deficiente investigación de tales hechos tiene como consecuencia un número escaso de sentencias y con ello la continuidad de una impunidad casi absoluta”.

Esa impunidad es motivo de especial atención por parte del Comité, que destaca “la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales”.

También indica “la ineficacia de las medidas adoptadas para combatir las causas estructurales de la impunidad”.

En algunos casos, señala, hay “deficiencias en la persecución” pese a contar “con elementos probatorios contundentes del involucramiento de autoridades”, y en otros se descartan automáticamente si la persona aparece.

Entre los aspectos positivos, el Comité cita el Protocolo Homologado de Investigación para los Delitos de Desaparición Forzada, y la existencia de fiscalías especializadas o unidades de investigación en desaparición forzada en todas las entidades federativas del Estado parte.

Sin embargo, observa con preocupación que “la investigación y persecución penal de la desaparición forzada y desaparición cometida por particulares continúan sin ser priorizadas”.

El Comité lamenta la ausencia de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones y la falta de reconocimiento por parte de las autoridades sobre las distintas formas de responsabilidad de los agentes estatales.

Y también le preocupa la publicación del Decreto de noviembre de 2022 que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, y la falta de controles civiles eficaces.

Los expertos en Derechos Humanos señalan el aumento de la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, siendo los Estados de México, Tamaulipas, Jalisco y Guerrero los que cuentan con el registro más alto.

En cuanto a los cadáveres encontrados, la información recibida indica que el 89% de los 53.347 cuerpos o restos humanos almacenados no se identificó durante el año 2022.

  • El Comité recomienda aprobar a la brevedad el Reglamento de la Ley General y de la Comisión Nacional de Búsqueda, que garantice un proceso abierto, “que incluya a los familiares de personas desaparecidas”.
  • En ese sentido, explica que “los familiares y allegados de las personas desaparecidas en general continúan encargándose de la búsqueda (en campo y en vida), una investigación que le compete al Estado”.
  • Además, el Comité está preocupado por las dificultades de acceso de los familiares y representantes de las víctimas a los expedientes de investigación, y por alegaciones recibidas sobre el cierre paulatino de espacios de participación de las víctimas en asuntos que les conciernen.

En el capítulo de la búsqueda, reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión Nacional de Búsqueda alentando a las autoridades competentes a ingresar información completa sobre los casos de desaparición, incluyendo desaparición forzada, en el registro.

Sin embargo, señala entre otras cuestiones las dificultades operativas que existen en la búsqueda de personas desaparecidas “debido a la poca claridad sobre las competencias de las instituciones que participan en la búsqueda”.

  • También es un obstáculo el mantenimiento de la exigencia por parte de algunas autoridades de que hayan pasado hasta 72 horas después de una desaparición para recibir una denuncia, “impidiendo la búsqueda inmediata de la persona desaparecida”.

*El Comité contra la Desaparición Forzada (CED), es el órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas por sus Estados Partes./PUNTOporPUNTO

Documento Íntegro en el Enlace:

https://www.impunidadcero.org/articulo.php?id=196&t=impunidad-en-delitos-de-desaparicion-en-mexico-2023

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