El diseño y la ejecución de las políticas públicas de seguridad en México han enfrentado una constante tensión entre la innovación teórica y las deficiencias estructurales en su implementación en territorio.
Al analizar de manera integral los diagnósticos institucionales contemporáneos, se hace evidente que las estrategias gubernamentales han acumulado tanto aciertos normativos y metodológicos como severos desaciertos operativos que limitan el alcance de la pacificación nacional.
Dentro de los aciertos más significativos destaca el reconocimiento formal de la multidimensionalidad del delito y la violencia. La transición de la seguridad que hizo la Cuarta Transformación hacia un paradigma que no se limita a la reacción punitiva, sino que trata de priorizar la atención integral a las causas estructurales —como la marginación, la falta de oportunidades para las juventudes y la desigualdad socioeconómica—, constituye un avance en la planeación democrática. Asimismo, la articulación de programas de bienestar social orientados a los polígonos habitacionales y municipios con mayor rezago económico es un acierto metodológico, pero no implementado por vez primera, al buscar reducir de manera directa la base social susceptible de ser cooptada por la delincuencia organizada.
Otros aciertos en las políticas públicas han sido el esfuerzo de centralización, homologación e interoperabilidad tecnológica a través del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, la modernización de los centros de comando, control y cómputo, así como la certificación del personal mediante el Certificado Único Policial (CUP).
Por el contrario, los errores y desaciertos estructurales continúan neutralizando gran parte de estos esfuerzos. El principal error histórico de las políticas públicas de seguridad radica en la debilidad y el abandono crónico de las corporaciones policiales locales, particularmente en el ámbito municipal.
Al privilegiar presupuestaria y operativamente a las fuerzas federales y de carácter militarizado, el Estado postergó la consolidación de la policía de proximidad y la justicia cívica.
Un desacierto más lo constituye la brecha existente entre la captación de información de inteligencia financiera y cibernética y su conversión real en judicializaciones efectivas. A pesar del volumen masivo de reportes financieros y de avisos por actividades vulnerables que recibe el Estado, el número de denuncias formalizadas y de investigaciones criminales concluidas es marginal en comparación con la sofisticación logística del crimen organizado.
Las políticas públicas han tropezado en la falta de homogeneidad e integralidad del Sistema Penitenciario Nacional. La coexistencia de criterios técnico-operativos fragmentados entre las federaciones y los estados ha derivado en una gobernabilidad carcelaria sumamente débil, donde centros estatales enfrentan niveles críticos de sobrepoblación y hacinamiento que imposibilitan el mandato constitucional de la reinserción social efectiva. La carencia de un Servicio Profesional de Carrera Penitenciario desarrollado impide la especialización del personal técnico y de custodia, perpetuando deficiencias en la seguridad interna y facilitando la operación de redes delictivas transnacionales desde el interior de los penales.
Hoy en día las estadísticas reflejan un panorama de compleja estabilización con desafíos criminales mutados. Los indicadores oficiales demuestran que las políticas de articulación y priorización en municipios específicos han logrado un efecto estabilizador parcial en delitos de alta letalidad, registrando una tendencia descendente en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso en comparación con los picos del periodo 2018-2020. No obstante, este descenso marginal coexiste con un volumen absoluto de violencia que mantiene la preocupación de la población urbana respecto a la inseguridad en sus localidades.
La realidad actual de 2026 evidencia que la contención en campo no ha desarticulado de fondo las capacidades financieras de las estructuras criminales. La extorsión en sus variantes telefónica y digital, así como el cobro de piso a cadenas de suministro del sector comercial y de transporte, se mantienen en niveles elevados en entidades federativas con alta densidad poblacional y dinamismo económico, como el Estado de México, Guanajuato, Nuevo León y la Ciudad de México.
No se omite la grave crisis de las personas desaparecidas que al régimen le gustaría voltear y que ya no exista.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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