Bajo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han ampliado su papel y asumen cada vez más funciones en México. Los crecientes roles de los militares están alarmando a investigadores y organizaciones de la sociedad civil, que recientemente publicaron un estudio documentando y cifrando ese fenómeno.
Desde la desmilitarización a la alianza con el Ejército
«López Obrador hizo campaña prometiendo sacar a los militares de las calles, pero aún antes de asumir, y luego de una reunión con los militares en 2018, cambió de opinión y diseñó una Guardia Nacional altamente militarizada para asumir funciones de seguridad pública”, destaca Alejandro Madrazo, doctor en derecho por la Universidad de Yale y fundador del Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). «Hubo una voltereta, y desde ese momento, López Obrador forja una alianza con el Ejército”, dijo en entrevista con DW.
- Una alianza que sigue más firme que nunca. Hace apenas hace unos días, el presidente anunció que la Marina -que ya controla aduanas y el comercio marítimo- asumirá el control de los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón. También desató polémica con su anuncio de transferir el mando de la Guardia Nacional a los militares, algo que contraviene la ley y la Constitución, donde se estipula que la seguridad pública debe estar bajo mando civil.
Transferencia récord de funciones a los militares
Eso es solo la punta del iceberg. En los últimos tres años y medio, los militares han asumido el control de Aduanas, de la construcción del Tren Maya, del Tren Transístmico, del Banco del Bienestar, del nuevo aeropuerto capitalino Felipe Ángeles, así como de la custodia y traslado de las vacunas contra el COVID-19 y la implementación del programa de reforestación Sembrando Vida. Además, obtuvieron el derecho de recaudar de manera autónoma las ganancias generadas, por ejemplo, por el Tren Maya, que no solamente será construido, sino también administrado por los militares. Estos dispondrán a discreción de los ingresos generados por él.
- En total, subraya Lisa Sánchez, de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD), los militares asumen hoy 223 funciones, de las cuáles cien están totalmente ajenas a la seguridad pública y la defensa nacional. «El 53% de las funciones se ha transferido en esta administración. Es un récord”, explica a la DW la politóloga, graduada en la Sorbona de París y la London School of Economics.
Acumulación de recursos financieros
En el «Inventario Nacional de lo Militarizado” que publican MUCD y CIDE en conjunto, se ve que la acumulación de funciones tuvo una correlación monetaria: «Desde 2006 a 2021, el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) creció en 163%”, dice Sánchez, con lo cual la Sedena pasó de la novena a la quinta dependencia con más presupuesto, y será la segunda cuando asuma el control de la Guardia Nacional. Ninguna otra Secretaría, según el estudio, ha tenido ese aumento, por el contrario, muchas han perdido presupuesto, como, por ejemplo, Comunicaciones y Transportes, y Medio Ambiente. La militarización tiene un costo oculto, advierte Sánchez: «Así se pauperiza a los policías, a los ministerios públicos y a la investigación criminal”.
«Eso, sin mencionar los convenios que hace el Ejército con los estados y los municipios», añade el jurista Madrazo. «No solo obtienen dinero del presupuesto, también tienen ingresos aparte.» Según el investigador, eso responde a una estrategia de larga data de las Fuerzas Armadas. Según sus investigaciones, desde el levantamiento zapatista, en 1994, el Ejército ha impulsado reformas para tener mayores espacios en la seguridad pública. «En los hechos, todos los presidentes desde Ernesto Zedillo, han dado mayor participación al Ejército, aunque en el derecho, desde el Congreso y la Corte Suprema, sistemáticamente se les ha negado o limitado.”
Los errores y violaciones a derechos humanos cometidos por el Ejército Mexicano
El sol no se puede tapar con un dedo… y ni siquiera la mano entera alcanzaría para tratar hacer olvidar las ocasiones en que los militares han incurrido en graves faltas a la ciudadanía, lideradas por las violaciones a los derechos humanos, y han salido intactos.
La inacción militar en Iguala
Desde aquella noche trágica en Iguala, Guerrero, del 26 de septiembre de 2014, en la que desaparecieron los 43 normalistas, cuyo caso se hizo emblema mundial del peligro que se vive en México, los padres de las víctimas han apuntado a elementos del Ejército inmiscuidos en los hechos. En su momento, el entonces secretario de la Defensa Pública, Salvador Cienfuegos, se negó a que los soldados fueran interrogados.
- Sin embargo, a finales del mes pasado, se dio a conocer un informe que sepultó por completo la “verdad histórica” del entonces procurador del país, Jesús Murillo Karam —ahora detenido por los mismos hechos— y reveló que sí habría participación del Ejército en los hechos. Se señala, por ejemplo, que entre los normalistas había un militar infiltrado, quien también habría desaparecido y que no fue registrada ninguna alerta de búsqueda.
De igual manera, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, indicó tras la publicación de ese informe que seis de los 43 estudiantes de la Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa se mantuvieron con vida hasta cuatro días después de los hechos en un lugar denominado como la “bodega vieja” y que el 30 de septiembre fueron ultimados y desaparecidos “por órdenes del coronel, presuntamente el entonces coronel José Rodríguez Pérez”.
Ocho militares detenidos por el caso Tlatlaya
El 30 de junio de 2014, en la comunidad San Pedro Limón, perteneciente al municipio de Tlatlaya, 22 personas fueron privadas de la vida en una bodega a manos de miembros del Ejército. Entre los muertos había un menor de edad.
- Aunque la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) señaló que esto fue resultado de un enfrentamiento entre un grupo de la delincuencia y elementos del 102 Batallón de Infantería, investigaciones periodísticas, el testimonio de una sobreviviente y la recomendación 51/2014 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) revelaron que entre 12 y 15 de las personas que murieron fue resultado de ejecuciones cometidas cuando los civiles ya se habían rendido. Además, se alteró la escena del crimen para encubrir a los responsables y se torturó a las sobrevivientes para que no revelaran lo sucedido.
Los siete militares que estuvieron involucrados en el asesinato de 22 presuntos delincuentes ocurrido en 2014 en Tlatlaya, Estado de México, y que fueron liberados en 2015 y 2016 por falta de elementos, fueron reaprehendidos a mediados de marzo de 2021.
Caso Fernández Ortega vs el Estado
Un 22 de marzo de 2002, en un escenario protagonizado por la fuerte presencia militar que había en el estado mexicano de Guerrero, Inés Fernández Ortega, una mujer indígena perteneciente a la comunidad indígena Me’phaa, se encontraba en su domicilio en Barranca Tecoani, donde vivía junto con su esposo Prisciliano Sierra y sus cuatro hijos. De un momento a otro, un grupo de aproximadamente once militares, vestidos con uniformes y portando armas, entraron a su casa.
- Ahí, uno la encañonó con un arma ordenándole tirarse al piso. Luego, otro la violó sexualmente, mientras los otros dos veían. Posterior a esos hechos, la víctima hizo todas las denuncias correspondientes, en búsqueda de justicia por lo que sufrió, sin tener éxito alguno.
- El caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en agosto de 2010 concluyó que el Estado de México resultó internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la integridad personal, a la dignidad, a la vida privada, a las garantías judiciales y a la protección judicial en perjuicio de la señora Inés Fernández Ortega.
En 2012 recibió una disculpa pública de parte del entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.
Aún con esos ejemplos y las claras arbitrariedades cometidas por elementos del Ejército, el presidente López Obrador reciéntente declaró que las “manchas” y los errores de los militares mexicanos fueron “por las decisiones que han tomado los gobiernos civiles, porque no hay que olvidar que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente”.
Ejército mexicano ve “tendencioso” criticar a los militares
En plena polémica por la creciente militarización de México y en vísperas de que el Congreso vote cambios legales para prolongar las labores de las fuerzas armadas en las tareas de seguridad pública, el jefe del ejército mexicano lanzó el martes un discurso en el que consideró como “comentarios tendenciosos” aquellos que critican la labor de los militares.
“Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que, con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales, antes que los intereses nacionales, pretender apartar a las Fuerzas Armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía” en ellas, dijo el general Luis Cresencio Sandoval.
- El secretario de la Defensa hizo estos comentarios durante un discurso solemne previo a las celebraciones el viernes por el Día de la Independencia, una semana después de que el Congreso aprobara que la Guardia Nacional -un cuerpo al que la Constitución reconoce un carácter civil- pasara a estar bajo su mando y pese a las críticas de la ONU a la medida, que calificó como un “retroceso” para México.
El general Sandoval abogó por una “sociedad unida, en donde los sectores político, económico, social y militar que la integran actúen sumando esfuerzos y voluntades” porque las divisiones del pasado “sólo allanaron el camino a amenazas extranjeras que afectaron y pueden afectar nuestra soberanía”.
Una regla no escrita en México es que los militares no interfieren en política y los políticos les dejan libertad en sus asuntos internos. Y aunque el presidente es quien nombra al Secretario de la Defensa, lo hace a partir de una lista de candidatos presentada por los generales.
- Pero Sandoval ya provocó críticas el año pasado cuando pidió a los mexicanos unirse al “proyecto de nación que está en marcha”, algo interpretado como apoyar lo que López Obrador llamó la “cuarta transformación” del país.
El aumento de poder de los militares, sobre todo en labores policiales, es motivo de preocupación para muchos porque puede conllevar menos transparencia en sus actuaciones y más abusos, por mucho que el presidente insista en que su gobierno no permite ni las violaciones de los derechos humanos ni la impunidad.
Atacan cuartel por caso de los 43
Durante una protesta de padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, presuntos normalistas lazaron piedras y bombas molotov en la 35 zona militar de Chilpancingo, donde también con un camión de la empresa refresquera Coca-Cola abrieron a la fuerza las puertas del lugar.
- Como parte de la jornada de actividades por el octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas, padres de las víctimas se congregaron al mediodía en la 35 zona militar, ubicada en una lateral de la Autopista del Sol, para exigir al Gobierno federal que dé castigo a los responsables de este hecho ocurrido el 26 de septiembre de 2014.
Durante el mitin, los padres de los 43 acusaron que desde la detención del exprocurador de Justicia de Guerrero, Jesús Murillo Karam, las investigaciones están detenidas.
«Venimos a exigir sobre la ejecución de 83 órdenes de aprehensión, que yo no veo nada; además detuvieron a Murillo Karam y ahí se detuvo todo. Nosotros como padres exigimos que se castigue a los responsables que se llevaron a nuestros hijos, que ya pasaron ocho años y no los encontramos, no sabemos nada de ellos».- Uno de los padres de los 43 normalistas
Al finalizar la protesta, un segundo contingente integrado por presuntos estudiantes de la escuela normal rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, arribó a la zona y comenzó a arrojar piedras, petardos y otros explosivos caseros, hacia las instalaciones militares.
- Además, las personas cubiertas de los rostros realizaron pintas al cuartel militar en las que clamaron justicia y mostraron su descontento hacia las fuerzas armadas por haber participado en la desaparición de los 43, durante la noche de Iguala.
- Después de poco más de 10 minutos de acciones en contra de las instalaciones militares, los presuntos normalistas se retiraron de la zona con dirección hacia la ciudad de Tixtla, donde se ubica la escuela normal de Ayotzinapa, esto de acuerdo con medios locales.
En tanto, no hubo respuesta por parte de los militares hacia los estudiantes por esta agresión.
Cabe señalar que inicialmente la protesta estaba programada en la puerta de acceso de Palacio de Gobierno, sin embargo, la presencia de otro grupo de manifestantes propició que se modificara la sede de la manifestación./Agencias-PUNTOporPUNTO
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