Revelan CORRUPCIÓN inmobiliaria con Sheinbaum en CDMX; piden investigar a Altos FUNCIONARIOS del INVI

La corrupción inmobiliaria ya se considera una problemática muy grave, pues hay hasta 25 mil ciudadanos afectados debido a la participación activa de más de cinco secretarías del gobierno capitalino

Altos funcionarios del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI) están siendo acusados por empleados y ciudadanos de la capital, tras incurrir en conductas perjudiciales contra los trabajadores, al cometer abuso de autoridad, hostigamiento laboral y tráfico de influencias.

  • De acuerdo con denuncias presentadas contra los “servidores públicos”, los titulares de la Coordinación Ejecutiva de Seguimiento Institucional, Rodrigo Chávez Contreras, y de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos e Inmobiliarios Julieta Cortes Fragoso, junto con el Lic. Javier Melchor González. Subdirector de Asuntos Inmobiliarios, son quienes incesantemente acosan a los empleados, incluidos los trabajadores sindicalizados.
  • La intención es llegar al desgaste y hartazgo para que los afectados se vayan de INVI y así tener la posibilidad de que los funcionarios prepotentes puedan meter a su gente. Las denuncias advierten que Julieta Cortés Fragoso ha emprendido una campaña de hostigamiento laboral contra empleados y que también está siendo acusada de cohecho, cobijada por su superior jerárquico, Rodrigo Chávez Contreras. Así como también el Lic. Iván Rafael Arellano Chirinos quién está acusado de cohecho que ocupa el cargo de la Jefatura de Unidad Departamental de Contratos, encubierto por Julieta Cortés Fragoso.

Los funcionarios son señalados no sólo de incurrir en abuso de autoridad, sino también en nepotismo, ya que tienen a varios familiares laborando en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, desde donde según los empleados inconformes están implicados en enriquecimiento ilícito, por lo que hicieron un llamado a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, para que abra una investigación contra estos personajes.

  • El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que los señalamientos contra los “servidores públicos” van en el sentido de que están manchando la imagen de esa instancia de gobierno.

Indicaron que en el emblema de la 4T, situado en la honestidad, transparencia y decencia está siendo mancillado por la conducta de estas personas, quienes, paradójicamente, llegaron enarbolando la bandera de Morena, organización política que hoy se ve empañada por el desempeño de estos funcionarios corruptos.

El INVI fue creado para atender la necesidad de vivienda de la población residente de la capital, principalmente la de bajos recursos económicos, a través del otorgamiento de créditos de interés social para vivienda digna y sustentable, pero estas personas, de acuerdo con la denuncia de los inconformes, han estado realizando actos ilícitos, con resultados de enriquecimiento injustificado.

  • Las acusaciones contra Julieta Cortés Fragoso, a quien señalan de ser la promotora del abuso de autoridad, el hostigamiento laboral y el tráfico de influencias, respaldada por su jefe, el titular de la Coordinación Ejecutiva de Seguimiento Institucional, han ido en detrimento de varios empleados, quienes ya están cansados de los malos tratos de esta “servidora pública.

Insistieron en que la intención de ella es hartar a los trabajadores para que se vayan y así poder meter a su gente, pisoteando otra de las esencias del INVI, que es s contribuir a la realización del derecho humano básico en favor de que los ciudadanos tengan una vivienda digna.

Los empleados inconformes con las actitudes de estos funcionarios también dieron a conocer que en días pasados se llevaron a cabo protesta de trabajadores y ciudadanos, quienes realizaron pintas en la vía pública, en la que escribieron consignas como “INVI corrupto”, “Cártel inmobiliario” y “Vivienda pagada, no regalada”, lo que demuestra el grado de desesperación al interior del Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México.

Cinco secretarías de gobierno protegen a cartel inmobiliario

Habitantes de la alcaldía Benito Juárez, gobernada por Santiago Taboada, que han resultado afectados por la corrupción inmobiliaria de los panistas en la demarcación, han descubierto que el esquema fraudulento de bienes raíces, está coludido en instituciones como la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), el Instituto de Verificación Administrativa (Invea), el Instituto para la Seguridad de las Construcciones (ISC), la Secretaría de la Contraloría de la ciudad y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJCDMX) desde tiempos del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, permitiéndole la impunidad a los operadores principales del “Cártel Inmobiliario”.

  • La corrupción inmobiliaria ya se considera una problemática muy grave, pues hay hasta 25 mil ciudadanos afectados debido a la participación activa de más de cinco secretarías del gobierno capitalino en complicidad con la alcaldía BJ; lo anterior fue confirmado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la capital (INFO CDMX) en el expediente INFOCDMX/RR.IP.6115/2022.

Como las autoridades han desviado la exposición mediática en un aparente control del “Cártel Inmobiliario” sin que se toque a los cómplices de secretarías e instituciones, hubo afectados que interpusieron demanda ante la FGJ fechada el 19 de enero de 2022, a pesar de que en la misma autoridad estén detectados funcionarios coludidos con la mafia inmobiliaria.

  • Uno de los hechos que delatan la participación de la Seduvi con la alcaldía BJ, es que de forma consecutiva faltan cientos de folios sobre manifestaciones de construcción, pues la secretaría le ayuda a los funcionarios panistas a desaparecer la información, con ayuda de la Contraloría; mientras que el ISC protege a más de 500 directores responsables de obra; el Invea simula hacer verificaciones en los inmuebles irregulares; y la FGJCDMX, no procede contra los constructores y autoridades involucradas.

La corrupción en BJ tocó a tantas autoridades que han preferido esperar a que colapsen las construcciones, pues la única manera en que se evidencien los ilícitos será con otro sismo como el de 2017, cuando los ciudadanos se sorprendieron que los edificios que se derrumbaron fueron los de reciente construcción.

La investigan por despojo, y ahora es consejera de Morena

Raquel Almanza Álvarez, quien está acusada por el delito de despojo de los inmuebles ubicados en Antonio Caso 104 y Antonio Caso 130, fue electa como consejera en la alcaldía Cuauhtémoc.

“Asamblea de Barrios Proyecto Democrático de Vida Digna AC y Grupo FOSDA, agradecemos a las compañeras y compañeros que han caminado con nosotros y nos dieron sus votos para participar en el proceso interno de Morena, teniendo como resultado 2 Consejeros, Edgar Alejandro Hipólito Almanza y Raquel Almanza Álvarez. ¡Hasta la Victoria Siempre! ¡Con el pueblo y para el pueblo!”, publicó la denunciada ante la Fiscalía en su cuenta de Facebook.

  • El pasado 4 de julio de 2022, Excélsior publicó que diversas personas han pagado a la organización Patria Nueva para “apartar” un departamento que de acuerdo a esa organización será construido por el Instituto de la Vivienda en Antonio Caso 104, colonia San Rafael.
  • Sin embargo, los dueños del inmueble afirmaron que éste se encuentra en litigio desde hace 20 años y que se han abierto cuatro carpetas de investigación.

En todas señalan a Raquel Almanza Álvarez como responsable. La más reciente, con terminación 254/08-2016, sigue abierta.

A pesar de que el procedimiento precluyó, el Invi volvió a iniciar un proceso para expropiar ese predio, pero los dueños del inmueble afirman que el procedimiento es irregular, toda vez que el inmueble tiene dueños y existe una carpeta de investigación abierta por el delito de despojo.

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, afirmó el mismo 4 de julio: “Vamos a revisar el caso para poder contestar. Está ahí involucrado un conflicto social, no sólo jurídico”./Agencias-PUNTOporPUNTO

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