Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León tienen 71% de los 52 mil cuerpos sin identificar que están en fosas comunes, servicios forenses y universidades: alrededor de 37 mil cadáveres.
- De acuerdo con el informe sobre desaparecidos en México, de la ONU, dicha cifra no incluye los 100 mil desaparecidos o los fragmentos óseos que todos los días recogen activistas y familiares de personas ausentes.
- El reporte señala que los servicios forenses son insuficientes y no se cuenta con una política pública de identificación humana con relación a los extraviados. Según expertos, bajo el actual esquema México se llevaría 120 años para darle nombre y rostro a los cuerpos que están en las morgues, sin contar con los que cada día se suman a este escenario.
Urge al país “fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas.”
SIN IDENTIFICAR, HAY 37 MIL EN 7 ESTADOS
Según la Organización de Naciones Unidas, los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran 36 mil 920 cuerpos no identificados que están en las fosas comunes, es decir, 71% del total.
- En su informe sobre desaparecidos en México, asevera que actualmente hay 52 mil cuerpos en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense.
Esa cifra no incluye los casi 100 mil desaparecidos que actualmente hay en México, según la ONU, ni los miles de fragmentos de restos humanos que todos los días recogen las familias y activistas que buscan extraviados a lo ancho y largo del país.
El informe, dado a conocer el martes pasado, asegura que los servicios forenses son insuficientes y no se cuenta con una política pública de identificación humana con relación a los extraviados.
Según expertos citados por Naciones Unidas, bajo el actual esquema de identificación, México se llevaría 120 años en poder darle nombre y rostro a los cuerpos que están en las morgues, sin contar con los cuerpos que cada día se suman a este escenario.
- La gravedad de las desapariciones, la diversidad e intensidad de los impactos obliga a una implementación urgente de políticas transversales para atacar este mal, asevera el informe de la ONU.
- En el apartado de recomendaciones, el informe identifica las medidas que debería tomar México “para implementar una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas”.
El Comité también urgió al país “a fortalecer los procesos de búsqueda e investigación, brindar apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales, y asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento a las víctimas”.
Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas”, concluyó el Comité.
Además, el Comité tomó nota de que, pese a los avances institucionales y legales, el Plan Nacional de Búsqueda no se ha implementado para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
De acuerdo con el estudio, entre 2006 y 2021 se produjo un crecimiento exponencial, pues 98% del total de desapariciones forzadas en México se dio en dicho periodo.
CRIMEN ORGANIZADO PERPETRADOR PRINCIPAL DE DESAPARICIONES
El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) externó su preocupación sobre la responsabilidad de servidores públicos del creciente número de desapariciones forzadas en México, dijo el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en sus hallazgos publicados.
- El Comité instó a acciones inmediatas para acabar con la impunidad absoluta y a una política nacional para prevenir esta tragedia humana que llegará al récord de las 100 mil personas desaparecidas.
- “Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, subrayó el Comité al presentar sus conclusiones sobre México.
“La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”, dijo el Comité en un informe que concluyó la visita de su delegación a México en noviembre.
El informe detalla las tendencias recientes, las causas fundamentales y los desafíos actuales de las desapariciones forzadas.
Había 95 mil 121 personas registradas como desaparecidas al 26 de noviembre. De esas, se agregaron 112 desapariciones durante la visita del Comité. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, hubo ocho mil casos nuevos cada año en los últimos cinco años. El Comité destacó la importancia del Registro Nacional, que da una idea de la magnitud de las desapariciones en México.
Según el CED: “Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres de entre 15 y 40 años. No obstante, las cifras oficiales muestran un aumento notable de las desapariciones de niños y niñas a partir de los 12 años, así como de adolescentes y mujeres, tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la enfermedad por coronavirus”, constató el Comité. “Víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”.
- El Comité mostró preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos, algunos de los cuales han sido desaparecidos por su participación en búsquedas y lucha contra las desapariciones. También mostró preocupación por las desapariciones de más de 30 periodistas entre 2003 y 2021, ninguno de los cuales ha sido localizado.
- Durante la visita, el Comité también escuchó alegaciones de desapariciones ocurridas en prisiones y centros de migración. El Comité tomó nota de los obstáculos que impiden a las personas privadas de libertad contactarse con el exterior e informar sobre su paradero.
El Comité también recibió alegaciones de que a los migrantes detenidos ilegalmente en lugares desconocidos los perpetradores les quitaron los celulares y luego les exigieron dinero a las familias, a veces con el apoyo o la aquiescencia de servidores públicos./Agencias-PUNTOporPUNTO
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