La «AUSTERIDAD Republicana» llega a la Agenda Pública de la 4T en materia AMBIENTAL

Ambientalistas han manifestado su preocupación por la decisión del gobierno federal de incrementar el volumen de procesamiento de petróleo

Foto: Puerto Dos Bocas, Tabasco

A un año y ocho meses del inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la discusión en la agenda pública en materia ambiental está marcada por la austeridad, debilitamiento de las instituciones del sector, el inicio de las grandes obras insignia sin tener antes los permisos ambientales. Una política energética que pone en riesgo el cumplimiento de compromisos en materia de disminución de emisión de gases de efecto invernadero, así como por preocupaciones por algunas reformas que se impulsan en el Congreso.

Austeridad y debilitamiento institucional

Durante los últimos ocho años, el presupuesto asignado a la Secretaría del Medio Ambiente y dependencias del sector ha registrado cambios importantes.

  • En el año 2012, el último de la administración del presidente Felipe Calderón, las dependencias del sector, en su conjunto, recibieron un presupuesto de 54,717 millones 658,406 pesos, cifra que para 2015, es decir el tercer año del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, se incrementó a 67,976 millones 702,425 pesos, que fue la cantidad más alta de presupuesto que han tenido en los últimos años.

Para 2017, el presupuesto había bajado hasta 36,058 millones 607,085 pesos y para el año 2018, el último del presidente Peña Nieto aumentó ligeramente a 37,580 millones 635,702 pesos.

  • Con la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador bajó aun más y en 2019 ejercieron 31,020 millones 459,536 pesos y para el Congreso aprobó 29,869 millones 450,777 pesos. Pero con las medidas de austeridad implementadas por el Presidente, su presupuesto bajó a 23,089 millones de pesos, es decir una reducción de 23 por ciento.

Si se compara con el presupuesto ejercido en 2015, que es el más alto en los últimos años, con el que se ejerce en 2020, la reducción es de 66.04 por ciento.

El 5 de junio pasado, con motivo del Día Internacional del Medio Ambiente, un grupo de exsecretarios y altos funcionarios del sector del medio ambiente expusieron en una carta al presidente López Obrador su preocupación por lo que llamaron el “desmantelamiento” de instituciones dedicadas a la protección del entorno.

Lo conminaron a “dejar de minar y desdibujar a las instituciones ambientales de México y suspender decisiones contrarias al marco legal que nos rige en materia ambiental y a nuestras obligaciones y compromisos internacionales”.

Aunque el recorte presupuestal afectó a todas las áreas de gobierno, la baja en el presupuesto de algunas ha generado más reclamos.

  • La Comisión Nacional Forestal perdió más del 65% de su presupuesto, lo que, ha decir de ecologistas, ha limitado drásticamente su capacidad de atención a incendios forestales y a la reforestación.

Esa institución ha tenido que disminuir programas de incentivos para la conservación y el apoyo a las comunidades campesinas forestales y al sector productivo forestal en general.

En el caso de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), algunas organizaciones sociales señalan que los recortes presupuestales han limitado “en forma ya escandalosa” la efectividad de esta institución para proteger la gran riqueza natural de nuestra nación y el control de las emisiones contaminantes.

Incluso señalan que se le percibe ausente para atender y manifestarse, como le corresponde, ante irregularidades y para frenar la tala de selvas y bosques.

Recortes en otras dependencias

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha sufrido también una disminución de su presupuesto en más de dos terceras partes y, según los firmantes de la carta antes citada, ha perdido una parte importante en su personal especializado.

Además señalan que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, está en una gran crisis de supervivencia.

  • Aseguran que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha ido perdiendo presupuesto indispensable para su operación y, en estos últimos días, los nuevos recortes prácticamente la han paralizado. Se ha reducido a su mínima expresión el programa de Sinergia que la Conanp operaba con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
  • Destacan que este programa sostiene a más de 250 profesionistas y técnicos que desarrollan en comunidades rurales, particularmente indígenas, proyectos de conservación y desarrollo comunitario, con visión integral de manejo de recursos naturales y enfoque de paisaje y adaptación al cambio climático. «Estas plazas se van a perder”, indican.

Además aseguran que la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad es otra institución que no sólo está abandonada sino castigada.

Obras insignia sin tener antes los permisos ambientales

Las grandes obras insignia de esta administración como el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, han sido cuestionadas por ecologistas y dirigentes del sector privado porque iniciaron sin contar con todas las manifestaciones de impacto y permisos ambientales.

La preocupación estriba en que con eso se esté enviando la señal al resto de la sociedad de que la normatividad puede eludirse o incumplirse en una invitación hacia la impunidad. Además, las consultas a la población que se han realizado sobre las obras del gobierno y, sobre todo, a los pueblos originarios se han distorsionado, violando derechos establecidos.

Política energética

Desde diferentes foros ambientalistas han manifestado su preocupación por la decisión del gobierno federal de incrementar el volumen de procesamiento de petróleo en el Sistema Nacional de Refinación y las decisiones que en los hechos han dado prioridad a la generación de energía eléctrica usando combustibles fósiles.

  • La preocupación radica en que se pondrá en riesgo el cumplimiento de nuestra legislación y del compromiso internacional de llegar a tener el 35% de energías limpias para el 2030 y de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Por otra parte, el gobierno federal, con el apoyo de algunas organizaciones sociales impulsan varias reformas legales entre las que destacan las relacionadas con desarrollo forestal, aguas, equilibrio ecológico para incluir el principio precautorio en todas las decisiones que tienen que ver con el medio ambiente, la ley de impulso al patrimonio biocultural y una relacionada con delitos ambientales. Entre las que más preocupación han ocasionado es la del agua.

  • El Consejo Consultivo del Agua (CCA), alertó sobre el riesgo que constituye la abrogación de la Ley de Aguas Nacionales y la creación de una Ley General de Aguas, en los términos planteados por las iniciativas presentadas por diputados de Morena y del Partido del Trabajo.
  • El organismo señala que pondrían en grave riesgo el sistema hídrico nacional e, incluso, generarían problemas de paz social, además de que no resolverían los graves pendientes que enfrenta el país en ese sector.

Lo que les preocupa a algunos expertos sobre la gestión del agua es que se le quite la facultad para el otorgamiento de concesiones del agua al Ejecutivo y asignárselo a consejos ciudadanos, tal como esas iniciativas pretenden, lo cual no puede ser porque se trata de un bien nacional.

Pone a prueba paciencia de inversores por política ambiental

Casi 90 por ciento de los 107mil 200 millones de dólares de deuda financiera de Pemex está en manos de inversionistas de bonos, según datos de Refinitiv Eikon, informes trimestrales y archivos relacionados con recientes transacciones de refinanciamiento. Además, tiene 64 mil 900 millones de dólares en pasivos de pensiones.

«Será cada vez más difícil para los inversores institucionales internacionales invertir en sus emisiones de bonos si no abordan sus preocupaciones de sostenibilidad, ya sea el clima, los derrames de petróleo debido al robo de crudo, la salud y la seguridad», reveló, respecto a las finanzas de la petrolera mexicana, Marie-Sybille Connan, analista de la gestora de activos Allianz Global Investors.

  • El mayor desafío tanto para México como para Pemex es el hecho de que hay otras cosas que tienen prioridad, dijo Aaron Gifford, analista de deuda de mercados emergentes de T.Rowe Price, uno de los mayores tenedores de bonos de Pemex. Después de los impuestos que la compañía paga al gobierno, no queda dinero para invertir en nuevas formas de producir petróleo.

«Hemos estado muy interesados en hablar con el consejo de administración de Pemex y realmente tratar de que se comprometan a hacer cambios», expresó Gifford. Pero la dirección ha cancelado muchas reuniones y llamadas de inversores. «Esas reuniones en las que he estado, han sido muy tensas y a veces incluso un poco acaloradas…Tenemos tantas preguntas para ellos».

Pemex, la Secretaría de Hacienda y la Oficina de Presidencia no respondieron a solicitudes de comentarios. El jefe del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador ha culpado a sus predecesores de los problemas de Pemex. La deuda financiera aumentó 75 por ciento bajo el último gobierno, según un análisis de Reuters de las cuentas de la última década.

Las grandes compañías petroleras como BP Royal Dutch Shell y Repsol han comenzado a establecer estrategias para reducir el carbono que emiten. Pero Pemex, uno de los mayores prestatarios en los mercados emergentes, está decidida a empujar en la dirección opuesta, dijeron a Reuters tres personas de la empresa y del gobierno.

  • Si la dirección de Pemex no atiende los llamados para frenar emisiones de carbono, «se les hará más difícil emitir deuda», acusó Connan. Los inversores rara vez han hablado de su compromiso con la administración de Pemex, pero Allianz es uno de los cuatro grandes prestamistas que lo hace públicamente.
  • Los diferenciales de rendimiento de Pemex se han ampliado, lo que demuestra que ya es más difícil pedir prestado, pues incluso los más ávidos de rendimiento están reconsiderando su inversión.

Hasta el 28 de agosto, los rendimientos de los bonos de Pemex estaban entre 7 por ciento y poco menos de 9 por ciento en los papeles más negociados, según datos de MarketAxess.
Climate Action 100+, un grupo de 450 administradoras con activos conjuntos por unos 40 mil millones de dólares, expresó a Reuters que agregaría a Pemex a la lista de 160 empresas con las que buscará hablar directamente para impulsar estrategias para reducir las emisiones de carbono.

«Cuando vemos lo que están haciendo sus pares, Pemex debería hacer más, mostrar más ambición en términos de compromiso para reducir las emisiones de carbono», dijo Jaime Gornsztejn, quien supervisa inversiones con compromiso ambiental de empresas latinoamericanas para Federated Hermes./Agencias-PUNTOporPUNTO

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