Los recursos públicos de México tendrán una presión más por la entrada en vigor de la reforma eléctrica recién aprobada por el Congreso de la Unión y con la pendiente promulgación por parte del Ejecutivo.
- Actualmente, el costo de generar energía eléctrica no se ve reflejado de manera abrupta o directa en los recibos de los consumidores, pues entre lo que cuesta y lo que se cobra el sector público otorga un subsidio, explicó Monserrat Ramiro, ex comisionada de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).
- Con la reforma se estima que el costo de producir energía se eleve 63,000 millones de pesos (mdp) cada año, monto que tendría que desembolsar la administración pública en subsidios si se deseara mantener la promesa de no incrementar los precios de las tarifas eléctricas, explicó la especialista en el sector energético en el foro Electricidad para el futuro de México, organizado por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), organizado este jueves.
Esto implicaría una presión extra para la disposición y manejo de los recursos públicos, provenientes en su mayoría del pago de impuestos, los cuales en enero reportaron una caída de 5.8% frente al mismo mes del año pasado, mientras que los petroleros descendieron 54.2% de acuerdo con información de Hacienda.
- De acuerdo con el estado financiero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2020, la empresa recibió de Hacienda transferencias por 70,000 mdp el año pasado por subsidios, para este año se estiman en 73,000 mdp.
Este costo se sumaría a otras presiones en el presupuesto, además del bajo desempeño en la llegada de ingresos; costo de la deuda, pensiones, transferencias a los estados, subsidios a la gasolina frente a los incrementos en los precios del petróleo y una creciente necesidad de incrementar los gastos sociales y en salud, dada la emergencia sanitaria, que aún azota al país mexicano.
Este nuevo costo restaría espacio a las finanzas públicas, para destinar recursos a otros rubros, explicó Carlos Hurtado, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP).
- Con 60,000 mdp el gasto de la función Salud podría elevarse hasta 10%, en la función Educación hasta 6.4%. En tanto, con 50,000 mdp los presupuestos de las secretarías de Salud, Agricultura, Comunicaciones, Medio Ambiente, Seguridad y Cultura aumentarían 12.5% este año. En tanto, 40,000 mdp es el equivalente al gasto total asignado a la secretaría de Turismo, detalló el directivo del CEESP.
Otro de los efectos que afectarían a la economía y por ende a las finanzas públicas es la cancelación de inversiones directas para la generación de energías renovables. En 2018, el sector energético representó el 20% de la Inversión Extranjera Directa, y en 2020 apenas representó el 6%, refieren estimaciones de la Comisión de Energía del CCE.
Ley Eléctrica tendrá un costo superior a los 60,000 mdp
La recién aprobada Ley de la Industria Eléctrica será el cambio de mayor impacto negativo en el crecimiento económico en México, cuyo PIB podría ser menor al 4% al cierre del 2021, ya que implicará un costo superior a los 60,000 millones de pesos, que afectará el bienestar de la población en el mediano y largo plazos, así como las perspectivas de inversión del país, afirmó el sector privado.
- De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el costo estimado de la Ley Eléctrica es significativo y refleja las prioridades del gobierno, donde se requiere un presupuesto superior al que poseen 21 de las 26 dependencias del sector público.
- “(Los 60,000 millones de pesos) son el 95% del gasto aprobado para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 41% del gasto de la Secretaría de Salud, el 31% del de la Secretaría del Bienestar y el 18% del presupuesto de educación pública”, refirió.
Esta reforma, entre muchas otras acciones que actúan en contra de la inversión tomadas en los últimos dos años y medio por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afectará severamente la confianza en el país y la credibilidad en el mismo, así como su productividad y competitividad, sostuvo.
- Más allá de los mayores costos en los que el sistema eléctrico incurrirá, la aprobación de las reformas a la ley eléctrica presenta varias contingencias de orden jurídico en el ámbito internacional e internacional, recordó, puesto que México cuenta con alrededor de 40 tratados de protección de inversiones, 12 de los cuales se inscriben dentro de tratados de libre comercio multilaterales o bilaterales.
“Todos ellos contemplan protecciones bajo expropiación y su equivalente, trato justo y equitativo, trato nacional y nación más favorecida, entre otras. No hay duda de los riesgos que México enfrenta en este ámbito, incluyendo posibles arbitrajes internacionales de elevado costo”, acotó el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Lamentó que los cambios aprobados por los legisladores favorezcan el monopolio público de la generación eléctrica, coartando gravemente la competencia de otros generadores.
- De modo que el despacho de electricidad a la red, que ahora se hace con base en los costos variables de cada fuente de generación, con las más baratas en la parte más baja de la demanda del día, y por lo tanto permanentemente, y utilizando fuentes más caras a medida que la demanda se eleva a horas pico, cambiará totalmente.
“Con la nueva ley, primero se usarán las plantas de la CFE, que son viejas, ineficientes y de alto costo, y se hará permanentemente, para dejar a otras energías más modernas y limpias, como las eólicas y solares, para los picos de la demanda. Sencillamente, eso no tiene sentido ni económico, ni ambiental, y se aparta de las buenas prácticas básicas reconocidas internacionalmente por más de medio siglo”, reprochó el CEESP./Agencias-PUNTOporPUNTO
Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario
