La estructura delictiva que se formó al interior del aparato educativo del Gobierno del Estado de México, misma que extrajo recursos del erario mediante una extensa red de “aviadores” que se hacían pasar por docentes, fue creada durante el periodo gubernamental que encabezó Alfredo del Mazo Maza como mandatario de esa entidad federativa, de acuerdo con los hallazgos que han arrojado las indagatorias en la materia.
- En días pasados, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que había logrado desarticular este complejo y robusto entramado de corrupción que se encontraba alojado al seno del gobierno de esa entidad, tras emprender una investigación que ha encontrado presuntas responsabilidades sobre más de una treintena de individuos, considerando tanto exservidores públicos de la administración del exgobernador, como burócratas activos y ciudadanos particulares.
- Lo que ha llamado la atención, no obstante, es que la indagatoria desarrollada por la Fiscalía General de Justicia local establece que habría sido en el año 2021 cuando esta estructura delictiva de grandes dimensiones comenzó a operar de manera subrepticia, esto es, en un momento en que la administración estatal de del Mazo Maza arrancaba la segunda mitad de ese sexenio.
Entre los principales mecanismos ilícitos que habrían implementando los responsables de este esquema de corrupción para hacerse de recursos provenientes del erario, destaca la integración de cientos de individuos a la nómina magisterial para que recibieran mes con mes los salarios que obtienen los docentes en ese estado; no obstante, los líderes de la trama corrupta recolectaban la mayor parte de esos ingresos, tanto para su provecho personal como para mantener andando esa maquinaria de defraudación creada bajo el Gobierno de del Mazo Maza.
La FGJEM dio a conocer el 3 de julio de 2026, que obtuvo vinculación a proceso en contra de 26 sujetos (27 detenidos en cumplimiento de orden de aprehensión y con medida cautelar de prisión preventiva justificada), “como parte de una investigación sobre un esquema delictivo de simulación que, hasta el momento, se tiene acreditado que operaba desde el año 2021, mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que, bajo el esquema conocido como ‘aviadores’, cobraban para sí o para otros el numerario por concepto de nómina, causando con ello un perjuicio al erario del Estado de México. Está pendiente de resolverse su situación jurídica de un investigado más y 5 promovieron juicio de amparo”.
La indagatoria de la Fiscalía local se puso en marcha, luego de que en febrero y mayo, la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI) denunció los posibles hechos delictivos relacionados con 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse que los ‘supuestos servidores públicos’ no ejercían función alguna.
“Descubriéndose así que en dicho esquema delictivo habrían participado dos Subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como Coordinadores y Delegados Administrativos, Directores de área y Subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Educación y la Secretaría de Seguridad de dicho periodo, así como de la Oficialía Mayor (OM) y la SECTI de la actual administración, entre otros”.
‘Aviadores’ se quedaban con 6 mil pesos
Esta estructura de corrupción que se incubó en el Gobierno del Estado de México, durante la gestión del exmandatario Alfredo del Mazo, implementó un mecanismo muy eficaz para la extracción de recursos del erario que le permitió amasar cerca de una centena de millones de pesos tan solo considerando su funcionamiento desde el año 2025, por lo que estas ganancias ilícitas serían mucho mayores si se estimaran con una temporalidad que incluyera también al pasado periodo gubernamental.
- Dicho mecanismo para la obtención ilícita de fondos fue expuesta así por la Fiscalía: “Una vez efectuadas las altas, los ‘reclutadores’ o terceros retenían las tarjetas de nómina, posteriormente, diversas personas retiraban los recursos depositados en esas cuentas, los cuales dispersaban entre los integrantes del esquema delictivo, en tanto que, a los titulares de las tarjetas les entregaba una cantidad mínima como contraprestación por haber proporcionado sus datos personales y permitir su registro en la nómina gubernamental”.
- De acuerdo con la investigación, en algunos casos los supuestos docentes únicamente conservaban alrededor de 6 mil pesos de cada 200 mil pesos depositados por concepto de salario, mientras que el resto del dinero era distribuido entre los funcionarios de mayor nivel presuntamente involucrados en la operación, tanto de la Oficialía Mayor (OM) como de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECTI). Además, la red habría diseñado mecanismos para definir los montos máximos que podían ser depositados en cuentas bancarias sin levantar sospechas.
Las indagatorias también señalan que los presuntos participantes implementaron de forma sistemática un esquema que les habría permitido obtener ilícitamente más de 96 millones de pesos únicamente entre enero de 2025 y febrero de 2026. Según las autoridades, la estructura recibía aproximadamente 4 millones de pesos cada quincena, además de recursos correspondientes a prestaciones como aguinaldo, prima vacacional y diversos bonos. El monto del posible daño patrimonial podría incrementarse de manera retroactiva hasta 2021, en caso de que se acredite que estas conductas se mantuvieron de forma continua desde ese año.
En la mira, exfuncionarios de alto nivel
La investigación de la FGJEM contra la presunta red de corrupción enquistada en la Secretaría de Educación mexiquense apunta a un esquema que habría convertido la asignación de plazas docentes y la operación de «aviadores» en un mecanismo sistemático para desviar recursos públicos.
- Entre los exfuncionarios del Gobierno del Estado de México que fueron aprehendidos como parte de esta operación, y que fueron miembros del equipo gubernamental de Alfredo del Mazo Maza, destaca el caso de Óscar “N”, quien fungió como subsecretario de Administración de la Secretaría de Finanzas durante la pasada gestión estatal, y cuya captura fue anunciada por la prensa local el 24 de junio de 2026.
Óscar “N”, es considerado uno de los funcionarios con mayor poder dentro de la estructura administrativa estatal. De acuerdo con las investigaciones, desde esa posición se controlaban nombramientos, movimientos de personal y procesos relacionados con los recursos humanos del gobierno mexiquense.
Las pesquisas también alcanzan a Daniel Arturo “N”, exresponsable de la Delegación Administrativa de la Secretaría de Educación, así como al exsecretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, quien figura en una de las líneas de investigación por las presuntas irregularidades cometidas durante su gestión.
Vendían plazas de maestro y cobraban en efectivo
Según la Fiscalía, la red habría operado durante varios años mediante la venta ilegal de plazas laborales, cuyo costo podía alcanzar hasta 150 mil pesos por nombramiento. Aspirantes a un empleo en el sistema educativo presuntamente debían recurrir a intermediarios que ofrecían acceso a las vacantes a cambio de pagos en efectivo.
- El caso representa uno de los mayores escándalos de corrupción heredados por la administración anterior, al involucrar a funcionarios de alto nivel y poner bajo escrutinio el manejo de recursos destinados a la educación pública.
- Para la Fiscalía, las capturas constituyen el primer paso para determinar si las responsabilidades alcanzan únicamente a operadores administrativos o también a quienes diseñaron, autorizaron o se beneficiaron de un sistema que presuntamente convirtió las plazas educativas en una fuente permanente de enriquecimiento ilícito.
Secretaría de Educación permitió otorgamiento de plazas irregulares y nóminas infladas
Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también dirigen la mirada hacia la administración de la SECTI durante el gobierno de Alfredo del Mazo Maza. De acuerdo con auditorías internas y denuncias presentadas por la actual administración, las presuntas anomalías no se limitarían a la existencia de «aviadores», sino que abarcarían una estructura administrativa caracterizada por plazas irregulares, nóminas infladas y pagos indebidos.
- Uno de los principales focos de atención es la gestión del exsecretario de Educación, Gerardo Monroy Serrano, quien previamente encabezó los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). Las indagatorias apuntan a que parte de los mecanismos administrativos implementados en ese organismo fueron posteriormente replicados en la Secretaría de Educación, permitiendo la permanencia de estructuras burocráticas que hoy son objeto de investigación.
- Reportes internos refieren la existencia de más de mil plazas presuntamente irregulares, entre ellas al menos 70 personas que habrían percibido salarios superiores a 120 mil pesos mensuales sin desempeñar funciones efectivas o bajo esquemas de comisión y sindicalización. Estas irregularidades habrían coexistido con un sistema educativo que enfrentaba rezagos en infraestructura, falta de mantenimiento en miles de planteles y constantes reclamos del magisterio por retrasos administrativos y carencia de recursos.
Las pesquisas también involucran a la Coordinación de Delegaciones Administrativas y a la Oficialía Mayor, áreas responsables de autorizar plazas, validar movimientos de personal y administrar la dispersión de la nómina. Para los investigadores, el presunto esquema no habría sido posible sin la intervención de oficinas con capacidad para autorizar contrataciones y liberar pagos dentro del aparato gubernamental.
Alfredo del Mazo heredó irregularidades acumuladas
Durante el sexenio anterior también se acumularon denuncias de personas que aseguraban haber entregado entre 20 mil y 100 mil pesos a supuestos intermediarios que ofrecían plazas docentes y administrativas utilizando el nombre de funcionarios estatales. Aunque esos hechos no derivaron entonces en procesos penales contra los titulares de la dependencia, sí evidenciaron las fallas en los controles internos y la vulnerabilidad del sistema para la operación de redes de gestores y operadores políticos.
Con el cambio de administración, las auditorías ordenadas por el actual titular de la SECTI, Miguel Ángel Hernández Espejel, habrían confirmado parte de esas irregularidades al detectar personal inexistente, duplicidad de funciones, comisiones injustificadas y estructuras administrativas sobredimensionadas. Estos hallazgos constituyen hoy una de las principales líneas de investigación que buscan determinar el alcance del presunto daño patrimonial y las responsabilidades de exfuncionarios del gobierno mexiquense./Agencias-PUNTOporPUNTO
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