El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha presentado al Congreso una de sus leyes estrella, la de amnistía para los ciudadanos que están en la cárcel por delitos menores. Pero la ley, anunciada ya en campaña electoral, nace con un pecado original: la inmensa mayoría de estos delitos no pertenecen al ámbito federal, el único sobre el que el Gobierno de la República tiene competencias, por tanto, la población beneficiada será muy escasa y la norma prácticamente papel mojado a menos que los Estados quieran secundar la iniciativa.
La promesa de campaña de López Obrador tiene el camino allanado en el Congreso, donde cuenta con mayoría en las dos cámaras. Una vez aprobado el proyecto, la Fiscalía General de la República será quien se haga cargo de revisar los expedientes y ordenar la liberación.
- La Procuraduría federal deberá afrontar los gastos que el proceso implique con su propio presupuesto, porque la ley no traerá “recursos adicionales”. Es un inconveniente a sumar a los que ya se encuentran en el redactado de esta ley y a los escasos beneficiarios que, en principio, se beneficiarán de ella. La gran promesa de campaña puede quedarse en un gesto político./EL PAÍS
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