A más de un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó al Congreso de la Unión emitir una nueva Ley General de Comunicación Social, los legisladores mantienen el proceso paralizado e intentan hacer pasar una iniciativa presentada tres años antes de la resolución del máximo tribunal como un intento de cumplir con su mandato.
- En su sentencia, dictada el 8 de septiembre de 2021 y notificada al Congreso de la Unión en noviembre de ese mismo año, la Corte declaró inconstitucional la Ley General de Comunicación Social, coloquialmente conocida como Ley Chayote, aprobada en 2018, en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La legislación regulaba el gasto en propaganda gubernamental; sin embargo, la Primera Sala de la Corte señaló que la legislación no era clara ni detallaba los criterios a los que debía estar sujeto el gasto en Comunicación Social ni disponía de procedimientos concretos y reglas específicas que garantizaran la disminución de la discrecionalidad del gasto por parte de los agentes gubernamentales involucrados.
Por ello ordenó al Congreso de la Unión emitir una nueva ley antes de concluir el periodo de sesiones que en ese momento estaba en curso, es decir, antes del 15 de diciembre de 2021.
- El amparo resuelto por la Corte fue tramitado por la organización civil Artículo 19, cuyo argumento era que la encomienda de regular adecuadamente el gasto de publicidad oficial se estableció desde la reforma constitucional político-electoral de febrero de 2014, y que la ley de 2018 no era acorde a la Carta Magna.
- El proyecto fue elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien afirmó que el Congreso de la Unión incurrió en un error al no haber aclarado, mediante directrices precisas, qué se debe entender por comunicación social institucional, dejando así “a discrecionalidad de las autoridades ejecutoras del gasto, el sentido y alcance”.
El máximo tribunal añadió que la legislación atentaba contra la libertad de expresión porque no contenía criterios claros y objetivos sobre el ejercicio del gasto público en materia de comunicación social y contratación de medios de comunicación./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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