DESAPARICIONES, herida ABIERTA

Activistas y familiares de las víctimas esperan que la administración federal tome cartas en el asunto

Imagen de internet

La crisis de personas desaparecidas en México no sólo tiene más de una década sin poder resolverse, sino que el problema sigue aumentando. Ante esta situación, activistas y familiares de las víctimas esperan que la administración federal tome cartas en el asunto, de lo contrario el gobierno podría perder su bono democrático

  • Al igual que el tema de la violencia y el aumento de homicidios en todo el país, la desaparición de personas es una de las heridas abiertas de México.
  • Este 10 de mayo, madres y familias de personas desaparecidas realizarán una marcha en la Ciudad de México. La han llamado “Marcha de la Dignidad Nacional. Madres buscando a sus hijos, hijas. Verdad y Justicia”.
  • Y es que una de las promesas recurrentes del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en tiempos de campaña, fue que se frenarían las desapariciones y se resolverían los casos que hasta la fecha están impunes.
  • No se trata solo de casos como el de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Cifras de la propia Comisión Nacional de Búsqueda hablan de 40 mil 180 personas desaparecidas en México hasta abril de este año.
  • De acuerdo con declaraciones de Karla Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, desde el 1 de diciembre a la fecha —lo que lleva en funciones el gobierno del presidente López Obrador—, se han encontrado más de 100 fosas clandestinas, en estados como Veracruz, Colima, Sinaloa, Sonora y Nayarit
  • Defensores de derechos humanos ven mensajes contradictorios del gobierno federal. Por un lado, un reconocimiento sin precedentes de la magnitud de la tragedia de las desapariciones; por otro, una regresión con la estrategia de militarización.

En marzo pasado, el Gobierno federal echó a andar nuevamente el Sistema Nacional de Búsqueda, que fue instalado en la recta final del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, en octubre del 2018.

Los principales retos que tiene frente a sí la administración del presidente López Obrador son burlar los vericuetos burocráticos en los estados y trazar una ruta que ayude a sistematizar la información que se tiene de las personas desaparecidas y otras bases de datos forenses; entre otros desafíos que deberá resolver.

Todo esto debe ocurrir ante una sociedad civil organizada, con colectivos de víctimas y defensores de derechos humanos, que tienen puesta su última esperanza en los esfuerzos de la administración del presidente López Obrador.

Fuera de la estrategia y del PND

A pesar de ser uno de los problemas más visibles de la crisis de inseguridad que padece México, las desapariciones —y otros delitos— no están consideradas como prioridades en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública ni en el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

  • Esto a pesar de que los propios funcionarios del Gobierno federal —como Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana— han reconocido públicamente que el problema de la inseguridad es “estructural, crónico e histórico”
  • Un análisis del Instituto Belisario Domínguez, del Senado de la República, señala que dicha Estrategia se compone de ocho objetivos generales: erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; garantizar empleo, educación, salud y bienestar; el pleno respeto y promoción de los Derechos Humanos; y la regeneración ética de la sociedad.
  • También reformular el combate a las drogas; emprender la construcción de paz; la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios; alcanzar la seguridad pública, seguridad nacional y paz.
  • Además, concentra nueve estrategias específicas: crear un nuevo modelo policial; lograr la prevención del delito; tener estrategias focalizadas en las regiones y participación ciudadana; además de fijar nuevos criterios de distribución de los recursos federales en materia de seguridad.

Aunado a estos se incluye tener estrategias para combatir delitos específicos: mercado ilícito de hidrocarburos; uso de operaciones con recursos de procedencia ilícita; el robo de autotransporte y pasajeros en carreteras; el tráfico de armas; y busca agilizar los procedimientos de extinción de dominio.

Como se ve, no solo las desapariciones quedaron fuera de la propuesta de Estrategia Nacional del presidente López Obrador.

  • “Los tipos delictivos priorizados en la Estrategia Nacional tutelan bienes patrimoniales (nacionales y privados), y únicamente los relacionados con el tráfico de armas tutelan la seguridad pública.
  • “Cabe cuestionar por qué no se consideraron más delitos destinados a proteger la seguridad pública, y muy especialmente, delitos tipificados para la protección de bienes jurídicos fundamentales, tales como la vida, la libertad e integridad personal, y el libre desarrollo de la personalidad”, señaló el IBD en su análisis “Delitos patrimoniales priorizados en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública”.
  • El gobierno de Andrés Manuel López Obrador no tomó en cuenta a las miles de personas desaparecidas que hay en el país ni en el Plan Nacional de Desarrollo ni en la Estrategia Nacional de Seguridad a pesar de las promesas que hizo en campaña
  • Algunos de los delitos graves que quedaron fuera de la Estrategia Nacional son el homicidio —a pesar de que el primer trimestre de este año ha sido el que ha presentado el mayor número de muertes por asesinato—; el feminicidio; las ejecuciones extrajudiciales; la desaparición forzada y la cometida por particulares; la tortura; el secuestro y la privación ilegal de la libertad; y la trata de personas; entre otros.

En el Plan Nacional de Desarrollo, las desapariciones tampoco merecieron un espacio como prioridad del país.

No se trata solo de ser contemplado en el documento. Organizaciones, activistas y miembros de la Asamblea Consultiva de la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV), han pedido que se ponga como una prioridad la necesidad de rediseñar todo el esquema de atención a quienes han sido víctimas de la violencia.

“Derivado de la reciente aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, afirmamos que la construcción de la Ley General de Víctimas fue un gran esfuerzo de las víctimas, los colectivos de familias y la sociedad civil; por lo tanto, la reingeniería requiere de un esfuerzo nuevamente en conjunto, sobre todo en concordancia con las metas y alcances recientemente presentados por el Ejecutivo Federal”, expusieron en un pronunciamiento público./EPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO

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