En RIESGO, LEYES importantes aprobadas en el Congreso CDMX

El Congreso capitalino sigue cometiendo los mismos errores del pasado, por lo que tres de las leyes más importantes recién aprobadas podrían caerse en tribunales

Tres de las leyes más importantes aprobadas por el Congreso capitalino corren el riesgo de ser anuladas en los tribunales debido a que los diputados locales están cometiendo los mismos errores que sus antecesores al no respetar los procesos legislativos

  • El Congreso de la CDMX sigue cometiendo los mismos errores del pasado, por lo que tres de las leyes más importantes recién aprobadas podrían caerse en tribunales ante las omisiones cometidas tanto en materia legislativa como en el proceso.
  • El ejemplo más claro es lo que acaba de ocurrir con la Ley del Sistema Local Anticorrupción, la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló el pasado 17 de enero de 2020, lo que deja aún más rezagada a la Ciudad de México en el tema de combate a la opacidad y discrecionalidad en el servicio público.
  • De suceder lo mismo con la Ley de Planeación Democrática; la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; y la de Participación Ciudadana, se retrasarían los plazos estipulados para su aplicación y creación de sus leyes complementarias; lo que podría provocar una incertidumbre jurídica en la capital.
  • El 2019 era la fecha límite para que se armonizaran todas las leyes con la nueva Constitución Política de la CDMX que está vigente desde septiembre de 2018
  • Sin embargo, los marcos legales referidos se podrían anular por los errores e inconsistencias cometidas durante su creación; lo mismo que sucedió con el Sistema Local Anticorrupción (SLA).
  • El 16 de enero de 2020, la SCJN determinó que el dictamen de la ley del SLA, que se aprobó en julio de 2017 durante la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), fue discutido y avalado durante una sesión extraordinaria ilegal.

Los ministros explicaron que no se repartió el documento a todos los representantes populares con 48 horas de anticipación y no se puso su discusión en el orden del día.

Por ello, el máximo órgano impartidor de justicia consideró que ni la votación mayoritaria de los diputados podía subsanar el error.

Fue el grupo parlamentario de Morena en la ALDF -junto con los diputados independientes- quienes presentaron la acción de inconstitucionalidad.

Al igual que en el caso de la Ley del Sistema Local Anticorrupción, en octubre de 2019 un grupo de 25 habitantes de las alcaldías de Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Coyoacán y Gustavo A. Madero interpuso tres amparos en contra de la Ley de Participación Ciudadana.

  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló el pasado 17 de enero de 2020 la Ley del Sistema Local Anticorrupción, ya que no se cumplieron los requisitos establecidos para su creación
  • Dichos recursos jurídicos son el 1474/2019 presentado ante el Juzgado Décimo Sexto en Materia Administrativa; el 1361/2019 así como el 1466/2019 ante los juzgados séptimo y tercero, respectivamente, de la misma especialidad.
  • El argumento jurídico de los quejosos fue que no se llevaron a cabo los procesos de consulta requeridos ni se integraron las propuestas de la ciudadanía, lo que violó los principios de un parlamento abierto, así como el de transparencia y máxima difusión.

Mayela Delgadillo, exdiputada constituyente y una de las vecinas que interpuso el recurso legal, afirma que el Congreso de la CDMX está cayendo en los mismos errores que la ALDF.

  • “Así era la tónica de la ALDF y está siendo la tónica de este Congreso”, dice en entrevista con Reporte Índigo.
  • Las repercusiones, apunta Delgadillo, son la omisión en la norma de los pueblos y barrios originarios así como lagunas en los mecanismos de integración de los Comités de Participación Comunitaria.
  • La exlegisladora del Constituyente menciona que el 20 de enero era la fecha límite para que el Congreso y las otras autoridades demandadas -la jefatura de Gobierno y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales- contestaran.
  • Delgadillo y los otros 24 habitantes de la capital esperan que en las próximas semanas los tribunales emitan un fallo que anule la ley.
  • “Estamos trabajando un por qué y cómo se deben hacer las cosas en caso de que nos otorguen un fallo a favor, queremos hacer un foro con más ciudadanos para marcar un camino que nos gustaría que se siguiera”, declara.

Añade que existe la posibilidad de que si se les da la razón, el Gobierno y el Congreso de la CDMX impugnen la decisión y recurran a otro tribunal.

Sin embargo, menciona que hay argumentos suficientes para que en una última instancia, sea la SCJN la que invalide la Ley de Participación Ciudadana.

Diputados del Congreso de la CDMX han sido acusados de legislar sin seguir las reglas, lo que ha puesto en riesgo diversas leyes que han aprobado

“Como ciudadanos puede suceder pero vamos a ver en términos de justicia qué se puede hacer y qué avances tendrá la SCJN en la procuración de nuestros derechos”, declara.

A los tres amparos referidos, se suman las acciones jurídicas que planea interponer la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco.

La vocería de la organización informó que en el mes de febrero próximo piensan presentar ante las autoridades judiciales una acción de omisión legislativa por no consultarlos para la Ley de Planeación y para la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

Además, interpondrán un amparo contra cada una de las dos normas mencionadas.

El 26 de noviembre pasado, cuando el Congreso de la CDMX aprobó la nueva legislación, la coordinación explicó los motivos por los que iba a recurrir a las instancias judiciales.

  • “La ley aprobada no tomó en cuenta las observaciones que los pueblos hicieron, y el Congreso de la CDMX omitió por completo consultar el proyecto final de la ley, por lo que no se puede considerar que se haya culminado adecuadamente el proceso de consulta, ya que se debió haber obtenido el consentimiento respecto del proyecto final, o al menos, un acuerdo previo”, puntualizó.
  • De concretarse lo que plantea la coordinación, serían al menos seis acciones legales en contra de la ley de Participación Ciudadana, la de Planeación Democrática; así como la de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.
  • El doctor en Derecho Constitucional de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM, Mario Enríquez Carbajal, señala que si los amparos son aceptados por los tribunales, es porque existen indicios de posibles violaciones a los derechos de los ciudadanos.

“Si son admitidos es porque cumplieron los requisitos o los argumentos legales, tocará definir en el análisis de fondo si de verdad se violaron los derechos o las disposiciones durante el proceso”, detalla./REPORTE INDIGO-PUNTOporPUNTO

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