INE contabiliza 330 expedientes de DENUNCIAS contra el presidente LÓPEZ OBRADOR

El pasado 28 de febrero, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó, que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, intervino en el proceso electoral en marcha y vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda.

• Ese es solo uno de los 330 casos de denuncias presentadas en contra del mandatario por violar las leyes electorales y no hay elementos que permitan pensar que dejará de intervenir indebidamente en el proceso electoral en marcha o que el Instituto Nacional Electoral (INE) o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se lo impidan.

De acuerdo con analistas consultados por El Economista, consideran que el presidente ha decidido intervenir deliberadamente en dos vertientes: Una, tener un papel relevante en la campaña de la aspirante presidencial de Morena y sus aliados, Claudia Sheinbaum Pardo y, dos, generando las condiciones para anular la elección, si su candidata pierde la contienda, lo cual colocaría al incompleto TEPJF en un enorme dilema.

De acuerdo con el registro de procedimientos administrativos sancionadores especiales y ordinarios en materia electoral, del INE, hasta el 28 de febrero pasado, se contabilizaban 330 expedientes de denuncias contra el presidente López Obrador, de las cuales 37 estaban en etapa de sustanciación, 127 fueron remitidos a la Sala Regional Especializada del TEPJF, 105 resueltos y 61 desechados o sobreseídos.

La misma base de datos reporta 22 denuncias contra el expresidente, Enrique Peña Nieto y una contra el expresidente, Felipe Calderón Hinojosa.

Tan solo entre 2019 y 2024, es decir ya siendo presidente de la república, López Obrador ha sido denunciado al menos en 209 ocasiones y de éstos, 36 están en etapa de sustanciación, 55 se remitieron a la Sala regional del TEPJF, 85 ya fueron resueltos y 33 fueron desechados.

• El asunto más reciente contra López Obrador es una solicitud de Procedimiento Especial Sancionador (PES) promovido por el PAN el 28 de febrero pasado. Concretamente se trata de una queja contra el jefe del Ejecutivo federal, derivado de las manifestaciones realizadas durante la conferencia matutina, del pasado 20 de febrero de 2024, lo que, a dicho del quejoso, constituye vulneración al artículo 134. Hay registros de denuncias sobre presuntos delitos electorales del hoy presidente de México desde 2014.
• De los 105 asuntos resueltos, en 102 casos de Procedimiento Especial Sancionador (PES) y tres de Procedimiento Sancionador Ordinario (POS). 28 corresponden a 2020 y 2021 y en de esos 16 contemplaron medidas cautelares. 16 casos corresponden a 2023 y en 15 casos contemplan medidas cautelares.

De los 37 asuntos en etapa de sustanciación, prácticamente todos son de 2023 y 2024. Solo uno permanece en ese estatus desde 2018. Se trata de uno en el que la Unidad Técnica de Fiscalización dio vista, mediante oficio de una resolución, en la cual, dentro de un punto resolutivo, “se acreditó la captación de aportaciones de entes impedidos por la normatividad electoral, a través del Fideicomiso Para Todos”, constituido por Morena para ayudar a los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017, aplicando el financiamiento para fines distintos a lo establecido en el artículo 25 de la Ley General de Partidos Políticos.

De esos asuntos, 36 se tratan de solicitudes de Procedimiento Especial Sancionador y en 33 asuntos se solicita medida cautelar. 22 fueron presentados en 2023 y 14 en 2024.

Ángel Gustavo López Montiel, profesor de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del Tecnológico de Monterrey, Ciudad de México expuso que las intervenciones del mandatario las está realizando en dos sentidos. Uno, en términos de la campaña presidencial y dos está calculando que las puede usar para el futuro. Concretamente, en un escenario en que su candidata perdiera la elección, lo acusen formalmente, incluso el propio Morena, de intervenir en la campaña, lo cual metería al tribunal electoral en el dilema de anular o no la elección.

• Al respecto, el exconsejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde opinó en su cuenta de X que “(…) el mandatario federal construye, día a día, el expediente para anular la elección presidencial en caso de que gane la candidata de Morena por un margen estrecho. Y aun si ganase por un amplio margen, el intervencionismo presidencial ha causado tal nivel de agravio que impediría que la oposición reconozca su triunfo”.
• A su vez, el exconsejero del INE, Marco Baños destacó que estamos ante actos reiterados de violación a la ley electoral, la cual surgió precisamente de inconformidades, entre ellas del hoy presidente López Obrador, ante la intervención del presidente Vicente Fox en la elección presidencial de 2006.

En aquella ocasión, la Sala Superior del TEPJF declaró el triunfo del candidato presidencial Felipe Calderón, pero hizo un claro señalamiento:

»Esta sala superior no pasa por alto que las declaraciones analizadas del presidente de la República, Vicente Fox, se constituyeron en un riesgo para la validez de la elección que, de no haberse debilitado su posible influencia con los diversos actos y circunstancias concurrentes, podrían haber representado un elemento mayor para considerarlas determinantes para el resultado final, de haber concurrido otras irregularidades de importancia que quedarán acreditadas”.

¿Plan C electoral?

Baños recalcó que desde 2007, los servidores públicos tienen la obligación de no intervenir en procesos electorales y de no utilizar recursos públicos para apoyar a candidato o partido alguno.

Sin embargo, dijo, el presidente ha convertido su conferencia matutina en un espacio político electoral en favor de las candidaturas de Morena y sus aliados.

Concretamente, destaca, lo que se ha dado en llamar el plan C electoral, que tiene como objetivo que Morena y sus aliados ganen la mayoría en las cámaras de Diputados y Senadores.

Eso, recalcó el especialista, constituye violaciones al principio de neutralidad que tienen los servidores públicos.

• Además, indicó, los servidores públicos tienen prohibido hacer difusión de logros de gobierno durante periodos de campaña, lo cual no respetó el presidente ni en la elección federal intermedia de 2021 ni en las elecciones estatales de 2022 y 2023.
• Lo grave es que el presidente seguirá infringiendo la ley. Baños recordó que el presidente ha anunciado que, en plena campaña electoral, realizará una gira de supervisión de los avances de obras. “Aunque el presidente diga que lo va a hacer sin prensa, es un hecho concreto que el presidente se está movilizando y va a estar pidiendo el voto en favor de Claudia Sheinbaum y de los candidatos de Morena”.

Además, van a tener lugar una serie de foros sobre las 18 reformas constitucionales presentadas por el presidente al Congreso de la Unión y para lo cual habrá tres ejercicios de parlamento abierto, un foro nacional, uno por cada una de las 32 entidades federativas, asambleas informativas en las cabeceras de los 300 distritos electorales y cinco foros regionales, en cada una de las cinco circunscripciones electorales en que está dividido el país.

• El especialista comentó que ese tipo de actos los realiza el presidente, valiéndose de que sabe que no lo pueden sancionar debido a deficiencias en las leyes electorales, primero porque no contempla un catálogo de sanciones y, segundo, porque solo contempla dar vista al superior jerárquico.

Sin embargo, dijo que, ante esa situación la autoridad prácticamente solo tiene una salida extrema, que sería prohibir la transmisión de las conferencias matutinas y analizar cuidadosamente la actuación del mandatario en este periodo de campañas y sancionar cuando viole la ley.

“El problema es ver si el tribunal electoral está dispuesto a utilizar ese tipo de elementos para que, en su caso, si hay una influencia que sea definitoria en el desahogo de las elecciones, si está dispuesto a anular las elecciones”.

Dijo que es un asunto delicado, sobre todo porque el TEPJF se ha visto entrampado en sus propias determinaciones.

• En ese sentido, López Montiel llamó la atención en que todo parece indicar que la autoridad electoral no quiere meterse con el presidente, porque los va a descalificar públicamente como lo ha venido haciendo.
• Para el académico lo relevante es que se está infringiendo un daño a la democracia, por lo que su futuro, en cierta medida, depende de las decisiones que tome el TEPJF y el INE.
• Pero al final, hay actos que ya generaron un impacto y lo que queda es hacer cierto control de daños en términos de decisiones del tribunal para contener el efecto de ese tipo de intervenciones ilegales, como lo hizo cuando el presidente Fox intervino en la elección de 2006.

En un análisis titulado “Adiós a Rousseau: las intromisiones de López Obrador en el proceso electoral (de 2021)”, realizado por el académico del Tecnológico de Monterrey, Roberto Lara Chagoyán, señala que a los ojos de todo el mundo fue evidente la constante, descarada e ilícita intromisión del presidente en el proceso electoral ese año y, sin embargo, a nadie o casi nadie le parece ya extraordinario ni relevante su comportamiento.

Cada día queda más claro que despreciar la ley está en el ADN de López Obrador, pero también que la ciudadanía, en general, se muestra cada vez más indiferente ante el creciente aumento de poder de quien la representa. “Con cada denuncia y con cada sentencia, al presidente le queda más claro que el poder del Derecho es inferior a su poder”./Agencias-PUNTOporPUNTO