Informe de los “100 días del cuarto año de gobierno” de AMLO constituyó PROPAGANDA gubernamental: TEPJF

Magistrados electorales advierten que las concesionarias de radio y televisión debieron tomar las medidas necesarias para evitar la difusión de propaganda gubernamental y personalizada

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó que el evento denominado “100 días del Cuarto Año de Gobierno”del presidente Andrés Manuel López Obrador constituyó propaganda gubernamental personalizada difundida en un periodo prohibido y que se emplearon recursos públicos para su difusión.

Cabe destacar que inicialmente la Sala Regional Especializada de ese Tribunal determinó existentes violaciones electorales por ese evento, y sancionó a las concesionarias de radio y televisión y se le dio vista al superior jerárquico de las personas funcionarias públicas correspondientes. Esa resolución fue impugnada por el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, el presidente de la República, así como diversas concesionarias públicas y personas del servicio público, entre otros.

  • Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral, a propuesta del magistrado Indalfer Infante Gonzales, confirmó por unanimidad de los magistrados, la decisión de la Sala Regional Especializada, pues coincidió que el contenido del evento reúne las características de la propaganda gubernamental (dar a conocer logros y acciones de gobierno con la finalidad de que la población en general tenga conocimiento de las mismas); por lo que su difusión durante la etapa de campañas de diversos procesos electorales locales actualiza infracción a las normas constitucionales y legales que rigen la materia electoral.

El TEPJF consideró que las concesionarias de radio y televisión debieron tomar las medidas necesarias para evitar la difusión de propaganda gubernamental y personalizada, ya que están obligadas a salvaguardar los principios y funciones del sistema de comunicación política.

Por ello, dijo, las concesionarias públicas de radio y televisión incurrieron en el uso indebido de recursos, ya que son entes de la administración pública que reciben financiamiento público y, por tanto, tienen la obligación de aplicarlos con imparcialidad./CONGRESO-PUNTOporPUNTO

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario