Las elecciones federales intermedias del año próximo coloca a las instituciones del Estado frente a una disyuntiva que trasciende la habitual retórica electoral. No se trata únicamente de contar votos con escrutinio matemático o garantizar la alternancia pacífica de los espacios de poder. El propósito es impedir la infiltración del crimen organizado en los procesos de postulación de candidatos.
Cuando las estructuras delictivas logran incrustar personeros entre los candidatos, tal y como ha sucedido, la soberanía popular deja de ser un mandato soberano para convertirse en una simulación convirtiéndose en un riesgo inminente para la seguridad nacional.
Frente a esta tragedia que carcome la médula de la República, cabe la posibilidad que, a propósito del escándalo de la expresidenta Guadalupe Taddei Zavala y la mayoría las acciones u omisiones de los servidores de su Junta General Ejecutiva hayan servido como caldo de cultivo para la delincuencia e insertar sus candidatos. Este argumento, formalmente impecable en la fría letra de los códigos, deviene en una peligrosa ingenuidad política en los hechos. Pretender que el funcionario electoral sea un simple espectador con sellos de goma, ajeno a la descomposición de su entorno, equivale a confundir la neutralidad democrática con la ceguera institucional.
La responsabilidad administrativa de los servidores públicos nombrados por Taddei no se agota en recibir constancias de no antecedentes penales; radica en una debida diligencia real y activa. Resulta una ironía mayúscula que la autoridad electoral posea un sofisticado aparato capaz de auditar hasta el último milímetro de una pancarta callejera, pero declare su absoluta incompetencia técnica para detectar el flujo de efectivo sucio que irriga campañas enteras en municipios controlados por el narcotráfico. La omisión sistemática frente a señales evidentes de alerta patrimonial no es prudencia procesal: es negligencia lesiva para el Estado de derecho.
El problema rebasa la dogmática jurídica y se instala en la sociología del poder y en la defensa interior del Estado. En extensas zonas del territorio nacional, la soberanía popular ha sido reemplazada por una gobernanza criminal que impone candidaturas mediante el terror, el chantaje o la dádiva.
Cuando el árbitro electoral valida tales registros bajo el pretexto del estricto apego a los formatos, no está salvaguardando los derechos políticos de los ciudadanos; está legalizando la captura del poder municipal y legislativo por corporaciones armadas. La delincuencia organizada no busca derrocar al Estado por las armas; prefiere colonizarlo por la vía electoral para apropiarse de los presupuestos, las policías y el territorio.
Si las organizaciones delictivas logran comprar o amedrentar voluntades para erigir representantes populares, la soberanía interior se pulveriza y la legalidad queda subordinada al arbitrio del dinero negro, pudiendo haber alcanzado por complicidad a la expresidenta del Instituto Nacional Electoral y los servidores públicos nombrados por ella en cargos de responsabilidad.
La seguridad nacional consiste, en su sentido más elemental, en preservar la integridad, estabilidad y permanencia de las instituciones del Estado de derecho. Permitir que perfiles con evidentes nexos criminales alcancen una curul federal bajo el cobijo del fuero y la representación nacional equivaldría a conceder una patente de impunidad dentro del órgano depositario de la voluntad ciudadana. Justo esto debería ser motivo de una agenda nacional de riesgos o de un programa de seguridad nacional, ausente por ahora.
Al separarse de su encargo, la renuncia por responsabilidad política podrá resolver el dilema inmediato de la estabilidad política así como la gobernabilidad de la institución y proteger la estabilidad de un proyecto colectivo, pero jamás extinguirá el deber de dar la cara ante la ley.
La solución no consiste en militarizar a los institutos electorales ni en exigir a sus funcionarios actos suicidas de heroísmo personal, sino en articular con urgencia una verdadera política de seguridad democrática.
El instituto debe integrarse a mesas de inteligencia en tiempo real con las dependencias hacendarias y de seguridad para cruzar información patrimonial antes de otorgar el registro definitivo a una candidatura sospechosa. La pureza del sufragio no se defiende con el silencio de los escritorios.
Como ciudadanos es tiempo de obligar a que el árbitro electoral asuma su responsabilidad republicana y entienda que ningún formulario pulcro puede legitimar la entrega del poder público a quienes han jurado destruirlo.
*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México
Correo electrónico: [email protected]
Twitter: @racevesj
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