La Suprema Corte ha perdido, prácticamente por completo, la herramienta más importante que le otorgó la reforma judicial de 1995, y enfrenta una disminución creciente de su poder como contrapeso y garante constitucional, alertan especialistas.
- En 2025 y lo que va de 2026, la Corte sólo ha recibido tres acciones de inconstitucionalidad para impugnar leyes federales, de las que dos fueron desechadas y sólo una está en trámite, presentada en julio por el PRI para impugnar la reforma sobre integridad de candidaturas.
- En este marco, la agenda legislativa desplegada por la Presidenta Claudia Sheinbaum ha quedado exenta de revisión por medio de este tipo de acciones, en contraste con el sexenio pasado, cuando casi todas las reformas relevantes de AMLO (Plan B de la reforma electoral o transferencia de la Guardia a la Sedena) fueron impugnadas y buena parte de ellas anuladas.
Para los expertos, el motivo principal no sólo es que los actuales integrantes llegaron a la Corte impulsados por Morena, sino también al dominio de ese partido y sus aliados en ambas Cámaras del Congreso, que son, junto con la FGR y la CNDH, los que podrían presentar algún tipo de recurso.
El saldo de la Corte electa a un año
A un año de su entrada en funciones, especialistas del +Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM cuestionan el desempeño del máximo tribunal y advierten sobre una menor eficiencia, problemas técnicos, politización de la justicia y pérdida de su función como contrapeso institucional.
Para Javier Martín Reyes, investigador del IIJ-UNAM, la nueva integración enfrenta una concentración de asuntos en el Pleno de la Suprema Corte, luego de la desaparición de las dos salas que anteriormente resolvían la mayoría de los casos.
El especialista señaló que la reforma judicial modificó la estructura interna del máximo tribunal y eliminó los mecanismos que permitían distribuir y resolver una mayor cantidad de asuntos.
El investigador también cuestionó la decisión de desaparecer las salas de la Suprema Corte, al considerar que eran los principales órganos encargados de resolver la mayoría de los asuntos que llegaban al tribunal.
“Fue un gravísimo error de la Reforma Judicial desaparecer los dos grandes motores, que eran las salas de la Corte y que resolvían la inmensa mayoría de los asuntos”, sostuvo.
Martín Reyes agregó que, aunque los integrantes del Pleno trabajan más, esto no necesariamente se ha traducido en una mayor cantidad de resoluciones.
El control constitucional frente al poder político
Otro de los cuestionamientos planteados por especialistas es el papel de la Suprema Corte como órgano encargado de ejercer el control constitucional frente a las decisiones de los poderes públicos.
Pedro Salazar Ugarte, profesor e investigador del IIJ-UNAM, señaló que la politización de la justicia puede limitar la capacidad de los tribunales para actuar como contrapesos frente a las mayorías políticas.
El académico sostuvo que una de las funciones de las cortes constitucionales consiste precisamente en revisar las decisiones de las mayorías y establecer límites cuando sea necesario.
En este contexto, uno de los ejemplos señalados es el aval constitucional de diversas reformas aprobadas durante el denominado “Viernes Negro”, entre ellas la relacionada con la entrega del espacio aéreo a las Fuerzas Armadas y la extinción de la Financiera Nacional de Desarrollo.
Los críticos de estas decisiones consideran que el máximo tribunal dejó de ejercer con la misma intensidad su función de contrapeso frente a las decisiones políticas
Un año de la nueva integración de la Suprema Corte
A un año de la llegada de la nueva integración, los cuestionamientos se concentran en tres aspectos principales:
- Mayor concentración de asuntos en el Pleno tras la desaparición de las salas.
- Debate sobre la eficiencia y capacidad técnica para resolver los casos que llegan al máximo tribunal.
- Cuestionamientos sobre independencia y contrapeso institucional frente a las decisiones de los poderes políticos.
La reconfiguración de la Suprema Corte modificó la forma en que opera el máximo tribunal del país y abrió un debate sobre el papel que debe desempeñar como órgano de control constitucional.
El balance del primer año también plantea interrogantes sobre la promesa de construir una justicia más cercana a la población y sobre los resultados de la reforma judicial en términos de acceso, eficiencia e independencia.
De acuerdo con los especialistas consultados, el desempeño de la nueva Corte deberá evaluarse no sólo por el número de asuntos que resuelve, sino también por la calidad de sus decisiones, su capacidad para ejercer el control constitucional y su autonomía frente a los poderes públicos.
La discusión continuará en torno a si la nueva configuración institucional permite a la Suprema Corte cumplir con su función de máximo tribunal constitucional y mantener su papel como contrapeso dentro del sistema democrático./CONGRESO-PUNTOporPUNTO
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