Organizaciones sociales, fundaciones, activistas, académicos y ciudadanos rechazaron y calificaron como inconstitucional la ampliación de gestión del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, a quien le demandaron un pronunciamiento público de rechazo a esa posibilidad y en favor de preservar la autonomía del Poder Judicial (PJF).
- “Rechazamos la prolongación inconstitucional por parte del Senado del mandato de las y los consejeros del Consejo de la Judicatura Federal y de su presidente, que impide al pleno de la SCJN el ejercicio de sus facultades constitucionales de nombrar a su presidencia, lo cual constituye una grave interferencia externa en la independencia de esos órganos; y que, en atención a las importantes facultades que ostentan, genera un riesgo para la independencia de todo el Poder Judicial de la Federación.
“Solicitamos un pronunciamiento firme e inmediato de su presidente, en defensa de la independencia del Poder Judicial de la Federación. Exhortamos a la Cámara de Diputados a corregir esta injerencia, rechazando el transitorio remitido para su aprobación, para impedir que se consume este grave atentado contra la independencia judicial en el país”, dijo la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
- El comunicado fue respaldado por organizaciones como México Evalúa; Fundación para el Debido Proceso; el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad; México Unido Contra la Delincuencia; Fundación Dime AC; Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; así como la directora de Causa en Común, María Elena Morena, y el ex subprocuradura General de la República, Mariana Benítez, entre otros.
Consideraron que la ampliación del mandato del presidente de la SCJN, “puede afectar el ejercicio independiente de sus facultades importantes, como nombrar, trasladar, sancionar y remover a juezas/jueces y funcionarios; expedir normas directivas internas, y formular el proyecto de presupuesto anual. Asimismo, esta interferencia puede influir indebidamente en las decisiones de los consejeros, quienes tienen a su cargo la selección, promoción, vigilancia y en su caso sanción de los juzgadores y demás funcionarios judiciales”./EL ECONOMISTA-PUNTOporPUNTO
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