Desde hace casi una década, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió dilaciones, vacíos y omisiones cometidas por los tres órdenes de gobierno en materia de personas desaparecidas, pero, sobre todo, en la contención del incremento en fosas clandestinas del que dieron cuenta colectivos de búsqueda formados por familias que se han visto en la necesidad de asumir la tarea que corresponde por ley a las autoridades.
- En el 2017, el órgano emitió un reporte especializado: Informe Especial de la CNDH sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, en el que incluyó llamados para que tanto las entidades como la Federación asumieran responsabilidad y redoblaran los esfuerzos, pues desde un año antes, cuando comenzó su estudio en el 2016, advirtió que las fosas eran ya un problema “preocupante”.
“La CNDH ve con preocupación el que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres o restos de ellas exhumados.
- “Sobre el particular, tanto las autoridades de los tres niveles de gobierno como los diversos medios de comunicación han manifestado que su existencia deriva de la violencia provocada por la delincuencia organizada, sin descartar en algunos casos la participación y apoyo de agentes del Estado”, advirtió.
- En su edición de este martes, La Razón publicó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se multiplicó la cantidad de fosas clandestinas localizadas, pues un reporte de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con corte a abril del 2023, se muestra que el número llegó a dos mil 863, mientras que en los dos sexenios inmediatos anteriores hubo dos mil 835 entre ambos, aunque este fenómeno se debe, en parte, a una mayor actividad de búsqueda.
Otro apunte que hizo la CNDH es que no se puede negar el “gran número de cuerpos y restos humanos localizados en fosas clandestinas” o que también fueron abandonados en la vía pública y que no fueron localizados por las personas que legalmente se encuentran facultadas para ello, a lo cual se suman diversas deficiencias cometidas por servidores como, por ejemplo, no realizar tomas de muestras biológicas en los restos hallados que puedan servir para su identificación y, cuando sí se hacían, eran en su mayoría a petición de los familiares y no por convicción de buscar el esclarecimiento de los casos.
“Las autoridades de los tres niveles de gobierno no pueden renunciar a lo que constitucional y legalmente les corresponde en materia de prevención e investigación; no pueden asumir una conducta pasiva ante lo que hoy varios colectivos de familiares, sustituyendo la tarea del Estado, realizan para encontrar a personas desaparecidas”, enfatizó.
- Al respecto, Carmen Salazar, coordinadora del Comité Universitario de Análisis en Materia de Personas Desaparecidas de la Universidad de Guadalajara (UdeG), advirtió que el hallazgo de fosas se ha concentrado en el tiempo reciente en estados como Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, y que, además, se convirtió en una situación envuelta en la negligencia.
“Cada vez han sido más los colectivos que salen a hacer esta búsqueda de tipo forense y, en ese sentido, pues a localizar cosas que la autoridad pasa por alto o que no hace su trabajo y los colectivos son quienes han mostrado que esto, esta realidad, está latente”, aseguró a La Razón.
- En el caso de Jalisco, advirtió que, a pesar de que la comisión defensora local también ha hecho diagnósticos y emitido recomendaciones, éstas no han sido atendidas ni se incrementaron las acciones necesarias para prevenir las desapariciones o para mejorar los procesos de búsqueda e identificación.
Advirtió que el caso del rancho Izaguirre, es sólo uno de los puntos rojos identificados en la entidad acerca de lugares para el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, que está ligado a un patrón de desapariciones de jóvenes en búsqueda de empleo de estados colindantes como Nayarit, Zacatecas o Guanajuato, denunciado desde años atrás./Agencias-PUNTOporPUNTO
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