Servicios Broxel, S.A.P.I. de C.V., la empresa que emitió los monederos electrónicos que fueron repartidos a los 254 diputados federales de Morena, está siendo investigada por la Secretaría Anticorrupción por la presunta obtención de contratos con conflicto de intereses, la existencia de pagos en exceso, y adeudos millonarios con 39 dependencias gubernamentales.
El pasado 3 de noviembre EL UNIVERSAL reveló la entrega de tarjetas Broxel a congresistas federales del partido guinda. Cada uno de ellos recibió tres plásticos con 10 mil pesos cada uno.
- El Gran Diario de México detalló que dicha empresa también cuenta con contratos en la Cámara de Diputados para la distribución de las tarjetas de despensa para los trabajadores de base y confianza, y dio cuenta de que Broxel sigue obteniendo contratos a pesar de ser una compañía que cuenta con múltiples denuncias y auditorías acumuladas por diversas presuntas irregularidades.
Ayer, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que como parte de las investigaciones se detectaron conflictos de intereses entre un funcionario federal adscrito a la Secretaría de Hacienda y Servicios Broxel, que tan sólo en 2025 obtuvo contratos por más de 10 mil millones de pesos con la administración pública federal.
Según la indagatoria, el representante legal de Broxel, Karlo Gerardo Siliceo Valdespino, es hermano de Miguel Sergio Siliceo Valdespino, titular de la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda, quien, a su vez, mantiene una relación laboral con Bancomext mediante una licencia sin goce de sueldo.
Los registros públicos de contrataciones y el oficio emitido por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno establecen que en 2025 Broxel obtuvo adjudicaciones para el suministro de vales electrónicos de despensa con más de 150 dependencias federales por hasta 9 mil 751 millones de pesos, y con el gobierno de la Ciudad de México por hasta 3 mil 591 millones de pesos.
Al revisar dichos contratos se acreditó que Broxel obtuvo pagos en exceso, y contaba con requerimientos de devolución por 29.4 millones de pesos.
- Ante dicho escenario, la empresa buscaba obtener liquidez operativa y solicitó un crédito a Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), por 4 mil 200 millones de pesos, que fue frenado por la unidad de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua de la Secretaría Anticorrupción.
- Según las indagatorias, antes de entrar a Hacienda, Miguel Sergio fue director general adjunto en Bancomext (2019-2021). Al irse a la SHCP pidió una licencia sin goce de sueldo, lo que significa que sigue siendo trabajador activo de ese banco, justo donde Broxel solicitó el crédito.
Miguel Sergio, hermano del representante legal de Broxel, es uno de los funcionarios de más alto nivel dentro de la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, y fue precisamente Hacienda la dependencia que organizó la megacompra consolidada de vales de despensa para más de 200 entidades y con la que Broxel proyecta más de 60% de su cartera futura de negocios (estimada en 32 mil 296 millones de pesos).
A la pesquisa se suma el oficio 223/DGPCMC/352/2026, en el que el director general de Prevención de la Corrupción y Mejora Continua, de la Secretaría Anticorrupción, José Juan García Estrada, reconoció que durante el año 2025 Broxel celebró contratos con más de 150 entes públicos para brindar el servicio de suministro de vales electrónicos de despensa para fin de año. Detalló que dichos contratos se otorgaron “en condiciones distintas a las que había ofertado, recibiendo recursos públicos que no le correspondían.
“La empresa recibió pagos en exceso en perjuicio del erario público (sic) que aún no ha devuelto en su totalidad. A pesar de los requerimientos efectuados por las instituciones; actualmente se encuentra pendiente el reintegro a 39 entes de la administración pública federal, por aproximadamente 29.4 millones de pesos”, expuso.
- El documento puntualiza que, la omisión de reintegrar cantidades pagadas en exceso, así como la celebración de contratos en condiciones distintas a las ofertadas, “podrían ser consideradas infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, motivo por el que se inició una investigación en es- ta secretaría”.
- En un intento de solventar sus deudas, Broxel buscó tener liquidez operativa a través de un crédito por 4 mil 200 millones de pesos, que solicitó a Bancomext. Dicha solicitud abrió un paso al análisis de su situación legal y económica, que derivó en el rechazo del crédito, por el riesgo de que la empresa sea inhabilitada y se quede sin acceso a recursos para pagar.
“Parte de los ingresos de Servicios Broxel, S.A.P.I de C.V., derivan de los contratos celebrados con la administración pública federal, los cuales en 2025 representaron un mínimo de 6 mil 928.7 millones de pesos a un máximo de 9 mil 751 millones de pesos. Asimismo, con la Ciudad de México, por un mínimo de mil 795 millones de pesos y un máximo de 3 mil 591 millones de pesos, por lo que parte de sus ingresos dependen de que se le adjudiquen contratos públicos, y, considerando lo señalado en el punto que antecede, no hay garantía de que así sea, lo cual se debería de considerar un riesgo en la capacidad de pago de la empresa”, indica el análisis.
En el oficio, emitido el pasado 10 de noviembre, se explicó que, a causa de las investigaciones en curso, Broxel podría quedar vetada para la obtención de nuevos contratos.
“Los procedimientos se encuentran en trámite y podrían concluir con la imposición de las sanciones previstas en la referida ley, incluso la imposibilidad de que le sean adjudicados nuevos contratos públicos a la empresa, por lo que en estas condiciones no podría garantizarse su capacidad financiera en dicho rubro”, detalla el documento.
- En las conclusiones se reiteró que Broxel es sujeto de un procedimiento de carácter administrativo y es investigada por recepción indebida de recursos públicos y la omisión de reintegros, entre otras cosas, motivo por el que darle el crédito implicaría riesgos y posibles afectaciones para Bancomext.
“De concluir con resoluciones sancionatorias, le impedirían participar en procedimientos de contratación, así como los vínculos del representante legal de la empresa con el servidor público en mención, este órgano de vigilancia, considera que no es viable autorizar la solicitud de crédito de mérito, a efecto de salvaguardar los intereses de esa institución de banca de desarrollo como entidad paraestatal de la administración pública federal, y buscando evitar que la concentración de riesgos asociados a la empresa se trasladen al gobierno federal”.
“Red similar a la del INE»
Norma Julieta del Río, excomisionada del Inai, advirtió que derivado del modus operandi de Broxel, que presuntamente recibió contratos con conflictos de intereses, “quizá estamos ante una red similar a la del INE”.
“No puede ser casualidad que haya tantos contratos. La empresa ya se pronunció y dice que los contratos se obtuvieron por la vía legal, y claro, pueden alegar que todo se hizo bajo un proceso de licitación correcto y quizás si revisamos así va a ser, pero, ¿quién nos garantiza que no hubo un tráfico de influencias y un uso ilícito de atribuciones? Eso también está tipificado en el Código Federal (…) podemos advertir que quizá estamos ante una red similar a la del INE, porque no sólo es lo que se acaba de descubrir con Bancomex, hay contratos de esta empresa con muchísimas instituciones del gobierno federal», puntualizó.
- La experta en temas de transparencia y anticorrupción dijo que «una vez más», el periodismo de investigación viene a destapar algo que aparentemente estaba tapado.
Explicó que de comprobarse conflicto de intereses “el funcionario de Hacienda puede ser sancionado e incluso destituido del puesto con una inhabilitación».
Detalló que Broxel ya no sería sancionada porque ya tiene diversas sanciones. Lo que procedería, puntualizó, “es que sea inhabilitada e integrada a un padrón donde no puedes participar en contrataciones públicas, dependiendo de la falta, de tres meses a 10 años”./Agencias-PUNTOporPUNTO























