VIOLENCIA POLÍTICA hacia las MUJERES el principal obstáculos para su acceso en decisión en LATINOAMÉRICA

La violencia política hacia las mujeres, ejercida tanto en el ámbito físico como en el digital, persiste como uno de los principales obstáculos para su acceso y permanencia en espacios de decisión en Latinoamérica.

  • De acuerdo con diagnósticos del Programa Paridad, este fenómeno opera de manera diferenciada al que enfrentan los hombres, pues se enfoca primordialmente en la exposición de la vida privada y en la imposición de roles de género tradicionales orientados a desacreditar la labor pública de las mujeres.
  • Las manifestaciones de esta problemática varían marcadamente según el territorio. Mientras que en los entornos urbanos se registra una mayor incidencia de ataques y hostigamiento en plataformas digitales, en los territorios rurales se identifican menores condiciones de acceso tecnológico pero mayores riesgos de violencia física, amenazas y silenciamiento que afectan con mayor severidad a mujeres indígenas y afrodescendientes por motivos de etnia y raza.

Además, las agresiones no provienen de forma exclusiva de la oposición electoral, sino de las propias estructuras partidistas internas, en las que se imponen trabas sistemáticas para bloquear candidaturas o desplazar a las mujeres de los cargos que han obtenido. Para atender este panorama, las líneas de respuesta regional exigen fortalecer el trabajo en red y consolidar observatorios especializados que generen datos cuantitativos y cualitativos para fundamentar la incidencia pública.

La especificidad de las agresiones por motivos de género

La caracterización de la violencia política en América Latina evidencia que las mujeres enfrentan dinámicas hostiles con patrones cualitativamente distintos a los que experimentan los liderazgos masculinos.

En lugar de centrarse estrictamente en el debate ideológico, la confrontación de agendas o el desempeño de la gestión gubernamental, las agresiones contra las mujeres están relacionadas de forma recurrente con la intromisión en su intimidad y la asignación forzada de labores reproductivas y domésticas.

“La violencia hacia las mujeres se materializa más en contra de sus vidas privadas, o sea, su vida privada se hace pública. Está en torno también a esos roles de género tradicionales, como que las mujeres se vayan a la cocina, que las mujeres estén en su casa, que están descuidando a los hijos”, apunta Claudia Marcela Gómez Wilson, directora del Programa Paridad de Diakonia para América Latina en entrevista, en el contexto del encuentro regional Somos la mitad: poder, democracia y representación en Bogotá, Colombia, que reúne a mujeres políticas y periodistas de los diversos países de América Latina.

  • El Programa Paridad es una apuesta para apoyar a las mujeres políticas en la región, y en este momento se encuentra trabajando prioritariamente el tema de la violencia política hacia las mujeres, tanto física como en el ámbito digital, como una de las principales barreras.

Este tipo de conductas, precisa, pretende desplazar a las figuras femeninas del escrutinio estrictamente cívico y las presenta como transgresoras del orden familiar o las señala por desatender responsabilidades de crianza socialmente impuestas. Al trasladar el debate hacia el terreno personal, se busca minar su legitimidad y socavar su autoridad pública frente al electorado y sus pares institucionales.

El análisis del Programa Paridad señala que las dinámicas de violencia no responden de manera homogénea dependiendo de fronteras nacionales, sino que se articulan a partir de marcadas brechas territoriales. La ubicación geográfica define en gran medida las herramientas de agresión utilizadas, así como los factores de vulnerabilidad que atraviesan a las mujeres que ejercen liderazgos comunitarios o institucionales.

En los centros urbanos, la existencia de una mayor infraestructura de conectividad tecnológica favorece la proliferación de campañas de linchamiento virtual, hostigamiento coordinado y difusión de contenidos agraviantes en redes sociales. Por el contrario, en las zonas rurales y los territorios apartados, donde el acceso a las plataformas digitales e internet es restringido o inexistente, las agresiones adoptan patrones directos de coacción.

“En los territorios puede haber menos violencia digital debido a que hay otros retos de tecnología donde las tecnologías no llegan, pero hay violencias físicas, amenazas, también silenciamientos y demás. Mientras que en la ciudad sí se visibiliza o se evidencia mayor ataque de violencia digital”, detalla Gómez Wilson.

A estas desigualdades de infraestructura se suma la dimensión étnica y racial. En países como Guatemala, donde la población indígena es numerosa, las mujeres mayas y de otros pueblos originarios concentran niveles superiores de agresión vinculados con la discriminación estructural.

Un patrón parecido puede verse en Colombia, específicamente en las regiones Atlántica y Pacífica, donde las mujeres afrodescendientes viven mayores niveles de violencia política en comparación con aquellas que inciden en las principales áreas urbanas del país. La confluencia entre género, raza, etnia y condición territorial agrava las condiciones de desprotección institucional.

Bloqueos estructurales en las organizaciones políticas

Un componente medular documentado en la región radica en el origen de las agresiones. Lejos de limitarse a ataques emitidos por adversarios electorales u oposiciones partidarias, una porción considerable de la violencia política contra las mujeres se genera dentro de sus propias organizaciones partidistas.

Las estructuras partidarias operan con frecuencia como filtros excluyentes mediante la implementación de procedimientos internos que obstaculizan la inscripción de aspirantes o impiden el ejercicio regular de sus derechos políticos.

“Hay muchas trabas dentro de los mismos partidos políticos para que las mujeres puedan ser candidatas. Por ejemplo, ellos mismos ponen un montón de obstáculos, hacen estrategias para quitarlas después de que ellas han ganado estar ahí como candidatas. Los partidos políticos no las dejan si no quieren”, puntualiza Gómez Wilson.

Estas prácticas contemplan la imposición arbitraria de requisitos, maniobras organizativas para revocar postulaciones ganadas en elecciones internas o asambleas, y mecanismos de presión destinados a forzar renuncias. El control jerárquico de las directivas partidistas reproduce esquemas de exclusión que neutralizan el cumplimiento efectivo de los marcos de paridad y restringen la pluralidad representativa.

Alcance regional y articulación de redes

Frente a esa problemática estructural en la región, el Programa Paridad impulsa una estrategia de intervención articulada en red que abarca 10 naciones de América Latina. El esquema de cooperación incorpora, además, una alianza con la red regional CLADEM (Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres), que presentó durante el encuentro los hallazgos preliminares de su observatorio regional de violencia política en razón de género.

  • La cobertura operativa del programa incluye a México, Colombia, Perú, Bolivia, Brasil, Paraguay, Panamá, Honduras, Guatemala y El Salvador. No obstante, el diagnóstico regional apunta a la necesidad de incorporar y extender acciones hacia otros contextos donde se observan tendencias desfavorables en la garantía de los derechos políticos de las mujeres.
  • De manera puntual, la organización identifica que tanto en Argentina como en Chile se experimentan en este momento importantes y significativos retrocesos en la participación política de las mujeres, que requieren medidas de monitoreo y acompañamiento regional.

El fortalecimiento de alianzas regionales debe conducir, de acuerdo con el programa y las asistentes al encuentro, a generar mecanismos de contención colectiva que trasciendan los límites de cada país, para homogenizar estándares de protección y formular estrategias coordinadas ante problemáticas compartidas.

Una de las principales limitantes identificadas en la región para contrarrestar la violencia política de género es la falta de registros sistemáticos que permitan dimensionar el problema con rigor técnico. Para subsanar este vacío, el Programa Paridad impulsa la consolidación del observatorio regional especializado en violencias contra las mujeres.

El objetivo central del observatorio consiste en transformar la denuncia aislada en insumos analíticos estructurados que sirvan de base para la discusión legislativa y el diseño de políticas públicas institucionales.

“Creo que es fundamental visibilizar esas violencias, ponerle rostro, que sea un análisis cualitativo, sacar números, cifras con las cuales podamos hacer incidencia, que es otra de las estrategias del programa”, añade Gómez Wilson.

La producción paralela de diagnósticos cuantitativos y cualitativos busca identificar patrones geográficos, perfiles de agresores y modalidades lesivas más frecuentes. Esta base respaldaría las gestiones de incidencia política y acompañaría iniciativas de comunicación como la campaña regional “Somos la mitad, queremos paridad”, orientada a construir narrativas públicas que respalden y legitimen el derecho irrestricto de las mujeres a participar en la vida democrática.

El Pacto Digital Feminista: directrices contra la violencia en línea

Como parte de los instrumentos orientados a mitigar los ataques en entornos virtuales, las organizaciones convocantes del encuentro regional proponen el documento “Pacto Digital Feminista: Voces libres, redes seguras”, que recuerda que la violencia digital contra las mujeres en política es una forma de violencia basada en género que busca desacreditarlas, silenciarlas y expulsarlas del debate público, lo que perpetúa desigualdades históricas y lesiona la pluralidad y representatividad de los sistemas democráticos.

  • El documento hace un llamado formal a partidos políticos, candidaturas, instituciones públicas, medios de comunicación, empresas tecnológicas, organismos multilaterales y sociedad civil a suscribir un decálogo de compromisos verificables, entre los que destacan reconocer y rechazar la violencia digital, prevenir la violencia desde dentro, no usar violencia como estrategia política y garantizar información veraz.

También proponen proteger y acompañar a las víctimas, sancionar la violencia, promover el debate democrático, garantizar inclusión y diversidad, defender la libertad sin violencia y rendir cuentas, es decir, permitir el seguimiento público del cumplimiento del pacto tanto como aceptar recomendaciones y llamados públicos frente a los incumplimientos.

“La democracia paritaria se construye con mayor participación de las mujeres en condiciones reales de seguridad, respeto y autonomía, para que ejerzan sus derechos sin que su cuerpo, sexualidad, vida privada, clase social, origen rural, campesino o étnico se instrumentalicen en su contra”, concluye el documento./Agencias-PUNTOporPUNTO

Recibe nuestro boletín informativo, suscríbete usando el formulario