Redacción
Durante los nueve años que llevan las huelgas en Taxco, Guerrero y Sombrerete, en Zacatecas, los gobiernos en turno de nuestro país han realizado esfuerzos por solucionar esos paros, e intentaron destrabar el conflicto en Cananea hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó el laudo emitido en 2010 por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en donde se dieron por terminadas las relaciones individuales y colectivas que tenían los trabajadores de Cananea con la empresa Grupo México.
Así lo señaló Carlos Pavón Campos, Secretario General del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico FRENTE.
El dirigente destacó que, durante todos los acercamientos por parte de los sucesivos Gobiernos de nuestro país, fue el propio Napoleón Gómez Urrutia el encargado de tumbar las negociaciones.
Este seudo dirigente siempre antepuso sus intereses personales y nunca pensó ni ha pensado en los trabajadores.
Además, dijo Pavón Campos, Gómez Urrutia utiliza los recursos del sindicato para comprarle residencias a sus hijos, tal es el caso de la adquisición de una mansión para su hijo Ernesto Gómez Casso, ubicada en Av. Sierra Madre #20 en la colonia Lomas de Chapultepec, con un valor de un millón 300 mil dólares.
Cuando parecía que finalmente se encontraba una solución a las huelgas durante la infinidad de reuniones entre funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y funcionarios del CEN minero y abogados enviados por Napillo, fue éste sujeto quien, vía telefónica desde la comodidad de un pent house en Vancouver, Canadá, antepuso siempre que si no se le retiraban las ordenes de aprehensión y se le entregaban los cien millones de dólares por supuesto daño moral, no había ni habría nunca una solución a las huelgas.
El propio abogado laborista Néstor de Buen (QEPD), reconoció en 2009, en una carta publicada en La Jornada, la veracidad de las exigencias de Napillo. “Es perfectamente legítimo demandar el pago de daños y perjuicios cuando se ha producido una conducta ilícita por parte del sujeto pasivo de la demanda (Grupo México)”, respondió el abogado en aquella ocasión.
Es tanta la obsesión de Gómez Urrutia por el dinero que llegó a demandar a la STPS al argumentar “daño moral”. Fue la Segunda sala de la SCJN, la instancia que desechó, por improcedente, el pedido de Napillo.
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